Mucho más que un nombre

El hospital San Felipe de San Nicolás conmemora la Masacre de la calle Juan B. Justo

 

El pasado viernes, en el hospital provincial San Felipe de San Nicolás, se llevó adelante un acto conmemorativo por el que el servicio de Pediatría pasó a llamarse Manuel Gonçalves Granada. Es el nombre del único sobreviviente de la masacre perpetrada el 19 de noviembre de 1976 en la vivienda ubicada en calle Juan B. Justo 676 de esa ciudad, en el que fuerzas represivas conjuntas asesinaron a cinco personas, entre ellas, dos niños. Manuel, de cinco meses, salvó su vida porque su madre lo resguardó en un ropero. Luego fue llevado al hospital, donde estuvo internado.

“Mi mamá tenía solo 23 años, ya había desparecido mi papá. Estaba sola, no podía tener contacto con su familia y estando embarazada tuvo la fuerza para sobrevivir a todo eso, para parirme y para cuidarme hasta el último día. Y para llegar a San Nicolás, que era un lugar lejano, para ella y para nuestra historia familiar. Llegó a una casa donde había una familia que le abrió la puerta”, comenzó narrando Manuel sobre su madre María del Carmen Granada y la familia Amestoy-Fettolini.

Después de recordar a la familia que los alojó a él y a su madre, Manuel señaló que “esos meses en que convivimos en esa casa, empezaron –de alguna manera– a direccionar lo que la dictadura necesitaba para esos tiempos: aleccionar a todos los que pudieran saber de lo brutal que iba a ser todo. Lo que se conoce como ‘La Masacre de calle Juan B. Justo’ resume eso, la brutalidad de la dictadura. De cuarenta tipos que llegaron a las seis de la mañana, rodearon la casa y la destruyeron. Éramos seis en esa casa y hay un solo sobreviviente”, recalca Manuel. “No hay mucho más que agregar de esa brutalidad con la que la dictadura persiguió a jóvenes comprometidos con su época, con sus pares, con luchar por un país justo, libre”.

En referencia al daño infligido por la dictadura cívico-militar empresarial, Manuel expresó que era muy difícil explicar en las escuelas ese odio que llevó a torturar, violar, desaparecer, arrojar personas al mar, la apropiación de sus hijos. Consideró que es muy difícil explicar por qué ocurrió el robo de bebés y asoció esa atrocidad del pasado con la atrocidad discursiva del presente negacionismo. “Cuando el ex Presidente (Mauricio Macri) habla del curro de los derechos humanos, y alguna vez osan discutir la cifra de los 30.000. No son 30.000, son un montón más. Somos todos los que fuimos dañados por la dictadura”.

Manuel agradeció “a mi mamá que me salvó la vida” y a quienes se encargaron de su cuidado en esos tres meses que estuvo en el hospital, porque él “no era más que un bebé de cinco meses sin familia”. Luego aclaró que pudo restituir su identidad gracias a las Abuelas de Plaza de Mayo. “Restituir la identidad no es que vos sólo sepas quién es tu mamá, tu papá, y que me llamé Claudio durante 20 años, que sepa que mi verdadero nombre era Manuel. Restituir la identidad también fue un camino que no fue fácil. Cuando a mí me encontraron, empecé a aprenderme esa historia”.

Sobre ese camino difícil, recordó la impunidad que había en el país producto de las leyes del perdón de Raúl Alfonsín y los indultos de Carlos Menem. “Los responsables de ‘La Masacre de calle Juan B. Justo’ estaban libres, no habían sido condenados ninguno de ellos”. En la década del '90, agregó, “tuvimos que convivir los hijos de desaparecidos con esa impunidad de los genocidas sueltos”. Era una época en la que “la televisión, en los casos de robos de bebés, mostraba a los apropiadores como la mamá y el papá”.

