Los que proveían

Empieza el juicio “Sheraton III”, al ex jefe de Personal de la unidad que operó en ese CCD

 

En febrero de 1978 Ricardo Alberto Pascual tenía 31 años y era teniente primero del Ejército cuando tomó el cargo de oficial responsable del sector de Personal del Grupo de Artillería Mecanizada 1 (GAM 1) de Ciudadela, la unidad militar que tenía bajo su mando la Subcomisaría de Villa Insuperable, en el partido bonaerense de La Matanza. Allí funcionó el centro clandestino de detención (CCD) “Sheraton” entre octubre de 1976 y octubre de 1978.

Desde pasado mañana, martes 1º de junio, cuando empezará el tercer tramo del juicio por los crímenes en ese CCD, Pascual será el único imputado ante el Tribunal Oral Federal 1. Está acusado como partícipe necesario en los secuestros y las torturas contra dos víctimas, una de las cuales permanece desaparecida.

Pascual es el cuarto ex miembro de la Plana Mayor del GAM 1 que llega a juicio oral. En 2019 habían sido condenados los represores Rodolfo Enrique Godoy, ex jefe de la Plana Mayor, y Manuel Cunha Ferré y Roberto Obdulio Godoy, ex responsables de los sectores de Inteligencia y Operaciones respectivamente.

El juicio “Sheraton” va camino a sentar en el banquillo a la plana mayor completa de la unidad que controló el CCD, algo infrecuente en las causas de lesa humanidad. Después de varias idas y vueltas por recursos y apelaciones, el juzgado de instrucción de Daniel Rafecas también elevará en los próximos meses los procesamientos de los ex responsables de Logística y Finanzas del GAM 1, Alejandro Federico Salice y Roberto Horacio Sifón: los dos que faltan para completar la acusación a toda la estructura que lideraba el Grupo.

No es apenas una cuestión de llenar casilleros. Sin tanta atención como otros juicios de lesa humanidad, el caso “Sheraton” puede exhibir el funcionamiento integral de las planas mayores de las unidades militares que controlaron los CCD, y el rol clave (y poco valorado por la Justicia) que cumplían en ese funcionamiento los oficiales que gestionaban y proveían los recursos humanos, logísticos y financieros necesarios para la acción represiva.

 

 

El cautiverio en el “Sheraton”

En el diseño operacional de las Fuerzas Armadas, el GAM 1, dependiente de la Brigada de Infantería 10, era la cabecera del Área 114 de la Subzona 11 de la Zona de Defensa 1, bajo la conducción del Primer Cuerpo del Ejército. Tenía dominio territorial sobre La Matanza para desarrollar la “lucha contra la subversión”. El GAM 1 utilizó como centro clandestino de detención la sede de la Subcomisaría de Villa Insuperable, en la esquina de las calles Tapalqué y Quintana, dependiente de la Comisaría 3 de Villa Madero, que a su vez estaba subordinada a la Unidad Regional de Morón de la Policía Bonaerense, de estrecha vinculación con el GAM 1.

 

La señalización de la ex Subcomisaría de Villa Insuperable en 2015.

 

Con la colaboración policial, el Ejército usó los calabozos y otros espacios de la Subcomisaría para el cautiverio de detenidos ilegales. Hay dos versiones no excluyentes sobre por qué los represores bautizaron como “Sheraton” al lugar. Una dice que fue por las figuras conocidas que estuvieron secuestradas allí, como el sociólogo Roberto Carri y su esposa Ana María Caruso o el guionista Héctor G. Oesterheld, uno de los autores de El Eternauta, todos ellos desaparecidos. La otra teoría es que era una alusión a supuestas condiciones tolerables de detención. Algunos sobrevivientes han recordado en sus testimonios que los represores no les colocaban capuchas ni grilletes, y que incluso pudieron verse o escribirse con familiares durante el cautiverio. Sin embargo, la tasa de sobrevivencia en el “Sheraton” fue tan baja como en otros CCD.

 

Roberto Carri y Ana María Caruso, del área de prensa de zona oeste de Montoneros, ambos desaparecidos. Foto CELS.

 

En el tramo anterior del juicio fueron condenados tres oficiales de la Plana Mayor del GAM 1 y los policías Leopoldo Baume y Juan Alfredo Battafarano, ex titulares de la Subcomisaría, por diferentes casos de secuestros y torturas contra 18 víctimas, 10 de las cuales están desaparecidas. También se juzgó el asesinato de la pareja compuesta por Carlos Hobert y Graciela Maliandi durante un operativo del GAM 1 en diciembre de 1976, por el que fueron hallados culpables Cunha Ferré (responsable de Inteligencia), Roberto Godoy (de Operaciones) y un subordinado a ellos, el entonces teniente José María Mainetti. El antecesor de Rodolfo Godoy como jefe de la Plana Mayor, Juan Manuel Costa, murió antes de llegar a juicio.

 

 

La participación de Personal, Logística y Finanzas

En junio de 2018, mientras avanzaba el juicio oral contra los ex responsables de Inteligencia y Operaciones, el juzgado de Rafecas sumó los procesamientos con prisión preventiva de los ex jefes de Personal, Logística y Finanzas como partícipes necesarios prima facie de diferentes casos de secuestros, torturas y/o asesinatos contra un total de 26 víctimas del “Sheraton” y otros hechos conexos. A Pascual se le atribuyeron menos casos que a sus colegas Salice y Sifón porque su período como miembro de la Plana Mayor del GAM 1 fue más breve.

