Maldita industria

Cementerio de pymes y militarización del INTI

 

Si el gobierno de Corea del Sur, en los años ‘70, hablaba de “ganar la guerra de la industrialización” como gran meta nacional, en la Argentina de los gobiernos de los grandes grupos empresarios, adictos a la renta fácil y la tecnología extranjera, la consigna podría ser “dejar un cráter donde hay capacidades nacionales”. Esta es la Argentina donde el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) merecería ser rebautizado Instituto Nacional de Resistencia a la Desindustrialización.

Desde el inicio del gobierno de Milei, otra vez la onda expansiva de las políticas de financierización con endeudamiento vuelve a dejar un cementerio de pymes y se propone llevarse puestos a los trabajadores y los activos del INTI. La virulencia de esta vendetta es proporcional al nivel de competencias y complejidad organizacional del INTI, que muy pocos países en desarrollo pueden mostrar. La razón de fondo oculta –aunque hoy no tanto– es la geopolítica del “patio trasero” recargada que el pato rengo del Norte le impone a la élite económica argenta, ubicada por la academia suiza entre las peores del mundo [1].

Concebido para apoyar las políticas de industrialización, el INTI puede asistir a más de 30 sectores de la producción en todo el territorio nacional, en áreas que van desde microelectrónica, TICs, nanotecnología y medicamentos hasta energía, siderurgia, minería, alimentos, textiles y vivienda. Una lista sintética de sus incumbencias ayuda a comprender:

  • asistencia técnica y transferencia de tecnología;
  • certificación y asistencia para la exportación;
  • controles para la seguridad pública;
  • cuidado del medio ambiente y la medición de la huella de carbono;
  • apoyo a las economías regionales;
  • aseguramiento de los patrones nacionales de medida de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades y la trazabilidad metrológica para la industria, el comercio y la sociedad en general;
  • investigación y desarrollo en agendas productivas y tecnológicas estratégicas.

Desde diciembre de 2023, cuando asume la presidencia del INTI el ingeniero libertario Daniel Afione, hasta noviembre de 2026, la planta del INTI cayó en un 30%, de 3.100 a 2.172 trabajadores. Esta reducción tuvo lugar a través de retiros voluntarios, jubilaciones forzadas y renuncias por niveles salariales de pobreza. A fines de agosto de 2024, Afione firmó la Resolución 1443, donde se determinó el cierre de 22 Unidades de Extensión distribuidas por todo el territorio nacional, a contramano de los esfuerzos históricos del INTI por federalizar sus agendas.

Si quedaran dudas de las razones, el secretario de Coordinación Productiva del Ministerio de Economía, Pablo Lavigne, a fines noviembre del 2025 nos explicaba que “la mejor política industrial es la que no existe”. En este punto es importante comprender que Milei, Lavigne y Afione son el punto de llegada de la evolución de la matriz anti-industrial que puso en marcha la última dictadura cívico-militar.

 

Pablo Lavigne: “La mejor política industrial es la que no existe”.

 

 

El largo invierno de “austeridad”

“Hay una Argentina que muere, la del Estado elefantiásico que subsidia empresas ineficientes y cobija tanto a empresarios indolentes como a sindicalistas inescrupulosos”, explicaba Martínez de Hoz por cadena nacional, el 2 de abril de 1976.

Luego de la fugaz ilusión de un amanecer industrialista que intentó promover Bernardo Grispun, primer ministro de Economía de Alfonsín, las operaciones del FMI impusieron que la inflación y el déficit fiscal eran las patologías terminales y que la economía de la austeridad era el antídoto. El carácter oligopólico de la economía argentina, las exorbitantes transferencias de recursos públicos al poder corporativo y el peso de la deuda externa eran ocultados detrás de la fachada ficticia del “Estado ineficiente” y la “presión salarial” de los sindicatos.

Con la temporada en el quinto piso de Juan Sourrouille y su programa de estabilización –el “Plan Austral”–, que entró en vigencia en junio de 1985, se inició una acelerada involución de las capacidades industriales, que incluye apertura importadora e intentos fallidos de reformas estructurales tomadas del manual de la ortodoxia para periferias. Entre marzo de 1976 y el final del gobierno de Alfonsín, el PBI industrial cayó más de un 17% [2].

