LUZ VERDE

Por Horacio Verbitsky

 

Contra los peores pronósticos, el gobierno nacional ha sorteado en los últimos días varios de los obstáculos que según la mayoría de los observadores no podría salvar:

  • consiguió un alivio significativo en el pago de la deuda contraída en dólares bajo ley de Nueva York, que es de 66.240 millones de dólares;
  • pagó por ello a los bancos intervinientes la comisión más baja en toda la triste historia de la Cándida Eréndira y su abuela desalmada, como Alfredo Eric Calcagno parafraseó a García Márquez en su libro clásico sobre la deuda externa. Por los 44.000 millones en los que se endeudó el macrismo entre 2016 y 2018, se pagaron en comisiones el 0,144%. Por esta reestructuración (que siempre es más onerosa que una emisión), el 0,028%, con un ahorro del 80%, bien por debajo del 0,1% que había autorizado la ley.
  • el Congreso aprobó la ley que dispone dar el mismo trato a los títulos en dólares emitidos con la ley argentina;
  • la Cámara de Diputados amplió la moratoria, no sin polémica. (La oposición de Roberto Lavagna y de sus diputados Topo Rodríguez y Oveja Sarghini, a la posibilidad de que los fondos de inversión internacionales que quedaron atrapados en pesos pudieran convertirlos en títulos en dólares, obligó a una hiperactividad de Sergio Massa para obtener los votos necesarios, incluyendo el del comunista revolucionario de La Matanza, Juan Carlos Alderete. El Ministro de Economía, Martín Guzmán, sostiene que no hay en esa situación más de 1.300 millones de dólares, cinco veces menos de los papeles que siguieron el rumbo inverso y pasaron de dólares a pesos. Esta concesión habría sido imprescindible para que ante cada vencimiento dejaran de presionar sobre las distintas variantes del dólar paralelo, generando la inestabilidad cambiaria que el gobierno busca reducir.)
  • Entre este año y 2024 había que pagar 42.500 millones de dólares, que con el acuerdo se reducen a 4.500. El ahorro total considerando capital e intereses de la deuda con privados, ronda los 38.000 millones de dólares de aquí a 2030.
  • Entiende que ha conseguido bloquear la realización de la Asamblea virtual del Banco Interamericano de Desarrollo que el 12 y 13 de septiembre debía designar como nuevo presidente a Mauricio Claver Carone, un hijo del exilio cubano en Miami y asesor de Seguridad Nacional para Subamérica del presidente Donald Trump.
  • El Banco Central renovó el swap de monedas con China por 18.500 millones de dólares, sin contar con la supervisión del Fondo Monetario Internacional que figuraba en la última renovación, negociada por Federico Sturzenegger.
  • El Poder Ejecutivo ratificó el acuerdo con China por el cual funciona en Neuquén una estación de rastreo satelital. Es ley desde 2015 por lo que su publicación esta semana en el Boletín Oficial debe leerse como una declaración política.
  • El Ministerio de Economía canceló el acuerdo de stand-by con el FMI, por lo que no recibirá los desembolsos pendientes acordados por Macrì, y en los próximos meses comenzará a negociar un nuevo trato.
  • Ha logrado desemblocar a buena parte de los productores agropecuarios, que se distancian de la Sociedad Rural y la Mesa de Enlace y buscan acuerdos con el gobierno para estimular las exportaciones.

Sortear obstáculos es necesario, pero no suficiente, porque con cada cambio de pantalla aumenta la dificultad. Pero también coloca al país más cerca de un desenlace favorable. Como explicó Guzmán, esto quita la asfixia al sector público, que necesita de dólares para desarrollar políticas públicas con inversión en salud, educación, ciencia e infraestructura; desarrollar un mercado de capitales en la propia moneda y con la propia ley, que permita a las empresas obtener crédito más barato en pesos, cosa imposible sin estabilidad cambiaria; asegurar que las grandes empresas tengan acceso al financiamiento externo. Todo esto debería generar las condiciones para el despegue cuando afloje la pandemia.

Guzmán dijo que fue una negociación dura, porque cada parte defendía sus intereses. “Los nuestros son los de lxs argentinxs y su futuro”, graficó. Con una llamativa cautela agregó que sólo se había dado un paso y reconoció que no es un acuerdo perfecto. En el semestre que lleva la negociación, los acreedores redujeron su demanda en 70%; la Argentina mejoró su oferta en 35%, como explica en esta misma edición Julia Strada.

