Mar-A-Gaza

 

El primer anuncio provino de uno de los líderes extremistas sin los que Israel no podría formar gobierno. Los bombardeos cotidianos que reducían a escombros usinas eléctricas, plantas depuradoras de agua, escuelas, hospitales y viviendas procuraban tornar imposible la vida de sus pobladores palestinos y allanar el terreno para levantar allí un resort de lujo frente al mar, para lo cual ya había empresas constructoras interesadas.

La idea era realizar allí lo que alguna vez fue el Líbano bajo el control francés. Pero aquel colonialismo no implicaba el desplazamiento forzoso hacia destinos inciertos de millones de hombres, mujeres y niños, dejando atrás 50.000 muertos y cargando con centenares de miles de mutilados. Nadie en el mainstream tomó en serio esa fantasía. Pero el martes pasado fue el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien lo propuso, mientras a su lado exultaba de gozo el premier israelí Beniamin Netanyahu. “Estados Unidos se hará cargo de la Franja de Gaza. Seremos dueños de ella y responsables de desmantelar todas las bombas peligrosas sin explotar y otras armas que haya allí, de nivelar el lugar y deshacernos de los edificios destruidos. Crear un desarrollo económico que proporcione un número ilimitado de puestos de trabajo y viviendas para la gente de la zona... hacer un trabajo real, hacer algo diferente. Los palestinos no tienen otra opción que abandonar Gaza de forma permanente para poner fin a "la muerte, la destrucción y la franca mala suerte", dijo. Trump cree que su plan "aportará una gran estabilidad a esa parte de Medio Oriente y tal vez a todo Medio Oriente … A todos con los que he hablado les encanta la idea de que Estados Unidos sea dueño de ese pedazo de tierra, desarrolle y cree miles de puestos de trabajo,  en una zona realmente magnífica que nadie conocería… No quiero parecer gracioso. No quiero parecer un sabelotodo. Pero la Riviera de Medio Oriente podría ser algo… magnífico”. El CATO Institute prefirió otra definición: "Mar-A-Gaza". Al mismo tiempo, Trump y Netanyahu comunicaron que Estados Unidos e Israel se retiran del Consejo de Derechos Humanos, otro paso en el desmonte de la institucionalidad construida desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Al escribir esta nota me preguntaba cuánto tardaría el Presidente argentino Javier Milei en anunciar lo mismo. Cuando la terminé ya lo había anunciado.

Con la naturalidad de la que carecen los políticos israelíes, el flamante Presidente se congratulaba por la posibilidad de sepultar en forma definitiva el proyecto de las Naciones Unidas de los dos Estados coexistentes en el territorio que pasó del control otomano al británico. Comenzando por la expulsión de 1948, forzada por una sucesión de crímenes abominables, que incluyeron violaciones y saqueos, el proyecto del establishment israelí se basa en la falsa idea de que un pueblo sin territorio se asiente en un territorio sin pueblo. Para hacer cierta esa falacia, se implantó la política de expulsar a ese pueblo invisible que no debía existir.

Sólo dos de la decena de gobernantes que Israel tuvo en las siete décadas transcurridas objetaron ese proyecto. Uno de ellos, Moshé Sharett, además lo documentó en un diario personal que a su muerte publicó la hija desobediente de uno de sus ministros. El otro, Yitzjak Rabin, fue asesinado por negociar de buena fe con los palestinos. La Nakba, como los palestinos llaman a la catástrofe desatada en 1948, no ha cesado desde entonces. El diario de Sharett, quien fue primer ministro en la década de 1950, cuenta las constantes provocaciones contra los palestinos y las represalias masivas cuando respondían, avaladas por Ben Gurión y ejecutadas por Moshé Dayan y Ariel Sharon.

