Luces y sombras

Las sensaciones encontradas que dejó la sentencia en el 12º juicio a represores en Córdoba

 

El juicio por las causas acumuladas “Diedrichs-Herrera” terminó el lunes 22 con 14 condenas y dos absoluciones para los represores acusados por crímenes imprescriptibles contra 43 víctimas, en su mayoría secuestradas y desaparecidas durante la dictadura cívico-militar, cuyo destino final fue el campo de concentración y exterminio de La Perla.

El 12° proceso de lesa humanidad en Córdoba, iniciado el 9 de septiembre pasado, se desarrolló a causa de la pandemia en forma virtual, sin público y con la presencia en la sala de audiencias sólo de los jueces Carolina Prado, Jaime Díaz Gavier y Julián Falcucci. La totalidad del debate fue transmitida en directo desde el canal de Youtube del Tribunal Oral Federal 1 (TOF-1), donde quedará disponible el registro de cada jornada de audiencia.

 

 

Sin embargo, un centenar de familiares, militantes de derechos humanos, referentes políticos y sociales y periodistas se congregaron desde las 10 frente a los tribunales federales para aguardar la sentencia. En un espacio trazado según las normas del protocolo sanitario y frente a una pantalla dispuesta por los organismos de derechos humanos, se pudo presenciar la última palabra de los ex militares y policías responsables de los delitos de “privación ilegal de la libertad agravada, imposición de tortura agravada y homicidio agravado por placer o codicia”.

 

 

Por la mañana, los pocos acusados que aceptaron hablar repitieron el libreto que en juicios anteriores elaboraran Videla y Menéndez, al negar o justificar los hechos, culpar a las víctimas y cuestionar la imparcialidad de la Justicia. No obstante, Ricardo Lardone agradeció que el Tribunal le permitió “pasar las fiestas en familia”, ya que le fue otorgada la prisión domiciliaria, como a la mayoría de sus camaradas de banquillo. Luego de esa instancia, el público debió aguardar varias horas para conocer la sentencia, cuando ya el enorme algarrobo no hacía sombra y hubo que guarecerse del sol en la explanada de acceso a la torre de Arenales y Paunero.

Pasadas las 15, la presidenta del TOF leyó el fallo que impuso a Luis Gustavo Diedrichs, Héctor Pedro Verges, Ernesto Guillermo Barreiro, Jorge Exequiel Acosta, Carlos Alberto Díaz, Arnoldo José López, Emilio Morard y Ricardo Alberto Lardone –militares y civiles del staff de La Perla– la pena de prisión perpetua. Justo al iniciar la lectura, la transmisión se cortó y el militante de H.I.J.O.S. Emilio Pihen debió retrasmitir por megáfono lo que escuchaba en su celular, acompañado por aplausos al anunciar cada una de las perpetuas.

 

Les niñes también fueron víctimas

Acusados por secuestros y torturas, a los ex integrantes del Departamento de Informaciones (D2) Miguel Ángel Gómez, Yamil Jabour, Alberto Luis Lucero, Juan Eduardo Molina y Carlos Alfredo Yanicelli el Tribunal les impuso la pena de 18 años de prisión. Entre otros casos, los policías del D2 fueron encontrados culpables por el secuestro y torturas aplicadas a un bebé de cinco meses y medio, Sebastián Soulier, a quien se llevaron junto a sus padres Juan Carlos Soulier (23) y Adriana Díaz Ríos (22) el 15 de agosto de 1976. Al día siguiente lo devolvieron en la casa de sus abuelos paternos. Su tía Julia lo recibió hambriento, sucio, lastimado y con huellas psicológicas de maltratos, pero pudo recuperarse y a sus 44 años fue querellante y testigo del juicio.

 

Julia y Sebastián Soulier, un rato antes de conocerse la sentencia.