 

 

No dársela a los de amarillo

Los elogios al trato alcanzado que formularon dirigentes de PRO y la UCR no deberían confundir. No es que jugamos todos en el mismo equipo, uno mete un gol en contra, pero después corre a abrazar al compañero que empata el partido.

 

 

 

 

 

 

Esta metáfora para la tribuna oculta lo que Alberto y Cristina proclaman desde que armaron la fórmula electoral, y que también forma parte del discurso de Guzmán y de Máximo Kirchner: se trata de proyectos antagónicos, con beneficiarios y víctimas distintos.

Es lo que el presidente del bloque de diputados del Frente de Todxs le dijo a Héctor Daer durante el debate legislativo sobre la moratoria: que calcule cuántos afiliados tuvo su gremio entre 2003 y 2015 y a cuántos se redujo en 2019. El barullo que la mesa chica de la CGT armó por esta frase fue bien respondido por alguien que no integra el sector denominado Los Gordos, el secretario general de los mecánicos del sector automotor, Ricardo Pignanelli: “Kirchner no ofendió a nadie, sólo dijo la verdad”. Hasta José Luis Lingeri tuvo que reconocerlo.

 

 

Ricardo Pignanelli, derecha, de negro. Máximo sólo dijo la verdad.

 

 

De todos modos, la situación interna de la CGT se ha encrespado. El mentor oculto de Daer, Carlos West Ocampo, tuvo que ver con el espaldarazo que en la última reunión del Consejo Directivo recibió Daniel Vila, el entenado de Luis Barrionuevo en el gremio de Carga y Descarga, en su disputa con los camioneros por los afiliados que trabajan en Mercado Libre. Ya Daer había objetado el bloqueo a la planta de la empresa de Marcos Galperín. Esta nueva escaramuza con Hugo y Pablo Moyano aleja el objetivo de unidad sindical planteado por Alberto Fernández, tensiona la multisectorial con la CTA de Hugo Yasky y las pymes, y posterga sine die el Comité Central Confederal que debía elegir a la nueva conducción, cuya realización reclama la Corriente Sindical Federal.

“Yo tengo muy claro qué intereses represento”, ha repetido Alberto en los últimos 30 días, luego de la escenografía del 9 de julio que diseñó Gustavo Béliz. En el Mundial de Fútbol que se jugó en Italia en 1990, al volver al campo de juego para el segundo tiempo en el partido con Brasil, lo único que el técnico Carlos Bilardo dijo a sus jugadores fue: “Tratemos de no dársela a los de amarillo”. Es un consejo que conserva vigencia, 30 años después.

 

 

Lo que hubo de haber habido

El ex Presidente Maurizio Macrì y quien fue su banquero central y ministro de Economía, Luis Caputo, han encomiado el acuerdo en defensa propia, tanto política como de negocios. Los radicales, como Alfonso Prat Gay y Mario Negri, señalaron que podría haberse logrado un mejor trato. En teoría eso siempre es posible: si mi abuelito tuviera ruedas sería un tranvía. Inspirado por estos versos de Borges: “Señores, yo estoy cantando / lo que se cifra en el nombre”, el grupo Grama Sana reordena las letras de un nombre y apellido para componer otras palabras. Algunos de esos anagramas son muy graciosos, como el de Mirtha Legrand, convertida en “Grandma Hitler”. Pero con el economista tucumano que pasó por todos los gobiernos de este siglo, logró su mejor obra: “Y… nos faltó pagar”.

 

 

 

 

Para todos ellos es muy difícil cuestionar lo que logró el gobierno. Si dijeran que el alivio conseguido no alcanza (y está por verse si alcanza) estarían reconociendo que la deuda que ellos dejaron era aún menos sostenible de lo que decía el gobierno y luego confirmaron el FMI, un centenar de economistas conocidos en el mundo, entre ellos seis premios Nobel, un grupo de abogados expertos en la materia y el papa Francisco, cuyas gestiones agradeció en público y en privado Alberto Fernández.