El INTI fue un termómetro sensible de este proceso. La democracia se inició con un ciclo de conflictos laborales en el INTI, acompañado por el recambio de gestiones de corta duración: entre 1984 y 1989 la institución tuvo cuatro presidentes. En este período, la presidencia del ingeniero Enrique Martínez, entre 1986 y 1988, se diferenció de las anteriores. Frente a la escasez presupuestaria, transversal a todo el sector de CyT, Martínez impulsó la apertura del INTI a la comunidad y la generación de mayores recursos propios. Renunció en septiembre de 1988 por conflictos con la UIA y el Ministerio de Economía.

Si bien el balance de los años ‘90 mostró una leve recuperación del PBI industrial (2%) con concentración y extranjerización, al inicio del menemismo se intentó bajar la persiana del INTI, que pasó de 1.860 puestos en 1989 a cerca de 1.400 en 1994, reducción mayormente impulsada por mecanismos de retiro voluntario. Durante esos días, se trabajaba con miedo y quedaron pocos grupos de investigación y desarrollo activos, que pasaron a ser considerados “unidades de negocio”, eufemismo para indicar que debían autofinanciarse. Las metas explicitadas en 1998 por la conducción del INTI restringen mayormente sus agendas a la adaptación de tecnología importada.

Luego de la crisis terminal de 2001, durante los gobiernos de Néstor y Cristina, el INTI vuelve a crecer, retoma un proceso de diversificación de sus capacidades e, incluso, debate sobre su identidad. Mientras a nivel de ingenieros y tecnólogos se defiende la subordinación de la institución a las demandas del sector privado, otro enfoque caracteriza esta perspectiva como “racionalidad técnica dependiente” heredada de los años ’90 y defiende la orientación hacia “la demanda social”. Otra vez la figura de Enrique Martínez jugó un papel importante. En el período 2003-2015, el INTI volvió a demostrar su rol estratégico para un proyecto de país que demanda la construcción de capacidades productivas y tecnológicas con creciente autonomía. En este período el PBI industrial creció alrededor de 40%.

 

Enrique Martínez.

 

Con la llegada de Macri a la presidencia, al frente del INTI quedó un funcionario al que se podía ver, en una foto que circulaba en los medios, con “cinturón en mano, en una pelea entre la barra brava de Atlanta y la de Chacarita”. El personaje se dedicó a desmantelar las capacidades del INTI. Al desregularse la metrología legal, el macrismo buscó direccionar el negocio de las verificaciones –de balanzas, surtidores y escaners, por ejemplo– hacia el ámbito privado. En paralelo, se favoreció la entrada de productos e insumos industriales extranjeros sin pasar por el control de los estándares de calidad y homologación, tarea histórica del INTI, con riesgos evidentes para la población.

Luego de introducir guardia privada en el predio del INTI, en el Parque Tecnológico de Miguelete (PTM), en la provincia de Buenos Aires, a comienzos de 2018, además del conflicto por más de 250 despidos de personal, se hizo público que la consultora española Tecnalia –presidida entonces por un funcionario de Petronor, una filial de Repsol– había sido contratada por 295.000 euros para elaborar un “masterplan” llave en mano, sin la participación del personal. La consultora recomendaba 258 despidos. Digamos, de paso, que durante el macrismo se perdieron 24.000 pymes.

El período 2019-2023 se inicia con la intención de revertir la tendencia y se recupera la inversión en el sector de ciencia y tecnología. Este contexto favorece al INTI, que pudo reincorporar alrededor de 170 trabajadores de los más de 300 despedidos durante el macrismo. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 y la posterior falta de metas estratégicas dejaron un saldo de poco más de 4.100 pymes perdidas.

Las primeras declaraciones desquiciadas del Presidente libertario generaron ilusiones desmedidas en el bloque de poder nativo. En diciembre de 2023, Paolo Rocca, líder del grupo Techint, explicaba: “Cuando leo los puntos mencionados por el Presidente [Milei] veo la posibilidad de un reset de la Argentina […]”.

 

Cuarto ciclo de desindustrialización en curso

Ingeniero libertario Daniel Afione.

