Mancha venenosa

Capital colonial en las provincias

Imagen tomada de la página de Harbour Energy, de la sección en la que explican qué hacen en la Argentina.

 

Los gobiernos y los grupos empresarios socios omiten mencionar la participación de la británica Harbour Energy PLC en la explotación de hidrocarburos en la Argentina, un escollo en el discurso nacionalista ante el conflicto colonial por las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur que inauguró la administración Milei. La última semana en París, la francesa TotalEnergies presentó un proyecto de ampliación de su inversión en Vaca Muerta eludiendo informar que opera dos yacimientos asociados a la británica. Por su parte, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, recurrió a un artilugio para enmascarar su presencia en un proyecto de ley de financiamiento de obras viales que tratará la Legislatura local la primera semana de octubre. 

 

Aportes por empresas para financiar obras viales en Vaca Muerta.

 

A contramano del camuflaje, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), órgano del Ministerio Público Fiscal dedicado a perseguir delitos contra la administración pública, presentó una denuncia penal contra funcionarios del área de Energía de la Nación y representantes de Harbour Energy Argentina por la adjudicación del beneficio del RIGI a un proyecto de exportación de gas natural licuado en Río Negro que integra la energética británica.

 

Martin Rueda, director general de HarbourEnergy en Argentina.

 

También se destacó la posición clara de una prestadora global de servicios a la energía, Nabors, que eligió a un diario patagónico para sumarse al debate. “En línea con el marco legal establecido por la Ley N.º 26.659, modificada por la Ley N.º 26.915, y el Decreto N.º 868/2026, Nabors International Argentina S.R.L. no participa ni tiene previsto participar en procesos de licitación para la prestación de servicios de perforación destinados a proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes", afirmó.

Harbour compró los activos de exploración y explotación de la alemana Wintershall Dea a fines de 2024, que incluyó los que operaba en Neuquén y Tierra del Fuego. Al año siguiente se sumó al consorcio Southern Energy S.A. para la exportación de gas natural licuado de Vaca Muerta por la costa atlántica rionegrina. Cuando operaba con otro nombre, en 2013, la firma con sede en Londres fue sancionada por el Estado argentino por su participación en el proyecto hidrocarburífero en aguas continentales argentinas en el archipiélago del Atlántico Sur, del que luego se retiró. La Justicia federal de Tierra del Fuego dispuso una sanción y embargo en su contra dos años después. Magdalena Odarda, legisladora de Río Negro de la oposición, tomó esos antecedentes y el año pasado presentó dos denuncias, una de las cuales promovió ahora la PIA.

“Harbour y sus socios se encuentran gestionando la obtención de una licencia para recursos no convencionales. Esto permitiría iniciar el desarrollo del black oil shale de Vaca Muerta, comenzando con un posible programa piloto de 16 pozos a finales de 2026”, anunció Linda Cook, CEO global de la firma, durante la 40.ª Conferencia Anual de Energía y Electricidad de Barclays el mes pasado, en Nueva York. A la par, mantiene la participación en la explotación de gas y petróleo convencionales en dos yacimientos de la cuenca neuquina, los que aparecen como propiedad de Wintershall en el proyecto de ley girado por Figueroa. Junto a otras empresas, la alemana apareció como firmante del acta acuerdo de las operadoras privadas con el gobernador de Neuquén para financiar obras viales en Vaca Muerta con anticipo de fondos de las regalías hidrocarburíferas.

 

 

En Neuquén

En el marco de la Argentina Week en París, TotalEnergies fue la primera en anunciar un fuerte desembolso sujeto a su incorporación al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) para desarrollar y ampliar la explotación de dos yacimientos en Neuquén. La francesa está asociada con Harbour en los yacimientos de gas y petrolíferos Aguada Pichana Este y San Roque, porcentajes que la documentación oficial sigue haciendo constar a nombre de Wintershall, que vendió y se retiró del país hace dos años.