“Con esa sociedad convivíamos las víctimas. Ese camino de transformación que empezó la Argentina –sobre todo en 2003 con la llegada de Néstor Kirchner, cuando las políticas públicas en materia de derechos humanos se empezaron a construir y se fueron robusteciendo hasta el día de hoy– fue un camino muy complicado”. Manuel recordó el pequeño grupo con el que se juntaba en la escuela de Arte de San Nicolás, a la agrupación H.I.J.O.S. de Rosario y a José María “Cholo” Budassi, fundador e impulsor de la Mesa de la Memoria por la Justicia de San Nicolás (tenía 19 años cuando fue secuestrado el 4 de mayo de 1977; fue liberado el 24 de diciembre de 1982. Falleció a los 59 años en 2016). Manuel rememoró que “Cholo” lo esperaba siempre en cada una de sus llegadas a San Nicolás. “Y en ese camino, frente a la Fiscalía Federal, estaba Juan Murray, un compañero que nos abrió la puerta de la Justicia. Porque también había en San Nicolás un juez Federal, (Carlos) Villafuerte Ruzo, que no sólo no nos atendía, sino que hizo todo lo posible para que no avancen nuestras causas”. Si bien “la Justicia tiene muchos Villafuerte Ruzo y todavía tiene tanto por respondernos a esta democracia que lleva ya casi 40 años, también tiene gente muy comprometida como Juan, que a nosotros nos dio la posibilidad de creer que lo íbamos a lograr”, destacó Manuel.

El sobreviviente de la masacre perpetrada en 1976 trajo a su memoria una frase que resumía a la perfección lo que sentía en ese acto. “Mi papá alguna vez le escribió a mi mamá una frase que desde hace un tiempo me viene cada vez que pasa lo que me está pasando hoy acá. ‘Son días dolorosos los días de alegría’. Nunca entendía bien el significado de la frase. Son días como este los que resumen esa frase. Hay un montón de cosas que renuevan, de tristezas que están a flor de piel, pero también hay un montón de situaciones que a mí, por lo menos, me sanan y me llenan de alegría”. En esa reflexión profunda, comunicando con la serenidad y sensibilidad que lo caracteriza, Manuel explicó esas sensaciones encontradas de tristeza y alegría: “Pensar en cuánto hemos caminado para que este hospital que al principio, para mí, era sólo parte de la tragedia de lo que nos pasó”. Se trata de una elaboración para que “hoy pueda hacer este acto, pueda contar lo que nos pasó, se los pueda contar a los médicos, a las enfermeras, que son nacidos en democracia”.

Y valorando al acto como correa de transmisión, añadió: “Que sepan que este hospital en parte fue funcional a la dictadura, porque así lo usaron. Que sepan que se permitió la locura que en el área de Maternidad haya custodia policial para un bebé de cinco meses. Que el Juez de Menores, Juan Carlos Marchetti, que hoy sigue defendiendo a los poderosos, haya decidido adónde debía irme, siendo funcional al robo de bebés de la dictadura, sustituyéndome la identidad, no devolviéndome a mi familia biológica”.

Manuel se llenó de emoción cuando recordó cómo fue construyendo su historia. Primero, quiso ir a esa casa. Luego dialogó con los vecinos y se fue encontrando con cada uno con los que fue juntando pedazos de su vida. Con una señora se abrazó.

El emotivo acto fue realizado en conjunto por el Ministerio de Salud; el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires; Abuelas de Plaza de Mayo; hospital San Felipe y Mesa de la Memoria por la Justicia de San Nicolás.

 

Manuel.

 

 

La masacre

En la madrugada del 19 de noviembre de 1976, fuerzas conjuntas del Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás, de la Policía Federal delegación San Nicolás, policía de la provincia de Buenos Aires y de Santa Fe, atacaron la vivienda ubicada en la calle Juan B. Justo 676, asesinando a María del Carmen Fettolini, su marido Omar Darío Amestoy y sus hijos, María Eugenia, de cinco años, y Fernando, de tres, y a Ana María del Carmen Granada, que protegió la vida de su hijo de casi cinco meses cuando lo introdujo en el interior de un ropero.

