LOS TIEMPOS DE LA JUSTICIA

 

Largas horas debió esperar Leandro Aparicio, abogado de la familia de Facundo Astudillo Castro, para ser atendido en la Fiscalía a fin de que le dejaran conocer algo de los supuestos testigos que dicen tener la posta, de la que se enteran antes los medios de prensa locales.

Con todo, la espera no insumió la enorme cantidad de días transcurridos, por ejemplo, desde que la jueza federal María Gabriela Marrón ordenara, el 8 de julio, el secuestro del libro de Guardia de la dependencia policial en Mayor Buratovich.

No se supo más; al punto que la querella denunció que lo ocultaban: “Que el fiscal baje del helicóptero y nos lo muestre", exigió Aparicio.

Y eso que ya desde el 25 de junio el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas del Ministerio de Seguridad de la Nación había registrado la denuncia. Por ese SIFEBU los fiscales cuentan con el recurso a fuerzas federales.

Recién el jueves 16 se anotició la aparición del libro, en cuyas páginas debe figurar quiénes conducían la camioneta a la que subieron a Facundo y qué personal revistó en la Dependencia; pero todavía hará falta ooootra semana para que los escaneen.

A los abogados les dijeron que son casi una decena de biblioratos. ¿Cuántas páginas habrán ocupado los movimientos de una Subcomisaría de pueblo, con un solo móvil, en un lapso menor a 10 horas de una fecha bien especificada como la del jueves 30 de abril?

Al cierre de esta edición, El Cohete se comunicó con varias fuentes de la Comisión Bonaerense por la Memoria (CPM). Una de ellas, la abogada Margarita Jarque, resaltó la “necesidad de ganar el tiempo perdido por la instrucción provincial”. En esa deficiencia se basa cierta sensación que se asemeja a empezar de cero.

El abogado Aparicio también señaló al Poder Judicial: “A los querellantes no nos dan las mismas posibilidades que a la Fiscalía”.

La madre que busca a su hijo se refirió a la dilación al postear: "Necesito que en el rastrillaje esté Marcos Darío Herrero con sus perros, lo pedí a la Justicia y está dando vueltas y vueltas". También grabó este video dirigido a la ministra Sabina Frederic:

El Poder Judicial cambió de auxiliar para el rastrillaje del 11 de julio: entró la Policía Federal en lugar de la Bonaerense, pero muchos de sus hombres igual se sumaron, de puro solidarios, hasta que uno de sus jefes dio la nota. Cuando el abogado Luciano Peretto les recordó que la fuerza estaba apartada del caso, el subcomisario Vicente Pablo Reguillón lo amenazó con que él “ya sabría lo que tenía que hacer” cuando el caso se eclipsara por otro tema en los medios.

Este lunes trascendió que había sido desafectado. Desde la CPM confirmaron que fue debido a la denuncia por ese evento, asentada en la causa y ante Asuntos Internos, aunque el jueves a la noche admitieron que “no tenemos el informe de Asuntos Internos aún”. Tampoco se sabe dónde enviaron al amenazador; se presume que a su casa.

En cambio, otros seis policías de la localidad de Mayor Buratovich pasaron a otros destinos “para evitar roces”, según el ministerio de Seguridad bonaerense. ¿Qué dirán los vecinos de esos destinos si conocieran en manos de quiénes está su seguridad?

Reguillón lleva más de un lustro en la zona, donde hizo carrera. Se considera anclado al lugar. Es conocido por la prensa de la región.

El papel de algunos medios también es mirado de reojo por la querella: “Reciben información judicial antes que nosotros”, deslizan. Se publican declaraciones tomadas de cualquiera que postea en las redes; se incorporan a la causa y se convierten en noticia; a lo que se suman llamados de gente que dice aportar “lo que sabe” y se descuelgan con las teorías más descabelladas, o no tanto, como para no ser descartadas de plano.

Es notable la memoria fisonomista de algunos argentinos que recuerdan la cara de una persona a la que vieron en una ruta semanas atrás, con tanta certeza como para sostenerlo sin dudas ante los medios que quieran hacer tapa con la noticia de que tal persona buscada fue vista en otro lugar, muy distante de donde se la presupone desaparecida.

 

 

 

 

En esa etapa está el caso Astudillo. Ya aparecieron los que saben que fue asesinado a una cuadra del Luna Park; la que dice que recibió su ayuda para cortar el pasto y hasta la que está segura de haberlo tenido sentado al lado, en su vehículo.

