LOS JUICIOS MEDIÁTICOS PARALELOS

Legislación y jurisprudencia comparada en Estados Unidos, Inglaterra, Francia e Italia

 

La incorporación de una simple palabra en el artículo 72 del anteproyecto de ley de reforma de la Justicia Federal, a solicitud del senador Oscar Parrilli, dio lugar a una furiosa tormenta mediática que probablemente no amainará a pesar de haber sido retirada. Según el texto que se mantiene, el juez debe comunicar al Consejo de la Magistratura cualquier intento de influenciar en sus decisiones por parte de poderes políticos, económicos, de otros funcionarios de los poderes Judicial, Ejecutivo o Legislativo, o de amigos o de grupos de presión. El añadido de Parrilli no suponía un cambio relevante, porque la mención a los “poderes mediáticos” podía considerarse redundante, dado que ya estaba implícito en expresiones tan amplias como poderes económicos o grupos de presión. Es evidente, para cualquier observador imparcial, que la virulenta reacción de los grandes medios no guardaba relación con el añadido propiciado por Parrilli. No obstante, el episodio puede ser útil para abrir un debate profundo sobre el fondo de la cuestión: la necesidad de abordar el impacto social e institucional de los denominados juicios mediáticos paralelos.

El artículo 72 es una medida suave que apunta a preservar la independencia del Poder Judicial, aunque tiene efectos más simbólicos que jurídicos. Si un juez considera que está siendo sometido a una presión indebida que perturba su independencia, debe ponerlo en conocimiento del Consejo de la Magistratura. Como la norma no prevé ninguna sanción, la consecuencia  sería una simple declaración sin otra consecuencia que la exposición pública de la presión indebida.

Un juez español condenó a una diputada provincial de Podemos a 19 meses de prisión en suspenso, por agresiones a un guardia civil. El secretario general de Podemos y Vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, opinó en Twittter que «mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos, mientras se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso». El Consejo General del Poder Judicial expresó su “profundo malestar” por esas declaraciones que, según el Consejo, cuestionaban una actuación judicial y propagaban la sospecha de falta de imparcialidad de los jueces. Con esa declaración el asunto quedó zanjado, sin derivarse otras consecuencias.

La concepción decimonónica de derechos absolutos en el marco de un sistema democrático viene siendo cuestionada por la moderna doctrina jurídica que abordó el estudio de los denominados “juicios mediáticos paralelos”, un fenómeno novedoso de elevado impacto social y político, como lo demuestra la historia judicial de los últimos años. Si bien nadie niega la importancia del derecho a la libre expresión de las ideas en una sociedad democrática, se hace necesario atender a otra realidad jurídica que se produce con el uso abusivo de la información para interferir en un proceso judicial. Se trata de situaciones que, si bien todavía no han sido objeto de regulación jurídica en nuestro país, no dejan por ello de tener enorme relevancia en la vida pública de nuestras sociedades.

 

 

Un ejercicio espurio del derecho

Según el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Pompeu Fabra, Marc Carrillo, “el juicio paralelo se produce como consecuencia de una patología consistente en el ejercicio espurio del derecho a comunicar información, haciendo abstracción del deber de producir información con diligencia, esto es, con ética profesional que conlleva el debido contraste de la noticia respetando el derecho a la presunción de inocencia. A este respecto se puede convenir que para la existencia de esta anomalía que es el juicio paralelo, es preciso que se haya iniciado un proceso judicial; que la información y las expresiones difundidas por los medios delante de alguna forma la culpabilidad o inocencia del procesado, incitando a la opinión pública a pronunciarse en un sentido u otro, poniendo en práctica una acción informativa de naturaleza manipuladora; y finalmente, que se pretenda con ello ejercer una presión sobre la independencia de los órganos del Poder Judicial, de tal manera que el lector o el espectadora perciban que la resolución judicial será en el sentido prefijada por el medio de comunicación”(1).

