La mudanza de la cárcel de Devoto tiene múltiples dimensiones que se mantienen ocultas y por fuera de la discusión pública. Entre esas omisiones, el peligro que representa la demolición de los pabellones, ya que facilitaría la propagación de las fibras del asbesto por el aire, aumentando el riesgo de cáncer; la destrucción de la memoria de 100 años de un lugar histórico y, por último, pero no menor, el proceso de gentrificación que implica la mudanza, que libera cinco manzanas a los intereses inmobiliarios. Todo esto debe ser puesto en discusión, de manera que el traslado de los presos no se limite a la violación de sus derechos, que son incuestionables. La centralidad puesta en el traslado eclipsa otras dimensiones en juego, las cuales quedan ocultas, incluso tras la probable visita del Papa a la cárcel, que podrá ser utilizada para “bendecir” la acción de la mudanza de los presos, omitiendo los múltiples intereses en juego.
Breve historia
El Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conocido popularmente como la cárcel de Devoto, fue inaugurado el 2 de mayo de 1927 y es, en la actualidad, el último establecimiento penitenciario federal activo en la ciudad. Los terrenos en los que se construyó la cárcel fueron donados por la familia Visillac en los primeros años de 1920 para construir un hospital, pero como los planes, en general, no acompañan a la realidad, el hospital devino en una cárcel.
Entre las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX, la ciudad asistió a una explosión demográfica, con un fuerte crecimiento poblacional por la llegada de inmigrantes, principalmente de Europa. Ante la complejidad social, la cárcel, en tanto dispositivo disciplinario, fue la respuesta de los gobiernos.
En su devenir, la cárcel de Devoto alcanzó gran relevancia en la historia política argentina. En los años ’60 y comienzos de los ‘70 alojó a militantes políticos, sindicales y de organizaciones revolucionarias. Durante la última dictadura cívico-militar funcionó como centro clandestino de detención, donde numerosos presos políticos fueron sometidos a torturas inhumanas. En marzo de 1978 fue escenario de la Masacre del Pabellón Séptimo, en la que murieron más de sesenta internos. El 11 de octubre de 2012 fue reconocida como “Sitio de memoria” por lo ocurrido en la dictadura militar. En 1985, por iniciativa de un grupo de internos, se firmó un convenio entre el Rectorado de la Universidad de Buenos Aires y la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal para crear el Centro Universitario Devoto, una experiencia de educación superior en contexto de encierro que lleva 40 años y que es ampliamente reconocida a nivel internacional. La cárcel de Devoto dio origen también a la sinagoga Sefer Jaim, el primer templo judío ubicado dentro de un establecimiento penitenciario.
Si bien la discusión sobre cierre del penal de Devoto se remonta al 2018, la reciente reactivación y efectivización del traslado generó diferentes objeciones. Como señala el CELS, los traslados “se hicieron sin notificación previa a familiares, defensores, jueces y organismos de control”. Sin ninguna protección judicial, los procedimientos se iniciaron de manera imprevista con el propósito de “vaciar rápidamente Devoto para que el predio quede disponible para proyectos inmobiliarios que ya anunciaron”.
El peligro del asbesto
En la época en que se construyó la cárcel, el asbesto era muy utilizado. La explosión de sus múltiples usos industriales y en los hogares escaló en la Revolución Industrial. Las máquinas a vapor necesitaban aislantes y el asbesto era ideal por resistir el calor, el frío, los ácidos y no conducir la electricidad. Se usó en techos, cemento, textiles, pinturas, masillas, pisos, filtros de cerveza, secadores, etcétera. Desde inicios del siglo XX, la industria automotriz lo utilizó para las pastillas de freno. Más acá en el tiempo, miles de trabajadores se expusieron al asbesto rociado como ignífugo durante la construcción de los primeros cuarenta pisos de las Torres Gemelas de Nueva York, que tras su derrumbe en el atentado de 2001 expusieron a rescatistas y trabajadores a niveles inusualmente elevados de asbesto.
