Con casi cien muertes comprobadas hasta la fecha, el expediente Fentanilo es uno de los escándalos más grandes de la salud en la historia de la Argentina. En las primeras semanas de agosto y en diversas entrevistas radiales, el empresario Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma y de Laboratorios Ramallo, dio en la clave del caso que domina la agenda desde hace semanas, antes del estallido del affaire Spagnuolo, con el que comparte una trama en común por el tema medicamentos y los túneles oscuros de la poderosa industria farmacéutica. Allí, en varias ocasiones, admitió que el Estado intentó clausurar su planta en noviembre de 2024, aunque la producción continuó en funcionamiento incluso durante diciembre. Luego apuntó contra el ministro Mario Lugones por “destruir” la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Y en el mientras tanto, antes de la insólita y tardía aparición de Lugones con lágrimas en TN, cuando hasta ese momento jamás había emitido ningún declaración pública sobre el caso, ocurrió la confesión de Federico Sturzenegger, quien dio a entender que era preferible un país sin control sanitario y se pronunció a favor del desmantelamiento paulatino del organismo estatal.
¿Qué pasó, entonces, a fines del año pasado? ¿Por qué la ANMAT no clausuró a tiempo los laboratorios de García Furfaro y evitó el tendal de muertos? ¿Alguien decidió protegerlo y desproteger a las víctimas? ¿Una operación interna contra Mario Lugones? ¿Un caso de coimas como el que se destapó con los audios de Diego Spagnuolo pero que, con el fentanilo contaminado, terminó de la peor manera? ¿Fue negligencia, omisión, autorregulación o desidia empresarial? ¿O, simple y llanamente, falta de fiscalización, ausencia total del Estado?
Según consta en el expediente que tramita en el Juzgado Federal 3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak, son las preguntas que desvelan en estos momentos al magistrado. Lo primero que corroboró el juez, de acuerdo a las pruebas que cotejó durante estos meses, fue que la ANMAT debió clausurar los laboratorios de inmediato y no lo hizo: las instalaciones estaban en estado crítico, en pésimas condiciones sanitarias. La secuencia fue la siguiente: la inspección de la ANMAT había sido entre noviembre y diciembre de 2024 y percibió graves irregularidades, informe que salió a la luz recién a fines de diciembre. Tardíamente, en febrero de 2025, se frenó la producción de fentanilo. En el medio, los investigadores creen que uno o dos lotes de fentanilo salieron a la venta y llegaron a los hospitales. Recién en mayo, ya con el escándalo en los medios y después de que el Hospital Italiano de La Plata –hoy querellante en la causa– detectara bacterias en ampollas de fentanilo como posible causante de muerte de varios pacientes, se prohibió el uso de los medicamentos del Laboratorio HLB y se clausuró la droguería Alpharma, propiedad de los García Furfaro, y comercializadora de los productos HLB y Ramallo. “Estamos hablando de casi seis meses hasta que se puso la faja de clausura, desde la primera inspección en noviembre. Una demora muy llamativa. Durante ese tiempo, el fentanilo contaminado siguió su curso ante la vista gorda de muchos”, dijo a este medio una alta fuente del juzgado.
Para Kreplak, el arco cronológico y la línea temporal son fundamentales. El juez está expectante en unir las piezas del rompecabezas: la declaración de Ariel García Furfaro, en las últimas horas, daría cuenta de un patrón sistemático. Fueron seis horas, que para una primera indagatoria suele ser una bomba. “Estoy para que me corten la cabeza”, fue la frase más fuerte que pronunció el empresario. Dijo ser víctima de un sabotaje –acusó a un socio, el ex diputado bonaerense Andrés Quinteros– y buscó deslindar la responsabilidad por la contaminación. Veinticinco años de cárcel prevé la pena máxima de su imputación, encuadrada dentro del artículo 201 bis del Código Penal, que contempla “muertes provocadas como consecuencia de envenenamiento, adulteración o falsificación de aguas potables, sustancias alimenticias o medicinales”.