Carrillo añade que esta patología ha llegado a extremos sorprendentes en el ámbito jurisdiccional, por la concomitancia que llega a producirse entre jueces y medios de comunicación que reciben una información del sumario sin preservar el secreto y la reproducen de modo sesgado, ocultando aquella que no resulta favorable al propósito político que inspira al medio. “El respeto al derecho a un proceso debido, en especial el derecho a la presunción de inocencia y la ética profesional en el ejercicio del derecho a comunicar información veraz, son dos señas de identidad indeclinables del Estado democrático”. Este uso espurio de la libertad de expresión no se limita a la violación del derecho a la presunción de inocencia que afecta a una persona concreta. Va más allá y puede tener consecuencias institucionales muy graves en dos aspectos. Por un lado, debilita la calidad democrática al cuestionar la credibilidad de la Justicia. Por otro lado, puede convertirse en una herramienta decisiva para torcer el resultado de una elección, cuando una catarata de información preseleccionada afecta la credibilidad y el prestigio de uno o varios de los candidatos en la contienda electoral.

Para Massimo Luciani, profesor de la Universidad de Roma, “los juicios paralelos son la consecuencia del populismo mediático, político y judicial que define estas primeras décadas del siglo XXI”. Este populismo mediático se caracteriza por la manipulación de las emociones como objetivo de la comunicación, lo cual implica la elaboración de mensajes simplificados, fácilmente comprensibles para el gran público, que escapan a toda matización y persiguen la estigmatización del adversario político como modo de sacarlo del terreno de juego. Este uso inadecuado del derecho a comunicar información se hace no solo en clara infracción de las normas deontológicas del periodismo, sino que ponen en conflicto derechos constitucionales: la libertad de expresión por un lado y los derechos fundamentales de la persona por el otro, es decir la garantía constitucional a la celebración de un juicio justo, el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y, especialmente, el derecho a la presunción de inocencia.

 

 

Límites

El derecho comparado ofrece diversas soluciones que atienden a la necesidad de regular el derecho a la libertad de información o de prensa, ante el convencimiento de que resulta insuficiente confiar en el autocontrol profesional y en los códigos deontológicos de los periodistas. Basta ofrecer algunos ejemplos para comprender que en el marco de un Estado de derecho nadie puede pretender ejercer derechos de modo abusivo.

Algunas normas internacionales han reflejado el interés por preservar la independencia del Poder Judicial de las presiones externas. Los Principios Básicos de Naciones Unidas relativos a la independencia del Poder Judicial disponen que los jueces resolverán los asuntos que conozcan, “basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo” (Principio 2). Asimismo, el Principio 4 añade que “no se efectuarán intromisiones indebidas o injustificadas en el proceso judicial”. En relación con la libertad de prensa, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, indicó que “los medios de comunicación social juegan un rol esencial como vehículos para el ejercicio de la dimensión social de la libertad de expresión en una sociedad democrática, razón por la cual es indispensable que recojan las más diversas informaciones y opiniones. Los referidos medios, como instrumentos esenciales de la libertad de pensamiento y de expresión, deben ejercer con responsabilidad la función social que desarrollan”.

En el Reino Unido, la jurisprudencia consideró que los juicios paralelos constituyen uno de los supuestos más graves de contempt o desacato, institución que, parcialmente regulada por la Contempt of Court Act de 27 de julio de 1981, autoriza a los tribunales a imponer restricciones previas a la libertad de información en determinados casos y bajo ciertas condiciones para proteger la correcta administración de justicia. En Italia, la discutida ley mordaza sancionada durante el gobierno de Silvio Berlusconi sancionaba hasta con 30 días de cárcel a periodistas que publicasen el contenido de las escuchas telefónicas o actas bajo secreto de una investigación judicial. Los medios podrán ser sancionados con multas entres 300.000 y 450.000 euros.

En Francia, en el año 1993, se introdujo un nuevo artículo en el Código Civil (artículo 9.1) para regular el derecho al respeto de la presunción de inocencia. En el segundo apartado se establece que “cuando una persona sea, ante cualquier condena, presentada públicamente como culpable de hechos que sean objeto de una investigación o de una instrucción judicial, el juez puede, incluso a través de un recurso de urgencia, y sin perjuicio de la reparación posterior del daño sufrido, prescribir cualquier medida, como la inserción de una rectificación o la difusión de un comunicado, a fin de hacer cesar la lesión a la presunción de inocencia, y todo ello a cargo de la persona física o jurídica responsable de tal lesión”.

