Los que pensaban

Indagar sobre la inteligencia de la dictadura abre desafíos para el Estado en materia de juicios y archivos

 

“La ‘Inteligencia’ fue el ‘sistema nervioso’ del Terrorismo de Estado que conectó a las máximas autoridades con los centros de tortura y desaparición de personas”, escribió hace más de veinte años el capitán retirado del Ejército José Luis D’Andrea Mohr, co-fundador del Centro de Militares para la Democracia Argentina (CEMIDA) y autor de aportes pioneros sobre el funcionamiento del aparato represivo durante la última dictadura. Desde entonces, investigaciones históricas basadas en documentos militares y en declaraciones judiciales de represores describieron la centralidad del dispositivo de inteligencia en el programa de represión de las Fuerzas Armadas. En el terreno judicial, en cambio, no hubo ningún juicio que reconstruyera de manera integral el funcionamiento de los organismos de inteligencia durante el terrorismo de Estado.

Por ahora lo más cercano a eso viene siendo el juicio “Contraofensiva”, cuya sentencia se espera para mayo o junio, en el que por primera vez se investiga a toda la estructura de inteligencia del Ejército, la fuerza que tuvo la responsabilidad primaria de la represión ilegal. Entre los acusados hay jefes de compañías y departamentos encargados de actividades psicológicas, inteligencia y contrainteligencia de unidades destacadas de la fuerza como el Batallón de Inteligencia 601, el Comando de Institutos Militares y el Destacamento de Inteligencia 201 con asiento en Campo de Mayo. La querella fiscal destacó en su alegato que se trata de “funcionarios de la estructura que diseñó, planificó, instrumentó, analizó, documentó, hizo posible el mayor de los genocidios”.

Pero los hechos juzgados en esa causa sólo abarcan el período 1979-1980, cuando tuvo lugar la llamada Contraofensiva de Montoneros. No existe ningún juicio con un enfoque similar para el período 1976-1978, la etapa de mayor intensidad represiva. El dispositivo de inteligencia de la dictadura sigue siendo un capítulo pendiente en los juicios de lesa humanidad: un tema aún cubierto por un velo que, si se corriera, acaso revelaría costumbres de los espías de entonces con algunos ecos más que actuales.

 

 

El ‘habitus’ de inteligencia

Conocer el funcionamiento de los organismos de inteligencia en el pasado reciente es también una vía para comprender algunas de sus prácticas del presente. Eva Muzzopappa, antropóloga social e investigadora del CONICET, investiga sobre la inteligencia militar en la Argentina en perspectiva histórica. En base al trabajo con fondos documentales de organismos y períodos diversos mostró la existencia a través de las décadas de un habitus de lógicas y comportamientos de los agentes de inteligencia que permanece hasta hoy, y que tiene su origen incluso antes de la última dictadura.

“Las mayores continuidades se ven en las formas en que estos agentes clasifican, seleccionan y orientan la información de inteligencia en función de criterios que responden, más que a una investigación tal como uno podría imaginarla, a una aplicación de categorías preconcebidas respecto de cuáles son los grupos y las tendencias político-partidarias que son sujeto de sospecha –dice Muzzopappa–. Entonces hay un seguimiento de los ‘sospechosos de siempre’, y el registro de sus movimientos y relaciones se explica no tanto por sus actividades en sí como por la pretensión de sospecha permanente sobre determinadas personas o grupos. Aunque el rótulo fue cambiando, permanece la tendencia al seguimiento y la sospecha sobre lo que durante largo tiempo se denominó la ‘ideología izquierdista’”.

Así, al pensar por ejemplo en una reforma de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) sería útil conocer mejor cómo funcionó el dispositivo de inteligencia de la dictadura, que también dejó su impronta en la ex Secretaría de Inteligencia del Estado pese a las reformas legales posteriores.

 

 

El dispositivo de inteligencia de la dictadura

Si la inteligencia fue el sistema nervioso del aparato represivo, la estructura de inteligencia del Ejército fue su médula: la que centralizó y articuló la producción y el análisis de la información  sobre el “enemigo subversivo”, recogida en el territorio por los elementos de inteligencia de todas las fuerzas represiva y luego utilizada para planificar la represión.

En la cúpula de esa estructura del Ejército estaba la Jefatura II de Inteligencia, con un rol clave en el diseño del programa represivo ya que era el área encargada de generar los “blancos” u “objetivos” de la “lucha contra la subversión” y de asesorar al comandante en jefe del Ejército para que delineara nuevas directivas que luego bajaban a través de la estructura jerárquica.

