La Argentina Week en Nueva York buscó seducir a los inversores internacionales, pero no dejó compromisos concretos de nuevas inversiones. Mientras los bancos colocadores reclaman emisión de deuda y las multinacionales señalan al cepo y la falta de reservas como los principales obstáculos, el gobierno enfrenta un problema estructural: la escasez relativa de dólares. La distancia entre el optimismo oficial y los números de la economía vuelve a aparecer en el frente de las inversiones y también en la dinámica de la inflación.
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La Argentina Week en Manhattan duró tres días. Pero el plato fuerte se concentró en apenas 36 horas. El objetivo era claro: convencer a los inversores extranjeros de traer dólares a la Argentina.
El canciller Pablo Quirno y el ministro de Economía Luis Toto Caputo enumeraron una larga lista de reuniones con CEOs globales: Chevron, Rio Tinto, Dow, Dreyfus Company y Coca-Cola.
“¿Se va a traducir en más inversiones? ¡Así es!”, escribió Caputo en un posteo en X. Pero el problema es menos prosaico. Al cierre de la gira no apareció un solo dólar nuevo comprometido.
Para ser justos, hubo dos anuncios que ocuparon los titulares, pero de jugadores locales. Marcos Galperin, que vive en Uruguay, anunció desde Manhattan que Mercado Libre invertirá 3.500 millones de dólares en la Argentina en 2026. El dato impresiona. Pero no es una novedad. Forma parte del plan de inversión que la empresa comunicó al cierre del año pasado. Además, el contraste regional es evidente. Para Brasil, la compañía proyecta cerca de 5.760 millones de dólares.
El otro anuncio provino de Marcelo Mindlin. El empresario prometió una inversión de 3.000 millones de dólares en un proyecto para ampliar la infraestructura de líquidos de gas natural. El plan, liderado por Transportadora de Gas del Sur (TGS), incluye nuevas instalaciones en la planta de Tratayén, un poliducto hasta Bahía Blanca y una planta de fraccionamiento y almacenamiento en ese puerto. El objetivo es procesar y exportar líquidos derivados del gas de Vaca Muerta, uno de los cuellos de botella de la industria energética.
Sin embargo, la letra chica enfría el entusiasmo. Nadie explicó en cuántos años se desembolsará ese monto. Podrían ser cinco. O diez. Además, el proyecto está condicionado a su ingreso al régimen de incentivos a las grandes inversiones (RIGI). Sin ese paraguas regulatorio, la promesa queda en suspenso.
Escenas
La escena más simbólica de la Argentina ocurrió en la sede de JPMorgan Chase en Manhattan. El banco cedió el piso 22 para el evento del Presidente Javier Milei. Antes de eso, el Presidente, su hermana, Adorni, Quirno, Caputo, Sturzenegger, Oxenford y el banquero Facundo Gómez Minujín fueron el selecto grupo que desembarcó en el piso 45, lo más alto de la torre.
Porque antes del discurso público, el CEO del banco, Jamie Dimon, recibió al Presidente en unas oficinas cercanas a su despacho privado. La conversación duró unos veinte minutos en los que Milei habló sobre política y moral. Dimon escuchó y elogió su determinación para defender el modelo económico. No les convidó ni un café.
Después invitó sólo a Milei, Karina y Quirno a pasar a su despacho. Desde ese ventanal se domina buena parte de Manhattan. Quirno, que conoce Nueva York como su casa, fue señalando los íconos de la ciudad. Un pequeño tour geográfico para dos nativos de los confines del mundo.
La visita terminó rápido. Milei abandonó Nueva York el martes. Pero el miércoles apareció el verdadero mensaje. Ese día JPMorgan Chase distribuyó entre sus clientes un informe con un título sugestivo: “Argentina: mantener el grifo cerrado, mantener el swap”. El documento introdujo un contrapunto incómodo. El banco cuestionó la estrategia del equipo económico de evitar nuevas emisiones de deuda internacional.
