MODUS OPERANDI

La respuesta a las necesidades de enfermeras y enfermeros no puede ser burocrática o represiva

 

La letra con sangre entra

El jueves 1 de octubre, una marcha de trabajadores de la salud se movilizó desde el Congreso hacia la Legislatura porteña para insistir con su reclamo por el reconocimiento de la enfermería como profesión. Uno de ellos manifestó: «El bono que entrega el gobierno para profesionales de la salud es de 20.000 pesos pero para enfermería es de la mitad (…) ¿Qué pasa, que nuestras vidas valen la mitad?»

Diez días antes, la pandemia de coronavirus en la Argentina ya había causado la muerte de 13.053 personas y entre ellas las de 80 trabajadores de la salud de los que dos de cada tres eran profesionales de enfermería. Para ese entonces, el sistema de salud había llegado al límite de su expansión en camas porque el número de profesionales especializados para su atención no podía crecer en la misma proporción. Las enfermeras y enfermeros ya habían reclamado en marzo por la falta de personal y la provisión de elementos de protección personal, pero la variable de ajuste en el intento de dar funcionalidad a esas camas era la multiplicación del trabajo de los profesionales disponibles. Y estos se encontraban agotados y mal pagos. Las tareas esenciales que debían dar no eran igualmente esenciales a la hora de lo que debían recibir.

Ese 21 de septiembre, día de la Sanidad, y en ese contexto, una marcha de enfermeras y enfermeros se había dirigido a la Legislatura con el fin de presentar un petitorio en el que solicitaban el reconocimiento de su carrera profesional y su inclusión dentro de las profesiones de la salud contempladas por la ley 6305/18 que regula las relaciones de empleo público de los profesionales de salud en la Ciudad de Buenos Aires. La norma considera incluidas como tales profesiones a 24 carreras universitarias desde médicos a veterinarios y desde licenciados en psicología hasta licenciados en musicoterapia. Sin embargo, los profesionales de enfermería no están incluidos.

Cuando desde la marcha quisieron ingresar a la Mesa de Entradas de la Legislatura a dejar su petitorio, les cerraron la puerta y la policía descargó su represión hiriendo a varios de ellos. Ver a algunas enfermeras sangrando por los golpes resultó profundamente indignante. La Metropolitana se repetía, como el neurótico. Con una diferencia: el castigo de su pulsión represiva tenía su origen en los fantasmas de otros inconscientes —el de los funcionarios a los que se subordinan—, puestos en acto a través suyo.

 

 

Ese vicio de la Policía Metropolitana de reprimir la protesta social y en particular a los trabajadores de salud, tiene su historia y es una seña de identidad adquirida en las jefaturas de gobierno de Mauricio Macri y sostenida durante la gestión  de Rodríguez Larreta para desarrollar sus fines.

 

 

Menos es más

El Decreto 297 del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires del 13 de septiembre de 2018, consideraba que el Ministerio de Salud a cargo de Ana María Bou Pérez propiciaba el desarrollo del proyecto «Complejo Hospitalario Sur» para integrar en el predio del Hospital Muñiz a este hospital con el Instituto de Rehabilitación Psicofísica y los hospitales Carlos Bonorino Udaondo, María Ferrer y Marie Curie. Ya en 2010 Mauricio Macri había adelantado el bosquejo del proyecto planeando cerrar los hospitales Udaondo y María Ferrer.

 

 

Aquella creación de la Unidad de Proyectos Especiales Complejo Hospitalario Sur, sin pasar por la Legislatura y sin mayores explicaciones, fue denunciada por su intento de negocio inmobiliario para favorecer los negocios de la construcción de nuevos edificios mientras se liberaban cientos de hectáreas de alto valor en la Ciudad. Pero tras varias marchas de repudio por la comunidad de trabajadores de salud, y cuando ya todos los emprendimientos de Macri llevaban a la ruina, el 26 de noviembre de 2019 el jefe de gabinete porteño Felipe Miguel anunciaba en la Legislatura que el proyecto se había desactivado.

Dos años antes del Decreto 297, en noviembre de 2016, se anunció la construcción de un nuevo edificio para el Hospital de Clínicas de la UBA. Se esperaba terminarlo para 2019. El Ministerio de Educación y la Universidad de Buenos Aires habían suscripto un convenio para llevar a cabo el proyecto. La Ciudad construiría un hospital más chico y moderno sobre la calle Paraguay, en el terreno de una playa de estacionamiento de la UBA. Aunque se dijo que el viejo hospital pasaría a tener funciones de docencia e investigación, y residencia universitaria, en la comunidad de salud crecía el supuesto de una estrategia inmobiliaria: hacer un hospital más chico era un negocio muy grande. Y la resistencia no se hizo esperar. A finales de 2019 el proyecto había sido desactivado según el Ministerio de Educación a cargo de Alejandro Finocchiaro.