 

 

 

 

Quién quiere tirar al mar a quién

En octubre de 1953 una mujer israelí y sus dos hijitos fueron asesinados mientras dormían, cerca de la frontera jordana. En represalia, los hombres de la unidad de inteligencia que conducía Sharon redujeron a escombros la aldea jordana de Qibya. Entre las ruinas de las 45 casas destruidas se encontraron 69 cadáveres, dos tercios de ellos mujeres y chicos. El observador de las Naciones Unidas afirmó que “en todas las casas encontramos la misma historia: puertas astilladas a tiros, cuerpos desparramados en el umbral, indicando que los habitantes fueron forzados por los disparos a permanecer adentro hasta que sus casas cayeron sobre ellos”, demolidas con TNT. Sharett escribió en su diario: "No son los árabes los que quieren tirar a los judíos al mar, sino Israel que en forma deliberada causa incidentes para aplicar represalias violentas y expulsar a más y más palestinos".

Tres décadas después, como ministro de Defensa, Sharon desencadenó una ofensiva militar sobre el Líbano, donde tenía su sede la Organización para la Liberación de Palestina. Tuvo como colaboradora a la milicia falangista cristiana, a la que concedió acceso a los campamentos de Sabra y Shatila. Durante 62 interminables horas, 2.000 personas, en su mayoría ancianos, chicos y mujeres, incluso embarazadas, fueron torturados, mutilados y asesinados por los falangistas, a cuyo pedido los israelíes iluminaron el cielo con bengalas. Suad Surur, que entonces tenía 16 años, narró a la BBC que “nadie se animaba a mirar a los demás. Ni los más chiquitos. Salvo mi hermanita. Cuando nos miró, le dispararon a la cabeza. Cayó de los brazos de mi mamá como un pajarito muerto. Mi hermano Shardie gritó ‘Papá’ y también le dispararon a la cabeza”. La propia Suad fue violada, golpeada con la culata de un rifle, herida de bala, y dejada por muerta. Munair Ahmed tenía 12 años. “A mi hermanita le dijeron que les diera su anillo y cuando lo hizo la mataron. El recuerdo más duro es el de mi mamá implorando, el sonido del disparo y su sangre chorreando encima mío”, recordó.

En octubre de 2023 1.200 israelíes fueron asesinados por comandos de Hamás, que regresaron a sus santuarios con más de 251 rehenes. Eso explica la adhesión o el consentimiento social a una respuesta militar que tanto Human Rights Watch como Amnesty han calificado de genocida, consistente en limpieza étnica y crímenes de lesa humanidad y que ha motivado la denuncia de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Incluso el  Centro de Información Israelí B´Tselem por los Derechos Humanos en los Territorios Ocupados, publicó un informe en el que sostiene que Israel mantiene un régimen de apartheid, por lo que ya no puede ser considerado como una democracia. Pero el jueves, Trump firmó un decreto que congela cuentas bancarias y propiedades y anula visas de los funcionarios del Tribunal Penal Internacional y sus familiares que participen en "acciones ilegítimas e infundadas contra Estados Unidos y nuestro aliado cercano Israel". Dijo que es vergonzosa la "equivalencia moral" que hizo el TPI entre Israel y Hamás, al ordenar en noviembre pasado la detención de Netanyahu y de un comandante de Hamás.  La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, repudiaron las sanciones y otro tanto hicieron Alemania, Francia y Gran Bretaña, lo cual muestra el aislamiento al que se expone el eje israelo-estadounidense.

 

 

Durante la presidencia de Joe Biden, Estados Unidos apoyó a Israel en los foros internacionales y le proveyó armas  ofensivas para su campaña. Pero Trump ha ido un paso más allá al declarar que su país se hará cargo de Gaza y luego de la expulsión de sus habitantes, que deberían ser recibidos por otros países de la región, como Egipto y Jordania, convertirá ese "sitio de demolición", donde no es posible que viva un ser humano, en una nueva Riviera.

