¿Messi para pocos?

Desde el final de la gestión CFK el Estado no garantiza el acceso a eventos de interés relevante en TV abierta

 

El domingo 5 de junio de 2022 quedará grabado en la memoria futbolera. El seleccionado argentino de fútbol masculino ganó por goleada uno de sus últimos amistosos antes del Mundial de Qatar. El rival era débil: Estonia. Pero la particularidad es que el capitán albiceleste Lionel Messi convirtió cinco goles por primera vez en su carrera y asombró a las calculadoras, revitalizando números de otra época.

Cuatro días antes, el conjunto nacional había derrotado a los italianos campeones de Europa y Messi pudo alzar la copa intercontinental de selecciones que 29 años antes Diego Maradona mostraba celebrando su regreso. Con 35 años cumplidos pocos días después de esos partidos, el actual 10 argentino ya avisó que tras el Mundial que comenzará el próximo domingo se replanteará su continuidad albiceleste, por lo que es probable que ambas presentaciones hayan sido de las últimas suyas con la camiseta nacional.

Si el zurdo surgido en Newell’s Old Boys hubiera ofrecido algunos de sus pincelazos de despedida frente a Italia y Estonia, miles de argentinos y argentinas no pudieron verlos mientras ocurrían, o debieron recurrir de apuro a los televisores de casas amigas o bares. Ambos juegos se emitieron por cable. La pantalla de la TV Pública permanecía ajena a lo que sucedía con el equipo de Lionel Scaloni.

Varios reclamos se presentaron ante la Defensoría del Público, el organismo creado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) para canalizarlos. La Defensoría elevó las quejas al gobierno nacional, que en casi siete años y bajo dos administraciones de distinto signo político no ha vuelto a poner en marcha el Consejo al que las partes aún vigentes de la ley encargan la elaboración de un listado anual de eventos de interés relevante a ser emitidos para acceso libre en todo el país.

Actuando por delegación y sin efectuar audiencias públicas, en 2017 el Ministerio de Modernización declaró de interés relevante sólo los partidos oficiales del seleccionado mayor argentino a disputarse al año siguiente. Aunque eso incluía al Mundial de Rusia, resultaba una redundancia: la emisión abierta de este tipo de cotejos ya estaba incluida en una ley aprobada 17 años antes, y todavía vigente.

 

 

Un domingo sin fútbol

Los partidos que el equipo argentino jugó en junio frente a Italia y Estonia no pudieron verse por canales de aire porque tales competencias, una oficial intercontinental y la otra amistosa, no estaban previstas en la ley 25.342, sancionada en tiempos de la primera Alianza. Esa normativa sólo incluye a los cotejos organizados por la FIFA, la Confederación Sudamericana de Fútbol o el Comité Olímpico Internacional. Los disputados frente a Italia y Estonia fueron fruto de acuerdos entre entes nacionales, aunque al título otorgado al vencedor del primero la FIFA le asignó –tras varios dimes y diretes— carácter oficial.

La sanción de la LSCA, en 2009, había abierto otra posibilidad: su texto ordenaba la constitución de un Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (COFECA), compuesto por representantes de las provincias, los prestadores con y sin fines de lucro, las emisoras universitarias, los medios públicos, las entidades sindicales del rubro, las sociedades gestoras de derechos y los pueblos originarios.

Entre otras funciones, los artículos 77 al 80 de la ley conferían al Consejo la responsabilidad de garantizar el derecho de acceso de eventos de interés relevante, mediante un listado anual de acontecimientos “respecto de los cuales el ejercicio de los derechos exclusivos deberá ser justo, razonable y no discriminatorio”, cuya cesión “no puede limitar o restringir el derecho a la información”.

El último listado se aprobó el primer día de diciembre de 2015, ocho antes de que Cristina Fernández traspasara el poder al interino Federico Pinedo. Siguiendo los criterios de la legislación en vigencia, incluía las competencias más importantes de fútbol, automovilismo, tenis, boxeo, vóley y rugby, entre otras disciplinas.

A fines de ese mes el nuevo Presidente, Mauricio Macri, podó a su gusto la LSCA mediante un decreto cuya necesidad y urgencia pretendió justificar con tecnicismos y la preocupación por lo que caracterizaba como una “crítica situación del sector de las telecomunicaciones y los medios”.

Con su decretazo, Macri cambió la denominación del COFECA, que pasó a llamarse Consejo Federal de Comunicaciones (COFECO), y varió su conformación a un modelo dispuesto por el Ejecutivo para aumentar el peso relativo de los privados.

Sin embargo, las presentaciones de organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos impidieron que el entonces Presidente eliminara o modificara otros artículos. Entre otros, quedó vigente el que todavía ordena la elaboración anual de listados de eventos de interés relevante –enfatizando en los deportivos– a ser emitidos observando el derecho de acceso de toda la población.

Su inclusión en la LSCA recogía experiencias europeas de regulación y respondía al concepto de que “la existencia de derechos exclusivos acordados entre particulares trae aparejada no sólo la exclusión de parte de la población al ejercicio del derecho de acceso sino, además, una potencial restricción del mercado en cuanto impiden la concurrencia de otros actores”.

 

 

Un Consejo en los papeles

Esa obligación permanece incumplida desde entonces, porque el Consejo Federal de Comunicaciones creado por Macri nunca se constituyó. La decisión de ponerlo en marcha, entienden quienes conocen del tema, depende exclusivamente de la voluntad política. En el sector temen que los tiempos de asegurar lo que queda de la LSCA se acorten, por la proximidad de las elecciones presidenciales de 2023.

Mientras tanto, la inacción perjudica el acceso de las audiencias a eventos de interés relevante y –como apuntó Damián Loretti en la entrevista que concedió a El Cohete– supone un perjuicio para los cable-operadores pequeños del interior, que deben comprar los derechos de retransmisión a las mismas cadenas que compiten contra ellos en la provisión del servicio a los hogares.

Uno de los organismos que participaría con representación en el COFECO es el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupa a las universidades públicas de todo el país. Consultada para esta nota, una de sus autoridades señaló que nunca recibieron convocatoria alguna pero que, en caso de llegar, responderían designando a sus representantes. La fuente ejemplificó con la articulación que desde el CIN llevan a cabo en tres redes inter-universitarias: la audiovisual RENAU, la de prensa institucional REDIAP y la de radios universitarias ARUNA.

Por su parte, la Coalición por una Comunicación Democrática –que en 2004 había propiciado 21 puntos básicos por el derecho a la comunicación, base importante de la discusión posterior por la LSCA– también expresó sus reclamos al gobierno nacional en la materia.

En el documento final de su plenario nacional del 2 de julio último, la Coalición incluyó entre sus demandas la demorada constitución del COFECO “para cumplir con sus misiones y funciones establecidas, incluyendo el calendario de eventos de interés relevante”, y pidió garantizar “la participación y consulta de los actores sociales en la determinación de políticas públicas”.

“Quienes integramos la Coalición vivimos con expectativa el inicio del gobierno” encabezado por Alberto y Cristina Fernández, que implicó el anhelo de “tiempos de reparación de cada una de las conquistas que habían sido arrebatadas”, recordó. Sin embargo, “vemos con profunda preocupación que la agenda en pos de una comunicación más democrática ha quedado empequeñecida o rezagada entre las prioridades políticas”.

 

 

La Coalición por una Comunicación Democrática se reunió en la FATPREN en julio último.

 

 

 

 

Debe y haber

El documento emitido por la Coalición también reclamaba la prórroga a los fondos de asignación específica para la cultura y la comunicación, que por entonces tenía media sanción en Diputados y aguardaba su tratamiento en el Senado, y la promoción e impulso del uso masivo de Televisión Digital Abierta (TDA) “como sistema de acceso gratuito a la información y la cultura”.

Esas demandas comenzaron a ser satisfechas en los últimos meses. El Senado aprobó la prórroga de fondos culturales por medio siglo, hasta diciembre de 2072. De ese modo, se aseguró el financiamiento para la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA) y los institutos nacionales de la Música, el Teatro y del Cine y las Artes Audiovisuales, cuyos recursos habían sido amenazados por una ley sancionada en tiempos del macrismo.

Por otra parte, el Ejecutivo inició una política de promoción de la TDA en todo el territorio nacional, lo que sirve además para compensar una histórica asimetría: desde que Carlos Menem privatizó los canales 11 y 13, las repetidoras de aire de ambos se reparten las ciudades más habitadas, donde no llega la televisión estatal, que sí está presente en un interior profundo que al mercado no le interesó cubrir. Para su último año de mandato, el actual gobierno prevé completar una inversión de 450 millones de pesos en actualización de equipamiento y llegar a diez millones de hogares con la TDA, a la que promociona en las principales transmisiones deportivas.

En tanto, entre la señal de aire de la TV Pública y la de cable de DeporTV se aseguraron para este año las emisiones del Turismo de Carretera, la mitad de los partidos de Qatar 2022, uno por fecha del campeonato de fútbol masculino de primera división (que no suele incluir a los protagonizados por los clubes de mayor arraigo) y los principales del femenino, entre otras competencias. El debate pendiente gira en torno a las nuevas tecnologías y un ejemplo es el del automovilismo: recientemente la Asociación de Corredores de TC anunció un acuerdo con la internacional Motor Play para emitir en una plataforma virtual paga sus pruebas y finales. La TV Pública no comparte en vivo en su web las competencias que todavía se ven en su pantalla de aire.

Más allá de eso, la demora en la constitución del COFECO continúa impidiendo una discusión plural sobre un listado de eventos relevantes para la comunidad.

También obstaculiza otros aspectos de la LSCA que, aún tras los remiendos regresivos de Macri, siguen vigentes. Un ejemplo es la selección de proyectos dentro del FOMECA, que busca redistribuir recursos originados en gravámenes y multas a grandes medios de comunicación en fomento del desarrollo de los comunitarios, de frontera y de pueblos originarios. El proceso se torna mucho más lento al carecer de su instrumentador natural.

Como el COFECO nunca se puso en marcha, sucesivas disposiciones atribuyeron transitoriamente sus funciones a los Ministerios de Comunicaciones y de Modernización. Cuando ambas carteras fueron disueltas, las responsabilidades del COFECO se confirieron –otra vez transitoriamente– a la Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete. Esa escalera por lo transitorio lleva ya casi siete (peld)años.

 

 

 

 

 

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