Los hackers de la puna

Manipularon el sistema informático del Poder Judicial jujeño durante la feria de enero, para perjudicar a Milagro

 

Rápido, manipulador y eficaz. Entre gallos y medianoches, en el silencio que predomina los pasillos judiciales durante el verano, el sistema jujeño volvió a dar un golpe contra Milagro Sala. Esta vez la maniobra alcanzó el lenguaje de los algoritmos, un tema en que la defensa confiaba celosamente. Hasta que, como vulgarmente se dice, en los días de altas temperaturas «se cayó el sistema». Y así se vulneró el Sistema Integral de Gestión Judicial de expedientes.
 
Todo comenzó con un recurso de inconstitucionalidad presentado por uno de los abogados de Milagro Sala, Luis Paz, el 13 de enero de 2021, en tiempos de feria. El mismo se remontaba hace un año, cuando se solicitó ante el Tribunal Superior de Justicia para que resolviera el cese de detención de Milagro Sala por la causa «Pibes Villeros». El expediente nunca fue tramitado por la Justicia norteña, acostumbrada a hacer oídos sordos en los reclamos de las defensas pero a actuar de modo frenético cuando se trata de poner trabas al debido proceso. 
 
Luego se presentó un habeas corpus en el Tribunal Oral Criminal 3, pero fue rechazado. La situación no cambió en los últimos tiempos. Todos los caminos conducen a sostener a Milagro como figurita predilecta de Gerardo Morales en el cadalso, según se desprende de la notable pericia por obstaculizar su defensa y, de esa forma, hacer correr el tiempo castigándola en su prisión preventiva, más allá de que hace cinco años está detenida sin sentencia firme. 
 
Como el recurso de queja duerme en los escritorios de la Corte Suprema de Nación —renombrada como «Basurero de la Democracia»—, la defensa de la líder de Tupac Amaru busca acelerar el trámite en el fuero local. «Milagro debería estar libre durante el proceso, ahí ya existe un primer punto inobjetable —explica el abogado Paz a este medio—. Es decir: más allá que para nosotros es una presa política de Morales, desde el punto de vista jurídico está detenida arbitrariamente. Y esta semana nos desayunamos de una maniobra de manipulación que pone en riesgo a todo el sistema judicial jujeño, por lo que constituye una gravedad institucional inédita». 
 
Hace unos días Milagro Sala recibió una cédula. Allí se le notificó cómo iba a estar integrado el tribunal que tratará el recurso de inconstitucionalidad. Y la vocal del fuero penal Laura Nilda Lamas González, que en 2015 ingresó de la mano de Morales en el Tribunal Superior de Justicia, se designó como presidenta de ese tribunal a sí misma. Es una mujer de estrecha confianza del gobernador, que no da paso en falso si se trata de rodear con sus amigos cualquier flanco que tenga que ver con la referente popular. 
 
La designación, en efecto, es ilegal: quien debiera presidir el tribunal no es una vocal sino el mismo presidente, de acuerdo al reglamento de la feria judicial. Paz lo explica de la siguiente manera: «Eso me generó la sospecha de que no estaba funcionando correctamente el sistema informático, porque de enero a julio debería haber estado hibernando. Y descubrí, por ejemplo, que el número de expediente figuraba como definitivo, cuando en trámites en tiempos de feria se pone obligatoriamente un número transitorio». 
 
Nada ha sido casual y a la Tupac Amaru parece no sorprenderle. «Advierto irregularidades, las comunico y recibo en las últimas horas la notificación oficial de que el sistema informático ha sido vulnerado —confirma Luis Paz al Cohete a la Luna—. Cosa que está absolutamente prohibida, porque debería haber estado hibernando. En la feria, los ingresos del expediente se hacen a mano y luego se designa el tribunal. Y aquí todo fue manipulado, rápidamente, y bajo una maniobra ilegal».  
 
Desde que empezó la persecución comandada por Morales, a Milagro Sala se le contaron 16 procesos en su contra. Algunos han quedado en el camino, y en otros fue sobreseída. Hace cinco años que se encuentra presa sin condena firme. La avanzada judicial, que comenzó con la asunción del gobernador radical Gerardo Morales en 2015, ya lleva un total de seis juicios y dos condenas. La primera, de 2017, fue por un «huevazo» en contra de Morales cuando este era senador de Jujuy en 2009. Aunque se probó que ella no había participado, a Milagro la acusaron de ser la instigadora del escrache y la condenaron a tres años de prisión. La segunda condena fue en 2019, por la cual la sentenciaron a 13 años de prisión por asociación ilícita, extorsión y defraudación al Estado en una causa conocida como «Pibes Villeros», que investigó desvíos de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas. En octubre del año pasado fue sobreseída por la causa «Luca Arias».
 
Ahora la defensa de Sala planea recusar a la jueza Lamas González, que es la que además avala las condenas a Milagro Sala desde su rol de vocal en la sala penal, donde supervisa los expedientes. «No sólo a Milagro le vulneran su derecho a una defensa justa y a un tribunal imparcial, sino que el sistema informático era la única garantía de poder entrar a un sorteo y así se conformaba un tribunal. Lo que queda demostrado es que esta causa viene manipulada, y con esto queda en riesgo todo el sistema judicial de Jujuy», enfatiza la defensa.
 
Las conductas extrajudiciales de funcionarios jujeños, en rigor, cuentan con frondosos antecedentes. Como los de la vocal y ex presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Clara «Titina» Lange de Falcone, quien dijo públicamente: “No vamos a permitir que Milagro Sala quede libre». Y así anticipó la actitud que mantendría frente a las causas abiertas contra la líder de la Tupac Amaru.  «El público prejuzgamiento no sólo compromete los derechos que le asisten a cualquier imputada, sino que además constituye una falta al deber de la ética judicial», criticó en su momento la Asociación de Abogados de Jujuy. 

También se encuentra el caso del ex presidente del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, Pablo Baca, quien tuvo que renunciar por el escándalo estallado tras develarse la subordinación del Poder Judicial jujeño a las necesidades del gobernador Gerardo Morales. En efecto, todo el país escuchó la filtración de audios en los que admite que Milagro Sala no está presa por haber cometido delitos sino porque el gobernador, que en aquella época acababa de ser reelecto, «no la quiere soltar», además de reconocer que junto al fiscal Sergio Lello Sánchez formaban un equipo de primera mano junto a Morales.
 
La connivencia fluida entre política y Justicia sigue siendo la regla en la Tacita de Plata. Y las garantías para Milagro ya no tienen ni el blindaje del sistema más encriptado, el de la lógica digital, que hasta este momento le generaba una ilusión a su hueste militante. 
 
«Con la vulneración del Sistema Integral de Gestión Judicial de expedientes, se revela que ese poder del Estado sigue organizado junto al Ejecutivo para delinquir y violentar todas las garantías que la constitución nos ofrece. En Jujuy, necesitamos una respuesta institucional. Y esa respuesta es la intervención federal del Poder Judicial ya», declara, con evidente hartazgo, el abogado Luis Paz, que prometió próximas denuncias en sede federal. 
 
La Tupac no se quedará de brazos cruzados. 

 

 

 

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