Tantas declamaciones teñidas de ideologías acerca de los problemas argentinos han generado una espesa bruma que cada día nos aleja más de llegar a entenderlos. Se ha alcanzado a confundir al respecto a la ciudadanía y a decepcionarla tanto, al punto de ya haber desacreditado a la política en medio de batallas mediáticas de slogans con descabelladas soluciones y propuestas. Mientras, los problemas del país se agravan, la población sufre, el territorio se enferma, es enajenado y esquilmado.
A todo esto, la motosierra encendida de Javier Milei se convirtió en símbolo del Presidente de Argentina, quien prometió cortar el gasto y reducir el Estado para sacar al país de la crisis.
Algunas preguntas al respecto sobrevuelan en los medios y entre la ciudadanía: ¿será necesario deshacernos de los hospitales públicos para mejorar la salud? La importación masiva de mercancías de todo tipo, ¿mejorará la economía de los argentinos? El Estado, ¿debe o no controlar los medicamentos?
Lo que se cuestiona es al Estado. Primeramente, en esta época “economicista”, por el "gasto" que implica; luego, por su tamaño, por sus alcances (¿tiene que controlar las vías navegables?; ¿debe asistir a quienes estén desocupados?) y por las “ineficientes” prestaciones que brinda.
A propósito de ello, es mi intención aportar algunos elementos para repensar el Estado deseado, necesario, su tamaño y su calidad.
El Estado no es una empresa que deba maximizar sus beneficios. En lo que respecta a su dimensión, cabe señalar que, en un país en el que la sociedad se desenvuelve sin sobresaltos, el Estado debería apenas acompañar ese desarrollo con un reducido gasto. En cambio, en un país que necesita impulsar su desarrollo (sea este sectorial, regional o ambos), el fomento estatal puede ser necesario (a veces, imprescindible) y, para ello, hasta que se alcance ese desarrollo, el Estado puede atravesar años en que necesite gastar más de lo que recaude.
Últimamente hay países que votan gobiernos darwinistas, donde se intenta que el Estado se ocupe apenas de la seguridad nacional, de la Policía y la Justicia, mientras se desentiende de la economía, la educación, la salud. Un proyecto de país en el cual sobrevivan los individuos y las jurisdicciones más fuertes, los que tengan más recursos; y donde los más débiles tengan como destino su desaparición. Este es el modelo implementado sin redes para los caídos (tanto humanos desempleados como incluso proyectos exitosos de instituciones tecnológicas de avanzada como INVAP y CONEA) por el mileísmo.[1]
El Estado puede optar por ocuparse no sólo del presente, sino también del futuro de la población, mientras otros Estados se ocupan sólo del presente. En el primer caso, los gastos serán mayores que los del segundo. La decisión dependerá del Estado y de si estima que podría conseguir el apoyo de la población para invertir en el futuro del país.
Hasta aquí presentamos al Estado exclusivamente desde el ángulo del gasto. En lo que respecta a los ingresos (necesarios para efectivizar dichos gastos), cada gobierno, una vez que decide sus gastos y los valoriza, debe recurrir a lograr el financiamiento mediante impuestos a aplicar a la población; en el caso argentino, previa discusión y aprobación del Congreso de la Nación. A tal efecto, el gobierno debe previamente evaluar la disposición a pagar de la población —indicando en el pedido si es por gastos extraordinarios— y motivarla a fin de lograr recaudar el suficiente dinero. Si lo recaudado no alcanzara para pagar dichos gastos, puede emitir deuda y más adelante ir viendo cómo hacer para lograr que la población pague lo suficiente para aquel nivel de gasto o, en caso contrario, puede retrotraer ese gasto adicional.
Vale la pena ejemplificar algo de lo planteado mediante una problemática cada vez más recurrente en casi todo el país que involucra a la sociedad y al Estado, como es el caso de las inundaciones.
La intendenta de Vera, provincia de Santa Fe, comunicó hace dos meses: “En seis horas llovió más de lo que llueve en un año. El epicentro fue el casco urbano, y la ciudad entera quedó bajo el agua”, detalló. También, denunció que diez obras financiadas por Nación fueron canceladas por decisión del Presidente Javier Milei. “La provincia está intentando hacerse cargo de las obras que la Nación abandonó, pero necesitamos que la obra pública continúe”, remarcó.
