Los tres poderes maleducados

Una ley para educar en perspectiva de género a todos los funcionarios

 

El tristemente célebre diciembre argentino es también feminista. El fallo por el femicidio de Lucía Pérez provocó una gran manifestación de repudio el 5D. Dos semanas después, las Actrices Argentinas y Thelma Fardín abrieron un grifo de denuncias públicas de acosos, abusos y violencias en todos los campos, con la política y el espectáculo como los más resonantes. Frente al estado de denuncia permanente, el gobierno no reaccionó más que con intervenciones mediáticas informales. El Congreso, en cambio, aprobó sobre tablas la “Ley Micaela”, el Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las mujeres, un saldo institucional del movimiento de mujeres, lesbianas, travas y trans.

Micaela García fue encontrada muerta debajo de un árbol el 7 de abril de 2017 en Gualeguay, Entre Ríos. La buscaban hacía una semana. El femicida, Sebastián Wagner, había sido condenado por la violación de otras dos chicas y estaba bajo libertad condicional. Por entonces, el fuego fue contra el juez de ejecución de Entre Ríos, Carlos Rossi, quien le había otorgado el beneficio aun con dictámenes desfavorables. Wagner fue condenado a perpetua y el juez Rossi, imputado por mal desempeño, fue absuelto en julio de este año.

Antes de que el femicida mate a Micaela, había estado persiguiendo a otra chica. Los familiares había intentado denunciar pero en la comisaría local encontraron trabas burocráticas. «Si un sólo empleado del estado —fiscal, policía, operador de justicia— hubiera escuchado a ese hombre, habría salvado a mi hija», dice Yuyo García, el padre de Micaela. Esta nueva ley apunta exactamente a ese lugar: que los funcionarios estatales ya no puedan aducir desconocimiento o falta de sensibilidad ante las violencias machistas.

 

Feminismo y punitivismo

En abril de 2017, días después de que se hallara el cuerpo de Micaela, en respuesta al grado de conmoción social que causó el crimen y  la certeza de que Wagner se encontraba en libertad condicional, se votó Ley 27.375, que limita las excarcelaciones o salidas anticipadas a condenados por delitos graves. Una ley defendida por Patricia Bullrich.

La Ley 27.375 se trataba de un remedio reinventado por la dirigencia política en línea con otras modificaciones penales tendientes a elevar penas y agravar condiciones de detención. Una salida punitivista fundada en la vieja premisa de que los delincuentes “entran por una puerta y salen por la otra”, que el sistema penal es “una puerta giratoria”.

Se utilizaba así un reclamo de justicia del movimiento de mujeres, lesbianas, travestis y trans con fines opuestos a lo que el feminismo popular considera justicia. El colectivo Ni Una Menos, participó en ese entonces del debate legislativo en la Comisión de asuntos penales, con un texto llamado “No en nuestro nombre”. “El endurecimiento de la penalización y la ampliación de condenas no disuade los crímenes contra la vida. Es demagogia punitiva ante la indignación social”, leyeron las periodistas Mariana Carbajal y Vanina Escales en el recinto. Allí también adviertieron sobre “el garantismo misógino que trivializa y minimiza las violencias que nos afectan, y que está en la base de denuncias no consideradas y en las excarcelaciones apresuradas”. Y aclaraban: “Pedimos políticas que eviten los asesinatos: que refuercen la educación con perspectiva de género, la capacitación de agentes judiciales y de seguridad, la velocidad de la respuesta estatal ante las denuncias”.

Un año y medio después es aprobada una de las leyes presentadas dentro del “Paquete de leyes Micaela”, en un contexto completamente diferente y de forma express por ambas Cámaras. La “Ley Micaela” establece capacitación obligatoria en perspectiva de género para todos los funcionarios de la gestión pública de los tres poderes. ¿Es la Ley Micaela el reverso de aquellas medidas punitivistas? ¿Es una medida no-punitiva en un contexto de incremento de la presión social punitiva?

