En 1983, en el multitudinario cierre de campaña de Ítalo Luder, el candidato a gobernador por el peronismo, Herminio Iglesias, incendió, festivo, un féretro con los símbolos de la Unión Cívica Radical. El peronismo recibió por primera vez una paliza electoral: Alfonsín arrasó. El “cajón de Herminio” fue el símbolo de la derrota.
Milei, en el desangelado cierre en Moreno cantó, excitado y festivo: “Saquen al Pingüino del cajón”.
Cualquier profesional con un mínimo de memoria política (o con un mínimo de sentido del respeto y el buen gusto) le hubiera advertido que hacer de una imagen mortuoria el mensaje del cierre de una campaña electoral no es una buena idea.
Ni el peronismo perdió en 1983 por el cajón de Herminio ni los libertarios el 7 de septiembre por las groserías de Milei, pero ambos hechos pueden parangonarse como gestos patéticos de grupos políticos que piden el voto con metáforas de muerte en lugar de reflexionar e intentar expresar los deseos de vivir felices en una sociedad armónica.
Vox populi vox dei
Los resultados electorales son cada vez más difíciles de predecir. Los encuestadores atribuyen la dificultad a las abstenciones y cierto desinterés, tanto hacia las propuestas como a responder encuestas. Pero, ocurrida la elección, los resultados enseñan mucho, cuando se gana y cuando se pierde.
Los libertarios perdieron, creo, porque sus respuestas económicas para la población se agotaron en la baja de la inflación. Importante, pero no suficiente.
Una economía que dé cierta prosperidad y esperanza es condición necesaria para que un oficialismo gane. Puede no ser suficiente si no se la acompaña con construcción política, decencia y coherencia. Pero sin prosperidad ni esperanza no hay magia posible. Milei no dio prosperidad y en los últimos meses se terminó de diluir la esperanza.
Además, su política fue mala. Hicieron todo lo que no había que hacer: en lugar de sumar aliados, los rechazaron. Trataron mal tanto a los que tienen poder (los gobernadores) como a muchos legisladores que con diversos discursos (o excusas) solo querían estar: se sumaban casi gratis. Los expulsaron. Las muestras de crueldad hacia discapacitados, enfermos, docentes, médicos, despedidos, etcétera, y de desprecio ante los gobernadores, completaron el cuadro de impericia. Finalmente, llovieron las denuncias de corrupción, que dejaron mudos a los hermanos gobernantes.
Tal vez la soberbia de los Milei tenga su causa en la creencia de que las encuestas que le daban una imagen positiva superior al 50% eran, primero, ciertas, y, luego, suficientes para ganar elecciones. Se terminará de confirmar en octubre, pero no parece que esas encuestas reflejen la realidad. ¿O habrá que concluir que la imagen es irrelevante electoralmente?
La elección demostró que el peronismo, a pesar de todo, mantiene presencia, sigue siendo el vehículo de expresión de muchos millones de habitantes del Conurbano y tiene una militancia y gobernantes territoriales con probada eficiencia en la gestión electoral. No alcanza para volver a liderar un programa de crecimiento como el partido de la producción y la justicia social, pero no es desdeñable como estructura.
Y, una vez más, el voto del pueblo peronista enseña.
Lumpencracia
El cierre de la campaña en Moreno fue el símbolo de un gobierno autoritario y patotero desde el primer día.
Tuvo el aplauso de las multinacionales y la internacional derechista, con Trump y Musk felices con el aliado argentino que les regalaba sumisión y monerías, por un lado y, por el otro, desgravaciones impensadas con el RIGI para mineras y petroleras, fiesta financiera, blanqueo y concesiones geopolíticas antinacionales.
La ficción de que todo marchaba se sostenía en la negación por parte de esa dirigencia de la existencia y condición de los millones de seres humanos que viven en el Conurbano. Se hablaba de reelecciones (en plural). No llegó a la elección de medio término que debió acudir a un salvataje del Fondo Monetario Internacional de 20.000 millones de dólares y la promesa del secretario del Tesoro de los Estados Unidos de poner aún más plata si fuera necesario, hasta con presencialidad en la era de la virtualidad.
Pasados pocos meses, derrotado en la provincia de Buenos Aires, esa visita se transformó en una pregunta: ¿cumplirá Scott Bessent la promesa de poner dólares? Financistas y libertarios se la hacen mirando a enero: se vienen los vencimientos de los bonos (y las vacaciones).
La pregunta de fondo es si esos gestos de Estados Unidos y las concesiones a los mineros y financistas alcanzarán para sostener a un gobierno que fue definido con fina ironía por Carlos Leyba como una lumpencracia. Una organización política hecha con personajes de los márgenes de los partidos, burócratas de las grandes empresas y aventureros, sin articulaciones sólidas.
El recordado cierre de campaña sería un símbolo. A falta de ciudadanos reunidos para escuchar las ideas de su líder, aparecieron para tirase piedras con los vecinos los integrantes de una fracción de la barra brava de River. Milei no habrá querido negociar con varios gobernadores que ganarán sus distritos (Corrientes, Salta, Tucumán, etcétera) y perdió legisladores, pero, digamos todo, ha logrado que “Los Borrachos del Tablón” abracen las ideas de la libertad.
Establishment y educación
En los mismos medios que aplaudían el RIGI y otras medidas reaccionarias suenan alquimias institucionales para interrumpir el mandato presidencial. Dijo Joaquín Morales Solá en La Nación del 10 de septiembre que “se escucha a algunos dirigentes” afirmar que el candidato a diputado Juan Schiaretti podría terminar el período de Milei.
No se aclaró si el plan supone la renuncia del Presidente y de la Vice, su destitución por dos tercios de cada cámara en un juicio político como prescribe la Constitución, o si se imaginan una declaración de inhabilidad dada por la asamblea legislativa, supuesto de dudosa legitimidad constitucional.