Numerosas inundaciones de considerable magnitud ocurren con una mayor frecuencia en diversos lugares del país, provocando pérdida de vidas humanas, viviendas, puentes y caminos, incluso en provincias que vienen de décadas de sequía como Córdoba. Al respecto, cabe señalar que el control apropiado de inundaciones no depende mayormente de aplicar mucho dinero en inversiones, sino antes que nada de atender las causas de estas y, luego, proceder a planificar formas adecuadas de ocupación del territorio en pos de minimizar aquellas ocurrencias devastadoras. O sea, primordialmente se requieren equipos interdisciplinarios especializados, coordinando acciones entre diferentes dependencias públicas y jurisdicciones involucradas. Luego sí, se puede llegar a identificar algunas obras hidráulicas imprescindibles en áreas específicas.
Pero el arte del control económico, social y ambiental de inundaciones pasa por la inteligente prevención de estas, regulando el uso del suelo de zonas críticas para las distintas actividades de acuerdo con la aptitud del territorio para ellas, en función del aprovechamiento del ambiente para todas las actividades que no lo degraden, sino que mantengan la capacidad natural de absorción de agua del suelo. Para acometer la aludida prevención, se debe contar con un equipo profesional apto en planificación rural/urbana con dimensión ambiental, junto a la capacidad política para decidir lo mejor para toda la sociedad, les guste o no a los poderosos interesados en maximizar exclusivamente sus beneficios privados.
Entre esos intereses están los de especuladores inmobiliarios (siempre atentos a tierras baratas donde construir barrios privados cercanos a ciudades; sojeros en procura de extender la frontera del cultivo, y ganaderos dispuestos a llevar sus rodeos a renovados sitios verdes).
A propósito de ello, en la última instancia de la planificación, el poder político requiere presentar el proyecto de solución diseñado ante la población, recibir críticas, evaluarlas, considerar las que sean pertinentes y, posteriormente, sostener políticamente el resultado final. Esto debe hacerse a sabiendas de que habrá oposición de poderosos intereses creados. Estos son los que lucran con la falta de planificación, de los que vociferan “con mi propiedad hago lo que quiero”, aun cuando ello afecte a los vecinos y a toda la región.
Las crónicas inundaciones en la deprimida cuenca bonaerense del Salado y los incendios recurrentes en la región mesopotámica son ejemplos típicos. En el primer caso, se han realizado obras hidráulicas de toda clase y monto, millonarias inversiones durante décadas, y la cuenca se sigue inundando, provocando pérdidas importantes junto a reclamos de los poderosos actores agropecuarios, que nunca han aceptado dejar de hacer lo que no corresponde desde la perspectiva de toda la población y el territorio de una cuenca deprimida como aquella, y quienes después reclaman por las pérdidas sufridas.
En la primera parte de esta nota tratamos en abstracto el tamaño deseable del Estado, sus funciones e, incluso, lo más básico de su financiamiento. Más adelante, al introducir el caso de las inundaciones, se observó que el monto del gasto a asignar para resolver dichas problemáticas recurrentes depende mucho de la calidad del Estado, de cómo este encara cada cuestión para resolverla de la manera más racional y económica posible, procurando al mismo tiempo minimizar las pérdidas cuando ocurren calamidades naturales.
En conclusión, la cuestión del Estado no es nada simple, nada trivial, como para minimizarla mediante fórmulas preestablecidas de porcentajes o coeficientes. Requiere de mucha elaboración, años de trabajo en una misma dirección como para lograr resultados económicos y humanamente satisfactorios, involucrando a la sociedad y a la administración pública existente. A su vez, esto sólo puede imaginarse cuando nos demos cuenta de que sólo enarbolando slogans y banderías partidarias no ayudamos a resolver las problemáticas, sino que cada día nos alejamos más de soluciones posibles que beneficien a la sociedad.
[1] Cabe aclarar que, si ya de por sí semejantes decisiones son de lo más difíciles de humanamente aceptar por los damnificados, en un país en que casi todo cierra o se achica, es más difícil todavía. Y sobre llovido, la crueldad con que se transmiten esas decisiones merece una atención especial. Son inolvidables.
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