Un canal, un engranaje: algo imprescindible para que, por su rol o su función, un sistema no tambalee en sus estructuras. Un canal, un engranaje, en la dictadura cívico militar, pudo haber sido muchas cosas, pero en las esferas de la inteligencia se representó en aquellos hombres, sombríos y esenciales, que operaron en el traspaso de la información, que colaboraron en fichar personas, localizar actividades, oficiar de lazo entre las sedes y las dependencias del aparato burocrático y ejecutivo de la represión. Ningún secuestro, ningún robo, ningún crimen ocurrió sin ellos, sin su mediación.
Así lo entendió Alejo Ramos Padilla, titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 1 de La Plata, cuando puso el radar en José Ignacio Salvador, ex jefe de la Delegación Enlace Capital Federal de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires (DIPPBA), a quien nunca antes se había procesado por delitos de lesa humanidad. El 30 de agosto de 1976 el máximo responsable de la DIPPBA, el general Ramón Camps, decidió la creación de la delegación Capital Federal, que tenía su sede en la avenida Callao 235 –donde funciona la Casa de la Provincia–. Entre el 30 de diciembre de 1976 y el 2 de febrero de 1978, Salvador ejerció allí como jefe con diversas tareas asignadas: intercambiar datos con organismos de inteligencia, ser nexo de pedidos de otros grupos de tareas, difundir listas de futuros detenidos y situar agentes en servicio.
Consciente de su rol fundamental, Salvador coordinaba, sobre todo, las reuniones de la “Comisión Asesora de Antecedentes”, que funcionaba en una dependencia de la SIDE y a la que asistían representantes de todas las agencias de inteligencia. Ramos Padilla pudo dar cuenta de reuniones periódicas y a la vez decisivas en el destino de las personas: allí se analizaban, entre otras cosas, las listas de personas detenidas en las cárceles y, en ese punto, se decidía si les imponía la opción de salir del país. Entre cientos de casos, estaba el de Iris Etelvina Pereyra de Avellaneda. Ella había sido secuestrada el 15 de abril de 1976 junto con su hijo Floreal Avellaneda, de 15 años. El 14 de septiembre de ese año, la Comisión Asesora de Antecedentes la designó como “no opcionable”, aunque fue liberada tiempo después, en 1978. Durante el lapso en que estuvo presa, su hijo Floreal fue asesinado y arrojado al Río de la Plata. Fue uno de los casos que citó Rodolfo Walsh en la célebre Carta Abierta a la Junta Militar, a un año del golpe. Con el tiempo, Floreal Negrito Avellaneda se convirtió en la víctima más joven de los vuelos de la muerte. Los forenses uruguayos certificaron que el chico había sufrido un cruel martirio: en Uruguay fue noticia pública desde un primer momento. Iris, su madre, pasó dos años detenida en Devoto y testificó en el Juicio a las Juntas. Hoy sigue presidiendo la Liga Argentina por los Derechos Humanos, desde donde buscar revertir las prisiones domiciliarias de sus verdugos.
De acuerdo a la reconstrucción judicial, José Ignacio Salvador también intercambió información sobre personas que luego serían secuestradas. Por ejemplo, entrecruzó un pedido del Grupo de Tareas 3 (Armada) para detener al médico Samuel Slutzky, visto posteriormente en el centro clandestino de detención La Cacha. Por otro lado, aprobó una solicitud del Grupo de Tareas 4 (Fuerza Aérea) para localizar al militante de la FAL Hugo Corsiglia, que sería secuestrado y llevado a la ESMA. Y dio lugar al pedido del Batallón 601 del Ejército para la “explotación de blancos”, que incluía a la familia López Comendador. Luis Ignacio, uno de sus integrantes, militante de la JUP, fue raptado el 27 de junio de 1977 en su casa. Su mamá, Matilde Molina, integró Madres de Plaza de Mayo de La Plata. El legajo de Luis Ignacio como estudiante de la Facultad de Ciencias Veterinarias fue reparado en 2023, aunque nunca tuvo impacto judicial: es uno de los casos que el juez Ramos Padilla buscará prontamente elevar a juicio oral.
A pocos días de la feria judicial y contra los deseos negacionistas de los hermanos Milei, la sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata confirmó la pesquisa de Ramos Padilla –que había culminado en julio pasado–, entendiendo el caso de Salvador en su marco sistémico. De ese modo, la Cámara hizo referencia a la causa que investiga la actuación de la DIPPBA durante la última dictadura. Así es que ratificó el procesamiento con prisión preventiva –bajo la modalidad de arresto domiciliario– y un embargo sobre el represor. En su resolución, los jueces Jorge Di Lorenzo y César Álvarez consideraron que Ramos Padilla fundamentó “adecuadamente” la valoración de la prueba producida. En particular, ponderaron su análisis sobre el rol de la DIPPBA como “organismo clave” del sistema de inteligencia integrado al plan sistemático de persecución, secuestro y desaparición forzada de personas.