Al obvio rechazó de los gazatíes, se sumaron Jordania, cuyo Rey Abdullah se reunió con la Autoridad Palestina; Arabia Saudita, que anunció que suspendería las tratativas para normalizar las relaciones con Israel, con las que Trump imagina posible ganar un premio Nobel;  y Egipto, que amenazó con denunciar el tratado de paz con Israel, firmado en 1979 por Menachem Begin y Anwar El-Sadat, con la asistencia de Jimmy Carter. También el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo que "no debemos empeorar el problema" ya que "es vital permanecer fieles al derecho internacional, evitar cualquier forma de limpieza étnica" y "centrar los esfuerzos en una solución de dos Estados que dé como resultado una nación palestina soberana". Incluso dentro de Estados Unidos, tanto demócratas como republicanos expresaron dudas y/o repudios al plan. El Secretario de Estado Marco Rubio, que estaba de gira por Centroámerica, se enteró por los medios. Y expertos de distintas orientaciones sentenciaron que se trataría de una violación del derecho internacional. El Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional considera los traslados forzosos de población como crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.  Pero desde la guerra civil de Estados Unidos, el Código Lieber considera la deportación o el traslado forzoso de una población civil como violación del derecho internacional humanitario, crimen de guerra y crimen contra la humanidad. También fue prohibida por el Tribunal de Núremberg, que sesionó en Alemania tras la Segunda Guerra Mundial, y por las Convenciones de Ginebra. Trump desdeñó cualquier observación.

—¿Qué proporción de la población de Gaza quiere trasladar?— le preguntaron.

—Toda. Creo que estarían encantados— respondió.

—¿Y si no quieren los obligaría?

—No creo que me digan que no.

—¿Enviará tropas para ello?

—Si fuera necesario, sí.

Como parte del control de daños, Marco Rubio aclaró que Trump no se proponía reclamar la posesión indefinida del territorio. Y  el enviado especial a Medio Oriente, Steve Witkoff, explicó a los senadores republicanos que Trump “no quiere poner tropas estadounidenses en el terreno y no quiere gastar ningún dólar estadounidense” en Gaza. Lo mismo dijo la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, quien agregó que Trump sólo quería que Egipto y Jordania acogieran a los palestinos en forma temporaria. Nadie pudo responder preguntas básicas, como cuánto costaría la reconstrucción, qué se planificó, quién lo pagaría. Y hasta el Asesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz, dijo que no había un plan, sino una invitación para que toda la región presente sus propias soluciones.

 

Business are business

Es imposible olvidar que tanto Trump como su  yerno, Jared Kushner, y el enviado presidencial a Medio Oriente,  Steve Witkoff, son promotores e inversores inmobiliarios que han hecho negocios en la región. El año pasado Kushner mencionó "las increíbles oportunidades de desarrollo que presenta la zona costera de Gaza". El entusiasta ex embajador de Trump en Israel, David Friedman, dijo que era la idea más brillante que escuchó en medio siglo y que después de 15 años de reconstrucción, el mercado aportaría la estabilidad que no se logró de otro modo. "Se que parezco un empresario de la construcción, pero no puedo dejar de imaginarme las posibilidades de 40 kilómetros de playa frente al sol".

El año pasado, en la Facultad de Comercio de Harvard, Kushner dijo que la costa de Gaza sería muy valiosa, si Israel desplazara a su población y la limpiara. El yerno presidencial controla la empresa Affinity Partners que ha recibido inversiones por 4.500 millones de dólares, sobre todo de fondos soberanos de las ricas naciones petroleras de Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos, con los que entró en relación cuando era asesor de su suegro. Ya ha invertido en dos empresas israelíes, la compañías de seguros Phoenix Holdings, y la división de Shlomo Holdings, que se dedica al alquiler de autos. Su socio en Shlomo Holdings posee una parte del único constructor de barcos de guerra en Israel. Es decir que el yerno de Trump comparte negocios con un contratista de las Fuerzas Armadas de Israel, cuyas naves participaron en la guerra en Gaza, equipadas con armas estadounidenses. La Organización Trump ya tiene acuerdos de franquicia con el desarrollador inmobiliario Dar Al Arkan para construir y vender condominios de lujo, links de golf y hoteles en Oman, Dubai y Arabia Saudita. Parte del capital es aportado por el gobierno de Oman.

