Macondo

Vuelven a detener a un abogado por ejercer su profesión en Jujuy

 

Esta semana finalmente se concretó lo que podría llamarse la “Crónica de una detención anunciada”. Héctor Huespe, abogado de los vendedores ambulantes y de un grupo de vecinos de Campo Verde, reprimidos meses atrás por orden del gobernador de Jujuy Gerardo Morales, fue detenido el pasado lunes. Después de cuatro días en las sombras y recorriendo tribunales, recién el jueves recuperó su libertad. Armaron en su contra siete causas, todas vinculadas al legítimo ejercicio de su profesión. De la última, según su abogado Miguel Ángel Villagrán, lo notificaron en el mismo momento en el que estaba siendo liberado. Cualquier similitud con el caso de Milagro Sala no es mera coincidencia, sobre todo en lo que se refiere al armado de causas sucesivas para “justificar” una detención. El Colegio de Abogados de la Provincia de Jujuy le exigió al Ministerio Público de la Acusación que deje de desinformar a la opinión pública a través de la difusión de datos parciales sobre el letrado.

Eran las 11 de la mañana del lunes cuando Huespe salía de su domicilio particular para regresar a los Tribunales jujeños. Dos personas de civil se acercaron y le indicaron que quedaba detenido. El abogado pidió ver la orden de detención, pero los oficiales se negaron. Un auto con otras tres personas se acercó y lo llevaron a Alto Comedero para su identificación y luego a la División de Canes, donde permaneció privado de su libertad hasta el jueves por la tarde. La orden de detención la libró el juez de Control Rodolfo Fernández.

 

 

Según un comunicado que emitió el Ministerio Público el mismo lunes, la detención de Huespe se fundó en los numerosos procesos judiciales en su contra, en las cuales, a pesar de haber sido notificado personalmente, el abogado no se habría presentado. Sin embargo, la orden de detención se libró en el marco de una sola causa, caratulada como “entorpecimiento funcional” y en la que Huespe el viernes anterior había presentado un escrito para que sea el propio juez Fernández el que le tome declaración indagatoria ya que el fiscal había sido recusado.

En todas las otras causas, según explicó su abogado a este medio, también estaba ajustado a derecho. “El mismo viernes presentamos un escrito en el juzgado de control pidiendo que sea el propio juez el que tome la declaración indagatoria tal como lo garantiza la Constitución provincial. Sin embargo, el juez no sólo no resolvió el pedido sino que además libró una orden de detención haciendo una interpretación de que mi defendido no estaba ajustado a derecho. Es grave”, explicó Villagrán. El artículo 29 de la Constitución provincial establece las garantías judiciales y en su inciso 8, particularmente, el derecho de los imputados a que un juez les tome la declaración indagatoria, tal como lo había solicitado Huespe.

En este contexto, el propio Colegio de Abogados de Jujuy difundió un fuerte comunicado en el que repudió “el avasallamiento por parte de la institución judicial al libre ejercicio de la abogacía que se suscitó en contra de nuestro matriculado Héctor Hugo Huespe” y exigió que “se respete el marco normativo, los principios, garantías constitucionales y tratados internacionales de derechos humanos; se bregue por el respeto del ejercicio profesional de un Estado de Derecho garantizando la independencia, legalidad e imparcialidad de los actos jurisdiccionales; se erradiquen las prácticas que tiendan a criminalizar el actuar de los matriculados y que implican un disciplinamiento y colocan en un estado de absoluta vulnerabilidad en el ejercicio de la profesión de la abogacía”. Pero además agregó: “En referencia a la información parcializada expedida por el Ministerio Público de la Acusación en torno al caso del colega mencionado, instamos a detallar acabadamente la realidad de los hechos del caso a fin de evitar la desinformación de la opinión pública”.

En el mismo sentido se pronunció Claudia González, presidenta de la Asociación de Abogados de Jujuy, en diálogo con El Cohete a la Luna: “La detención del doctor Huespe tiene intenciones o intereses que desconocemos y que exceden el desempeño del colega en las causas en las que interviene. Además, el Ministerio Público de la Acusación faltó gravemente a la verdad porque pretendió en un comunicado justificar la detención del colega diciendo que no se había presentado a estar en derecho en múltiples causas y que eso había generado que se dispusiera su detención para cumplir los actos procesales que requerían su presencia. Y sabemos, porque conocemos las causas y así lo ha puesto inclusive en evidencia el comunicado del Colegio de Abogados, que el doctor Huespe siempre estuvo a derecho, se presentó en esas causas y que de ninguna manera se justificaba detenerlo para cumplir actos procesales, mucho menos agravar las imputaciones que se le estaban formulando mediante la figura de entorpecimiento del procedimiento porque eso no es verdad. Es preocupante que se detenga a un abogado por el ejercicio de la profesión”.