Una confusión similar propicia el economista democristiano Carlos Leyba, que fue uno de los juniors en el equipo de José Gelbard en los años del Pacto Social. Como para él todos los males de la Argentina comenzaron cuando concluyó ese momento luminoso de su vida, unifica en un solo periodo los 46 años transcurridos desde entonces, una falacia en la que no incurre ningún trabajador. También fustiga a Guzmán y Fernández, con un razonamiento grato a los acreedores. En un documento oficial presentado como parte de la negociación, Guzmán estimó que la tasa anual de crecimiento del PIB hasta 2030 sería de 1,7% anual y que luego se estabilizaría en el 2%. “Si lo proyectamos en términos por habitante, nos está proponiendo duplicar el PIB por habitante en 2136. Ninguno de los presentes estaremos ahí. No obstante, es una notable mejora con la experiencia registrada desde 1974 a la fecha: a la velocidad de esos 46 años habría que esperar no 116 años sino 390”, chicaneó Leyba.

Los fondos de inversión entendieron muy bien que esa era una carta jugada en la mesa de la disputa y respondieron que la Argentina podía pagar más de lo que ofrecía, porque su crecimiento sería mucho mayor. “Queremos ver un sacrificio que duela”, dijo uno de ellos. La presentación pública de un plan, como un coro atronador le exige al gobierno, sirve para reprocharle su parvedad si es cauto, y su incumplimiento si da rienda suelta a la imaginación. Tal vez por eso, las mentadas 60 medidas del gobierno para la reactivación, aún no se han hecho públicas y se sigue discutiendo la conveniencia de hacerlo. Por lo pronto, el Presidente ha incrementado la cantidad de inauguración de obras, como hospitales y cárceles.

 

 

La deuda

Varios artículos del Cohete analizan la negociación que se cerrará en Nueva York dentro de dos semanas y se ejecutará el 4 de septiembre, según espera Guzmán con un porcentaje de adhesión equivalente al que logró el gobierno de Cristina en el canje de 2010, por encima del 90% de los tenedores de títulos argentinos. Lo que el Ministerio de Economía anunció en un comunicado emitido a las 3 de la mañana (un horario Guinness, y no por la cerveza de Irlanda) fue el acuerdo alcanzado con los tres mayores grupos de acreedores, que reunían los bonos necesarios para bloquear cualquier propuesta, y que fueron liderados por Larry Fink, el CEO de BlackRock. Esto alimentó la idea de que todo dependía de la decisión política de Trump. Avalaban esa hipótesis dos hechos objetivos:

  • Trump contrató a Fink y BlackRock como los administradores del paquete de rescate a empresas por 750.000 millones de dólares que aprobó el Congreso de Estados Unidos. Es decir, once veces más que la deuda que quería renegociar la Argentina.
  • la afirmación de Claver Carone en un seminario realizado en Chile, que la embajada se encargó de difundir aquí, de que el megapréstamo del FMI al gobierno argentino en 2018 fue una decisión política dirigida a propiciar la reelección de Maurizio Macrì en las elecciones del año siguiente. Ya lo había dicho el propio Macrì en una entrevista con CNÑ pero no es lo mismo escucharlo con la voz del amo.

 

 

 

Este era el argumento que se empleó durante meses para presentar a les Fernández como dementes enfermes de ideología, que sopapeaban a Trump rehusándose a reconocer a lxs peleles Jeanine Añez y Juan Guaidó como presidentxs de Bolivia y Venezuela y oponiéndose a la candidatura de Claver Carone a la presidencia del BID, cuando dependían del Aprendiz de Presidente para sortear este primer obstáculo. Además, los intereses de la trifecta que hegemoniza la prensa comercial argenta son los de los acreedores, de ahí el comunicado vergonzoso que la AEA le hizo firmar a la CGT y que enfureció al Presidente Fernández.

Una de las cosas que Alberto y Cristina demostraron es que aún en sus peores momentos la Argentina tiene espaldas para defender la soberanía y la dignidad nacionales, si se lo propone. Según las más altas fuentes del gobierno, al haberse sumado Europa y Chile al eje que la Argentina formó con México, se reunieron los votos necesarios para bloquear la designación del nuevo banquero interamericano, que recién se realizaría en marzo del año próximo. Para ese momento ya se sabrá si Trump continúa en el 1.600 de la avenida Pennsylvania o si lo reemplaza el demócrata Joe Biden, por quien se han pronunciado incluso prominentes republicanos como el ex Presidente George W. Bush y quien fue su secretario de Estado, Colin Powell. No es que Biden sea un argentinófilo como Nicholas Schumway: una declaración de 1982 en favor de Gran Bretaña durante la guerra por las islas Malvinas, no deja dudas. Pero en el contexto actual, procuraría no dinamitar todos los acuerdos previos de la arquitectura financiera por la cual la presidencia del BID corresponde a un latinoamericano o caribeño, la dirección del FMI a un europeo o europea y sólo la del Banco Mundial a alguien con pasaporte estadounidense.

