Motosierra sobre la salud y la dignidad

Los recortes del gobierno jujeño sobre el acceso a la salud

Por Diego Kenis

 

Avalado por la mayoría de la Legislatura provincial, el oficialismo jujeño consiguió restringir el acceso a la salud pública bajo su órbita, al ordenar el pago de una cuota obligatoria para contar con las prestaciones. Sólo podrá eludir el desembolso mensual la población que perciba una cantidad menor a la suma de dos salarios mínimos, lo que hasta marzo equivaldrá a entre 559.436 y 593.664 pesos, y logre acreditar su condición de pobreza. El duodécimo artículo de la nueva ley establece que quienes tengan ingresos por encima de esos montos, menores a la Canasta Básica Total para dos personas en Jujuy, no podrán acceder a atención médica ni tampoco efectuar trámites en dependencias públicas provinciales o municipales.

El proyecto, que no se trabajó en comisiones, tuvo meteórico paso por los pasillos legislativos. Fue tratado el miércoles 18, ocho días después de que lo presentara el bloque del Frente Cambia Jujuy. Lo respaldaron 16 firmas, de esa bancada y de la Unión Cívica Radical. En el engendro no incidió la áspera interna desatada en torno a lo que supo ser la conducción indiscutida del ex gobernador Gerardo Morales, que como precandidato a la vicepresidencia perdió en 2023 en su propia provincia.

 

Público conocimiento

Los fundamentos que acompañaron al proyecto de ley apenas velaron la aplicación en materia sanitaria de la doctrina de las Dos Motosierras, que ya exploró El Cohete para el caso de la educación provincial. El oficialismo jujeño combinó obviedades que el gobierno nacional presenta cual revelaciones, como que “toda asistencia sanitaria posee un costo”, con el reconocimiento del ajuste en cascada impulsado desde la Casa Rosada.

Para evitarse detalles, el proyecto descansó su apresurada redacción en el “público conocimiento” del hecho de que “las provincias han dejado de recibir la financiación que habitualmente recibían”. En lugar de señalar al programa económico cuyo carácter no ocultan sus propios portavoces, atribuyó la carencia de recursos a los genéricos “cambios en la economía nacional”. Como ejemplo, citó los recortes en el plan Incluir Salud, que el Estado provincial sostiene con 516 millones de pesos, recibiendo menos de 20 del gobierno nacional.

En 2023, El Cohete también había anticipado los problemas en los que se vería la jurisdicción jujeña en caso de que el por entonces posible gobierno de Javier Milei sumara a la deuda provincial nuevos recortes de fondos. Pese a que el oficialismo norteño celebra superávits en sus cuentas, en la nueva Argentina lo único que derrama es el ajuste.

 

Presos de Seguro

La ley que aprobó la Legislatura jujeña prevé la creación de un Seguro Provincial de Salud, a cuyos cautivos llama “beneficiarios”. Estipula el pago mensual de cuotas equivalentes a cinco consultas médicas, lo que –de acuerdo a los nomencladores en vigencia– oscilaría actualmente entre 40 y 50.000 pesos.

De ese modo, quienes paguen podrán acceder a la atención prevista en el Programa Médico Obligatorio que sólo incluye prestaciones básicas, debiendo abonar costos adicionales en caso de pretender una mayor cobertura. Para las personas que tengan ingresos apenas por encima de la suma límite de exentos, la poda del poder de consumo podría superar el 8%. Además de la afectación del derecho a la salud, es previsible el impacto en el circuito local del reemplazo de inversión pública por la esquilma de bolsillos particulares.

Con igual piedad por la población y la redacción, el artículo 12 del proyecto aprobado adelantó las consecuencias que sufrirían pobres y díscolos: su texto estipula que todas las reparticiones públicas “requerirán entre sus requisitos acreditar la inscripción” al recibir solicitudes de trámites. En otras palabras, la privación del derecho a la salud se extenderá también a toda la órbita ciudadana.

 

Hilux y gaseosas

La conversión del proyecto en la ley 6.453 ya motivó protestas, recolecciones de firmas, denuncias de inconstitucionalidad y el alto acatamiento a un paro de profesionales de la salud, que reclaman además mejoras salariales. Al cierre de esta nota, el Ejecutivo provincial a cargo de Carlos Sadir aún no había reglamentado el texto final.

En el ignorado extremo norte del país, la creación del obligatorio Seguro es considerada una privatización total del sistema de salud, que complementa la decisión tomada en septiembre de cobrar por las prestaciones a personas provenientes del extranjero.

Que ya estuvieran exceptuadas del acceso gratuito no impidió al peronista Rubén Rivarola, que habló sin ocultar que es dueño de una clínica en Palpalá, apelar a un gastado lugar común: “Vienen camionetas enteras de Bolivia, con documento argentino, a atenderse en los hospitales”, lanzó. Santiago Jubert, diputado de Cambia Jujuy y autor del proyecto aprobado, se congratuló con sus palabras: para cuestionar la oposición del Frente de Izquierda, aseguró que al pasar por la guardia del principal hospital de la capital suele ver “seis camionetas paradas afuera, de 20 millones (de pesos) mínimo cada una”.

Para reforzar su defensa del proyecto, Rivarola optó por actualizar la equivalencia gastronómica calculada por el ex ministro macrista Alfonso de Prat-Gay: si en diciembre de 2015 el tarifazo impreso en las facturas de energía eléctrica equivalía a “dos pizzas”, casi una década después el pago de la salud pública se cubriría con “cinco o seis gaseosas”. Rivarola visita poco las góndolas de los supermercados.

 

Crudos números

La realidad jujeña se dibuja con cifras menos agradables que las proporcionadas por la elasticidad de la híper-laxitud legislativa. De acuerdo a lo recogido por el censo nacional de 2022, para ese año en Jujuy:

  • el 46,2% de la población no contaba con obra social o prepaga, y para la atención sanitaria dependía del sistema público;
  • ese porcentual se ubicó más de diez puntos por encima del total del país, que era de 35,8%;
  • medida en seres humanos, la falta de cobertura perjudicaba a 374.247 jujeños y jujeñas;
  • 94.721 de esas personas tenían menos de quince años y otras 31.806, menos de veinte; y
  • en siete de los quince departamentos del interior jujeño, la población sin cobertura superaba el 50%.

Es previsible que ese panorama se haya agravado desde diciembre de 2023, cuando comenzó el gobierno nacional de Javier Milei.

Los primeros números de 2024 parecen corroborar esa sospecha. De acuerdo a los datos oficiales que el INDEC publicó en septiembre, al cabo del semestre inicial de este año la pobreza había saltado del 43,6% al 55,7% en el aglomerado urbano de San Salvador-Palpalá, donde más de 55.000 personas se encuentran en situación de indigencia. 15.000 más que en la segunda mitad del año anterior.

 

 

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