Existen también otros mecanismos paralelos o complementarios para limitar los juicios paralelos. La ley de 1881 relativa a la libertad de prensa consagra el derecho a la rectificación que consiste en la posibilidad de ejercer una acción de “inserción forzosa” que obliga al medio de comunicación a difundir una respuesta en defensa de la persona afectada por una información calumniosa. La ley penal tipifica varias infracciones de las que pueden ser declarados culpables periodistas, y está prohibido publicar escritos de acusación y de procesamiento sobre cualquier asunto judicial antes de que hayan sido leídos en audiencia pública. La ley protege además los derechos fundamentales de las partes implicadas en el proceso y castiga penalmente con multa de 15.000 euros la difusión sin su consentimiento de imágenes del acusado esposado o conducido al tribunal tras su detención, así como comentar o sondear acerca de la culpabilidad de un sospechoso o especular sobre la pena que se le impondrá.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos tuvo ocasión de pronunciarse en un caso que afectaba al Sunday Times por una información vinculada a la talidomida (26 de abril de 1979). Si bien la sentencia –atendiendo a las circunstancias particulares del caso— concede prioridad al derecho a la libertad de expresión, no deja de subrayar su preocupación ante el riesgo de que la Administración de Justicia pueda sufrir una pérdida de respeto y que la función de los Tribunales se vea usurpada, si se incita al público a formarse una opinión sobre el objeto de una causa pendiente de sentencia, o si las partes sufrieran un pseudo juicio en los medios de comunicación.

Tanto en Europa como en Estados Unidos existen consejos audiovisuales, que están concebidos como autoridades reguladoras del ámbito audiovisual, con el objetivo de garantizar derechos y bienes constitucionalmente protegidos. El Conseil Superieur de l’Audiovisuel en Francia puede verificar si una información responde a la honestidad exigible en su elaboración, con la posibilidad de instar al operador a que modifique su comportamiento. En el Reino Unido el Office of Communications vela por la precisión en la información y en Estados Unidos esta misión la tiene la Federal Communications Commission.

Durante los últimos años, y en especial a lo largo del gobierno de Mauricio Macri, hemos asistido a una proliferación inaudita de juicios mediáticos paralelos con el inocultable propósito de provocar la proscripción indirecta de candidatos de la oposición o de perjudicar sus opciones electorales, asociándolos a prácticas condenables. Estas campañas mediáticas han permitido que un sector importante del electorado esté plenamente convencido de que Cristina Fernández de Kirchner es autora responsable de varios delitos, sin que hasta el momento se haya dictado una sola sentencia que confirme esa presunción. Estas condenas anticipadas generalmente responden al sectarismo propio de las luchas políticas, pero han permeado también en sectores más racionales por la información sesgada y selectiva proporcionada por los medios de comunicación en abierta violación del derecho a la presunción de inocencia. Tal vez ha llegado la hora de hacer una reflexión profunda sobre esta patología y de diseñar los mecanismos jurídicos adecuados, como los establecidos en Francia para regular la presunción de inocencia y evitar nuevos daños a las personas y al sistema democrático en su conjunto.

 

1. “Los juicios paralelos en Derecho Comparado”, texto de Marc Carrillo incluido en el libro “Presunción de inocencia y juicios paralelos en Derecho Comparado” compilado por Ana Maria Ovejero Puente y editado por Tirant Lo Blanch, Valencia, 2017.

