LOS LIMITES AL ACUERDO

 

A pocos días de la elección presidencial, un Macri histéricamente agresivo se zambulle en marchas callejeras a lo largo y a lo ancho del país. Busca convencer a sus seguidores que dará vuelta los resultados de las PASO. En su osadía muestra que está dispuesto a llevarse todo por delante con tal de abrocharse al poder: en cualquier circunstancia, sea debate presidencial, discurso de barricada o spot de propaganda, miente descaradamente. Entre otras cosas, sostiene que el endeudamiento externo durante su gestión fue mucho menor al ocurrido durante el gobierno K a pesar de que los datos del INDEC y del FMI lo refutan categóricamente; asegura que la inversión en ciencia y tecnología aumentó durante su gobierno, aunque el propio Directorio del CONICET lo desmiente y le reclama urgentes aumentos de partidas financieras congeladas. Y así, sucesivamente.

Macri utiliza al pasado para acosar al presente. Este es un pasado anegado por el drama no resuelto de demandas de inclusión social sistemáticamente rechazadas. Su gobierno es revanchista, busca provocar cambios estructurales para terminar con el peronismo. No lo ha logrado y, paradójicamente, el pasado satura al presente. Esta semana el peronismo celebró el 17 de octubre de 1945, fecha en que irrumpió en la escena política empujado por el protagonismo de los “cabecitas negras” que, desbordando las calles de Buenos Aires, liberaron a su líder encarcelado. Esta misma semana, Macri convocó a sus seguidores a la “marcha del millón en el Obelisco” para mostrar, en estas mismas calles de Buenos Aires, que “sí se puede” detener el avance del peronismo en las urnas y así “cambiar la historia para siempre”.

Desde el inicio de la campaña Macri invisibilizó a los pobres al mismo tiempo que resaltó la centralidad de la clase media. Ahora, sin referirse a los pobres, busca potenciar el miedo a las demandas de los excluidos y convertirlo en una bandera de guerra. Su objetivo es forzar un balotaje por cualquier medio. Durante sus cuatro años de gobierno ha dado amplias muestras de su inescrupulosidad en el manejo de los medios y de las instituciones políticas y judiciales. Ahora intenta comprar voluntades en los distritos de Cambiemos con un bono a repartir entre desocupados. En este turbio contexto, la posibilidad de una manipulación de los datos electorales no debe ser descartada. Los antecedentes de la empresa que se encargará de la transmisión y recuento de votos apuntan en esa dirección. Si bien las encuestas anuncian un resultado favorable a la oposición, como dice Macri: a veces “pasan cosas”.

Su activismo frenético también busca retener el control sobre Cambiemos, en caso de ser derrotado en las elecciones, y así liderar la oposición al nuevo gobierno. Este estará sumergido en un verdadero campo minado: un BCRA casi sin reservas, organismos oficiales desfinanciados, un mercado de cambios amenazado por una corrida, fuertes vencimientos de deuda a corto plazo que no pueden ser pagados, una inflación desmadrada y una recesión sin limites. En síntesis, un país prácticamente al borde del default, sin liquidez y con un grado considerable de insolvencia. Estas circunstancias crean un teatro especialmente propicio para una oposición salvaje al próximo gobierno y Macri se prepara para la guerra de posiciones.

La actual situación del país es el resultado de una política concertada con el FMI para provocar el caos. Si bien hubo impericia, lo decisivo fue la aplicación de políticas que buscaron primarizar la estructura productiva, reproducir el endeudamiento ilimitado, y disciplinar el conflicto social a través de la recesión y la dolarización de la economía. En todo esto Macri tuvo éxito. Sin embargo, fue derrotado en las PASO por el voto castigo de amplios sectores de la población. En este contexto, la movilización de sus seguidores le permitiría continuar al frente de su partido a pesar de las turbulencias internas que detonará una derrota en octubre. Al mismo tiempo, le permitiría guarecerse de las causas judiciales abiertas en su contra manteniendo su control sobre la estructura mafiosa que ha montado durante todos estos años y que hoy pugna por salir a la luz a través de las investigaciones de Alejo Ramos Padilla en Dolores y Rodolfo Canicoba Corral sobre el espionaje ilegal de jueces.

Así, la marcha del millón de Macri adquiere significado y relevancia. En ella tendrán participación crucial los sectores de clase media urbana con mayores ingresos, y vastos sectores de la producción agropecuaria. De acuerdo a una encuesta reciente, ocho de cada diez productores agropecuarios votan a Macri, aunque solo el 42% apoya su gestión (perfil.com 31 7 2019). En las ultimas semanas, productores agropecuarios auto convocados y organizaciones empresariales del campo han convocado a través de las redes y del WhatsApp a marchar con tractores y camionetas hacia cincuenta lugares de encuentro en distintas partes del país. Desde allí avanzarán sobre la capital y en dirección al obelisco bajo la consigna “Campo+Ciudad en apoyo a la Justicia, la República y la Libertad” (lanación.com 16 10 2019).