La madre de Manuel venía huyendo de ser secuestrada y desaparecida. Se alojó en la vivienda de San Nicolás con su identidad cambiada a la de María Cristina Loza, y su hijo, como Manuel Valdez. Lo hizo para evitar ser ubicada por las fuerzas represivas, luego de que su compañero Gastón Roberto Gonçalves fuera secuestrado en Zárate, torturado y asesinado el 24 de marzo de 1976. Tanto María del Carmen como su compañero militaban en la JP y luego en la Columna Norte de la organización Montoneros.

El cadáver de Gastón Roberto Gonçalves y el de otras tres personas fueron arrojados el 2 de abril de 1976 en el paraje El Cazador, en la ruta 4. Los habían fusilado y luego incinerado. Recién veinte años más tarde, el cuerpo de Gastón –que estaba enterrado en el cementerio de Escobar–, fue identificado.

Meses antes de su secuestro, Gastón y su mujer habían discutido con Luis Abelardo Patti a raíz de un acto en Escobar. “Ya vas a ver lo que te va a pasar. Te voy a hacer matar”, le dijo el por entonces subinspector. Patti fue juzgado y condenado por el Tribunal Oral Federal en lo Criminal 1 de San Martín en 2011, junto a otros responsables de ese crimen y del de otras víctimas.

Ese bebé que se encontraba en grave estado de salud tras haber sobrevivido al ataque en la vivienda de Juan B. Justo 676 –producto de las granadas detonadas y los gases lacrimógenos que utilizaron las fuerzas represivas– fue llevado al hospital San Felipe. La niña María Eugenia Amestoy también salió con vida de esa casa y llegó viva al hospital, pero falleció apenas ingresada al nosocomio. Ya adulto, Manuel buscó a enfermeras y médicos para reconstruir lo sucedido (porque al iniciarse los juicios eran necesarias las pruebas). Supo que María Eugenia pedía por “la tía” y entiende que así le decía a su mamá. También reconstruyó que esa niña pronunció como únicas y últimas palabras: “Me llamo María Eugenia, tengo cinco años”.

“Siempre pienso en esas palabras explicándole a ese mundo que la rodeaba que lo que estaban haciendo era aberrante. No sé si había manera de explicarlo mejor. (Era) Una nena sola expresando eso y muriéndose asfixiada”, planteó Manuel en diversas charlas en las que cuenta su historia y evoca a esa criatura que compartió hogar con él y que describió en pocas palabras el horror que le quitaba la vida, atinando a su vez a reafirmar su identidad.

El 27 de diciembre de 2012, el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 de Rosario condenó por los crímenes de lesa humanidad conocidos como “La Masacre de la calle Juan B. Justo” a prisión perpetua al ex coronel Manuel Fernando Saint Amant, principal responsable de la represión en la zona; al coronel Antonio Federico Bossie, y al entonces jefe de la Delegación de la Policía Federal San Nicolás, Jorge Muñoz.

 

 

 

La responsabilidad del juez

Ante las gravísimas particularidades del suceso, el juez de Menores Juan Carlos Marchetti no tomó los recaudos necesarios para localizar a familiares del menor. No recurrió al Registro Nacional de las Personas, que hubiera sido la forma de establecer que la documentación hallada en esa casa sobre la madre y ese bebé era apócrifa. El niño de cinco meses y su madre de 23 años tenían la identidad cambiada para salvaguardar su vida, pero Marchetti tenía herramientas para verificarlo y, luego de ello, averiguar su verdadera identidad.