 

 

 

 

 

 

Los principales acreedores son grandes fondos de inversión, que venden un mix de bonos de distinto origen a los pequeños inversores (los famosos carpinteros y plomeros del medio Oeste de aquella noticia falaz de principios de siglo). Por eso el cálculo que les interesa es a cuánto podrían vender mañana los papeles que tienen en su cartera, lo que se llama su valor neto presente o actual. Para el deudor, en cambio, lo que importa es cuánto deberá pagar y cuándo, en vez de las sumas y los plazos previstos en la emisión original. De esa dicotomía surgen numerosos equívocos, cuando se trata de evaluar quién salió ganando o quién cedió menos en una renegociación de este tipo. El arte de Martín Guzmán, el ministro que conoce tanto del tema como Marcelo Bielsa de los equipos rivales, fue conciliar esos intereses contrapuestos, de modo que ambas partes sintieran que se beneficiaron. No todos los juegos son de suma cero. A diferencia de las negociaciones de 2005 y 2010, en este caso la quita de capital fue minúscula (de alrededor del 2%) pero la ventaja estuvo en la reducción de la tasa de interés (del 7 al 3% en promedio) y el alargamiento de los plazos. El gráfico difundido por el Ministerio de Economía muestra en azul la estructura de pagos comprometidos y en naranja (no en amarillo) su nueva conformación.

 

 

 

El economista Juan Valerdi sostuvo en entrevistas y podcasts que en realidad el alivio no pasa del 20%, pero hasta ahora no mostró los números que sustentan ese cálculo.

 

 

 

Kri kri

En cualquier caso, en la pantalla siguiente de este juego aparece el Fondo Monetario Internacional. Guzmán dijo en la conferencia de prensa que es imposible pagarle en los plazos que había prometido el gobierno anterior los 44.000 millones de dólares que se le deben, sobre cuya legalidad no hay una visión unánime. En el Cohete publicamos ambas posiciones: la de Horacio Rovelli y la de la Coordinadora de Abogados de Interés Público, que disiente. En la edición de hoy estos abogados desarrollan su propuesta: aunque la justicia declare la nulidad de lo actuado, esa decisión no sería oponible al FMI, que hizo el desembolso, y sólo sentaría un precedente para el futuro.

Al interior del gobierno hay matices respecto de esta próxima etapa. Alberto Fernández ha contado su diálogo con Kristalina Georgieva, en el que la economista búlgara habría accedido a su pedido de que el FMI permitiera que la política a seguir fuera decidida por el gobierno argentino. Es lo mismo que Fernández le dijo de parte de Néstor Kirchner al ex director gerente del FMI, Horst Köhler, en 2003, con una diferencia fundamental: entonces la Argentina ya estaba en default con el FMI. Fernández también se ha referido a la relación de Georgieva con el Papa Francisco. Es decir, pone mucha confianza en las relaciones personales.

Quien cultivó el vínculo con Georgieva fue Guzmán, pero en el Ministerio de Economía hay mucha conciencia de que por encima de ella hay un directorio integrado por los países del G-7 y por debajo un staff profesional cuya suerte depende de esa directiva. Denunciado el stand-by sin solicitar el último desembolso, la Argentina buscará un nuevo acuerdo, “sobre otras premisas de política fiscal y monetaria”, dijo el ministro en su nada triunfalista conferencia de prensa. En las reuniones internas del Ministerio, se preparan para una negociación durísima, en la cual “pedirán cosas que no vamos a hacer”. Por eso, prevén una negociación larga, de no menos de cinco o seis meses, mientras desde la oposición ya se presiona por un acuerdo rápido, es decir allanándose a cualquier reclamo. También en este aspecto el relevo de Trump por Biden podría implicar algún cambio, aunque su sentido no es evidente. En general los demócratas tienen más afinidad que los republicanos con el establishment financiero.