Para la abogada Ileana Arduino, Coordinadora del grupo Feminismos y Justicia Penal de INECIP, “el reverso hubiera sido preguntarse, más bien, cómo se ejecutan las penas privativas de la libertad, a qué tratamientos o recursos específicos acceden los ofensores sexuales, cómo se forma el personal penitenciario que luego realiza los informes criminológicos, cuánto de la vida carcelaria termina reforzando conductas misóginas. Toda esa maquinaria sigue intacta, opaca, sin transformaciones”, argumenta.

Para la periodista feminista Florencia Alcaraz, “se dio una respuesta política no punitiva, que en términos generales es una conquista”. Arduino agrega que “esta ley es más del plano de la prevención que de la gestión de las conflictividades”.

 

Cómo se logró la Ley

La «Ley Micaela» fue promulgada por unanimidad en la Cámara de Senadores. En la Cámara de Diputados no corrió la misma suerte, el único voto en contra fue del diputado Alfredo Olmedo, que aclaró públicamente que el rechazo responde a su conocida postura contra “la ideología de género”.

Lucila de Ponti, una de las principales impulsoras de la norma, cuenta que el proyecto con el que trabajó el equipo del Movimiento Evita fue propuesto por un grupo de mujeres de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que creó Carmen Argibay.

A fines de mayo de 2017 ese proyecto de ley fue presentado por Araceli Ferreyra y otro muy similar por Analía Rach Quiroga, ambos fueron derivados a las comisiones de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y de Presupuesto. Pero es recién en noviembre de este año que los proyectos son tratados en la comisión de Familia, que estuvo abocada buena parte del año a la Ley de Interrupción Legal del Embarazo. En esa comisión se produjo dictamen unificado y comenzó, en diciembre, el trabajo de las diputadas feministas por lograr tratar el proyecto en la sesiones extraordinarias. Así fue.

La presión social, que a principios de diciembre escaló como respuesta al fallo misógino sobre el femicidio de Lucía Pérez y se profundizó luego con la explosión de denuncias públicas y/o penales por abuso a partir de la intervención de Thelma, llevó al proyecto hasta la votación en el recinto. En el Senado, puntualmente, la pronta y unánime aprobación está en íntima relación con las denuncias por abuso sexual que recayeron sobre el senador Juan Carlos Marino.

“La presión social fue muy importante”, dice Myriam Pelazas, profesora del área de género de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. “Como pasó con Marita Verón, cuando el reclamo social se tradujo en modificación de una Ley de Trata, acá vemos que el fallo de Lucía adolece de perspectiva de género y que en el caso de Micaela el tipo que la mató fue liberado y no debía estarlo”.

En el mismo sentido, Vanina Escales, activista feminista de Ni Una Menos, considera que  “hay que contar esta ley dentro de los saldos positivos de la denuncia de Thelma y la visibilización de la falta de formación con perspectiva de género del poder judicial”.

 

La responsabilidad del Estado

Según la “Ley Micaela”, el plan de capacitación para “todos los funcionarios de la gestión pública, sin importar jerarquía ni forma de contratación ni el ámbito en el que desempeñe sus funciones” estará certificado por el Instituto Nacional de la Mujeres, que dirige Fabiana Túñez y que además tendrá a su cargo “la capacitación de las máximas autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación”. La pregunta que emerge desde diversos ámbitos es cómo ejecutará esta tarea esta dependencia, que para el 2019 espera una caída presupuestaria del 18% en términos reales en relación al año anterior. Respecto al presupuesto, la Ley aclara que “los gastos se tomarán de los créditos que correspondan a las partidas presupuestarias de los organismos públicos de que se trate”. Es decir, nadie sabe de dónde saldrán los recursos.

“El riesgo es quedar en el fetiche pedagógico, me parece clave ver quiénes y cómo producen esos contenidos y al servicio de qué políticas sustanciales está todo ese proceso de formación”, reflexiona Ileana Arduino.

Más allá de ser bien recibida, esta nueva ley no hace más que confirmar lo que ya era una obligación constitucional desde que nuestro país firmó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará), y para lo cual se sancionó la ley de Protección integral a las mujeres (ley 26.485). Será necesario en adelante evaluar qué tipo de contenidos y educadores participarán de esos procesos, porque el riesgo de que la sensibilización en temas de género redunde en más “punitivismo demagógico” está siempre presente.

 

 

 

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