Otra vía para ubicar a los familiares del niño –a pesar de su identidad cambiada– era solicitar las actuaciones instruidas en el Juzgado Federal, por entonces a cargo del juez Luis Milesi, en las que se investigaban los homicidios que resultaron del operativo en la vivienda de calle Juan B. Justo. De haberlo hecho, le hubiese permitido conocer que todas las personas que habitaban la vivienda tenían su identidad cambiada. Si se hubiese logrado dar con la verdadera identidad del matrimonio Amestoy-Fettolini y de sus hijos mediante el correspondiente cotejo dactilar, también era posible hacerlo con los otros dos integrantes. También Marchetti podría haber publicado en la prensa la fotografía encontrada en la vivienda de Ana María del Carmen Granada con el deseo de ubicar a sus familiares y poder garantizarle un verdadero resguardo al niño de meses. Tampoco el juez de menores tomó contacto con los familiares del matrimonio Amestoy-Fettolini –citados desde la provincia de Entre Ríos para identificar los cuerpos fallecidos–, con el fin de establecer algún vínculo y tratar de encontrar a la familia biológica del niño que sobrevivió y que vivía con ellos.

A partir de junio de 1978, cuando Marchetti aún estaba a cargo del tribunal de Menores de San Nicolás, tuvo conocimiento de la existencia de un grupo de mujeres que se encontraba buscando a sus nietos desaparecidos, producto de la actuación del aparato represivo del Estado. Sin embargo, no informó a ningún organismo que había dado en guarda judicial, con fines de adopción en 1977, a un niño sobreviviente de los entonces llamados “operativos antisubversivos”.

Fue acreditado que la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo –también antes, cuando eran conocidas como Abuelas Argentinas con Nietitos Desaparecidos– se presentaron en 1978 y en los meses de abril y octubre de 1980 ante el entonces juez de Menores del Departamento Judicial de San Nicolás, como dieron cuenta en sus declaraciones testimoniales sus respectivas presidentas, María Isabel Chorobik de Mariani y Estela Barnes de Carlotto.

Pero su accionar o negligencia no ha sido casual. El juez de Menores tenía otro objetivo y no el de dar cumplimiento a su deber de funcionario público judicial. En febrero de 1977, Marchetti concedió la guarda provisoria del bebé a un matrimonio amigo del marido de su prima, privando durante veinte años a Manuel de conocer su verdadera identidad. La pareja, conformada por Claudio Luis Novoa y Elena Yolanda Rodríguez, tuvo al niño a su cuidado.

Rodríguez y Novoa eran íntimos amigos del marido de la prima de Marchetti, Eduardo Ernesto Larrañaga. Por la ley nacional 10.903, que se encontraba vigente, estaba prohibido entregar un niño en guarda a un íntimo amigo de un pariente en ese grado del juez de la causa. Ese fue uno de los argumentos del tribunal de Lomas de Zamora para anular la adopción realizada por el matrimonio Novoa, que habían llamado Claudio Luis Novoa a Manuel. Así consta en la sentencia del Tribunal de Familia 3 de Lomas de Zamora del 18 de noviembre de 2005.

La guarda provisoria del bebé Manuel fue entregada a Luis Abelino Novoa y Elena Yolanda Rodríguez, el mismo día en que se presentaron ante el Juzgado de Menores, después de enterarse –¡qué casualidad!– que un niño de escasa edad estaba a disposición por ausencia de familia. Otra irregularidad fue que los informes socio-ambientales fueron elaborados después de entregarle la guarda a Novoa y Rodríguez. Tampoco Novoa y Rodríguez estaban legalmente casados al momento de solicitar la guarda, lo que a esa fecha era requisito para ser guardadores con fines de adopción. El juez Marchetti otorgó la guarda judicial al “matrimonio Novoa-Rodríguez” el 11 de junio de 1977 y el estado civil de casados fue realidad un día después, el 12 de abril de 1978, conforme surge del certificado de matrimonio obrante en la causa. Asimismo, Marchetti tampoco requirió informe alguno relativo a las condiciones en que se desarrollaba la guarda, lo cual recién fue ordenado tres años más tarde, cuando se hizo cargo del tribunal de Menores Dionisio Pedro Irurtia.

