Mantequilla, pero no sólo

El dilemático financiamiento de la defensa

 

A comienzos de la década de los ’90 escribí dos artículos académicos que titulé  “Argentina: desarme de hecho y cooperación para la paz”, que se publicó en el volumen VII, N°1,  fechado en enero/marzo de 1992, de la revista Fuerzas Armadas y Sociedad que publicaba por aquel entonces FLACSO/Chile;  y “La reducción del gasto militar en Argentina: algunas implicaciones económicas y políticas”, publicado en el libro Proliferación de armamentos y medidas de fomento de la confianza y la seguridad en América Latina, editado en Lima en 1993, por el Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe.

Ya para ese entonces era evidente que con la llegada de la democracia el gasto militar había iniciado una trayectoria descendente. Hoy, en base a datos del Instituto Internacional de Estocolmo de Investigación para la Paz (SIPRI), se confirma con mucha mayor precisión el comportamiento de aquella erogación. El promedio del gasto militar como porcentaje del PBI entre 1976 y 1983, los años de nuestra última dictadura, había sido de 3,65%. En tanto que el mismo promedio medido entre 1984 y 1989 –el período presidencial de Raúl Alfonsín— había alcanzado solamente un 2,2%. Y mantuvo desde entonces un desenvolvimiento tendencialmente descendente: en 1990 bajó a 1,5% y fluctuó entre este guarismo y 0,8%  hasta 2018.

También se hizo evidente, a comienzos de los ’90, que la reposición de los sistemas de armas que el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea habían perdido en la guerra de Malvinas iba a ser dificultosa. Concomitantemente con lo anterior comenzó a decrecer la incorporación anual de soldados conscriptos en la fuerza terrestre –imperaba en aquel entonces el servicio militar obligatorio— que cayó, en 1988 a 30.000 soldados, cifra cercana a la mitad de lo que se venía alcanzando en los años anteriores. Y se verificó, asimismo, un decrecimiento de las horas de vuelo y de entrenamiento de los pilotos de la Fuerza Aérea; una cosa similar ocurría con la Armada respecto de la navegación y de la aviación naval, y con las ejercitaciones de la fuerza terrestre. Este paquete de restricciones –al que podría agregarse otras que se omiten para no fatigar al lector— dio origen a una deriva incierta que generó una pérdida del nivel de equipamiento, de alistamiento, de disponibilidad, de capacitación para la acción de nuestras Fuerzas Armadas e incluso de personal calificado, que, con vaivenes, llega hasta el presente.

Es común que se reconozca que la transición argentina a la democracia ocurrió por colapso, a diferencia de las sucedidas en nuestros países vecinos, en las que prevalecieron transiciones pactadas. Precipitada por el fracaso bélico en las islas del sur, no hubo un acuerdo previo que estableciera un marco consensual que regulara el camino. Fue así que anduvimos a los tumbos y, en ocasiones, con el Jesús en la boca, como se decía antiguamente.

Ocurrieron, no obstante, en este tránsito muchas y muy valiosas cosas en la pugna entre civiles y militares que sobrevino con el regreso de la democracia. Entre otras, el juicio a las Juntas y a los genocidas; la condena social y pública del terrorismo de Estado; la superación de los levantamientos de los “carapintadas”; el decisivo afianzamiento del control civil sobre las Fuerzas Armadas y la no menos importante afirmación del gobierno político de la defensa. Se dictaron las Leyes de Defensa Nacional en 1988 y de Seguridad Interior en 1992, que con buen criterio diferenciaron la defensa de la seguridad pública, una deletérea confusión que venía de arrastre debido a la amplia difusión que habían hecho los Estados Unidos, en toda América Latina y el Caribe, de la Doctrina de Seguridad Nacional; se publicaron los Libros Blancos de la Defensa; se implementó una reforma del sistema de justicia militar; se fortaleció el Ministerio de Defensa; se estableció el Ciclo de Planeamiento de la Defensa Nacional y su correlativa Directiva de Política de Defensa Nacional. Se consolidaron el Estado Mayor Conjunto y la conjuntez con diversas decisiones e iniciativas, así como la incorporación femenina a la oficialidad de las tres Fuerzas Armadas. En el plano de la investigación científica y el desarrollo tecnológico en vinculación con la defensa se dieron también importantes pasos. Todo esto, sin agotar la lista.