“Compartimos el marco general descripto por el magistrado de primera instancia, en cuanto a que los hechos traídos a estudio forman parte del ataque generalizado y sistemático desplegado contra la población civil argentina por el gobierno de facto que se inició el 24 de marzo de 1976”, reza un fragmento. Enfatizaron la razón de fondo del genocidio, echando tierra a los argumentos negacionistas: “Este plan, caracterizado por la persecución, secuestro y desaparición forzada de personas en centros clandestinos de detención, torturas, asesinatos y apropiaciones de niños a los que se sustituyeron sus identidades, seguido del encubrimiento de estos actos, ha sido puesto de manifiesto en numerosas sentencias que hoy tienen autoridad de cosa juzgada”. La Cámara reafirmó la importancia de “garantizar” el avance de las investigaciones judiciales vinculadas a delitos de lesa humanidad, “en cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino en materia de memoria, verdad y justicia”.
La DIPPBA fue creada en 1956 y funcionó hasta 1998, bien entrada la democracia, pero durante la dictadura cívico militar sus funciones se intensificaron y fueron un eslabón esencial del terrorismo de Estado en Buenos Aires. Con la asunción de la jefatura por parte del general Ramón Camps, en rigor, inteligencia pasó a ser una de las tres direcciones de mayor jerarquía en el organigrama de la fuerza. Se entiende, en efecto, que la DIPPBA desplegó 16 delegaciones con unos 1.200 agentes que recopilaban información de militantes, estudiantes y trabajadores a lo largo y ancho de la provincia.
A las tareas de control, inteligencia y persecución se sumó́, en algunos casos, la participación en los operativos de secuestro, allanamiento y detención junto con otras dependencias de la policía y de las Fuerzas Armadas. A su vez, la profesionalización de los servicios de inteligencia junto a la coordinación y autonomía de la DIPPBA con otros organismos de inteligencia del Estado sentaron las bases de la denominada “comunidad informativa”, pieza fundamental del andamiaje represivo.
En ese sentido, Ramos Padilla no solamente procesó a José Ignacio Salvador como parte de ese sofisticado funcionamiento sino que lo extendió a otro engranaje de la cadena, Juan Antonio Fumez, máximo responsable de la Delegación Lanús y quien, entre otras tareas, suscribió memorandos internos con los que la dictadura pretendió encubrir el asesinato de personas secuestradas. Ramos Padilla pudo demostrar su participación en varios casos, como el de Raúl Bigote Bonafini, uno de los hijos de Hebe, militante del Partido Comunista Marxista Leninista (PCML). Raúl fue secuestrado el 6 de diciembre de 1977 y visto por sobrevivientes en los centros clandestinos de la Brigada de Quilmes, el Destacamento de Arana y en La Cacha. Permanece desaparecido.
En un parte oficial del 7 de septiembre de 1978, Fumez informó que un vehículo modelo Chevy circulaba por la rotonda de Pasco y Camino General Belgrano y desoyó un retén policial. Según esa versión, el único tripulante que no pudo escapar fue Raúl. Poco después, dijo que se “autoeliminó” tomándose la pastilla de cianuro, lo que resultaba falso porque hasta ese momento había estado secuestrado clandestinamente. Fumez firmó el memo para fraguar un enfrentamiento. La pesquisa judicial entiende que el represor sabía la identidad del muchacho y el nombre de su madre, pero jamás le dio aviso y se comportó como un burócrata avalando la versión falsa de su muerte.
La causa de la DIPPBA se abrió en 2013, luego de que la sentencia por el Circuito Camps recogiera el pedido de una de las querellas. El año pasado la Unidad Fiscal de La Plata solicitó las indagatorias de Salvador y Fumez, que derivó en sus detenciones. Aunque en el marco de otros expedientes ya se habían procesado ex agentes del organismo –en 2019, cuatro miembros de la delegación de San Nicolás–, y en 2015 incluso se condenó a uno de la delegación Junín, esta es la primera vez que la Justicia puso bajo la lupa a la Dirección como estructura, indagando en la forma en que operaba, y no solamente por la participación de sus efectivos en operativos específicos.
“La Policía de la Provincia de Buenos Aires, al igual que el resto de las fuerzas, quedó inserta en un doble canal de información: el orgánico o institucional, que la ubicaba en la órbita del Comando de la Zona de Defensa I, es decir, del Cuerpo I de Ejército, y un canal técnico o de inteligencia que la subordinaba directamente a la Jefatura II de Inteligencia del Estado Mayor General del Ejército (EMGE), a través de su representación en las más altas esferas de la comunidad informativa”, dice el dictamen judicial.
Fumez no apeló su procesamiento, que por ende quedó firme. Tras la ratificación de la Cámara, Ramos Padilla –que después de investigar el espionaje en democracia, ahora se concentró en la dictadura– deberá comenzar los trámites para elevar a juicio a los dos delatores de la Bonaerense. El espionaje, de este modo, quedó en el centro de la escena de un nuevo capítulo de los juicios de lesa humanidad. Las cuevas de la dictadura, una de las zonas menos indagadas por la Justicia, asoman a la superficie, pese a que el fallecimiento de la gran mayoría de los líderes de las distintas áreas de la DIPPBA impida profundizar las responsabilidades.
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