Las pruebas que anteceden alcanzan para escuchar en indagatoria a Marchetti y a todos los intervinientes en la guarda y adopción otorgada, que con su accionar privaron por veinte años a Manuel Gonçalves Granada de su verdadera identidad.

Las actuaciones para investigar la responsabilidad de Marchetti comenzaron en la Fiscalía Federal de San Nicolás a cargo de Juan Patricio Murray, quien requirió al juez federal Carlos Villafuerte Ruzo que lo citara a indagatoria junto a los asesores de menores que tramitaron la guarda y la adopción. El juez denegó el pedido y lo sobreseyó. Como contamos en El Cohete, cuando abordé a Marchetti, hoy abogado que se ocupa de representar a grandes corporaciones empresariales, se atrevió a decir que había que cuidar a la Justicia, y que en mi caso, como periodista vinculado a la educación, debía educar a los chicos de la República sobre la importancia de los tres poderes independientes. Habló de buenos funcionarios judiciales que hay en San Nicolás y mencionó al juez Villafuerte Ruzo, que fue quien lo sobreseyó.

Tanto fiscalía como querellantes apelaron el sobreseimiento de Marchetti y de otros responsables ante la Cámara Federal de Rosario, que lo revocó en 2011 y dispuso una serie de medidas. La defensa de Marchetti interpuso recurso de queja ante la Cámara Federal de Casación Penal, que lo declaró inadmisible, pero pese a las directivas y los nuevos elementos, Villafuerte Ruzo rechazó el pedido de indagatoria de los imputados y los sobreseyó. Hay un recurso de queja interpuesto por el fiscal general Javier De Luca que duerme en la Corte Suprema de la Nación desde septiembre de 2017.

 

 

Juan Carlos Marchetti.

 

 

 

La restitución de identidad

Abuelas de Plaza de Mayo, junto al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), fueron los que motorizaron la búsqueda para dar con Manuel. Fueron a San Nicolás, conocieron la casa que fue atacada por las fuerzas represivas y dialogaron con los vecinos, que narraron que efectivamente un bebé salió con vida después de esa masacre.

La búsqueda de Abuelas siguió hasta el hospital San Felipe, donde le negaron la existencia del registro de ese bebé ingresado. Un grupo de monjas, que llevaban un registro paralelo, les mostraron que en ese libro figuraba el ingreso y egreso de ese bebé, alojado allí por orden del Juzgado de Menores de San Nicolás. Pero en ese Juzgado de Menores no existía registro alguno del bebé encontrado. Finalmente pudieron acceder a una parte del expediente de adopción, porque un empleado del juzgado lo había fotocopiado y lo había puesto en manos de un vecino, diciéndole: “Guardá esto, que algún día le va a servir a alguien”. Fue así como descubrieron que ese bebé que había salido del hospital San Felipe había sido dado en adopción, figuraba bajo el nombre –en 1995– de Claudio Novoa y vivía en el sur del Gran Buenos Aires. En agosto de 1997, el Banco Nacional de Datos Genéticos terminó identificándolo como el hijo de Ana María Granada y Gastón Roberto Gonçalves.

Manuel, que desde hace tiempo integra la Comisión Directiva de Abuelas de Plaza de Mayo, se ocupa de brindar charlas y en especial de transmitir a las nuevas generaciones lo sucedido. En el acto, la presencia de diversas escuelas de la zona garantiza que ese camino de Memoria, Verdad y Justicia se siga transitando. Tuve la oportunidad de participar con un grupo de alumnos de sexto año de Comunicación de la escuela secundaria 6 “Jorge Luis Borges” de Ramallo, quienes emocionados, luego de escucharlo a Manuel, se sacaron fotos con él. Pibas y pibes de 16 y 17 años, tejiendo memoria.

 

 

Manuel Gonçalves Granada junto alumnos de sexto año de Comunicación de la escuela secundaria 6 “Jorge Luis Borges” de Ramallo.

 

 

 

 

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