El 7 de octubre, la Legislatura local tratará el acuerdo marco celebrado entre la Provincia del Neuquén e YPF S.A., Pan American Energy LLC. Sucursal Argentina, Chevron Argentina S.R.L., Pluspetrol S.A., Total Austral S.A., Vista Oil & Gas S.A., Pampa Energía S.A., Wintershall Dea Argentina S.A., Shell Argentina S.A., Phoenix Global Resources PLC, GeoPark Argentina S.A., Continental Resources Argentina S.A.U., Tecpetrol S.A. Compañía de Hidrocarburo No Convencional S.R.L. y Compañía de Desarrollo No Convencional S.R.L. para el aporte anticipado de hasta 177.675.000 dólares para la pavimentación y repavimentación de 160 kilómetros de tramos de tres rutas provinciales.

La concesión de petróleo Aguada Pichana Este está en manos de Total Argentina S.A. en un 55%, Wintershall 22,5%, YPF SA 16,9% y Pan American Energy (PAE) 5,6%, consta en el acuerdo marco firmado en Buenos Aires el 8 de septiembre pasado. Las concesiones de gas en las que participa la británica son dos. En Aguada Pichana Este, en los mismos porcentajes que la concesión de petróleo. En el yacimiento San Roque, 24,71% en manos de Total, otro 24,71% de Wintershall, 16,47% de PAE y 34,11% de YPF. De la participación en los diferentes bloques surge la participación proporcional de las distintas empresas por el total, que es de 1.740 millones de dólares en el caso de Wintershall, que puede deducirse que es de la británica en realidad.

La presencia de capitales ingleses en Neuquén viene discutiéndose muy en soledad y minoría en la Legislatura. El legislador César Parra (FIT) presentó un pedido de informes con tres puntos específicos: para confirmar la presencia de la empresa en los yacimientos de gas y petróleo en explotación; para saber si el Ejecutivo inició o va a iniciar alguna acción contra Harbour; y para que el gobierno neuquino solicite su apartamiento del consorcio exportador de gas natural licuado. El 23 de septiembre, el bloque oficialista del partido Comunidad y del Movimiento Popular Neuquino impuso su mayoría para rechazarlo. Acompañaron el pedido de informes el peronismo y el bloque Cumplir.

Guillermo Koenig, ministro de Economía, y José Dutsch, presidente de Vialidad provincial, explicaron el proyecto del oficialismo en la Comisión de Hidrocarburos el 30 de septiembre, eludiendo las respuestas sobre la empresa británica. El proyecto de anticipos de los pagos de regalías y/o canon extraordinario de producción se aprobó por mayoría en esa comisión y se tratará en sesión ordinaria el 7 de octubre.

 

 

En Río Negro

La acción penal de la PIA contra funcionarios del área de Energía y representantes de Harbour Energy Argentina quedó radicada en el Juzgado Federal 11, actualmente subrogado por Ariel Lijo. Involucra a la actual secretaria de Energía, María del Carmen Tettamanti; el exsecretario del área, Eduardo Rodríguez Chirillo; el subsecretario de Hidrocarburos, Horacio Federico Veller; directivos de Harbour Energy Argentina y Tomás Lanardonne, del estudio jurídico Martínez de Hoz & Rueda.

En abril del año pasado, Luis Caputo, ministro de Economía, aprobó “la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), como Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo, enmarcado en el sector ‘Petróleo y Gas' y el plan de inversión, presentados por el Southern Energy SA (SESA), titular del Proyecto de Licuefacción de Gas Natural, por una capacidad de producción de GNL de entre 1.500.000 y 2.200.000 de toneladas al año, dependiendo de la disponibilidad de abastecimiento de gas”. PAE lidera el proyecto (40%), del que participan también Pampa Energía (20%), YPF (15%), Harbour Energy (15%) y Golar LNG (10%).

Con el argumento de la seguridad jurídica a la inversión privada, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, proporcionó las normas locales que completan el andamiaje institucional en favor del proyecto. Por mayoría, la Legislatura ratificó por ley el Acta Acuerdo firmada el 14 de abril pasado entre la Provincia, SESA y San Matías Pipeline S.A., orientada a establecer un régimen fiscal y de estabilidad regulatoria para el desarrollo del proyecto de gas natural licuado en el Golfo San Matías.

El territorio aparece como una experiencia pedagógica sobre las prácticas del neocolonialismo, protegiendo al colonialismo.

 

 

 

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