 

 

 

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2 Comentarios
  1. Óscar Fappiano dice

    Un caso que sirve de ejemplo hasta que extremo el sistema interamericano de derechos humanos preserva la garantía de la imparcialidad del tribunal que ha de juzgar a una persona es el informado por la Comisión Interamerica de Derechos Humanos que no llego a la Corte Interamericana porque el estado denunciado -Estados Unidos- no ratificó la Convencion Americana. Un tribunal de un Estado de la Union juzgaba penalmente a un afroamericano mediante el sistema jurado. En un cuarto intermedio sus integrantes fueron llevados a almorzar por el Oficial de custodia a un restaurante de la ciudad. Llegados a la mesa respectiva, encontraron un papel que te iba el dibujo de una horca y la figura de una persona colgada en ella con la siguiente expresion: «Hay que colgar al negrito». El jurado que lo tomo lo hizo circular entre el resto de sus pares y el oficial que los acompañaba, ni lerdo ni perezoso lo recogió y al regreso al tribunal y abierta la audiencia se lo entregó al juez que intervenía quien después de leerlo se dirigió al jurado y solo les dijo que no lo consideren o, como reza nuestro dicho popular » no le lleven el apunte» y continuó la audiencia. Llevado el caso a la Comisión, esta reprochó la actitud judicial por no profundizar el grado de influencia que dicho papel pudo haber causado en todos y cada uno de los jurados, indagandolos individualmente y recordó que incluso tenía la facultad de remover a sus integrantes y designar uno nuevo en su reemplazo. Sobre esta base argumental la Comisión concluyó que en el caso de había infringido el debido proceso. Si este es el criterio sentado frente a único y simple papel…

  2. HERNÁN DE ROSARIO dice

    En su artículo Aleardo Laría Rajneri expresa:

    “La concepción decimonónica de derechos absolutos en el marco de un sistema democrático viene siendo cuestionada por la moderna doctrina jurídica que abordó el estudio de los denominados “juicios mediáticos paralelos”, un fenómeno novedoso de elevado impacto social y político, como lo demuestra la historia judicial de los últimos años. Si bien nadie niega la importancia del derecho a la libre expresión de las ideas en una sociedad democrática, se hace necesario atender a otra realidad jurídica que se produce con el uso abusivo de la información para interferir en un proceso judicial. Se trata de situaciones que, si bien todavía no han sido objeto de regulación jurídica en nuestro país, no dejan por ello de tener enorme relevancia en la vida pública de nuestras sociedades”.

    El autor toca un tema fundamental: la transformación de los grandes medios de comunicación en tribunales de última instancia. Los juicios mediáticos paralelos son moneda corriente en nuestro país. El caso más emblemático es, como bien señala Rajneri, el de Cristina Kirchner. Los Lanata, Castro, Majul, Leuco y compañía dictaron sentencia hace rato: CFK se robó dos PBI y merece, por ende, la reclusión perpetua. El problema es muy serio porque todos los argentinos y argentinas estamos a merced de estos juicios mediáticos paralelos. Los jueces naturales han sido sustituidos por jueces mediáticos que, respondiendo a poderosos intereses políticos y económicos, condenan a piacere.

    A continuación me tomo el atrevimiento de transcribir la parte central de un muy buen ensayo de Frank Harbottle Quirós (Lic. En Derecho con honores de la Universidad de Costa Rica) titulado “Independencia judicial y juicios penales paralelos” (Revista de Investigación en Ciencias Sociales y humanidades-julio 2017).