Mientras en la CPM dijeron a El Cohete que “se sabe que lo vieron subir a un móvil policial, no hay datos aún de su trayecto, se está estudiando”, el mismo jueves, en Bahía Blanca se publicaba que “el GPS del patrullero de Origone coincide con la versión de un policía investigado” (Alberto González, sospechado de encubrir a sus camaradas) y que “dos antenas de Bahía tomaron señal del celular de Facundo el día de su desaparición”, lo que fue presentado como “un dato clave que llegó desde la empresa Claro al Juzgado federal”, según el sitio LaBrujula24, que ya había publicado la exclusiva de la última foto de Facundo, junto a un patrullero.

Ese móvil 23360 fue sometido a peritajes 74 días después. ¿Esperaban encontrar algo? Lo mismo cabe preguntarse del examen al 22788 de Teniente Origone o el Corsa en que Facundo habría ido de acuerdo a lo que dijo la agente Siomara Flores.

La presunción de que el teléfono de Facundo se habría activado en Bahía Blanca tampoco da certeza de que el joven hubiera llegado con él. Un elemento llamativo es que desde ese número hubiera salido un mensaje de texto hacia Juan: “Amigo, estoy sin señal y batería, en un rato te llamo”, cuando las comunicaciones con Juan nunca fueron por SMS, según pudo saber el sitio El Patagónico.

 

 

La política

En Villarino, el intendente Carlos Bevilacqua (ex UNA, ahora vecinalista) se limitó a una escueta declaración periodística. Se lo reclamó el Partido Justicialista local que repudió las amenazas de la Policía del distrito contra el abogado Luciano Peretto.

En tanto, desde la provincia, el jefe de Gabinete Carlos Bianco dijo por la Rock & Pop que “no hay posibilidad de ningún tipo de encubrimiento, ningún tipo de distracción de la causa”.

Quizá el llamado más extraño haya sido el de Patricia Bullrich a la madre de Facundo, en un vano intento por mostrar una solidaridad que no exhibió cuando era ministra.

La comparación con Santiago Maldonado apareció una y otra vez, con la aviesa intención de crítica a los organismos de derechos humanos, en una actitud a la que se sumó el ministro de Seguridad, Sergio Berni: “En otras situaciones hicieron silencio”, silabeó.

No tiene sentido indagarlo respecto de cuáles habrían sido esas situaciones porque ni a él le interesa intentar precisiones, ni los organismos se rebajarían a discutírselo. Alcanza con recordar que sus declaraciones por radio La Red respecto de que "pedir una renuncia sin saber lo que pasó, me parece prematuro e irresponsable", estaban dirigidas a la Madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas, quien se fotografiara con pancartas por la aparición del joven y se refiriera a los responsables políticos.

 

 

 

 

También desde la oposición al gobierno se ha sugerido que los organismos que clamaron contra los desaparecidos durante el macrismo guardan silencio ahora. No es cierto:

• El caso pasó a tener amplia difusión cuando la Comisión Bonaerense por la Memoria (CPM) entró como querellante a principios de este mes.
• El Encuentro Memoria, Verdad y Justicia pidió una audiencia con el gobernador.
• Por Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto habló en El Destape Radio: "Facundo es un desaparecido en democracia y con intervención de la Policía. Hay que pedir a las autoridades que separen a quienes son responsables, se los indague y se los juzgue. Son coletazos de vieja época. Hay que reivindicar a las nuevas generaciones de uniformados para que los formen democráticamente".
• Los organismos emitieron un comunicado conjunto en el que exigieron “que se realice con la mayor urgencia posible una búsqueda e investigación seria; sin presiones y que la justicia federal avance rápido en la denuncia por desaparición forzada”. Lo firmaron Abuelas; Madres Línea Fundadora; Familiares; H.I.J.O.S. Capital; APDH; La Liga; el MEDH; la Asociación Buena Memoria; la Fundación Memoria Histórica y Social Argentina; Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz; Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Como se sugirió aquí la semana pasada: ni los peronistas implementan un plan sistemático de desaparición de personas; ni los antiperonistas secuestran gente para echarle la culpa al gobierno. Hay una recurrencia a dejar que el tiempo barra el polvo del olvido.

Su implementación, muchas veces, corre por cuenta del “entrecruzamiento de policías, jueces y fiscales, sin cuya protección ningún policía podría apartarse del recto camino”.

 

 

 

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