“García Furfaro sabe que ya no tiene forma de desviar la investigación, pero acá esto va más allá incluso del fentanilo. Los laboratorios acumulaban graves fallas funcionales, de limpieza y de funcionamiento, serios y estructurales problemas con otros sueros y medicamentos, al menos desde 2018. Los dueños no podían desconocerlos. ¿Cómo puede ser que seguían actuando como si nada? Se confiaron en que podían zafar porque, hasta el momento, no habían tenido mayores consecuencias”, revelaron al Cohete a la Luna fuentes del expediente, tras la primera indagatoria a un pez gordo de la causa.
Kreplak avanzará, en los próximos días, sobre la ANMAT. Tras centrarse en los allanamientos en las empresas y la declaración de los detenidos –además de Ariel García Furfaro, sus hermanos Diego y Damián García, quienes también llevaban el control de las actividades de los laboratorios; su madre, Nilda Furfaro, accionista y vicepresidenta de HLB; Javier Tchukran, director general de ambos laboratorios; Carolina Ansaldi, Víctor Boccaccio y José Antonio Maiorano, los dos primeros directores técnicos de Laboratorios Ramallo y el último de HLB Pharma; y los accionistas y autoridades de Laboratorios Ramallo, Horacio Tallarico y Rodolfo Labrusciano–, el otro foco radica en la actividad de los organismos estatales encargados del control de los medicamentos. Entre otras medidas, un pliego del expediente está abocado en ampliar la pesquisa hacia la gestión libertaria del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), a cargo de Gabriela Mantecón Fumado: los investigadores quieren saber si se demoraron los controles ante las primeras irregularidades detectadas en las inspecciones de las plantas de Laboratorios Ramallo y HLB Pharma. Ante este escenario, Kreplak ordenó la revocación del rol del Ministerio de Salud de la Nación como querellante en la causa.
El magistrado, junto a la fiscal María Laura Roteta, hizo lugar al pedido del titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, que impulsa la investigación sobre la tarea de los organismos públicos encargados del control de los laboratorios. Detrás del opiáceo infectado con bacterias y de la importancia de echar luz sobre los fallecimientos en diferentes hospitales del país, también se indagan posibles desvíos de fentanilo al mercado ilegal. En ese sentido, la PIA analizó 273 expedientes administrativos. La fiscal Roteta pidió centrar la atención en la ANMAT, incluso más allá del caso fentanilo. Busca que el árbol no tape el bosque. Lo hizo con las siguientes palabras: “Saber si la ineficiencia recurrente en la tarea de los organismos públicos encargados de controlar los laboratorios podría eventualmente constituir negligencia, connivencia o complicidad en los sucesos investigados”.
Y agregó: “Nos encontramos frente a un caso de criminalidad compleja que involucra a un número elevado de víctimas y un conglomerado empresarial organizado”. En su dictamen, advirtió que la real dimensión del brote aún no está plenamente determinada. La complejidad de los posibles delitos en investigación, además, determinó que se requiriera la intervención de distintas dependencias del Ministerio Público Fiscal que colaboran en el caso: la PROCUNAR, la PIA, la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) y la Secretaría de Investigación Financiera y Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI). A partir de dicha articulación, según fuentes oficiales, se posibilitó la obtención de numerosa evidencia: documentación, teléfonos celulares y computadoras, como también cámaras de vigilancia.
“Lo que se está tratando de comprobar es si el INAME y la ANMAT, desde que asumió Milei, bajaron la cantidad de trámites y de controles por reducciones de personal y de atribuciones. Por algunos testimonios, al parecer, las más recortadas fueron las inspecciones presenciales. Con los últimos peritajes, sabemos que el medicamento tóxico se fabricó y distribuyó entre 2024 y 2025. Es decir, durante este gobierno”, acotó la alta fuente del expediente. La investigación judicial computa, hasta el presente, 87 personas muertas tras haber recibido el fentanilo inyectable de HLB/Ramallo mientras estaban internadas en distintos centros de salud. Pero hay otros diez casos de fallecidos que, según admitieron desde el juzgado, serían próximamente añadidos a la lista de víctimas. Además, si bien el opiáceo sintético con presencia de las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii ya no está siendo utilizado, no se descarta que puedan identificarse más víctimas en nuevas pericias.