    EL DERECHO A INFORMAR DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LOS JUICIOS PARALELOS

    El derecho a comunicar y recibir información es un derecho fundamental derivado de la libertad de expresión, pero dotado de su propia especificidad basada en que la información es sobre todo transmisión de hechos. Por esta razón la titularidad de este derecho no sólo corresponde al profesional de la información sino también a cualquier persona, entidad o colectivo social que puede transmitir su versión sobre unos hechos acaecidos. Por ello, la libertad de expresión y el derecho a la información se han concebido no solamente como derechos subjetivos de libertad respecto a los poderes públicos y los particulares, sino también como elementos objetivos de la sociedad democrática (Carrillo, 2007). La libertad de expresión es un principio constitucional que tiene gran envergadura democrática, una de cuyas formas es la libertad de prensa, que hoy se llama también libertad de información, existiendo a su vez, el derecho a ser informado (García, 2013). El derecho a la información guarda una estrecha relación con la libertad de expresión y el derecho de prensa. Consiste en la facultad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, y puede ejercitarse mediante la palabra impresa, las emisiones de radio y de televisión. En los últimos años se ha amplificado con Internet como una poderosa maquinaria de comunicación a través de herramientas como Facebook o Twitter. Los medios de comunicación son el vehículo del derecho fundamental a recibir información, requisito imprescindible de la formación de una opinión pública libre, base de la participación política (García, 2008). En relación con la libertad de prensa, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica, indicó: 117. Los medios de comunicación social juegan un rol esencial como vehículos para el ejercicio de la dimensión social de la libertad de expresión en una sociedad democrática, razón por la cual es indispensable que recojan las más diversas informaciones y opiniones. Los referidos medios, como instrumentos esenciales de la libertad de pensamiento y de expresión, deben ejercer con responsabilidad la función social que desarrollan. 118. Dentro de este contexto, el periodismo es la manifestación primaria y principal de esta libertad y, por esa razón, no puede concebirse meramente como la prestación de un servicio al público a través de la aplicación de los conocimientos o la capacitación adquiridos en la universidad. Al contrario, los periodistas, en razón de la actividad que ejercen, se dedican profesionalmente a la comunicación social. El ejercicio del periodismo, por tanto, requiere que una persona se involucre responsablemente en actividades que están definidas o encerradas en la libertad de expresión garantizada en la Convención. 119. En este sentido, la Corte ha indicado que es fundamental que los periodistas que laboran en los medios de comunicación gocen de la protección y de la independencia necesarias para realizar sus funciones a cabalidad, ya que son ellos quienes mantienen informada a la sociedad, requisito indispensable para que ésta goce de una plena libertad y el debate público se fortalezca” (Corte IDH., Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica, sentencia de 2 de julio de 2004, Serie C No. 107, párrs.117-119).

    La licitud del ejercicio de las libertades de información y expresión en relación con la propia función jurisdiccional no es óbice, para poner de manifiesto la inquietud existente en torno al tema de los conocidos juicios paralelos (trials by newspapers) que se prodigan en los medios de comunicación de masas y que podrían ejercer tal influencia en el curso de un determinado proceso provocando dudas, no sólo en las partes, sino en la sociedad en su conjunto, acerca de la imparcialidad de la resolución del procedimiento con la consiguiente quiebra, por lo demás, de la confianza necesaria en el funcionamiento de la Administración de Justicia (Martínez, 2004). Cuando se está ante un juicio paralelo es porque se da un inadecuado ejercicio de la libertad de prensa. En opinión de Vargas (2009), los juicios paralelos consisten en informaciones surgidas a raíz de un proceso judicial que todavía está pendiente del fallo definitivo y firme, de allí que los medios de información colectiva le dediquen un tratamiento y una cobertura especial, dentro de la cual se destaca la constancia (regularidad y seguimiento de los acontecimientos). Los medios de prensa, además de informar sobre los hechos, proceden a realizar juicios de valor de forma velada o explícita, a través de comentarios, editoriales o análisis de presuntos expertos, donde directa o indirectamente muestran ante la opinión pública, o a un importante sector de ella, a las personas involucradas como culpables o inocentes de los hechos investigados, o pretenden con ello persuadir a los jueces sobre la forma en que se supone debe resolver, lo cual no sólo afecta su intimidad, sino que sobre todo, el derecho a contar con un juez imparcial. Los juicios paralelos son asuntos penales, civiles o de otra índole pendiente de ser juzgados a los que los medios de comunicación social someten a comentarios, valoraciones, apreciaciones y opiniones diversas con virtualidad suficiente para crea una opinión pública sobre el hecho, adversa o favorable, pudiendo originarse un conflicto entre el derecho a la libertad de información, de una parte, y los derechos constitucionales al honor, a la intimidad, la propia imagen y, especialmente, el derecho a la presunción de inocencia, de otra (Juanes, 2007). Aparte de esos derechos constitucionales, es posible que con los juicios mediáticos la Administración de Justicia y su credibilidad se vean afectadas y, de manera concreta, la imparcialidad e independencia judicial. Lo anterior, tomando en cuenta, como bien lo apunta Grande (2009), que los medios de comunicación son un poder fáctico real.

