Mario Coriolano, una pérdida irreparable

 

 

Diciembre de 1998. El Ministro de Justicia del último mandato de Carlos Saul Menem, Raul Granillo Ocampo presenta el Plan Nacional de Reforma Judicial que seguía los lineamientos del consenso de Washington y las indicaciones de los organismos multinacionales de crédito [1] para generar “inmediatez, eficiencia, calidad, acceso a la justicia, etc”. El plan coincidía con las conclusiones del Seminario de Reforma Judicial auspiciado, curiosamente, por la Asociación de Bancos Privados Argentinos un año antes.

Las voces más escuchadas fueron, además del Ministro de Justicia, el Presidente del Fondo Monetario Michel Camdessus que dijo: “El Ministerio de Economía debería ser menos importante que el Ministerio de Justicia”, y Douglass North expresó: “La seguridad jurídica que brinda un Poder Judicial independiente es uno de los factores esenciales para el progreso y el desarrollo económico”.

Visto en perspectiva no quedan dudas que aquellos años serían el germen de la utilización del aparato judicial con fines de persecución política. Un poco antes, del otro lado de la General Paz, asistíamos a la mayor reforma judicial penal del país, la puesta en funcionamiento del nuevo sistema acusatorio en la provincia de Buenos Aires. Eso fue en 1998. Los oráculos propiciadores de esa gran reforma anunciaban que se solucionarían los históricos problemas del aparato judicial.

Pues nada de eso ocurrió, a pesar del gran esfuerzo presupuestario de les bonaerenses que designaban cientos de nuevos funcionarios, jueces, fiscales, defensores, empleados, etc. En ese contexto, Mario Luis Coriolano, un defensor de trinchera, que venía de encarar con convicción y ética la defensa en el caso “Miguel Brú” (uno de los primeros desaparecidos en democracia), asumía como Defensor de Casación de la Provincia de Buenos Aires.

Muchos de los nuevos defensores conocimos en aquellos años a Mario para compartir con él un gran desafío: batallar para que el nuevo sistema penal no materialice las palabras de Eugenio Raul Zaffaroni: de convertirse en una máquina de hacer chorizos que encarcele rápida y eficazmente a los delincuentes más vulnerables y torpes. Con ese objetivo desplegó desde la Defensoría de Casación una serie de estrategias provinciales para intentar expandir la protección de los derechos humanos de las personas más vulnerables que caían atrapadas en las redes selectivas del sistema penal.

Dentro de todas las iniciativas que llevó adelante Mario pudieron sostenerse por su tenacidad, su esfuerzo y la colaboración de les cercanos. De todas, la más importante fue la creación del Banco de Datos sobre Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes de la Provincia de Buenos Aires. Allí, todos los defensores públicos encontramos un mecanismo para registrar los peores atropellos del sistema sobre los cuerpos de los más vulnerables. El sistema de la crueldad debía ser erradicado de la provincia y Mario se lo había trazado como uno de los objetivos centrales de la Defensa Pública.

Esa gran iniciativa puso al descubierto el horror del sistema que durante décadas había permanecido oculto: la utilización de la tortura como mecanismo de investigación, las represalias intramuros, las ejecuciones sumarias, la simulación de las muertes en custodia, las causas armadas o el lawfare de los perejiles y el hacinamiento creciente en cárceles y comisarías. Sin embargo, vale la pena recordarlo, bastó que  esos datos se hicieran públicos masivamente para que el entonces Procurador, Matías de la Cruz, le quitara de un plumazo la dirección de la defensa pública. Nada volvió a ser lo mismo para la defensa pública bonaerense. La Procuradora María del Carmen Falbo, la “Pochi”, profundizó aún más el aislamiento de Coriolano, asegurando que las facultades de superintendencia quedaran en manos de la Procuración. Es decir, una Defensa pública subordinada —en todo— al Ministerio Público Fiscal.

La historia posterior de casi 20 años no merece mayores comentarios. Varios gobiernos pasaron pero ninguno tomó la decisión de devolverle la autonomía a la defensa pública bonaerense. Se dice que no hay justicia sin defensa y no la hubo muy a pesar de su esfuerzo y el de algunas y algunos pocos.

Como dijimos, después de aquellas decisiones de los Procuradores De la Cruz y Falbo, la defensa pública bonaerense no solamente no volvió a ser autónoma sino que dejó de ser un actor de relevancia institucional para evitar la masacre por goteo que siguió en las cárceles y comisarías bonaerenses. Sin embargo, Mario continuó casi en soledad la disputa, dejando hasta su último aliento. En ese trajinar fueron pocos y pocas quienes le siguieron. La mayoría prefirió el calor y la comodidad de la cercanía al poder de turno, como también el final de cualquier exigencia de rendición de cuentas respecto de la calidad de sus trabajos para les vulnerables.

Como si fuera poco, durante los años del gobierno de María Eugenia Vidal no solamente tuvo que sufrir la continua restricción de recursos materiales y humanos sino desde el espionaje sobre su vida privada hasta el armado de causas penales en su contra. La figura de Julio Conte Grand como Procurador vino a profundizar —aun más— el disciplinamiento y subordinación de la defensa pública al poder de los fiscales.

Pero Coriolano siempre tuvo claro que la existencia de una defensa pública autónoma, capacitada, con capacidad de activismo y no refleja era indispensable para mejorar la calidad democrática y la legitimidad del sistema judicial. Siempre fue observador crítico de los procesos conflictivos de selección de casos judiciales. Mantuvo una franca oposición a los teóricos reformistas discutiendo como podía las relaciones complejas que determinan las intervenciones judiciales.

Con capacidad crítica rechazaba la idea de que “nada funciona” en el sistema penal, sabía que el nuevo sistema, sin autonomía de la defensa, consolidó el principal objetivo buscado: sancionar la mayor cantidad de conductas prohibidas de menor cuantía con el menor costo y en el menor tiempo posible.

La partida de nuestro compañero, nuestro amigo Mario, fana del Lobo y del Diego, nos deja un espacio vacío, inmenso.

Te extrañaremos compañero HLVS.

 

 

 

Gabriel Elías Ganón, ex Defensor General de San Nicolás

Julián Axat es defensor oficial de La Plata

 

[1]El Banco Mundial, el Banco de Intercambio Regional y el Fondo Monetario Internacional otorgaron a la Argentina créditos para la reforma y modernización de su sistema judicial por un monto aproximado a los 2.000 millones dólares. Los objetivos acordados pueden resumirse en lo siguiente: “Los planes de reforma deben apuntar a dotar al Poder Judicial de mayor eficiencia y procedimientos más simplificados y, simultáneamente, reservar la actuación judicial para las causas más importantes... el construir un Poder Judicial más transparente como condición ineludible para atraer nuevas inversiones y disminuir la evasión tributaria” (La Nación, 26 de agosto de 1997).

 

 

 

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