Morales deshoja la margarita

El carcelero jujeño ordenó despublicar el Boletín Oficial de la provincia porque no le dan los votos

 

Si algo le faltaba al proceso de reforma parcial de la Constitución de Jujuy para ser más escandaloso era una transgresión muy evidente. Y esto fue lo que pasó el viernes último, con la edición 113 del Boletín Oficial.

Cuando Gerardo Morales anunció el proyecto de ley de modificación de la Carta Magna jujeña, realizó una puesta en escena en la explanada de la Casa de Gobierno provincial, planteando solamente algunos de los temas propuestos y ocultando otros.

Los temas especialmente incluidos, como la protección integral de las mascotas, la prohibición de cortes de rutas o de terceros mandatos, fueron los que surgieron de las encuestas que diariamente realizan en Jujuy y que servirían como anzuelo.

Otros temas, como el cambio de régimen de garantías judiciales de los ciudadanos, la inamovilidad de los jueces o el régimen de rendición de cuentas, fueron solapados, ocultos a la vista del común de la ciudadanía, que está más preocupada por la suba de precios de los alimentos y la caída del salario real.

Luego de un debate parlamentario express, en tan solo 14 días –tomando como fecha de largada la presentación del proyecto el 13 de septiembre–, la Legislatura de Jujuy aprobó el martes 27 la ley que declaraba la necesidad de reforma parcial de la Constitución provincial.

Para conseguir la mayoría agravada que requiere la Constitución obtuvo la ayuda del diputado peronista Fernando Posadas, que responde al mandamás del PJ jujeño, Rubén Rivarola. Fue por orden de Rivarola que Posadas votó afirmativamente la reforma propuesta por Morales, presentando ante la ciudadanía jujeña lo que era un secreto a voces: la sociedad política de Morales & Rivarola. Luego de la votación, y ante la indignación de los jujeños por el cambio de votos, Posadas renunció al bloque del PJ y a su afiliación partidaria, obviamente reteniendo la banca: a los sueldos no se renuncia.

 

Rivarola y Morales.

 

Más allá de aburridas consideraciones jurídicas, el objetivo real de la reforma constitucional en Jujuy es consolidar el modelo autocrático que lleva adelante Gerardo Morales y –a pesar de su promesa de no buscar la re-reelección–, lograr dos nuevos mandatos, como lo anticipara el intendente de Ledesma, Oscar Jayat, quien en un acto público en la ciudad azucarera manifestó que los dos mandatos son a partir de la nueva Constitución.

Terminado el debate parlamentario, dos minutos antes de votar el proyecto de ley, el presidente de la bancada radical Alberto Piki Bernis pidió la palabra para decir que el dictamen de mayoría tenía un “error de tipeo”: se habían olvidado de incluir la necesidad de reforma del artículo 108 de Constitución. Obviamente lo incluyeron sin ningún tipo de debate, sin que nadie lo supiera hasta ese momento, y se pasó a la votación.

Esa norma del artículo 108, incorporada de sopetón, establece el régimen de inmunidades (más conocidos como fueros) de los representantes elegidos por el voto popular en Jujuy. Los fueros son la garantía que tienen los opositores para poder denunciar al poder de turno y son necesarios para el control de los gobiernos. Como sabemos, las mayorías políticas se cuidan solas, por eso es necesario que quienes representan a las minorías políticas tengan un régimen de garantías e inmunidades. No se puede consolidar una autocracia como pretende Morales con un régimen de fueros.

Lo más interesante empezó luego de aprobada la ley de reforma. El tramite empezó a ralentizarse y Morales a demorar su promulgación y publicación. La fecha prevista para la elección de diputados constituyentes era el domingo 11 de diciembre, en pleno Mundial de Fútbol. Para ello habían armado hasta un cronograma desde el Tribunal Electoral, acortando los plazos que establece el Código Electoral Jujeño.

 

 

Pero el 3 de octubre, los sectores del campo nacional y popular de Jujuy crearon el Frente Electoral ¡No a la Reforma!, integrado por 18 partidos opositores, excepto el PJ, con una única finalidad: evitar la modificación de la Constitución provincial por considerarla “inoportuna, inconsulta, apresurada y llena de inconsistencias”.

 

 

Cada día que pasaba, con encuestas que no eran buenas y la alineación de la oposición en el Frente, se demoraba más la publicación de la ley, porque además debía convocar a elecciones.

El viernes 7 en Jujuy fue feriado doble: el primero en honor a la patrona provincial, Nuestra Señora del Rosario de Río Blanco y Paypaya, y el segundo con fines turísticos. Mientras los jujeños participábamos de la procesión de la Virgen, a las 12.17, el Boletín Oficial de Jujuy, que se publica lunes, miércoles y viernes, por primera vez se editó en un feriado. La edición 113 incluyó como primera norma la ley 6.302 de declaración de necesidad de reforma parcial de la Constitución de la Provincia de Jujuy.

Pero allí había un error: la Constitución de Jujuy establece en su artículo 98, párrafo 3º, que con la publicación de la ley que declara la necesidad de reforma el gobernador debe convocar –en el mismo acto– a elecciones de Convencionales Constituyentes, y Morales no lo hizo, ya que hoy no tiene la certeza de ganar esa elección. Ese incumplimiento de la norma constitucional nulifica todo el proceso, por violación de una de las formas esenciales.

Advertido del grosero error, ¿cuál fue la mejor idea que tuvo Morales? Mandó a bajar en horas de la noche la publicación del Boletín Oficial 113 y a subir una nueva edición pero sin la ley 6.302. Literalmente “despublicó” (permítanme el neologismo) la ley de reforma constitucional, con el claro objetivo de seguir “orejeando” las cartas. En 21 años de ejercicio de la abogacía jamás vi algo similar, completamente ilegal.

 

Antes (arriba) y después (abajo).

 

Esta reforma constitucional signada por sospechas, mentiras, ocultamientos, fraudes, marchas y contramarchas, y ahora también “despublicaciones”, es la consecuencia de haber usado a nuestra provincia como el laboratorio de ensayo de las políticas que luego aplicó Mauricio Macri a nivel nacional. Esta reforma es la prueba acabada de la impunidad con la que Morales gobierna de manera autócrata la hermosa provincia de Jujuy.

 

 

 

 

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