    Los juicios paralelos no sólo pueden influir en el prestigio de los Tribunales, sino, muy especialmente, pueden llegar a menoscabar, según sea su tenor, finalidad y contexto, la imparcialidad o la apariencia de imparcialidad de los Jueces (Latorre, 2002). Debe tenerse presente que los medios se rigen por criterios de mercado, por cuanto constituyen empresas de la comunicación que deben competir con otras y obtener beneficios. La construcción de la noticia supone un proceso de elección, jerarquización y tematización, que fundamentalmente viene presidido por el interés periodístico, esto es, la atención a la audiencia receptora de la información, así como, por supuesto, la orientación político-ideológica del medio (García, 2008).Los juicios paralelos obedecen a razones de diversa índole, desde la simplemente comerciales (por ejemplo, vender un mayor número de periódicos) hasta las ideológicas y políticas (Juanes, 2007). Si bien, los juicios mediáticos pueden presentarse en cualquier proceso judicial, la mayor parte de la doctrina suele ubicarlos dentro de la materia penal, no siendo la excepción el presente artículo. Los hechos delictuosos o presuntamente delictuosos, atraen la atención de los medios informativos mucho más que cualquier otro tipo de sucesos que se ventilan en los tribunales, siguiéndole muy de lejos procesos como quiebras, despidos de trabajadores y divorcios (García, 2013). En cuanto a este fenómeno, a partir de las muchas definiciones que han tratado de explicarlo, Latorre (2002) ha condensado elementos indispensables que deben concurrir en un juicio paralelo, a saber: 1) debe existir un proceso en marcha (puede incluso anticiparse con la mera notitia criminis, pero por lo general estas informaciones preliminares concluyen en un proceso; 2) el proceso debe estar sub judice o pendiente de resolución judicial; 3) debe anticiparse la culpabilidad del acusado; 4) puede ser objeto de enjuiciamiento tanto el sujeto como el objeto (proceso y quien lo desarrolla); y 5) se pretenda perturbar, inquietar o alterar la imparcialidad del Tribunal. Cuando ocurre un hecho que tiene la apariencia de un delito, o es denunciado un hecho de esas características, haya ocurrido o no en la realidad, se abren en realidad dos procesos. Uno el juicio judicial previo, que regula la Constitución, para determinar fehacientemente su ocurrencia y en caso de establecerse quién es el responsable, imponerle una pena. Otro, el proceso informativo, todo el desarrollo de la información pública de ese hecho, sus consecuencias, sus responsabilidades, y demás, que se realiza a través de los medios de comunicación masivos, o sea la prensa, en ejercicio de su libertad constitucional de informar, y para atender los requerimientos de un mercado ávido de noticias.

    Este segundo es mucho más rápido que el primero, porque no tiene que respetar ninguna regla procesal, ni garantía constitucional, o sea el “debido proceso”, para arribar a conclusiones. El periodista o el medio empresario que dispone lanzar el producto informativo, decide, con los elementos con que cuenta, inmediatamente, “en vivo y en directo”, lo que la justicia ordinaria debe conocer a través de un debido proceso, que garantiza el derecho de defensa, y por lo que no puede nunca competir en rapidez, efectividad y alcance con aquél (García, 2013). Dentro de las parcelas de actuación entre jueces, informadores y opiniones, cabe distinguir entre verdad procesal (o formal), verdad objetiva (o material) y verdad subjetiva. La verdad procesal atañe a los jueces (y en sí al resto de operadores jurídicos y, por extensión, al conjunto de la sociedad), pudiendo ser definida como aquella que es apreciada por la autoridad judicial en virtud de la prueba propuesta y practicada. La verdad objetiva concierne, especialmente, a los informadores (y también, cómo no, a quienes demanden o muestren interés en obtener información, es decir, objetivamente todos, sin excepción, podemos ser destinatarios de información). La información debe coincidir con la realidad pero no, necesariamente, con toda la realidad, sólo con aquella que tiene interés mediático, es decir, con aquella parcela de la realidad que puede constituirse en noticia. La verdad subjetiva, atañe a los que opinan, a los que se ocupan de influir en la opinión pública (en prensa, radio, televisión, por medio de editoriales, columnas, tertulias, debates, discusiones) y, asimismo, como interlocutores, a todos aquellos que están interesados (y, en particular, a quienes pueden verse afectados) por dichas opiniones. La línea que separa la información (algo objetivo) y la opinión (algo, de suyo, subjetivo) es fácil de traspasar; sobre todo cuando se entremezcla una y otra, resultando ser una tarea compleja discernir qué es información y qué es opinión (Bueno, 2009). A través de los denominados juicios mediáticos, la prensa elabora y transmite noticias acerca de hechos que “paralelamente” se investigan o juzgan en el sistema judicial penal, sin que se haya dictado una sentencia judicial y ésta se encuentre firme (Campos, 2015).