El ex embajador en Israel Daniel B. Shapiro consideró la propuesta tan poco seria como la idea de que México pague el muro o que Estados Unidos se apropie del petróleo iraquí. El peligro, agregó el ex funcionario de Obama, es que lo tomen en serio y actúen en consecuencia extremistas del gobierno israelí y organizaciones terroristas, con el riesgo para la liberación de más rehenes, el uso del personal estadounidense como blancos móviles y el aborto de la perspectiva de una normalización entre Arabia Saudita e Israel, que fue el comienzo de los Acuerdos de Abraham con cuatro países árabes, que Trump consiguió sobre el final de su primer mandato.

 

 

 

 

Mulinos de viento

Trump parece haber obtenido mejor resultado con su amenaza a Irán de reducir a cero las exportaciones de petróleo iraní para que no desarrolle armas nucleares en caso de no lograrse un acuerdo de paz nuclear verificable. Paz nuclear significa que Irán no desarrolle esa tecnología letal, que sólo Estados Unidos utilizó en 1945. Luego de reunirse con Netanyahu, Trump posteó en las redes antisociales que cualquier información que sugiera que Estados Unidos “va a hacer volar a Irán en mil pedazos” en conjunto con Israel es “muy exagerada”. Y el Ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, dijo que las preocupaciones de Estados Unidos no son un asunto complicado y pueden resolverse, porque Irán se opone a las armas de destrucción masiva.

Gaza e Irán son dos ejemplos acerca de cómo funciona la política de amenazas que practica Trump: si hay fuerte rechazo, está dispuesto a dar algún paso atrás, sin desistir de la idea; cuando no hay resistencia, logra su objetivo. Algo distinto parece estar ocurriendo con Panamá. El National Security Archives acaba de publicar una serie de documentos que muestra que cuando Jimmy Carter acordó devolver el canal, ya existía un claro consenso bipartidario en ese sentido.

 

 

Las negociaciones abarcaron un período de 13 años durante las presidencias de Johnson, Nixon, Ford y Carter. En enero de 1975, hace exacto medio siglo, Henry Kissinger le dijo al Presidente Gerald Ford durante una reunión del Consejo de Seguridad Nacional que, si no se concluía un tratado, habría "acoso, manifestaciones, bombardeos de embajadas”. El negociador principal de un nuevo tratado de la Zona del Canal, el embajador Ellsworth Bunker, agregó que "el fracaso en estas negociaciones implicaría riesgos inaceptables, incluidos efectos negativos más allá de Panamá que perturbarían nuestras relaciones con América Latina, conducirían a la condena mundial y obstaculizarían el funcionamiento de la vía fluvial”. Es significativo que el estudio del think tank de Washington, que incluye informes de la CIA, documentos informativos del Consejo de Seguridad Nacional, actas de reuniones de la Casa Blanca, transcripciones telefónicas y cintas de audio, aparezca cuando  la confrontación sobre el Canal de Panamá pasa a ser un tema central de política exterior e internacional de Estados Unidos. Durante su discurso inaugural, el 20 de enero, Trump dijo que el Canal "no se lo dimos a China. Se lo dimos a Panamá y lo vamos a recuperar”. De inmediato, Panamá denunció ante las Naciones Unidas que Estados Unidos está violando la Carta de la ONU que prohíbe “la amenaza o el uso de la fuerza” contra la integridad territorial de otra Nación. El 2 de febrero, Marco Rubio fue el primer Secretario de Estado que comenzó su gestión con un viaje a Subamérica. La primera escala fue en Panamá para reiterar la afirmación de Trump de que la presencia de una empresa china en la Zona del Canal viola la cláusula de neutralidad del Tratado de 1977. “El Secretario Rubio dejó en claro que este status quo es inaceptable y que, en ausencia de cambios inmediatos, requeriría que Estados Unidos tome las medidas necesarias para proteger sus derechos bajo el tratado”, dijo el Departamento de Estado en un resumen amenazante de la reunión.

