El miércoles se cumplió un año desde que Donald Trump comenzó a bombardear embarcaciones sospechosas de traficar drogas en el mar Caribe y el océano Pacífico; un sombrío aniversario que desató una nueva ola de críticas por parte de defensores de los derechos humanos en Estados Unidos y el extranjero.
“Desde hace un año, la administración Trump lleva a cabo una aterradora campaña de asesinatos en alta mar al margen de la ley y aún no ha ofrecido al público nada más que justificaciones endebles”, declaró Jeff Stein, abogado del Proyecto de Seguridad Nacional de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés).
La ACLU y el Centro de Derechos Constitucionales (CCR, por sus siglas en inglés) han presentado una demanda debido a la negativa de la administración a cumplir con una solicitud, amparada en la Ley de Libertad de Información (FOIA), para obtener un dictamen jurídico elaborado por la Oficina de Asesoría Jurídica (OLC) del Departamento de Justicia que pretendía justificar dichos ataques.
“Estos ataques han devastado a innumerables familias, aterrorizado a comunidades y —según la propia administración— no han logrado su objetivo declarado de impedir la entrada de drogas en Estados Unidos”, afirmó Stein. “Instamos a los líderes del Congreso y del poder ejecutivo a poner fin de inmediato a estos ataques antes de que muera alguien más”.
A pesar de la creciente indignación por los bombardeos —que han causado la muerte de al menos 227 personas y que, como señaló Amanda Klasing, directora nacional de relaciones gubernamentales de Amnistía Internacional Estados Unidos, “son ilegales tanto según el derecho internacional como la legislación estadounidense”—, el Congreso controlado por los republicanos no ha aprobado ninguna resolución sobre poderes de guerra destinada a detener la campaña.
“La administración Trump ha matado sumariamente a más de 200 personas durante el último año, jactándose de estas muertes en internet y sin rendir cuentas ante nadie”, declaró Ida Sawyer, directora de la división de crisis, conflictos y armamento de Human Rights Watch. “Las víctimas y sus seres queridos merecen una explicación completa de estas operaciones y justicia por el grave daño que han sufrido”.
Tras una pausa de dos meses en los bombardeos, el gobierno los reanudó la semana pasada con dos ataques que causaron la muerte de al menos seis personas, según publicaciones en redes sociales e imágenes aéreas del Comando Sur. Estos ataques se produjeron tras el anuncio realizado por el Comando Sur a principios de agosto sobre una operación ampliada en toda América Latina denominada Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental.
Tal como señaló MS NOW, “en septiembre y octubre de 2025, cuando comenzaron los ataques, el Comando Sur vinculó tres de ellos con las organizaciones criminales Tren de Aragua y el Ejército de Liberación Nacional. La mayoría de los ataques posteriores se describieron como dirigidos contra ‘una embarcación operada por organizaciones terroristas designadas’. Sin embargo, los dos anuncios militares más recientes sobre ataques simplemente afirmaban que ‘información de inteligencia confirmada reveló la participación activa de la embarcación en el narcotráfico’”.
Brian Finucane, ex asesor jurídico del Departamento de Estado, que ahora asesora al Programa de Estados Unidos en el International Crisis Group, declaró que “están llevando a cabo conductas consideradas como flagrantemente ilegales —incluso delictivas— y no han ofrecido nada que se acerque a una justificación jurídica plausible”.
El memorando de la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia podría ser la “autorización” de la administración, señaló Finucane, pero en realidad no ha fundamentado las afirmaciones de que Estados Unidos esté inmerso en un conflicto armado contra los cárteles que trafican drogas. “Este enfoque de guerra por parte de la administración es totalmente infundado. Se trata de un conflicto armado ficticio, pero las muertes son muy reales”, añadió.
I don’t think there’s really even a colorable argument that this isn’t mass murder.theintercept.com/2026/09/02/m...
— Chris Hayes (@chrislhayes.bsky.social) 2026-09-02T13:00:49.977Z
Varios demócratas del Congreso, desde el líder de la minoría Hakeem Jeffries (Nueva York), hasta el miembro de mayor rango del Comité Judicial, Dick Durbin (Illinois), reiteraron sus críticas a los ataques con explosivos contra embarcaciones.
El senador Ruben Gallego (demócrata por Arizona) declaró: “El ataque más reciente fue hace cuatro días. Llevamos un año de matanzas y esta administración nunca ha acudido al Congreso para justificar ninguna de ellas. Esta no puede ser la forma en que nuestro país entra en guerra”. “El pueblo estadounidense ya está pagando por una guerra que no quería en primer lugar”, continuó, aludiendo a la ofensiva ilegal de seis meses contra Irán. “Combatí en Irak. Sé lo que cuestan estas guerras y sé quién las paga. Utilizaré todas las herramientas a mi alcance como senador de los Estados Unidos para detener esto y defender la Constitución”.
Adam Smith (demócrata por Washington), miembro de mayor rango del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, señaló que “sigue sin estar claro si estas operaciones han marcado alguna diferencia real a la hora de impedir que las drogas ilegales lleguen a Estados Unidos”. “Esto es especialmente cierto en el caso del fentanilo”, observó, sustancia que Trump y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, “han señalado reiteradamente como la razón de estas ejecuciones extrajudiciales, a pesar de que sabemos que es la cocaína —y no el fentanilo— la que habitualmente se transporta en pequeñas embarcaciones desde Sudamérica”.
Smith también criticó al Departamento de Defensa por no “facilitar públicamente los costes de estas operaciones, tanto en términos económicos como de preparación militar”, y declaró: “Nunca antes, en mis más de 20 años en este comité, había visto una falta de transparencia tan alarmante por parte de una administración y del Departamento de Defensa a la hora de informar adecuadamente al Congreso sobre el uso de fuerza militar letal”.
Today marks one year of the Trump administration’s illegal boat strikes campaign that has killed over 225 people.
This is a stain on our country and has done nothing to make America safer. Taxpayer dollars should not be spent on these extrajudicial killings. pic.twitter.com/U5RU6FkyA8
— Rep. Pramila Jayapal (@RepJayapal) September 2, 2026
Sin embargo, dado que los republicanos ostentan mayorías ajustadas en el Congreso y, en su mayoría, siguen negándose a cuestionar seriamente a la administración sobre los ataques con drones —así como otras acciones violentas en todo el mundo—, algunos activistas están intensificando también la presión sobre otros gobiernos.
“La administración Trump ha gozado de total impunidad durante un año en esta campaña de homicidios ilegales y ha declarado abiertamente que no tiene intención de detenerse”, afirmó Sawyer. “Otros países deberían abstenerse de colaborar en estos ataques, y el Congreso debería trabajar con urgencia para frenar las acciones letales de una administración empeñada en violar el derecho internacional”.
Jamil Dakwar, director del Programa de Derechos Humanos de la ACLU, declaró que “la comunidad internacional debe hacer todo lo que esté a su alcance para exigir responsabilidades a la administración Trump por estas ejecuciones extrajudiciales, que constituyen flagrantes violaciones del derecho internacional”. “Ningún otro país debería prestar asistencia que pueda contribuir a estos homicidios ilegales del gobierno estadounidense”, añadió Dakwar, quien reclamó una “investigación internacional independiente sobre esta campaña que ignora la legalidad”.
* Publicado por Common Dreams.
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