Hay dos estudios centrales que el expediente judicial tomó como pruebas de primera mano. Por un lado, un peritaje realizado por el Cuerpo Médico Forense sobre 20 historias clínicas de presuntas víctimas del fentanilo contaminado. Los peritos concluyeron que, en 12 casos, hubo “un nexo concausal” entre el consumo del opiáceo y la infección bacteriana que deterioró la salud y “contribuyó al desenlace fatal”. Por otro, un estudio previo a cargo de expertos del Instituto Malbrán había verificado la misma identidad genética entre las bacterias halladas en 44 fallecidos y en el fentanilo de HLB-Ramallo. Los peritos estaban azorados. “La concausalidad explica que el fentanilo tal vez no fue el motivo exclusivo pero que contribuyó a las muertes. Los que consumieron el fentanilo eran pacientes que estaban en las unidades de terapias intensivas, muchos de ellos en estado de salud crítica. Los controles deben estar al máximo cuando le aplicás el medicamento a ese tipo de pacientes, y no lo estaban”, dijo a este medio un responsable del Cuerpo Médico Forense.
Desde el Malbrán se determinó que en los laboratorios funcionaba todo mal. En el informe dicen que estaban en pésimas condiciones de producción y de higiene –entre ellos, la presunta utilización de insumos vencidos para la elaboración de medicamentos y el “desvío de calidad”–, que se falseó la documentación y que se ocultaban entre ellos las graves irregularidades. “Se desestimaron los controles para poder sacar los medicamentos a la calle. Y si es que hubo un sabotaje, como ahora dice su dueño, entonces el laboratorio debió haberlo detectado a tiempo y actuado de inmediato”, aseveró un perito del Malbrán.
La familia García Furfaro y sus contactos políticos penden de un hilo en el derrotero judicial. El silencio de Milei sobre este hecho y sobre el caso Spagnuolo, en efecto, es elocuente. Fueron días agotadores para el Presidente, con la dura derrota en el Congreso y el círculo rojo soltándole la mano, como los bancos. “No se entiende el fentanilo y los cien muertos sin Milei robando a los discapacitados”, llegó a decir el periodista Ernesto Tenembaum en su programa radial. El propio Jony Viale parece haberle soltado la mano con sus últimas declaraciones. Un campo minado, al decir de Carlos Pagni: hoy el conflicto interno de La Libertad Avanza preocupa a figuras clave del gabinete, como Guillermo Francos, quien dijo que no pone las manos en el fuego por ningún funcionario. La interna abierta acumula capas de corrupción, con gente cercana a Milei que ha denunciado plagios de títulos, venta de candidaturas, el caso Libra, el caso Kueider, los alimentos y Sandra Pettovello, los negociados de los Menem y el Banco Nación, y ahora el robo de la plata de los discapacitados. Con lo del fentanilo y el escándalo Spagnuolo, las horas de “Jamoncito”, como lo había bautizado la desterrada Victoria Villarruel, corren detrás del reloj de los venideros tiempos electorales.
Después de atacar directamente al juez Kreplak, acusándolo de kirchnerista por ser simplemente el hermano de Nicolás, ministro de Salud del gobierno de Axel Kicillof, la ministra Bullrich celebró las detenciones de los dueños de los laboratorios, en una clara maniobra defensiva. En el gobierno temen que la investigación escale hacia los altos mandos políticos. Kreplak se había mostrado firme con Milei: le pidió “respeto por las víctimas y las instituciones” y lo instó en “su obligación constitucional de abstenerse de interferir en una causa penal en curso”. ¿Llegará hasta las últimas consecuencias?
Por último, en la más grave crisis relacionada con medicamentos en la historia argentina, la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA) lanzó una grave denuncia contra el ministro de Salud, Mario Lugones, a quien responsabilizó por 157 fallecimientos que, según la organización gremial, podrían haberse evitado. La acusación incluye 97 muertes vinculadas al consumo de fentanilo contaminado y otras 60 relacionadas con la demora en la entrega de medicamentos oncológicos esenciales. Además, se le atribuye el desguace del Hospital Garrahan. Como el vocero Alejandro Fantino, la Federación también exigió su renuncia.
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