En este punto, como vimos, entra en escena Afione con un plan de despidos y cierre de Unidades de Extensión en todo el territorio. En paralelo a los sucesivos recortes anuales del presupuesto del INTI –10,1% (2023-2024) y 32,2% (2024-2025)–, a través del Decreto 462 de julio de 2025 del Ministerio de Economía, se propuso transformar al INTI en “una unidad organizativa de dicha Secretaría [de Industria y Comercio], la que mantendrá su denominación con el objeto de preservar su reconocimiento internacional y garantizar la continuidad de su identificación en el ámbito del Sistema Nacional de la Calidad”. Ante el rechazo de esta medida por el Congreso de la Nación, Afione tuvo que presentar la renuncia.

En septiembre de 2025, asumió la presidencia del INTI el abogado Miguel Romero, que retomó la modalidad macrista de vigilancia y control del personal, pero en lugar de seguridad privada, ahora Romero impulsa la franca militarización a cargo de Gendarmería. Se pasó de dos policías federales como custodia a un elenco estable de diez gendarmes que recorren el Parque Tecnológico del INTI, pero que se multiplican en momentos de conflicto. También se instalaron cámaras en todo el predio, se estableció un centro de monitoreo interno y se rediseñó el acceso a la oficina de la Presidencia en modo bunker.

 

De la vigilancia y control del macrismo a la militarización del mileísmo.

 

En diciembre de 2025, por Resolución 213, se da de baja una lista de servicios regulados y certificaciones. La eliminación, por Resolución 128, del Servicio Argentino de Calibración y Medición, deja sin tareas a 120 trabajadores de metrología legal, sin permitirles reubicarse a pesar de haber encontrado sectores que los demandaban para otros trabajos.

Por pedido de Lavigne, las autoridades del INTI presionaron para que estos trabajadores se instalaran en esta Secretaría para aprobar expedientes sin ningún tipo de ensayo o análisis de laboratorio. La resistencia de los trabajadores logró que esta evaluación se hiciera en la sede del INTI, aunque invisibilizando el trabajo del organismo.

Miguel Romero.

Luego de que se hiciera pública la Resolución 42 de abril de 2026, en la que se dieron de baja alrededor de 1.000 servicios técnicos sistematizados a cargo del INTI, se inició una escalada de conflictos con incremento de acciones de intimidación. A fines de abril, Romero debió salir escoltado por Gendarmería ante la reacción de ATE, que rodeó el edificio de presidencia en protesta.

Por esos mismos días también comenzó a circular un expediente por GDE con un posible plan de reestructuración del INTI, que se propone continuar con el proceso de eliminación de áreas para justificar los pases a disponibilidad por pérdida de funciones. Desde las diferentes organizaciones sindicales se calcula que la pérdida de servicios y la reestructuración implicarían unos 700 nuevos despidos.

A fines de mayo, una cautelar presentada por ATE ante el juzgado de San Martín canceló cualquier intento de “innovación organizacional” y frenó la Resolución 42. En octubre otra cautelar frenó la Resolución 213 por seis meses. Sin embargo, a comienzos de noviembre la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín devuelve la vigencia de la Resolución 42 al cancelar la medida cautelar. El argumento del juez es que ATE no representa a la totalidad de los trabajadores y que, por lo tanto, el sindicato no tiene incumbencia en la estructura del organismo. Sin embargo, la acción de amparo principal continúa su trámite hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre la validez o invalidez de fondo de la norma.

 

 

Por último, mientras caen las pymes como moscas –alrededor de 32.000 entre diciembre de 2023 y noviembre de 2026– y el presupuesto del INTI padece un recorte de 15,5% respecto de 2025, su conducción promueve la participación en las rondas de negocio para el desarrollo de proveedores locales en el marco del RIGI. La modificación del RIGI para que las empresas extranjeras puedan presentarse como locales apunta en esta dirección, al margen de que esta modificación anula la estrategia de los gobernadores del “compre local”.

Con o sin colapso tipo-2001, por cuarta vez el bloque dominante argento devuelve una Argentina despedazada y mega endeudada con su industria devastada. En este escenario, en 2027 el INTI cumplirá setenta años.

 

[1] Puede verse el “Elite Quality Index”, presentado, en su sexta edición, en: Casas i Klett y Cozzi, 2026. Elite Quality Report 2026. Anthem Press.
[2] Los datos de variación del PBI industrial de este artículo están tomados de: Manzanelli, P. 2025. “La magnitud de la nueva desindustrialización”, Notas breves sobre economía política, FLACSO AEyT-CIFRA.

 

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