 

Fue una de las revelaciones más impactantes del debate, expresada en el alegato de la abogada Lyllan Luque, representante junto con Claudio Orosz de la familia Soulier: “Muches niñes fueron privados de la libertad junto a sus padres, presenciaron operativos, fueron retenidos en sus viviendas. Otros fueron trasladados a centros clandestinos de tortura y exterminio (…) Fueron sometidos a condiciones inhumanas de vida, fueron sometidos a un horror, fueron torturados. No podemos, señores jueces, seguir sosteniendo que lo ocurrido con les niñes durante la dictadura ha sido no querido, que ha sido circunstancial”.

 

Más del 50% de impunidad biológica

A su vez, por el secuestro del militante sindical y revolucionario Wenceslao Vera (27), al ex integrante del Comando Radioeléctrico policial Fernando Martín Rocha le correspondió la pena de cuatro años de prisión. Por último, el TOF decidió absolver al general de brigada retirado Arturo Emilio Grandinetti y al capitán retirado Carlos Horacio Meira, quienes llegaron a este juicio sin condenas anteriores y acusados por la privación ilegítima de la libertad de Adrián Ferreyra (22) –luego desaparecido– y su esposa Carmen Pietri –liberada–, el 29 de marzo del 76 en cercanías de la ciudad de Cruz del Eje, cuando ejercían respectivamente como interventores de la Municipalidad y la CGT local. Las absoluciones, pedidas por el propio fiscal Maximiliano Hairabedián, fueron recibidas con una silbatina.

De los 18 acusados al comenzar el juicio, el ex suboficial del Ejército José Hugo Herrera falleció durante el receso de verano y el ex policía del D2 Calixto Luis Flores fue desafectado por razones de salud días antes de la sentencia. Al iniciarse la instrucción de la causa, hace cinco años, los imputados eran 33 y por fallecimiento o enfermedad varios fueron desafectados, hasta que menos de la mitad llegó a la sentencia, lo que da razón al abogado Orosz: “Ahora luchamos contra la impunidad biológica: no podemos aceptar más demoras del Poder Judicial, porque estos tipos son grandes y se van muriendo o tienen enfermedades graves. Y lo nuestro no es venganza, es justicia”.

 

“El juicio es socialmente reparador”

Gustavo Daniel Torres fue secuestrado y desaparecido el 11 de mayo del 76, con 16 años, cuando era estudiante del Colegio Manuel Belgrano y militante de la Juventud Guevarista. Testigos en el juicio, sus hermanos también acompañaron la sentencia. “Los sentimientos son encontrados. Uno se acostumbra a esperar y hemos estado viviendo una especie de velorio de 44 años, muy difícil de soportar. Pienso que este juicio es un escalón muy importante. No va a reparar lo que nosotros quisiéramos que se repare, pero social e históricamente sí se repara. Es muy importante que esto pase”, dijo Carlos Torres.

 

Carlos y Claudio Torres, hermanos de Gustavo Torres, secuestrado a sus 16 años cuando estudiaba en el Colegio Manuel Belgrano.

 

A su vez, Claudio Torres destacó: “Es una sensación rara, de alegría por seguir peleando y luchando y de una tristeza que tampoco se termina. Nuestros padres están fortalecidos. Creo que a ellos, más que a nosotros, se les va a cerrar la historia gracias a esta sentencia. Estamos acá porque somos familiares, pero hay muchos que han tomado estas banderas sin tener amigos ni familiares desaparecidos, y eso es conmovedor”.

Esposa de Luis Soulier (25), secuestrado al día siguiente de su hermano Juan Carlos y su cuñada Adriana, Estela Marta Reyna señaló: “En nuestro caso, quedó bastante clara la complicidad e indiferencia que había en ese momento. De la institución que le daba trabajo a mi esposo (el Colegio Nuestra Señora de Loreto, intervenido por el Arzobispado durante la dictadura), de la Iglesia que era la que se hacía responsable de los colegios en ese momento, y de otras personas civiles que estaban bastante comprometidas y no tuvieron ningún empacho en demostrarlo, al poner una barrera de hielo entre ellos y nosotros. Llegar hasta acá es reparador. Hemos tardado, nos ha dolido mucho, pero nos queda una tranquilidad para todos los que nos siguen”.