A días de las elecciones, continúa el goteo incesante de reservas, el dólar oficial sigue levitando a pesar de las ventas continuas del BCRA y bancos oficiales para detenerlo, la brecha con el dólar fuga (ccl) supera los veinticinco puntos y la espiral alcista golpea ahora a un dólar blue cada vez mas demandado. Sin embargo, el verdadero desafío aparecerá en el periodo comprendido entre las elecciones y la entrega de gobierno. Todo parece indicar que se intensificaran las presiones sobre las reservas, el tipo de cambio y la salida de los depósitos en dólares al mismo tiempo que arreciará la inflación como consecuencia de la puja entre sectores empresariales por definir estructuras de precios relativos que les sean favorables.

 

 

Los límites del Acuerdo

El Partido Justicialista elevó recientemente al Frente de Todos una propuesta de políticas económicas para poner en marcha si gana las elecciones. Al conocerla, la Mesa de Enlace, organización que aglutina a las entidades patronales del campo, se manifestó “en estado de alerta” por considerar “de suma gravedad” referencias a “vigilancia de precios”, “precios referenciales”, limitaciones a las exportaciones, “controles de cambio”, “regulación nominal de productores” y creación de nuevos impuestos como el gravamen a la herencia o un impuesto inmobiliario nacional. Según la entidad, “nada de esto ayudará a poner de pie a la producción… son recetas de política agropecuaria que ya fracasaron notoriamente”.  Así expresó su agravio ante un plan de gobierno que no contiene, según su opinión, los reclamos que presentó oportunamente a consideración de Alberto Fernández (ámbito.com 14 10 2019).

Paralelamente, y luego de realizar una reunión conjunta en la Bolsa de Cereales, las entidades que nuclean a los sectores mas poderosos del campo: exportadores, acopiadores, corredores de granos y también grandes productores agropecuarios, manifestaron un principio de acuerdo con el plan Hambre Cero de Fernández. Este apoyo, sin embargo, se circunscribe al sector beneficiario de la AUH y rechaza cualquier limitación de las ganancias de este sector empresario vía determinación de precios y/o retenciones a las exportaciones (lanacion.com 8 10 2019). Queda así excluida la mayoría de la población en situación de pobreza e indigencia.

Esta voluntad de circunscribir y acotar al máximo a los destinatarios de la ayuda se evidencia también en el rechazo del conjunto del sector agropecuario y de la cadena alimenticia —desde la industria a los supermercados— a la convocatoria del CEO de Syngenta, de donar el 1% de la producción para paliar el hambre. Esta empresa multinacional es la segunda a nivel global, luego de Monsanto-Bayer. Fue comprada en 2017 por el gobierno chino y se especializa en la producción de semillas, biotecnología y agroquímicos. La oposición de todo el sector agropecuario y alimenticio al proyecto de Syngenta pone en evidencia la voluntad de minimizar el problema del hambre por parte de toda la cadena, incluyendo a los productores de base que en algunas regiones se autoconvocaron para expresar su disgusto boicoteando la compra de los productos de Syngenta y/o devolviendo los que han comprado. Estas medidas de productores agropecuarios fueron acompañadas por panfletos convocando a “no traicionar al campo” y con suspicacias referidas a la existencia de un interés geopolítico detrás de la propuesta de Syngenta (lpo.com 9 y 11 /10 2019).

Mientras tanto, la entidad que congrega a la industria alimenticia (COPAL) y los grandes supermercados han rechazado la propuesta de ley de góndolas que acompaña al plan Hambre Cero y repudian los controles de precios. Esto ocurre en un contexto de alto crecimiento acumulado de los precios de los alimentos, que en un año supera a la inflación en el mismo periodo (56.9 % y 53,5 % respectivamente) y en circunstancias en que la reducción  del IVA a cero en algunos alimentos de la canasta básica con el fin de morigerar el impacto de la devaluación post PASO no tuvo prácticamente incidencia, debido a la dispersión de precios y a las remarcaciones constantes en los comercios (ambito.com 23 8 2019).

Así, el plan Hambre Cero, base para el Acuerdo propuesto por Alberto Fernández, enfrenta hoy la resistencia de poderosas empresas que controlan monopólicamente segmentos determinantes de la cadena agroalimenticia, que han logrado sumar a esta resistencia a los productores de base. No son, sin embargo, los únicos actores ubicados en puntos estratégicos de la economía que resisten los postulados del plan de gobierno del Frente de Todos. Entre otros sobresalen las empresas petroleras y energéticas, que objetan la desdolarización de tarifas y combustibles y reclaman subsidios de distinta índole para funcionar. En este punto adquiere relevancia inusitada la cuestión de Vaca Muerta y su futuro. ¿Será considerada por el próximo gobierno como la “nueva pampa húmeda” que permitirá, a través de sus exportaciones conseguir las divisas que el país necesita, como piden las principales empresas petroleras ya instaladas en el área? ¿O la explotación de Vaca Muerta será la instancia que permita bajar el costo local de la energía y contribuir a la industrialización del país? En ambos casos su desarrollo requerirá de fuertes subsidios estatales con el impacto consiguiente sobre el conjunto de la sociedad.