 

 

Demoler la salud es negocio

Tres años antes del anuncio del proyecto Hospital de Clínicas, el 26 de abril de 2013 a la madrugada, 400 policías de la Metropolitana ingresaron al Hospital Borda sin orden judicial, tras cortar la cadena de un portón trasero. Con ellos ingresó una cuadrilla de trabajadores con  varias topadoras. Su objetivo era demoler un taller terapéutico para construir en su lugar al Centro Cívico de la Ciudad. Era un plan inmobiliario. Achicarle espacio a la salud era un buen negocio. Profesionales de salud, pacientes, y organizaciones gremiales y políticas, quisieron evitarlo. Sólo pusieron su cuerpo para hacerlo. Entonces, los policías reprimieron con saña golpeando y disparando en modo inhumano y degradante a los cuerpos de esa resistencia.

 

 

Era la segunda gestión de Mauricio Macri en la Ciudad (2011-2015), acompañado por Horacio Rodríguez Larreta como jefe de Gabinete de Ministros. En la primera (2007-2011) había vetado, entre otras leyes reparatorias en derechos humanos, a la ley 3.298 que tenía como objeto «la prevención de torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en los lugares de detención e internación, públicos y privados». El artículo 3° de aquella ley consideraba entre esos lugares de detención o internación a los hospitales psiquiátricos. El Hospital Borda era el ejemplo mayor de todos ellos. Lejos de prevenirlos, la Metropolitana era ejecutora de esos tratos y penas.

 

 

Todos los funcionarios denunciados penalmente, entre ellos Macri, Vidal y Rodríguez Larreta, fueron sobreseídos en 2016, cuando Macri era Presidente y ya había puesto en marcha su estrategia de subordinación del Poder Judicial a su imperio. Pero el sobreseimiento del jefe y subjefe de la Policía Metropolitana de entonces, Horacio Giménez y Enrique Pedace, por abuso de autoridad y lesiones, fue anulado por la Cámara Nacional de Casación Penal. El modus operandi era inocultable.

 

 

Curar y cuidar

En mayo de este año se constituyó la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica de España tras el Covid-19. Uno de los ejes de trabajo propuestos para la misma fue el refuerzo de la sanidad pública. A principios de junio, el Consejo General de Enfermería de España elevó a la Comisión la propuesta de doce medidas a implementar. El punto de partida de las mismas era la planificación de los recursos humanos. En primer lugar el Consejo recomendaba mejorar las condiciones socio-laborales e incrementar el número de profesionales de enfermería para pasar de la relación actual de 6 profesionales cada 1.000 habitantes en España, con grandes diferencias entre las distintas Comunidades Autónomas, a una relación más cercana a la de otros países europeos que es de 8.5 profesionales cada 1.000.

El Consejo también proponía pasar del modelo del «curar» al del «cuidar». Y en este marco potenciar el perfil profesional de enfermería como responsable de cuidados en salud y favorecer las especializaciones dentro de la profesión de enfermería. En consonancia con su titulación universitaria, los/las profesionales de enfermería deberían acceder a cargos directivos y de gestión en los establecimientos y organismos de salud.

 

 

El llamado de la enfermería

 

 

Nada de esto aparece en las respuestas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ante una evidencia que ofende la mirada del más distraído o desinformado, las respuestas gubernamentales son burocráticas o represivas. Por un lado se escuchan los argumentos típicos de la burocracia que apela a lo que la letra dice, sin detenerse a ver la racionalidad de las normas. Por otro lado, si la respuesta burocrática no convence, se repite el uso de la represión.

Es verdad que en el conjunto total del personal de enfermería sólo poco más del 10% son graduados universitarios y otro 40% enfermeros profesionales porque los demás son auxiliares o técnicos. Y que el debate sobre el profesionalismo en enfermería emerge hace tan sólo 60 años. Pero también es verdad que cuando Florence Nightingale reflexionaba sobre la enfermería naciente en 1893, prefería hablar de «llamado» antes que de «profesión» porque consideraba a la tarea de enfermería como un imperativo moral antes que unos saberes puestos en práctica.

Por eso los funcionarios de la Ciudad deberían revisar cómo, desde sus orígenes, la enfermería como «profesión» es considerada desde dos visiones. Una es la que la ve desde «afuera» como un saber «aplicado»: así el conocimiento teórico (tecno-científico) es el que modula el carácter «profesional» de la enfermería y su reconocimiento. Otra es la visión que mira a la enfermería desde «adentro», al pensar en ella desde el saber práctico que modula el ejercicio y se fortalece con el saber teórico. Así lo han dicho Anne Bishop (1995) y Patricia Benner (1984), entre otros muchos autores. Esta diferencia de visiones no se salda a los golpes.

La dimensión de la enfermería que supone el compromiso con el cuidado de los pacientes hasta exponerse a la enfermedad y la muerte en cualquier tiempo y especialmente en pandemia, es parte del conflicto entre el reduccionismo aplicado a una visión mercantil y una visión epistemológica y moral más profunda de esa profesión. Hace falta el doble de las enfermeras/os que hoy tenemos y garantizarles mejores condiciones de trabajo, hace falta más y mejor capacitación y un reconocimiento de la tarea esencial para el bien común que la enfermería supone. La respuesta a estas necesidades no puede ser burocrática o represiva. Las respuestas han de estar a la altura del lugar social humanizante y dignificante que la enfermería nos entrega. Pero el modus operandi del gobierno porteño sólo confirma, una y otra vez, una finalidad contraria.

 

 

 

 

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