"Estados Unidos amenaza con regresar a una era de diplomacia de cañoneras en Panamá", señala el analista del Archivo Peter Kornbluh. Rubio se reunió con el Presidente, José Raúl Mulino, a quien le dijo que Washington detectó un alto nivel de influencia de China dentro de la administración del cruce marítimo, algo que representa "una amenaza" para los intereses estadounidenses y constituye "una violación del Tratado Relativo a la Neutralidad Permanente y el Funcionamiento del Canal de Panamá". Agregó que si esto no cambiaba de inmediato Estados Unidos tendría que "tomar las medidas necesarias para proteger sus derechos bajo el Tratado". Mulino se mostró abierto a cooperar porque cree que Estados Unidos no representa una "amenaza real" para la soberanía panameña, dijo. Pese al tono de Rubio, Mulino calificó la reunión de respetuosa y cordial. Según Mulino una empresa china son sede en Hong Kong opera dos de los puertos del canal, los de Balboa y Cristóbal, pero Panamá administra el canal.  El Presidente panameño sugirió que esto se modificaría y además anunció que Panamá no renovará el acuerdo con China relativo a la Ruta de la Seda, que es el mayor programa de infraestructura de Beijing. Según Estados Unidos, la creación de grandes infraestructuras portuarias no solo estaría destinada a fines comerciales, sino a respaldar la ambición de Beijing de convertirse en una potencia naval.

“El memorando de entendimiento del año 2017 sobre la iniciativa de la Ruta de la Seda no será renovado por mi gobierno. Vamos a estudiar si se puede terminar antes o no, pero creo que le toca en uno o dos años la renovación porque es cada tres”, afirmó el Presidente panameño. Esta parte de la negociación es fundamental para la Argentina, donde están radicadas las mayores inversiones de China en el continente, incluyendo una base de observación satelital operada según Estados Unidos por militares chinos. Además, China es uno de los dos primeros socios comerciales de la Argentina y un generoso prestamista que sostuvo al país cuando era inminente un default.

Panamá también se allanó a las exigencias de Estados Unidos sobre deportaciones. La autoridad que administra el canal, y que de acuerdo con la Constitución es autónoma del gobierno, anunció que trabajará con la US Navy para “optimizar la prioridad” a los buques de Estados Unidos que transitan por el Canal. Este aparente acuerdo se puso en tensión esta semana, cuando el Departamento de Estado comunicó que ningún buque estadounidense pagará para cruzar el canal, no solo los de la Marina de Guerra. Según Rubio sería "absurdo que tengamos que pagar cuotas para transitar una zona en la que tenemos la obligación de protegerla en momentos de conflicto. Esas son nuestras expectativas y fueron claramente entendidas en esas conversaciones". Agregó que Panamá debe cumplir "un proceso legal" y que "les vamos a permitir que pasen por ese proceso". La Autoridad del canal no tardó en replicar que  "no ha realizado ajuste alguno" de tarifas de tránsito, si bien ratificó que "está en disposición para establecer un diálogo con los funcionarios pertinentes de Estados Unidos respecto al tránsito de buques de guerra de dicho país". Para el Presidente Mulino, "así no se manejan las relaciones bilaterales de dos países amigos y socios, sobre la base de mentiras y falsedades".

 

 

 

 

México, Canadá y Groenlandia

Tanto México como Canadá consiguieron que Estados Unidos no aplicara este mes los aranceles del 25% sobre todas sus importaciones de ambos vecinos. A cambio, la Presidenta Claudia Sheinbaum y el primer ministro Justin Trudeau se comprometieron a adoptar medidas contra el tránsito de personas indocumentadas y el tráfico de fentanilo. México desplegará 10.000 efectivos armados en la  frontera y Trump trabajaría "para evitar el tráfico de armas de alto poder a México". Canadá reiteró que implementará un plan de seguridad en la frontera por 900 millones de dólares, que ya había anunciado antes de que Trump asumiera. También invertirá 140 millones de dólares para combatir el crimen organizado y el tráfico de fentanilo, que quedarán bajo el mando de un nuevo funcionario.

 

 

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