    Sin duda alguna, la interferencia mediática puede generar un alto riesgo de manipulación del proceso valorativo de la prueba por parte de los juzgadores. Por ejemplo, un veredicto mediático condenatorio en contradicción con una sentencia judicial absolutoria podría afectarla imagen y legitimidad del sistema de Administración de Justicia ante la ciudadanía. Es importante aclarar que una cosa es que los medios de comunicación transmitan información correspondiente a un proceso penal, y otra que conviertan dicha información a través de distintos mecanismos en un juicio paralelo o mediático, pudiendo violentar la independencia judicial, así como el principio de inocencia o derechos como el honor, la intimidad y la imagen. Un juicio paralelo es más que información sobre un proceso judicial. El juicio penal paralelo se presenta cuando, existiendo un proceso judicial en trámite, es decir, sin que se cuente con una sentencia judicial firme, uno o varios medios de comunicación colectiva le dan un seguimiento excesivo y desproporcionado al caso, anticipando, en cierta forma, la decisión que debe adoptar el órgano juzgador (sea un fallo condenatorio o absolutorio), incitándolo indirectamente a resolver de una manera concreta (perturbando su imparcialidad e independencia mediante un discurso populista), acudiendo a mecanismos como la entrevista de abogados parcializados o de testigos del caso, o dando a conocer el contenido de otro tipo de pruebas, sin respetar derechos y garantías constitucionales y legales propias de un proceso penal en un Estado Democrático de Derecho, tales como la presunción de inocencia, el honor, la imagen y la intimidad. En palabras sencillas: los medios pasan a ocupar la posición de los jueces. De lo expuesto se colige que las relaciones entre la Administración de Justicia y los medios de comunicación adolecen de disfunciones que hay que remover, pero hay que hacerlo desde el más absoluto respeto al derecho a la información y a la libertad de expresión, al tratarse de dos de los pilares básicos de cualquier régimen democrático. Las funciones que cumplen la Administración de justicia y la prensa son muy diferentes. Los juicios se celebran con la finalidad de aplicar la ley y restablecer la vigencia del Derecho, mientras la crónica judicial se orienta, como toda la actividad periodística, a formar estados de opinión (Bravo, 2012). Para analizar el tema de los juicios paralelos, necesariamente debe partirse de un hecho incuestionable, cual es el carácter de derecho fundamental de la libertad de prensa, sea, el derecho a difundir libremente la información y opinión.

    Al igual que la libertad de expresión y de crítica constituyen un derecho fundamental en cualquier Estado democrático, también lo es la independencia judicial. De manera que debe tenerse especial cuidado para no cercenar un derecho fundamental (Vargas, 2009). Como bien lo afirma Porter (2010), en el marco de la sociedad del conocimiento en la que vivimos, resulta difícil pensar en la eliminación de los juicios paralelos por los medios de comunicación colectiva. Sin embargo, se podría aspirar a la reducción de sus efectos sobre la ciudadanía, así como sobre el Poder Judicial y la legitimidad de su función jurisdiccional. En el siguiente apartado, se presentará someramente el tratamiento normativo que le han dado algunos países a los juicios paralelos.

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