Sin embargo, en el terreno del financiamiento de la función defensa, esto es, de lo que comúnmente se llama gasto militar, la performance de Argentina ha sido insuficiente. Ha carecido del dinamismo necesario para recuperar las capacidades castrenses preexistentes a la guerra de Malvinas, lo cual ha repercutido en el avance hacia ese desarme de hecho mencionado precedentemente debido, básicamente, a la más que escasa posibilidad de recomponer adecuadamente el instrumento militar. Por extensión, no ha sido fácil mantener al día la formación intelectual y práctica de nuestros hombres de armas.

La Argentina ha padecido dificultades económicas entre 1984 –primer año completo de nuestra recuperada democracia— y 2018 que merecen ser examinadas en primer lugar, pues inciden sobre el gasto militar. En lo que sigue se lo hará en comparación con el resto de los países del Cono Sur (Chile, Paraguay y Uruguay) más Brasil, para disponer de una referencia comparativa. El promedio del crecimiento porcentual anual de los PBI de estos países para el antedicho período, medido a precios constantes, fue el siguiente:

Argentina        2,233%

Brasil              2,380%

Chile              4,840%

Paraguay         3,460%

Uruguay         3,051%

(Los datos básicos para calcular estos promedios fueron tomados del World Economic Outlook Database, de abril de 2019, del FMI.)

Argentina tuvo el peor comportamiento de los cinco países en este rubro, que alude a la formación de riqueza. Merece destacarse, además, que en ese lapso nuestro país tuvo desempeños negativos del crecimiento porcentual del PBI en ¡12! de los 35 años considerados, en tanto que Brasil, Paraguay y Uruguay los tuvieron en 6 oportunidades y Chile solamente en 2.

Por su parte,  el promedio del gasto militar como porcentaje del PBI, entre 1984 y 2018, de cada uno de los países referidos, ha sido el siguiente:

Argentina         1,19%

Brasil               1,63%;

Chile                2,99%

Paraguay          1,63%

Uruguay           2,46%

(Los datos básicos para calcular estos promedios fueron tomados de la Military Expenditure Database del SIPRI.)

Nuevamente aparece la Argentina con el comportamiento más débil del grupo.

Este insuficiente y tortuoso desempeño en materia de PBI a largo plazo, vino acompañado de dos crisis financieras internacionales significativas (la de Estados Unidos en 2008 y la de la Eurozona en 2011-2012), que repercutieron localmente, y dos profundas crisis propias de deuda externa (2001 y 2018, aun en curso), que desencadenaron catastróficas repercusiones internas. También ocurrió una amplia renegociación de deuda externa, desarrollada durante la presidencia de Néstor Kirchner, que insumió mucho tiempo y recursos. Así las cosas, no es difícil comprender que los diferentes gobiernos nacionales hayan encontrado dificultades tanto para financiar la función defensa –que al fin y al cabo dependen buena parte de una decisión presupuestaria que corresponde al Congreso— cuanto para recomponer  el instrumento militar y los diversos aspectos que hacen a la profesión militar, que van desde la formación y el cultivo de las capacidades del personal hasta sus remuneraciones.

Sin embargo, la función estatal de la defensa no se puede dejar de lado. Es posible, eventualmente, postergar el incremento de su financiamiento, como ha venido sucediendo desde 1984 hasta el día de hoy. Pero esto tiene un límite. Vivimos en un mundo inestable en el que, por añadidura, la avidez por los recursos naturales y las materias primas es incesante. Y en el que un Estado que no defienda lo suyo estará expuesto a quedar subordinado a otros países y a perder su condición de nación aunque formalmente preserve y utilice esta denominación.

También es verdad que estamos ante una situación que expone crudamente el dilema que Paul Samuelson sintetizó en esta breve frase: “Mantequilla o cañones”. Y es obvio que hay que optar por la mantequilla, es decir, por la asistencia a nuestro maltratadísimo pueblo. Sería conveniente, sin embargo, que el gobierno que asumirá el próximo 10 de diciembre repare en que 35 años de postergación son muchos. Y que no obstante la extrema penuria que nos legará Mauricio Macri, algún paso debería ser dado por mínimo que fuera, en el sentido de comenzar a recuperar el instrumento militar de esta, afortunadamente todavía, nación. Y de las condiciones de formación, trabajo y vida de quienes lo tienen que servir cotidianamente.

 

 

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