Así, profundos conflictos sociales que marcaron a fuego la historia de nuestro país desde sus orígenes resuenan en el presente. Las luchas del “campo” por obtener precios de producción acorde con los precios internacionales de sus productos, y la necesidad de los gobiernos de regular estos precios para evitar que las ganancias extraordinarias de un sector derivadas de la renta diferencial de la tierra perjudiquen la capacidad de alimentación de la población urbana, están presentes desde la época de la colonia. Al mismo tiempo, la lucha por la apropiación de los subsidios del Estado y su transferencia para incentivar a determinados sectores de la producción han agitado al país desde mediados del siglo pasado. La emergencia de una industrialización basada en una acumulación del capital tecnológicamente dependiente ha agudizado el conflicto entre campo e industria, encerrando al crecimiento industrial en el círculo vicioso de una restricción externa derivada de la imposibilidad de generar con las exportaciones del campo las divisas que requiere una industria tecnológicamente dependiente.

Todas estas contradicciones aparecen ahora en nuestro presente, perforadas por una geopolítica cada vez mas dominada por la necesidad de las grandes potencias mundiales de controlar los recursos naturales no renovables en vías de extinción (gas y petróleo tradicional y no convencional, tierra fértil, agua, etc.) Estas circunstancias se dan en un contexto global de enorme interpenetración de la producción y las finanzas globales y de creciente fragilidad de un capitalismo global monopólico, amenazado por la posibilidad de un estallido financiero y una recesión global de carácter inédito en la historia mundial.

 

 

Petróleo, fondos de inversión y liquidez

Uno de los ejes de la estrategia de dominación geopolítica de los Estados Unidos en las ultimas décadas ha sido la búsqueda del control sobre las reservas mundiales de petróleo y gas tradicional y no convencional, y sobre los flujos y precios de estos recursos no renovables. La política de facilitación monetaria y tasas de interés cercanas a cero adoptadas por la Reserva Federal a partir de la crisis financiera de 2008 dio un gran estímulo al desarrollo de la producción de petróleo y gas no convencional en los Estados Unidos. Gracias a esta política, en muy poco tiempo ese país fue capaz de disputar cuotas y precios del mercado internacional. Hacia 2014 y 2015 los países agrupados en la OPEP aumentaron la producción de petróleo con el objeto de lograr la caída de su precio mundial y así destruir a la industria de petróleo no convencional norteamericano. No lo lograron. Al acceder Trump al gobierno en 2016, otorgó nuevos incentivos impositivos y financieros a las corporaciones y esto estimuló a la industria del petróleo no convencional que rápidamente transformó a los Estados Unidos en el primer productor mundial de petróleo. (zerohedge.com 15 4 2019). Esto, sin embargo, se logró al costo de un sobreendeudamiento de las empresas norteamericanas vinculadas a la explotación de petróleo y gas no convencional.

Paradójicamente, este endeudamiento sumado a la imposibilidad del sector de obtener una rentabilidad efectiva y a la imprevista y rápida disminución del rendimiento de las perforaciones (wsj.com 2 1 2019; zerohedge.com 9 6 2019) explica la actual reticencia de los bancos a otorgar nuevos créditos a las empresas del sector y la multiplicación de la quiebra de pequeñas y medianas empresas altamente endeudadas (oilprice.com 5 9 2019, zerohedge.com 7 10 2019). Estas circunstancias amenazan con convertir a esta deuda corporativa en un posible detonante de la próxima crisis financiera internacional (nytimes.com 1 9 2018).

Por otra parte, la mala situación financiera derivó en la búsqueda de nuevas formas de financiación que fueron encontradas en los fondos de inversión. Hacia 2018, estos respondían por la financiación de más de una tercera parte de las inversiones de petróleo no convencional en los Estados Unidos (knowledge.wharton.upenn.edu, 21 9 2018). Lejos de resolver el problema, estas circunstancias tornan todavía mas peligrosa la deuda corporativa asociada a la explotación de petróleo y gas no convencionales en los Estados Unidos. El carácter ilíquido de los activos de buena parte de los fondos de inversión hace que hoy sean el principal factor de riesgo de un sistema financiero internacional amenazado por una crisis de liquidez que ya empieza a ponerse de manifiesto en el mercado interbancario norteamericano de repos.

Así, las características de la explotación de petróleo y gas no convencionales en los Estados Unidos y la rápida pérdida de productividad de las perforaciones explican el interés de las multinacionales petroleras por explotar los recursos naturales no renovables de la Argentina, aprovechando al mismo tiempo los subsidios que el gobierno de Macri les ha brindado. Estos subsidios han tenido como contrapartida la brutal dolarización de los combustibles y tarifas publicas. Todo esto indica la necesidad de proteger en el futuro a los subsidios del Estado argentino de la apropiación por parte de multinacionales y la importancia de no reducir el proyecto de Vaca Muerta a la mera generación de dólares a partir de sus exportaciones.

 

 

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