Sergio Massa dijo en una entrevista en Minuto Uno que la contribución extraordinaria a las 11.000 mayores fortunas del país se fusionaría con la reforma tributaria y se trataría hacia fin de año, pero en Economía no lo confirman. Por el contrario, sostienen que la contribución extraordinaria debería tratarse ya mismo, y la reforma tributaria se enviaría al Congreso luego del canje de bonos, que será el 4 de septiembre.

Su propósito es deshacer la reforma de Macrì de 2017, basada en la Reaganomics de los años ’80, que suponía que una menor carga tributaria estimularía la inversión y que la mayor producción redundaría en un incremento de los ingresos fiscales. Nada de eso ocurrió. No creció la producción sino la formación de activos externos, mientras caía la recaudación. El proyecto que elabora Economía buscará sustentabilidad, progresividad y simplicidad fiscal, y coordinará la jurisdicción nacional con las provinciales y municipales. Desaparecerán el ajuste por inflación y la amortización acelerada.

 

 

La Justa

Otro frente de conflicto es la Justicia. El escándalo que la oposición ha hecho por la convocatoria al defensor de Cristina, Alberto Beraldi, para integrar el Consejo Consultivo que asesorará al gobierno sobre el funcionamiento de la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público, la transferencia de la justicia penal ordinaria a la Capital y el juicio por jurados, es un modelo de hipocresía.

Nada dijeron cuando Ricardo Gil Lavedra no fue miembro de una comisión sino el asesor único del ministro Germán Garavano para el proyecto de reforma Justicia 2020, mientras era defensor de la Vicepresidenta Gabriela Michetti, quien guardaba en su casa un sobre con 50.000 dólares, y 250.000 pesos en efectivo, equivalentes entonces a otros 25.000 dólares. Tampoco han recordado que Beraldi no es sólo el defensor de CFK sino también el de Mariano Narodowski, el ex ministro de Educación de Macrì en la Ciudad, cuyo juicio oral por espionaje está por comenzar. Otro procesado es Ciro James.

En cuanto Macrì asumió la presidencia, la cadena de responsabilidad se cortó en Narodowski. Nadie explicó nunca qué interés podía tener el ministro de Educación en espiar a Sandra Macrì, la hermana del jefe de gobierno, y a su pareja, el parapsicólogo Néstor Leonardo, acusado por la famiglia de ser un cazafortunas; o al empresario de las transmisiones televisivas de fútbol, Carlos Ávila. Lo mismo pasa ahora con la causa que instruyen los fiscales de Lomas de Zamora Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide. El juez Juan Pablo Augé ya dispuso el procesamiento del jefe y la subjefa de la Agencia Federal de Inteligencia entre 2016 y 2019, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. Pero tampoco en este caso es fácil explicar por qué además de CFK, Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli, Graciela Camaño, Emilio Monzó y Nicolás Massot, sus subordinados espiaban a la otra hermana de Macrì, Florencia, y su pareja, el emprendedor italiano Salvatore Pica.

El frente judicial se está poniendo muy complicado para los cambiemitas y esto se refleja en una creciente exasperación, que llega a sostener planteos insólitos:

  • Los jueces Leopoldo Bruglia y Cacho Bertuzzi, designados en forma irregular en la Cámara Federal, presentaron un amparo donde pretenden que la jueza contencioso administrativa María Biotti le ordene al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo que no cumplan con los requisitos del artículo 99, inciso 4 de la Constitución, por el cual el presidente nombra a un juez, sobre una terna propuesta por el Consejo de la Magistratura, y el Senado da el acuerdo para la designación. Nada menos.
  • Los mismos magistrados precarios confirmaron el procesamiento de Cristóbal López y Fabián de Sousa por presunto lavado de activos y el embargo de sus bienes, como para decir; "Aquí estamos, dispuestos a pelear". En disidencia el juez Mariano Llorens (el único designado de acuerdo con el procedimiento constitucional) dijo que no es delito que una empresa preste dinero a otra del mismo grupo.
  • Bruglia, esta vez junto con Martín Irurzun, restringió el cruce de llamadas del teléfono de Macrì, ordenado por la jueza María Servini en la investigación sobre la mesa judicial denunciada precisamente por López y De Sousa.
  • De Sousa los recusó a ambos, por prejuzgamiento y apeló la decisión ante la Cámara Federal de Casación. En su escrito reprodujo la foto de Irurzun con uno de los investigados, Fabián Rodríguez Simón, que El Cohete publicó el 30 de septiembre de 2018.