Los daños que el asbesto causaba ya se conocían hace tiempo. En 1898, una mujer inspectora de fábricas advirtió de los efectos a la salud en los obreros textiles de Inglaterra y años después una aseguradora dejó de venderles seguros de vida a esos trabajadores cuando la enfermedad ganó su nombre: asbestosis. Para los años ‘50 y ‘60 ya estaba probada la relación entre la exposición al asbesto y su consecuencia más letal: el mesotelioma, un cáncer de la pleura, una membrana que recubre el pulmón. Algunas empresas ya sabían desde los años ‘20 que sus obreros morían de cáncer y lo ocultaron. Desde 1935 la industria promovió el establecimiento de “límites de exposición”, no como niveles seguros para garantizar las condiciones saludables en el ámbito de trabajo, sino como defensa ante juicios. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer han definido claramente que no existe una dosis segura de exposición: a mayor exposición, mayor riesgo, y no existe un umbral por debajo del cual el riesgo desaparezca. Aunque los más afectados son los trabajadores, la exposición también impacta en las familias que respiran las fibras de asbesto depositadas en la ropa de trabajo y, en caso de demoliciones, impacta sin distinciones a todas las personas que inhalan las fibras de asbesto que flotan en el aire.
Tanto la producción industrial, el uso como la sola presencia del asbesto representan un problema crítico para la salud a nivel mundial, y la prohibición es la política pública más segura para enfrentarlo. La OMS señala que hay 72 países que han prohibido el asbesto con diferentes niveles de implementación y alcance. Sin embargo, existe un vacío legal sobre qué hacer con el asbesto existente en las construcciones.
El asbesto está presente en la Argentina desde fines del siglo XIX, aunque su extracción nunca alcanzó niveles significativos debido a su baja calidad comercial. Sin embargo, hay evidencia de importaciones tanto de asbesto como de productos que lo contienen, así como de la fabricación local de productos que llegaron a exportarse a varios países de Sudamérica. Por todo esto, el asbesto está prohibido desde 2003 por las Resoluciones 845/00 y 823/01 del Ministerio de Salud de la Nación, pero esa prohibición alcanza solo a la fabricación y la venta, y nada dice sobre el asbesto ya instalado. La Argentina no tiene ninguna legislación sobre el retiro seguro del asbesto instalado y la vigilancia médica de las personas expuestas, por lo que en el caso del cierre del penal de Devoto no existen proyectos, resoluciones ni pedidos de informes sobre la presencia de asbesto o sobre qué hacer con él. En el año 2024, la legisladora porteña Graciana Peñafort pidió al Poder Ejecutivo porteño que informara qué empresas retiraron asbesto de los edificios públicos de la ciudad y en qué fechas. Aun así, la Dirección General de Evaluación Ambiental no dio esos datos, alegando que no eran de su competencia, y envió en cambio un listado de edificios con asbesto, en su mayoría escuelas, en el que no figura la cárcel de Devoto.
Gentrificación
Desde el urbanismo crítico, el concepto de gentrificación permite analizar los procesos de transformación urbana mediante los cuales determinados barrios se revalorizan y se vuelven atractivos para la inversión inmobiliaria. Lejos de constituir un proceso espontáneo de renovación urbana, estas transformaciones suelen estar impulsadas por intereses económicos concentrados y decisiones políticas que favorecen la especulación inmobiliaria, el aumento del costo de vida y el desplazamiento progresivo de sus habitantes históricos. Y es allí donde sus consecuencias exceden la modificación del perfil socioeconómico del barrio: sus habitantes históricos se ven obligados a abandonar sus lugares de residencia, pierden vínculos comunitarios, redes de apoyo, espacios de pertenencia y parte de su historia colectiva. En este sentido, la gentrificación no es solo una disputa por el valor económico del suelo urbano, sino que define quiénes pueden habitarla y quiénes son expulsados, despojados de su historia.
El traslado de la cárcel de Devoto es un claro ejemplo de gentrificación que se presenta bajo argumentos humanitarios, como la mejora de las condiciones de vida de los detenidos y de seguridad para el barrio. Sin embargo, esos argumentos invisibilizan los intereses económicos que están detrás de la mudanza y que obligan a preguntarse: ¿en manos de quiénes quedarán esas tierras y cuánto aumentará su valor una vez que desaparezca la cárcel? En este contexto, preocupa que la voracidad de la especulación inmobiliaria termine imponiéndose sobre la salud de los vecinos, acelerando las obras de demolición sin realizar previamente los estudios necesarios para determinar la presencia de asbesto y garantizar que su eventual liberación no contamine el aire. Este proceso pone de manifiesto la profunda asimetría de poder entre quienes producen y habitan cotidianamente la ciudad y quienes toman las decisiones sobre su transformación en función de intereses económicos. Una expresión más de la desigualdad social que caracteriza, como señala Sonia Fleury, a los “Estados sin ciudadanos”.
* Hugo Spinelli es investigador del Instituto de Salud Colectiva de la Universidad Nacional de Lanús.
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