 

 

El delito de ejercer la profesión

Desde que asumió Gerardo Morales como gobernador, el proceso de persecución en Jujuy no se detuvo, al menos no para quienes defienden los derechos de los más vulnerables. El gobierno provincial logró a fuerza de detenciones ilegales y arbitrarias y de la criminalización de la protesta acallar casi por completo los reclamos por condiciones dignas de vida y por el respeto a derechos básicos que garantiza la Constitución Nacional. Y quienes se atreven a levantar la voz o a defender a quienes lo hacen sufren las consecuencias.

En el ejercicio de su profesión, Huespe asistió a un operativo en el que unos inspectores querían decomisar mercadería a vendedores ambulantes. Sin embargo, a partir de una presentación que había realizado ante el Poder Judicial, el Superior Tribunal de Justicia dictó una medida cautelar de no innovar que aún sigue vigente y que impide a los agentes municipales retener las pertenencias de los vendedores. Ante la imposibilidad de ejercer un acto ilegal, que fue impedido por el propio Huespe, los inspectores de Macondo presentaron una denuncia en contra del abogado. Este es el origen de esta causa en su contra. Es decir, a Huespe se le inició una causa por ejercer su profesión.

De las seis causas que Huespe tenía hasta el momento de su detención, el pasado lunes, dos son por amenazas y cuatro por entorpecimiento funcional, una de ellas en el marco de la defensa de los vecinos de Campo Verde en el que se lo acusa además de instigación a cometer delitos.

Esta es la tercera detención que sufre. En su rol de abogado, Huespe ya había sido arbitrariamente privado de su libertad por la policía de la provincia de Jujuy en abril de 2018 mientras en el ejercicio de su profesión defendió a un grupo de estudiantes que realizó una protesta en la vereda de la Casa de Gobierno para evitar el cierre de Centros de Terminalidad Educativa para Adultos. En esa ocasión, las fuerzas de seguridad arrestaron a los estudiantes, a Huespe y a una concejal de la Izquierda.

La segunda fue en abril de este año. A pesar que El Tribuno de Jujuy –diario oficial del gobierno aunque su propietario es Rubén Rivarola, presidente del PJ– difundió una nota en la que aseguraban que el Ministerio Público Fiscal no había librado ninguna orden de detención contra Huespe, el día anterior a la publicación policías de civil fueron en cuatro oportunidades a su domicilio a buscarlo con una supuesta orden que se negaron a mostrarle a su esposa. A los pocos días, cuando Huespe se presentó en los tribunales a defender a los vecinos de Campo Verde –que habían sido reprimidos por la policía de Morales por negarse a que se construyera una escuela en el único espacio verde del barrio en el que hace 30 años funciona una cancha de fútbol– lo privaron de su libertad y le retuvieron su teléfono celular. A las pocas horas lo liberaron, pero las conversaciones y los datos que poseía en su dispositivo móvil fueron escuchados y leídos.

En ese sentido, Claudia González explicó: “El doctor Huespe en su condición de letrado tiene protegido su teléfono celular. En su caso se ordenó la intervención de su teléfono sin dar conocimiento al Colegio de Abogados de la provincia. Ya existen fallos a nivel nacional en los que la protección que existe sobre el estudio de un abogado se extiende a los celulares. Esta normativa establece que en caso de realizarse un allanamiento en el estudio de un letrado se debe dar intervención a un representante del Colegio de Abogados para resguardar la privacidad de toda la documentación de los otros clientes y de toda información que no tenga relación directa con la causa en la que se ordenó la medida. Sin embargo, al doctor Huespe se le secuestró el teléfono, se lo intervino, se le grabaron llamadas sin que ni él ni el Colegio de Abogados tenga ningún conocimiento y a partir de un audio en una de las llamadas se le inició una nueva causa. Entonces la actuación es absolutamente repudiable, cuestionable, inconstitucional y avasalla derechos y garantías constitucionales”.

Luego de ese hecho, y a pocos días de las elecciones provinciales que se realizaron en julio de este año, Milagro Sala en el marco de un mega operativo con armas largas y transmisión en directo, fue llevada esposada a conocer la causa de su imputación en un nuevo proceso en su contra a partir de una conversación que se encontró en el teléfono de Huespe. Como siempre sucede en Jujuy, al ritmo de los tiempos electorales, este viernes el Ministerio Público de la Acusación, exactamente dos días antes de la celebración de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), pidió que se eleve a juicio esa misma causa. Allí también está imputado Huespe.

Cuáles son los verdaderos motivos que hay detrás de la detención del abogado, queda a criterio de cada lector.

 

 

 

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