La nota atribuye el rumor a “peronistas no radicalizados”, pero la intuición indica que solo un grupo más poderoso puede tener tanta imaginación.
Si este fuera un plan del Círculo Rojo, es notable que crean que pueden imponer como Presidente a quien salió cuarto en las elecciones reuniendo el 7% de los votos solo porque ellos lo consideran idóneo para el cargo, aun sin que el ”presidenciable” haya dicho últimamente –al menos en público– qué haría si fuera Presidente de la Nación.
Los empresarios argentinos y los gerentes de las empresas multinacionales tienen poca vocación por entender a la Argentina. Integran ese colectivo que prefiere desentenderse de que existe el Conurbano y que nunca comprendió al verdadero partido de la producción, el peronismo, cuyo líder siempre propuso –con aciertos y errores– el crecimiento y la prosperidad como objetivo, con el diálogo entre el capital y el trabajo como método.
Esa burguesía (que tal vez represente más a “la casta” que los lúmpenes que se amuchan en las listas libertarias y, si no, recordemos a Barrionuevo: “nadie hizo la plata trabajando”) nunca pudo, desde la reforma electoral de 1912 y el voto secreto, construir un gobierno razonable con un plan inclusivo. Confunden lobby con política y asocian gestión con negocios.
La clase dirigente de Sarmiento, Pellegrini y Roca tuvo sus grandes defectos (como negar el voto secreto: la soberanía electoral) pero pensaron en la educación como un vehículo del desarrollo. Según publicó Marcelo Bonelli en Clarín, el discurso del Presidente hacia el establishment de defensa a rajatabla del (supuesto) superávit fiscal se hace carne cuando llega al punto de negar la inversión en educación [1].
Que al establishment argentino lo seduzca la reducción de la inversión en educación es alarmante. Si el empresariado prioriza el rendimiento del bono por sobre la capacitación de la mano de obra a futuro y de la cultura de la sociedad en la que invertirá su capital y desarrollará su negocio, todo será cuesta arriba.
Congreso: vetos, presupuesto y moción de censura
Sin llegar al extremo de la asamblea legislativa referida por los diarios, el Congreso sigue marcándole límites al Poder Ejecutivo.
Le rechaza los vetos con el inquietante voto de las dos terceras partes de cada Cámara, crea comisiones investigadoras y avanza con la reforma de la ley 26.122 que permite que el Presidente legisle, tema que fue varias veces tratado en esta columna (ver Anarco emperador y Roma o la insignificancia).
Un test interesante será el tratamiento y sanción del proyecto de Ley de Presupuesto. El Presidente, los gobernadores y los legisladores pueden negociar si no un plan económico, al menos un reparto de recursos que compatibilice intereses razonables, de modo público y transparente. Un acuerdo que contemple las fuentes de financiación (impuestos), subsidios, obras públicas y los fondos que irán a las provincias. Difícil que ocurra. Por lo pronto, lejos de buscar un diálogo abierto, el primer intento de acercamiento a los gobernadores que intentaron ser amigables fue con transferencias de relativa importancia económica para las provincias.
Si el Ejecutivo no entiende los mensajes que el Congreso le envía con el rechazo de los vetos, no sería irrazonable que dé un paso más e inaugure el uso de una herramienta incorporada en la reforma de 1994: la moción de censura al jefe de gabinete de ministros, regulada en el artículo 101 de la Constitución.
Esa institución, a diferencia del juicio político, no requiere de la imputación de causales de mal desempeño al jefe de gabinete para dar lugar a su juzgamiento, sino de hacer efectiva su “responsabilidad política ante el Congreso” (ver artículo 100, Constitución Nacional). Solo son necesarios los votos, la voluntad de la mayoría absoluta de los miembros de cada cámara. Es el repudio del programa político del Presidente, a quien el Congreso le dice que lo cambie mediante la remoción del jefe de gabinete.
¿Por qué puede ser la Ley de Presupuesto la razón de la moción de censura?
En las actuales circunstancias, parece (lamentablemente) imposible que la oposición peronista, el oficialismo y los gobernadores que intentaron ser amigables puedan concertar un plan económico. Por ello, lo razonable sería que, al menos, acuerden los ingresos y egresos del Estado Nacional y el reparto que corresponde a inversiones en las provincias (educación, salud, seguridad, infraestructura, obra pública), y que cada ejecutivo, los provinciales y el nacional, lo ejecute conforme a su programa económico y político.
Si no hubiera acuerdo, la mayoría del Congreso tiene la competencia constitucional para determinarlo. Pero si el programa del Poder Ejecutivo es boicotear la sanción de la ley, vetarla o no ejecutarla, para gestionar sin presupuesto por tercer año, una respuesta posible y razonable es la remoción del jefe de gabinete por una moción de censura.
El mensaje sería: este programa de asignación y ejecución de los recursos públicos que queda en la discrecionalidad en general arbitraria del Presidente y el jefe de gabinete no va más. Debe ser cambiado.
De suyo, las elecciones de octubre enmarcarán esta posibilidad.
Sería un modo en que las provincias preserven una porción de los fondos públicos que el gobierno nacional parece dispuesto a gastar solo pensando en el negocio financiero y el valor del dólar.
Entre esas provincias está la de Buenos Aires, que pese a representar casi el 40% de la población y la producción recibe por la coparticipación un porcentaje mucho menor, y a la que no se le reconoce la cantidad proporcional a su población en la Cámara de Diputados, asuntos que no se pueden seguir soslayando.
[1] Textual: “También el recorte presupuestario de anoche sobre Educación tuvo el mismo sentido de enviar un mensaje al establishment de que todo se profundizará y no habrá cambio de rumbo”.
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