La información utilizada por la Jefatura II provenía de otra estructura bajo su dependencia, el Batallón 601, donde se elaboraba la inteligencia operacional con grupos de agentes que se especializaban en reconstruir los organigramas de las organizaciones perseguidas. El Batallón 601 recibía y procesaba la información obtenida por los elementos de inteligencia de todas las fuerzas represivas repartidas en el territorio nacional.

Además de coordinar la recolección y el análisis de información a través del Batallón 601, la estructura de inteligencia del Ejército tenía despliegue territorial a través de los destacamentos de inteligencia, dependientes de los jefes de cuerpo, que también procesaban información obtenida por los elementos de inteligencia en el terreno: agentes que, según la historiadora Melisa Slatman, “estaban presentes durante los secuestros para realizar los primeros interrogatorios, que seguían luego en los centros clandestinos de detención (CCD) y que también eran responsables de analizar la documentación que se secuestraba junto con las víctimas y que recibían información de los operativos de áreas bajo jurisdicción de otras fuerzas”. Esos agentes en la base del sistema eran quienes finalmente “mantenían el dispositivo en movimiento”.

Nutrida de todo ese esquema, la Jefatura II del Ejército asesoraba al comandante en jefe en el diseño represivo a través de su participación en el Estado Mayor General de la fuerza. A su vez, en los últimos años, la desclasificación de nuevos archivos reveló la inserción de la Jefatura II en una estructura superior de coordinación de toda la comunidad de inteligencia nacional, de la que hasta ahora se sabe poco: la Central Nacional de Inteligencia (CNI).

Los primeros datos sobre el rol de la CNI en la dictadura se conocieron a partir de una desclasificación de archivos de la ex SIDE realizada en 2015 para la causa AMIA. Esa investigación condujo a un decreto de 1979 sobre la doctrina nacional de inteligencia para ese año, en el que se aludía y describía a la CNI, creada en 1966. El organismo dependía de la SIDE, cuyo secretario era a la vez jefe de la Central, y estaba integrada además por el jefe de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y por los jefes de Inteligencia del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Superintendencia de Seguridad. Funcionaba como la mesa de conducción política que delineaba la Inteligencia Estratégica Nacional.

Aunque la CNI tuvo un rol central en la formulación de la doctrina nacional de inteligencia durante el terrorismo de Estado, recién apareció mencionada por primera vez en un juicio en 2020, en la causa “Contraofensiva”, y no se investigó su rol más allá de la coyuntura específica de 1979.

 

 

La inteligencia en los juicios

En los juicios que se desarrollan en todo el país desde hace tres lustros fueron condenados represores que se desempeñaban como personal de inteligencia por su participación en secuestros, torturas y asesinatos. No hubo, en cambio, ninguna causa que analizara el despliegue de inteligencia como resorte principal del plan sistemático ni que adjudicara responsabilidades a los ex miembros jerárquicos de los organismos que diseñaban la represión.

“La forma en que operó la inteligencia fue principalmente de escritorio, excepto los grupos de tareas del Batallón 601, entonces es poco probable identificar a esos agentes a través de testimonios de víctimas –explica Ángeles Ramos, titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad–. Se necesita seguir avanzando en el trabajo de reconstrucción de las estructuras, jerarquías y cadenas de mando internas, a través del análisis de documentos y normativas militares sobre el circuito de inteligencia, y de reponer quiénes ocuparon esos puestos en cada período”.

Un juicio de esa naturaleza enfrentaría un problema fáctico: la mayoría de los responsables de los organismos de inteligencia durante la dictadura eran entonces generales, coroneles o tenientes coroneles, es decir personas con una carrera militar avanzada, y la mayoría ya fallecieron. Ese fue el caso, por ejemplo, del represor Carlos Alberto Martínez, jefe de Inteligencia del Ejército entre 1976 y 1978, quien llegó a ser procesado por el juez federal Daniel Rafecas en 2012 pero murió antes de llegar a juicio.

Más allá del insalvable obstáculo biológico, la reunión y sistematización de material probatorio que explique el aporte del dispositivo de inteligencia a los crímenes investigados no deja de ser una cuenta pendiente de la Justicia para completar el derecho a la verdad de las víctimas. El Batallón 601, por ejemplo, aún es un misterio para los tribunales. “Existe prueba ya reunida en causas donde hubo participación de miembros del Batallón y de los destacamentos en las distintas jurisdicciones del país –dice Ramos–. Y en esa prueba se ven patrones comunes en el despliegue de la inteligencia, que se explica porque la planificación venía de un mismo lugar: de la Jefatura II del Ejército para abajo. Ese dispositivo es el que hay que desentrañar”.