 

Diego Soulier y Estela Marta Reyna, hijo y esposa de Luis Soulier, militante sindical y político secuestrado y desaparecido el 16 de agosto del 76.

 

Como ella, su hijo Diego atestiguó en el proceso y valoró: “Los organismos de derechos humanos, los H.I.J.O.S. en continuidad con las Abuelas y las Madres, hemos logrado que la Justicia ordinaria dictamine la culpabilidad del terrorismo de Estado”. Además, sostuvo que “el juicio repara socialmente y sirve para visibilizar que los militares fueron el brazo armado de los grupos económicos, que siguen imperando, y la complicidad de la Justicia y la Iglesia, que llevaron al golpe de Estado, el exterminio de nuestros seres queridos y de muchos compañeros, y al deterioro de la economía a nivel nacional y latinoamericano”.

 

Desaparecidxs de la ECI, sin victimarios

Aun condenados a perpetua, los represores de La Perla fueron absueltos de varias acusaciones de secuestros, torturas y desaparición forzada. Entre ellas, los casos de los estudiantes de la entonces Escuela de Ciencias de Información (ECI) y militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) Yolanda Mabel Damora (21) y José Alberto García (23), secuestrados el 11 de mayo del 76 en Alta Córdoba y desaparecidos. En el punto 30 del fallo emitido el lunes, el Tribunal sólo consideró probada la “existencia material” de estos hechos y que fueron “parte del plan sistemático de eliminación de opositores políticos, que configuran delitos de lesa humanidad”.

Para la periodista Liliana Arraya, perteneciente a esa generación de estudiantes, compañera y amiga de Yolanda Mabel y José Alberto, es “un triunfo de la impunidad”. “Hemos esperado 44 años para que el Estado de Derecho, que les proveyó de leyes, garantías y defensores a los criminales, declare que dio por probado ‘la existencia material de los hechos’. Sin embargo, no encontró testigos, documentos ni pruebas que prueben lo que todos sabemos y los asesinos siguen sueltos. Ellos sabían lo que hacían cuando se disfrazaban con pelucas, lentes y boinas; cuando se desplazaban en autos sin patente; cuando llevaban a sus prisioneros a lugares no identificados en la cartografía ciudadana. Cuando les cambiaban el nombre por un número y cuando pactaban con sangre sus cobardías”, dijo a Qué Contenidos la directora de los documentales Señor Presidente y Atilio López.

 

Yolanda Mabel Damora, estudiante de la ECI en los años 70.

 

“Disfruten este pequeño triunfo, relámanse, pero recuerden que las victorias son pasajeras –concluyó Arraya–. Nosotros lo sabemos y tenemos 44 años más y los que hagan falta para reivindicar la memoria luminosa de nuestros compañeros y arrastrar a la ignominia a sus asesinos. La impunidad ha triunfado, por ahora. Alberto García, Mabel Damora, ¡presentes! No olvidamos. No perdonamos”.

Estudiante de la ECI en los 70, Cecilia Redolfi opinó: “Una se siente frustrada por no haber tenido una resolución justa en los casos de Alberto y Mabel, pero la importancia de los juicios también está en la reparación colectiva, para que esto no vuelva a suceder. De ahí el planteo del Nunca Más. Hemos logrado en la Argentina, quizás como ningún país en el mundo, una fuerza instituyente contrahegemónica: la gran mayoría de la sociedad argentina está en contra de la dictadura”.

Profesora de Psicología Social en la hoy Facultad de Ciencias de la Comunicación, Redolfi recuerda: “Yo conocí mucho a Alberto. Estoy mirando su foto y veo en su mirada una bondad y una vocación de servicio que eran comunes en la militancia revolucionaria. Este fallo muestra que la Justicia no repara el daño concreto, pero sirve para seguir adelante, porque nunca está dicha la última palabra. Si avanzamos con estos juicios y la memoria, creo que sí hay futuro. Habrá conflictividad social, pero nunca terrorismo de Estado”.

 

* Nota publicada en Qué Portal, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba.

 

 

 

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