Según el procesamiento, el aporte de Pascual (Personal) a los delitos cometidos consistió en “la evaluación, selección y designación de las personas que habrían de hacer frente a cada una de las acciones imputadas”. Por su parte, Salice (Logística) era “quien disponía y aportaba los medios materiales para distintas operaciones de seguridad y aniquilamiento”, sin que pudiera ignorar “que dichos medios tenían la finalidad clandestina propia de la denominada ‘lucha contra la subversión’”. Sifón (Finanzas) tenía el rol de proveer “los recursos económicos para el abastecimiento en términos de finanzas, armas, transporte, combustible y todo lo relativo a la Logística”, sector a cargo de su colega Salice del que a su vez se abastecían Cunha Ferré, de Inteligencia, y Roberto Godoy, de Operaciones.

El procesamiento explicaba que el GAM 1 funcionó en el contexto histórico e institucional de un aparato de poder organizado para llevar adelante una campaña de aniquilamiento. La represión ilegal no fue la acción descontrolada de sus agentes materiales sino la ejecución de un plan de las Fuerzas Armadas que se apoyaba en una estructura burocrática con jerarquías y funciones específicas para la “lucha contra la subversión”. En cuanto a las unidades militares que operaron los CCD, funcionaban bajo la necesaria interacción al nivel de sus Planas Mayores entre los oficiales jefes de todas sus áreas: Personal, Inteligencia, Operaciones, Logística y Finanzas. De acuerdo con la acusación, “las diversas funciones constituían una parte de un conjunto, y cada parte en sí no tenía razón de ser, sino que su funcionamiento coordinado era lo que le daba sentido”.

Las defensas de los acusados apelaron la decisión de Rafecas ante la Cámara Federal de Apelaciones porteña, que revocó los procesamientos de Salice y Sifón y les dictó la falta de mérito. Los camaristas Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi sólo dejaron firme la acusación a Pascual porque una sobreviviente del “Sheraton” lo había reconocido de forma directa como el “segundo de Fichera en Ciudadela” (el fallecido coronel Antonino Fichera fue el jefe del GAM 1 entre 1976 y 1979).

En los casos de Salice y Sifón, la Sala 1 de la Cámara, que suele poner el techo bajo en causas de lesa humanidad, consideró que no había suficientes pruebas sobre su “aporte concreto” a la comisión de los crímenes y sostuvo que ubicarlos “de forma aislada” en la estructura funcional del GAM 1 no alcanzaba “por sí solo” para acreditar su participación necesaria en los hechos y ni siquiera en el plan represivo. Para no dejar dudas de lo que estaban diciendo, los camaristas subrayaron que Salice y Sifón no habían sido destinados físicamente a la Subcomisaría ni identificados por víctimas.

La fiscal María Ángeles Ramos y la querella del CELS, en representación de la familia de Carri y Caruso, recurrieron la falta de mérito ante Casación Penal, que les dio la razón y dejó sin efecto la decisión de la Cámara Federal. Pero los camaristas insistieron entonces con la falta de mérito, que una vez más fue rechazada: en diciembre de 2020, la Sala 4 de Casación, que suele poner el techo alto, volvió a validar los procesamientos de los ex responsables de Logística y Finanzas del GAM 1 y dejó el terreno despejado para que el juzgado de Rafecas por fin los elevara a juicio oral.

 

 

Las planas mayores en los juicios

En el fallo de Casación, el juez Mariano Borinsky reprochó la “mirada sesgada” de los camaristas al exigir más pruebas sobre la participación directa de Salice y Sifón en los crímenes investigados, ignorando que la hipótesis acusatoria contra ellos se refería a la facilitación de recursos materiales y financieros al personal que llevaba a cabo los secuestros, las torturas y los asesinatos: una hipótesis razonable si se tienen en cuenta “sus concretas y específicas funciones como integrantes de la Plana Mayor del GAM 1, en el particular marco histórico institucional en el que se insertan los sucesos atribuidos”. Para no dejar dudas, el juez achacó a Bruglia, Llorens y Bertuzzi una “errónea interpretación de las reglas de la participación en el contexto del plan sistemático de exterminio implementado durante el terrorismo de Estado”.

Aunque hubiera sido deseable que los oficiales de Personal, Logística y Finanzas del GAM 1 fueran acusados en el mismo tramo del juicio, lo cierto es que los tres enfrentarán al tribunal, como ya lo hicieron los de Inteligencia y Operaciones. El TOF 1 tendrá la inusual oportunidad de valorar las responsabilidades de toda la plana mayor de la unidad militar que controló el CCD.

El juicio a Pascual, con un solo imputado y dos víctimas, será corto. Si no se altera el cronograma previsto, los alegatos podrían concluir antes de la feria judicial de julio. La fiscalía tiene dos flancos por los que avanzar: por un lado, el hecho de que Pascual fue reconocido por una víctima, y por el otro, la reconstrucción del rol funcional específico que tenía como oficial de Personal en la “lucha contra la subversión”.

En el panorama general de las causas de lesa humanidad hay pocas condenas a oficiales responsables de Personal, Logística y Finanzas, en comparación con los de Inteligencia y Operaciones, por sus roles funcionales en las estructuras operativas. El papel de estos miembros de las planas mayores de las unidades que operaban los CCD suele quedar desdibujado en los juicios, que se concentran mayoritariamente en los agentes operativos y de inteligencia. Por más breve que resulte, el juicio “Sheraton III” empezará a transitar un camino distinto.

 

 

 

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