 

 

El asesor presidencial expone, Irurzun escucha.

 

    • Con la misma actitud, anunciada hace una semana por medio de la trifecta, la Corte Suprema confirmó una condena a tres años y nueve meses de cárcel a Luis D'Elía por su reacción contra la comisaría de la Boca ante el asesinato en 2004 de su compañero Martín Cisneros por un dealer del barrio protegido por la policía.
    • La Cámara de Apelaciones en lo Comercial rechazó el último recurso de la famiglia Macrì para impedir la apertura del Cramdown del Correo Argentino, es decir el periodo de una semana para que se presenten ofertas de salvataje de la empresa en concurso. Si no las hay, se debería decretar la quiebra, que en este caso arrastraría a las empresas del Grupo que controlan el Correo.
    • Una acordada de la Cámara del Crimen consideró inconstitucional el proyecto de reforma judicial que el Poder Ejecutivo acaba de enviar al Congreso.
    • Lo mismo sostuvo una acordada de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Civil y Comercial sobre la parte que le toca en el proyecto, la fusión de ese fuero con el Federal en lo Contencioso Administrativo.
    • Un peritaje ordenado por el TOF 1 sostuvo por unanimidad que Cristina, Axel Kicillof y Alejandro Vanoli no cometieron delito alguno, ni afectaron el patrimonio del Banco Central o sus reservas con la operación con el dólar futuro por la cual el Doctor Glock los procesó.
    • El fiscal Jorge Di Lello dictaminó que la investigación sobre el celular de Darío Nieto, ex secretario privado de Macrì, debe seguir en el juzgado de Augé en Lomas de Zamora y no trasladarse a Comodoro Py como pretendía Nieto.
    • La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados impulsará el proceso para la destitución del Procurador Interino Eduardo Ezequiel Casal para lo cual comenzó a recibir denuncias y testimonios.
    • Jueces y juezas de la Ciudad de Buenos Aires consideraron "procederes impropios de una democracia, como actuar de noche y de madrugada” las actuaciones de Casal contra la fiscal del caso Correo, Gabriela Boquín, quien fue recibida por la Comisión Bicameral de seguimiento del Ministerio Público.
    • La oposición no logra fundamentar en forma convincente por qué se niega a discutir por internet la reforma judicial, si bien en la reunión de comisión del Senado a la que asistió la ministra de Justicia, Marcela Losardo, el senador radical Martín Lousteau la acusó de haber trabajado durante un año y medio o dos años en ese mismo ministerio, cuando su titular era Germán Garavano.

  • La ex ENARSA, hoy Integración Energética Argentina (IEASA) se presentó como querellante en la denuncia contra Macrì y varios funcionarios de su gobierno por vender las centrales eléctricas Ensenada de Barragán y Brigadier López, a precio vil, a sus amigos y socios Nicolás Caputo y Marcelo Mindlin.
  • Juntos por el Cambio formó un grupo de trabajo conformado por los tres partidos que lo integran para cuestionar la reforma judicial. Lo integran el ex ministro Garavano por la macrista fundación Pensar; Ricardo Gil Lavedra, por el Instituto Alem, de la UCR, y Paula Olivetto, por el Instituto Hannah Arendt, de la Coalición Cívica Libertadora. En el portal Infobae, Silvia Mercado Libre le preguntó a Olivetto cómo se sentía trabajando en equipo con Garavano. “Fuimos críticos a su gestión, que pensamos podía ser más transformadora, más incisiva en cuestiones importantes como la causa AMIA, pero nunca cuestionamos a su persona”, respondió Olivetto. No es así: Elisa Carrió lo denunció por encubrimiento del atentado a la DAIA, le exigió a Macrì que lo despidiera, lo llamó públicamente "imbécil" y presentó en la Cámara de Diputados un pedido de juicio político.

¿No te da curiosidad imaginar qué diría Olivetto si quisiera cuestionar a una persona? Se aceptan apuestas.

 

La música que escuché mientras escribía

 

 

 

 

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