Cuando imputó a Martínez en el marco de la causa del Primer Cuerpo de Ejército, Rafecas lo indagó por los casos de todas las víctimas, bajo el criterio de que la Jefatura II tuvo conocimiento de todos los secuestros de los que se obtuvo información de inteligencia. “Cuando se sacaba un dato mediante tortura, ese dato no quedaba en un cuartito del CCD sino que se registraba, se hacía un informe y se elevaba hasta la Jefatura II para que se analizara y enseguida, esa misma noche o al día siguiente, se emitiera una nueva directiva contra un nuevo blanco”, dice Pablo Llonto, abogado querellante de familiares de víctimas.

Una vía posible para avanzar hacia una reconstrucción judicial del dispositivo de inteligencia, conversada durante años entre las querellas, sería que el juzgado de Rafecas retomara la investigación contra Martínez en el marco de la causa del Primer Cuerpo y la llevara hacia otros ex miembros de la Jefatura II y de las estructuras subordinadas a ella. “Eso significa mover año por año el dispositivo de inteligencia: pedir los legajos de todo el personal y ver quién estuvo en cada destacamento, en el Batallón 601 y en las distintas direcciones de la Jefatura –afirma Llonto–. Hasta ahora los fuimos encontrando de a uno, pero es momento de avanzar en una indagación más armónica e integral para entender el funcionamiento”.

Además de la reconstrucción histórica, necesaria para pensar la evolución posterior de la comunidad de inteligencia, un enfoque de ese tipo permitiría además imputar a los ex miembros del dispositivo de inteligencia centenares de casos no judicializados de víctimas que no se sabe por qué CCD pasaron, pero sí en qué jurisdicción y en qué momento fueron secuestradas.

 

 

La inteligencia en los archivos

Los operadores judiciales que trabajan en causas de lesa humanidad subrayan la necesidad de una política estatal de archivos que acompañe las investigaciones penales. Buena parte de lo que se sabe sobre los organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas durante la dictadura se debe al trabajo de los equipos de relevamiento y análisis de archivos que se crearon en la órbita del Ministerio de Defensa durante la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Esos equipos fueron diezmados por el macrismo y hoy, en plena crisis por la pandemia de Covid-19, están funcionando con grandes limitaciones, lo que constituye un motivo de preocupación para el movimiento de derechos humanos.

En 2020, una de las pocas novedades que hubo en esa materia fue la conformación de un equipo de relevamiento para trabajar sobre la documentación histórica almacenada en la sede de la AFI. Esa labor fue dirigida por Stella Segado, quien antes estuvo a cargo de los equipos en Defensa, y dio como resultado el hallazgo de nuevos documentos sobre la represión ilegal durante el terrorismo de Estado. Uno de ellos circuló públicamente: se trataba de un “álbum” con más de 500 imágenes de personas que los militares tenían como blanco y que daba cuenta de la planificación coordinada entre las fuerzas represivas para la “detección” y “neutralización” de sus víctimas. Ese libro fue confeccionado precisamente por la Jefatura II del Ejército.

El equipo que relevó los archivos de la AFI trabajó sobre material reunido durante más de 80 años de existencia de la ex SIDE en la llamada División de Antecedentes, una oficina donde se acumularon unas 250.000 fichas de inteligencia sobre múltiples objetivos del espionaje estatal pero también sobre los propios agentes de esas tareas de vigilancia. La información se recogía por fuentes secundarias, como diarios y revistas, pero también primarias: espías infiltrados.

Todo ese material ya fue censado e inventariado y ahora debería ingresar a una nueva etapa de análisis de la información. En los últimos meses, el trabajo del equipo de relevamiento en la AFI quedó sujeto a vaivenes sobre cuál será el destino de ese fondo documental. Existen distintas miradas al respecto. En la AFI hay quienes impulsan que ese archivo pase a formar parte del Archivo Nacional de la Memoria.

“Personalmente creo que los criterios de relevamiento deben atender a la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia pero al mismo tiempo ser muy respetuosos de los criterios técnicos que resguardan a los archivos –argumenta Segado–. Aún no hay conciencia plena de que forman parte del patrimonio cultural de la nación. Hay una matriz depredadora de llevarse cada papelito en vez de incentivar a que cada organismo trabaje sobre su historia institucional, que el personal que forma parte de una institución sepa sobre su propia historia, sobre todo lo que pasó ahí”.

 

 

 

--------------------------------

Para suscribirte con $ 250/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 500/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí