El próximo 24 de marzo de 2026 nos sitúa frente a un hito de profunda significación histórica y política: se cumplen 50 años del inicio de la última dictadura cívico-militar (1976-1983). Este aniversario no solo convoca a la memoria necesaria sobre el terrorismo de Estado y las violaciones a los derechos humanos, sino que exige un análisis riguroso de las implicancias estratégicas, doctrinarias y operativas que aquel quiebre institucional supuso para las Fuerzas Armadas argentinas.
Como hemos sostenido recientemente, la escena geopolítica nacional ha ingresado en una dimensión de vulnerabilidad que hoy puede caracterizarse sin ambages como una verdadera fase de indefensión, producto de una política exterior de “occidentalización dogmática” y una improvisación alarmante en materia defensivo-militar. Uno de los ejes vertebradores de esta involución es la desprofesionalización castrense motorizada por la politización y la policialización del instrumento militar, un fenómeno que tuvo su clímax en 1976 y cuyos ecos retornan hoy bajo la presidencia de Javier Milei.
De la Doctrina de Defensa Nacional (DDN) a la “desperonización”
La actuación de las Fuerzas Armadas a partir de marzo de 1976 no fue un rayo en cielo sereno, sino el resultado de una metamorfosis doctrinaria [1] iniciada tras el golpe de 1955. Durante los años del primer peronismo (1946-1955), la Argentina se rigió por una Doctrina de Defensa Nacional (DDN) que el propio Juan Perón contribuyó a actualizar y ajustar [2]. Esta concepción clásica postulaba que la guerra era un hecho convencional emergente de agresiones militares externas, previendo un despliegue territorial y una política de formación castrense en consonancia con esos parámetros soberanos.
Sin embargo, la denominada “Revolución Libertadora” llegó impulsada por un afán cancelatorio del peronismo, lo que derivó en una profunda depuración y purga del Ejército para eliminar cualquier rastro de oficiales profesionalistas que se hubieran amoldado a las políticas de defensa instruidas por Perón. Este proceso de “desperonización” de las Fuerzas Armadas fue el tamiz ideológico que justificó la transición incipiente de la DDN a lo que sería tiempo después la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN). La DSN resignificó el sentido del conflicto, desplazando la preocupación hacia el control de la “guerra revolucionaria” y torciendo el foco hacia el enfrentamiento interno. Bajo este esquema, la subversión doméstica —en la que se incluyó de forma insidiosa a la “masa peronista”— fue elevada a la condición de enemigo principal. Esta mudanza doctrinaria tuvo una etapa formativa crucial bajo la influencia francesa tras la llegada de la misión militar de ese país en 1957. Oficiales como Patrice de Naurois y Jean Nouguès, veteranos de Indochina y Argelia, instruyeron a los uniformados argentinos en técnicas de control poblacional y guerra psicológica [3].
Nouguès fue explícito al diagnosticar los avances de esta infraestructura represiva, afirmando textualmente: “Con la creación de una organización territorial militar (zonas de defensa, subzonas y áreas), la Argentina ha sido dotada de la infraestructura antisubversiva que le hacía falta”. El Plan CONINTES (Conmoción Interna del Estado), aplicado bajo el gobierno de Arturo Frondizi (1958-1962) para reprimir la agitación sindical y política, fue la primera gran materialización operativa de este esquema policializador.
De los oficiales franceses a la Escuela de las Américas
A la matriz francesa se sumó, con el correr de los años, una influencia estadounidense determinante en el marco de la contienda bipolar. Como recuerda Ernesto López: “Andando el tiempo —es decir, superada la etapa de influencia francesa— estas características se perfilaron mejor o se acrecentaron. Por ejemplo, con la plena instalación de la lógica de la Guerra Fría, quedó clara para la región —y por tanto, también para la Argentina— una división del trabajo. A Estados Unidos le correspondía proveer seguridad en términos de enfrentar amenazas internacionales (…) A cada uno de los países de la región le competía velar por la seguridad interior y controlar la subversión” [4].
Un hito fundamental en este proceso fue la creación, en 1946, de la Escuela de las Américas en Panamá (establecida originalmente como el Latin American Training Center-Ground Division en Fort Amador). Este centro se convirtió en la principal usina de adoctrinamiento contrainsurgente para los oficiales latinoamericanos, promoviendo una visión donde la seguridad regional era vista por Washington como la suma de las seguridades internas de cada país frente a la influencia soviética. Allí tomaron cursos, por ejemplo, los dictadores argentinos Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola y Leopoldo Fortunato Galtieri, el chileno Augusto Pinochet y el boliviano Hugo Bánzer.
Desde la administración de John F. Kennedy (1961-1963), a principios de los años ‘60, los Estados Unidos impulsaron un enfoque flexible que ponía en pie de igualdad las guerras irregulares con los conflictos convencionales. Se creó el “Grupo Especial Contrainsurgente” con el fin de promover esta doctrina, exigiendo que las fuerzas armadas locales asumieran funciones policiales y de “acción cívica” para socavar el “atractivo” de los movimientos radicales insurgentes [5].
Hacia principios de los ‘80, bajo la administración de Ronald Reagan (1981-1989), esta visión evolucionó hacia la “Guerra de Baja Intensidad” (GBI). La GBI amplió el espectro de misiones militares hacia las denominadas “nuevas amenazas” como el antiterrorismo y los operativos antidrogas, profundizando la policialización de las fuerzas periféricas [6].
Para la Argentina, todo esto significó que sus hombres de armas, a priori formados para la defensa interestatal, terminaran siendo adiestrados y equipados durante más de tres décadas para enfrentar al “enemigo ideológico interno”, actuando como caja de resonancia de los intereses del Pentágono durante la Guerra Fría (1947-1991).
La cuadrícula del horror y el emblema de la degradación
En términos operativos, el denominado “Proceso de Reorganización Nacional” (1976-1983) perfeccionó una organización territorial crecientemente destinada a la eficacia represiva, apoyándose en cinco zonas de defensa (coincidentes con los Cuerpos de Ejército) que se fraccionaron en subzonas, áreas y subáreas.
Esta estructura se montó sobre la organización administrativa preexistente, subordinando operacionalmente a todas las fuerzas de seguridad y penitenciarias al mando militar. La lógica de esta división era la dirección centralizada y la ejecución descentralizada, otorgando a cada comandante de zona o área la “más amplia libertad de acción” para detectar y “aniquilar” al enemigo dentro de su jurisdicción.
El resultado fue un instrumento militar obsesionado con la inteligencia interna y el control poblacional, lo que vació de contenido profesional la preparación para el combate convencional. Tal vez el caso más emblemático de esta desnaturalización sea el del ex marino y represor Alfredo Astiz. El “Ángel de la muerte” personifica cabalmente la degradación policializante de las Fuerzas Armadas a la que condujo el último régimen militar. En efecto, fue el oficial de Inteligencia Naval que se infiltró entre las Madres de Plaza de Mayo para señalar blancos de secuestro y desaparición.
Sin embargo, esta especialización en la represión interna mostró su futilidad profesional durante la Guerra de Malvinas. Al mando del grupo “Alfa” en las islas Georgias del Sur, Astiz no cumplió con la instrucción recibida de “resistir hasta las últimas consecuencias” y terminó firmando una rendición incondicional sin haber disparado un solo tiro. Su trayectoria demuestra hasta qué punto un militar formado para la inteligencia interna y el secuestro de civiles carece de la aptitud profesional necesaria para enfrentar a un enemigo militar estatal en un escenario de guerra convencional.
Malvinas, Rattenbach y las consecuencias de la policialización
La prueba de fuego para este modelo de Fuerzas Armadas policializadas fue la Guerra de Malvinas de 1982. El conflicto del Atlántico Sur exhibió con crudeza cómo décadas de adiestramiento y adoctrinamiento alejados de la misión principal condujeron a un rotundo fracaso estratégico y operacional. Como documentó el célebre Informe Rattenbach [7], la conducción política y militar de la dictadura —envalentonada por su supuesta pericia en la lucha antisubversiva— improvisó en casi todos los niveles del planeamiento bélico.
El informe destaca falencias imperdonables que son consecuencia directa de la desprofesionalización [8]: el quebrantamiento de las normas más elementales de planificación, la inexistencia de un plan concreto de defensa ante una reacción británica de magnitud y una deficiente preparación logística, área en la que el informe sentencia de modo lapidario que “no se puede improvisar”. Asimismo, se evidenció una falta de inteligencia estratégica nacional y militar, lo que implicó un desconocimiento de los ambientes geográficos de interés, y una carencia absoluta de adiestramiento para la acción militar conjunta, actuando las fuerzas en compartimentos estancos sin integración ni convergencia de esfuerzos.
El Informe Rattenbach advirtió que la paz se logra mediante una adecuada preparación para disuadir a los enemigos potenciales, algo que la dictadura descuidó al volcar todos sus recursos al control interno. Ignorar estas enseñanzas hoy —como ocurre en todas las currículas castrenses dependientes de la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF) que, increíblemente (o no tanto en una institución conducida por un experto en “indios blancos” y mestizaje social durante el siglo XIX), omiten este documento fundamental [9]— facilita la repetición de un giro hacia la indefensión nacional.
El consenso democrático y las “Nuevas Amenazas”
Con la recuperación y consolidación de la democracia a partir de 1983, la Argentina alcanzó un “consenso histórico” plasmado en un entramado normativo robusto: las leyes de Defensa Nacional (1988), de Seguridad Interior (1992) y de Inteligencia Nacional (2001). Estas normas establecieron una división taxativa entre defensa externa y seguridad interior, buscando garantizar la profesionalización militar enfocada en su misión principal: repeler agresiones militares extranjeras.
Este marco no fue producto de prejuicios ideológicos, sino de lecciones técnico-militares legadas por el fracaso de Malvinas y el horror de la dictadura. Como hemos desarrollado extensamente, existen sólidos fundamentos técnicos para rechazar el empleo de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico, el “narcoterrorismo” o, más ampliamente, el universo de las denominadas “Nuevas Amenazas”.
Primero, los militares difieren de los policías en sus objetivos, medios y formación: las estructuras castrenses no están preparadas para el uso gradual y proporcional de la fuerza, ya que su adiestramiento se basa en el uso máximo del poder coercitivo en la guerra, lo que en seguridad pública conlleva una letalidad inaceptable.
Segundo, el narcotráfico en su estadio actual en la Argentina no emplea sistemas de armas mayores ni tácticas militares, por lo que el instrumento militar es una herramienta inadecuada e ineficiente para combatirlo. Para ello existen fuerzas intermedias como Gendarmería o Prefectura, a la vez que la Argentina es una de las naciones del continente con mayor cantidad de policías per cápita. Según el Observatorio Interamericano de Seguridad de la OEA, se encuentra casi al tope de la región con 803 policías cada 100.000 habitantes, solo por detrás de San Vicente y las Granadinas (976), Uruguay (881), Saint Kitts y Nevis (875) y Grenada (838).
Tercero, la lucha contra la criminalidad compleja requiere capacidades de auxiliares de la justicia y saberes específicos en inteligencia criminal e investigación que están ausentes en los programas de estudio de los oficiales de las Fuerzas Armadas. Emplear militares como policías es, en definitiva, ineficiente, y solo conduce a la corrupción del instrumento militar, como ha quedado demostrado en los fracasos de México y Colombia, tal cual lo han reconocido sus expresidentes —otrora abanderados de la “guerra contra las drogas”— Enrique Peña Nieto y Juan Manuel Santos.
La deriva del mileísmo
A pesar de estas evidencias, el gobierno de Javier Milei está impulsando un peligroso viraje hacia la desprofesionalización castrense producto de la convergencia de dos procesos: la “occidentalización dogmática” y la “desnacionalización estratégica”, fenómenos ampliamente analizados en artículos previos de El Cohete.
La administración actual, en definitiva, desdeña el consenso democrático y procura convertir a las Fuerzas Armadas en una suerte de guardia nacional o policía de fronteras, subordinando la misión principal a una agenda del Pentágono que prioriza los “desafíos multifacéticos” de seguridad sobre la competencia estratégica interestatal.
Las novedades más recientes de la cartera confirman esta tendencia: la adhesión de Milei al “Escudo de las Américas” y la participación del ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, en la Conferencia Anticárteles en Miami —temas que competen en nuestro plexo jurídico exclusivamente a la seguridad interior— marcan una grave distorsión funcional de la cartera de Defensa.
Este deterioro institucional de las Fuerzas Armadas se complementa con un flagrante incumplimiento del Ciclo de Planeamiento de la Defensa Nacional (CPDN). Tras 27 meses de gestión, el gobierno nacional —producto de la incompetencia de los funcionarios que nutren la peor gestión en Defensa desde 1983— no ha emitido la Directiva de Política de Defensa Nacional (DPDN), principal documento del sector, dejando al área en una suerte de “agujero negro estratégico” mientras espera adaptar sus borradores a la Estrategia de Defensa Nacional de los Estados Unidos (EDN 2026).
A esta deriva se suma el lanzamiento, a mediados del año pasado, de la “Operación Roca”, que habilita a efectivos militares a realizar detenciones en flagrancia en fronteras, asimilando sus reglas de empeñamiento a las de las fuerzas policiales. Este vuelco a tareas de “gendarmerización” desvía recursos y atención de intereses vitales como la protección de la soberanía en el Atlántico Sur, en un mundo donde potencias como el Reino Unido refuerzan su visión soberana y su preparación para la guerra.
Memoria, soberanía e intereses vitales
A 50 años del golpe de 1976, es imperativo que nuestra memoria colectiva se extienda de los derechos humanos hacia las enseñanzas estratégicas, doctrinarias y operativas que nos legó aquel periodo nefasto.
El abandono de la Doctrina de Defensa Nacional (DDN), la adopción de la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) y la “policialización” de los militares no solo generaron una verdadera tragedia para la sociedad argentina, sino que anularon la capacidad de defensa soberana de la Nación, como quedó probado en la derrota de 1982.
Hoy, en un contexto hemisférico donde Estados Unidos y el gobierno de Milei pretenden que nuestros militares actúen como policías de frontera, se corre el riesgo de repetir el camino hacia la indefensión crítica. La politización de los uniformados, con un ministro militar —que no ha pasado a situación de retiro— llamando “líder” al Presidente ante autoridades extranjeras, rompe con la profesionalidad institucional necesaria para un país con territorio ocupado por una potencia extranjera.
La memoria debe servir para reivindicar el consenso esencial de la defensa alcanzado en democracia y evitar que la Argentina sea reducida a una mera correa de transmisión de agendas ajenas. Esta situación solamente nos lleva, vía policialización, a desentendernos de las preocupaciones soberanas relativas al Atlántico Sur, a nuestros recursos naturales y a nuestra proyección estratégica sobre el continente antártico.
La verdadera profesionalización exige militares adiestrados para su misión fundamental, respetando las leyes que costó medio siglo de tragedias consolidar.
* Luciano Anzelini es doctor en Ciencias Sociales (UBA) y profesor de Relaciones Internacionales (UBA-UNSAM-UNQ-UTDT)
[1] La doctrina militar es el conjunto de preceptos que determinan la forma en que las Fuerzas Armadas de un país se encuentran adiestradas, equipadas y organizadas para llevar adelante operativos militares. Según Michael Klare, la doctrina “está situada en medio de la ‘gran estrategia’, constituida por los objetivos geopolíticos permanentes de una nación (…) y las ‘técnicas’ que son los principios básicos de guerra que rigen las maniobras de combate”. Ver Klare, M. (1990). “El ímpetu intervencionista: la doctrina militar estadounidense de la Guerra de Baja Intensidad”. En Klare, M. T., Kornbluh, P., & Castillo, A. (eds). Contrainsurgencia, proinsurgencia y antiterrorismo en los 80: El arte de la guerra de baja intensidad. México: Grijalbo.
[2] Se sugiere consultar la conferencia “Significado de la defensa nacional desde el punto de vista militar”, disponible en Perón, J. D. (1982). Perón y las Fuerzas Armadas. Buenos Aires: Peña Lillo.
[3] Un excelente abordaje de este asunto puede encontrarse en López, E. (2010). “La introducción de la Doctrina de la Seguridad Nacional en el Ejército Argentino”. En Moreno, O. (coord.). La construcción de la Nación Argentina. El rol de las Fuerzas Armadas. Buenos Aires: Ministerio de Defensa, pp. 389-401.
[4] Ibídem, p. 401.
[5] Ver Klare, M. T., Kornbluh, P., & Castillo, A. (eds)., op. cit.
[6] Ibídem.
[7] Se conoce como Informe Rattenbach al documento elaborado por la Comisión de Análisis y Evaluación de las Responsabilidades Políticas y Estratégico Militares en el Conflicto del Atlántico Sur, creada bajo el gobierno de facto del general Reynaldo Bignone (1982-83) con el fin de analizar y evaluar el desempeño de las Fuerzas Armadas argentinas durante la Guerra de Malvinas.
[8] Referir a la desprofesionalización castrense exhibida en la guerra de Malvinas no significa desconocer la destreza y el desempeño de muchos integrantes de las Fuerzas Armadas argentinas en el campo de batalla. Como describe el Informe Rattenbach en sus apartados 882 y 883: “Existen numerosos actos de valor extraordinario, producidos en todas las FF. AA. (Fuerzas Armadas) y FF. SS. (Fuerzas de Seguridad) en el teatro de operaciones, por quienes, sirviendo a su deber, acreditaron la vigencia de nuestras mejores tradiciones castrenses”.
[9] Una investigación inédita de Sergio Eissa y Sol Gastaldi revela que solo un curso —entre los 44 que se dictan en el Colegio Militar, la Escuela Naval Militar, la Escuela de Aviación Militar, la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral, la Escuela de Suboficiales de Córdoba, la Escuela de Suboficiales de la Armada Argentina, el Instituto de Formación Ezeiza, la Escuela Superior de Guerra, la Escuela de Guerra Aérea, la Escuela de Guerra Naval y la Escuela Superior de Guerra Conjunta— incorpora como material obligatorio de estudio al Informe Rattenbach.