Para la entidad, recuperar el acceso al mercado voluntario resulta clave para la sostenibilidad del programa económico.
El planteo no es técnico. Es también comercial. Los grandes bancos de inversión funcionan como colocadores de deuda. Intermedian las emisiones. Y cobran comisiones importantes por ese trabajo. Si la Argentina no emite deuda, el negocio no aparece.
El malestar tiene otro capítulo interno. La discusión sobre la emisión de deuda en dólares ya había provocado una crisis dentro del propio equipo económico. El secretario de Finanzas, Alejandro Lew, sostenía que el gobierno debía aprovechar el apetito del mercado.
En la última licitación recibió ofertas por unos 900 millones de dólares. Lew proponía tomar buena parte de ese dinero. Su argumento era clásico en la lógica financiera: si el mercado quiere prestar, conviene aprovecharlo para construir una curva de tasas más baja.
El Presidente Milei frenó la operación. Consideró que las tasas todavía eran demasiado altas. Ordenó limitar la colocación. En la primera ronda se tomaron apenas 150 millones. En la segunda se agregaron otros 100. El resto de la demanda quedó afuera.
La discusión no es menor. En un contexto internacional atravesado por conflictos geopolíticos y presiones inflacionarias, muchos analistas creen que el ciclo global de tasas puede volver a subir. Es decir, el crédito podría encarecerse.
Lew sostenía que aceptar la demanda ayudaría a bajar la curva de rendimientos y reducir el riesgo país. Milei interpretó lo contrario. Prefirió esperar condiciones más baratas. La tensión terminó con la salida de Lew del equipo económico.
En público, Caputo salió a respaldar la decisión presidencial. Dijo que tomar 1.500 millones de dólares no resolvería el problema de la curva de tasas ni tendría impacto relevante sobre el riesgo país. Fue una forma elegante de cerrar la discusión.
En privado, varios operadores de Wall Street interpretaron la señal de otra manera. Para ellos, el gobierno argentino dejó pasar una oportunidad de reconstruir el vínculo con el mercado de deuda.
Por eso el informe del JPMorgan suena más a advertencia que a análisis académico.
Entusiasmo
Además del enojo de JPMorgan porque la Argentina no acelera el negocio de la deuda, tampoco están desbordando entusiasmo los empresarios.
El clima inversor que el gobierno describe en los discursos no aparece con la misma claridad en los números. De hecho, el resultado del esquema económico de Javier Milei va en la dirección contraria al relato del boom inversor.
La inversión extranjera directa terminó siendo negativa en 2025. Según el balance cambiario del Banco Central de la República Argentina, el flujo neto registró una salida cercana a 1.700 millones de dólares. En términos simples: las multinacionales giraron más capital y utilidades al exterior que los dólares que ingresaron para nuevos proyectos.
La pregunta parece inevitable. ¿Cómo puede ocurrir eso en un gobierno que se presenta como el más amigable con el capital extranjero de las últimas décadas?
En la propia composición del evento Argentina Week hay una pista: cerca del 80% de los presentes eran empresarios argentinos y apenas un 20%, extranjeros.
Entre los locales cayó muy mal que el Presidente siga agraviando a figuras como Paolo Rocca y también generó ruido el episodio de Manuel Adorni. Pero en el marco de la Argentina Week se trató de un problema secundario.
La respuesta empezó a escucharse con claridad en los encuentros paralelos de la Argentina Week en Nueva York. Para las inversiones extranjeras, el primer obstáculo sigue siendo el cepo. Para las multinacionales no hay eufemismos posibles: mientras existan restricciones cambiarias, los proyectos grandes se demoran.
En reuniones privadas y paneles públicos, ejecutivos repitieron el mismo punto. Sin normalización cambiaria plena, las inversiones de gran escala quedan en pausa. Incluso Chevron lo planteó abiertamente. En declaraciones a Bloomberg, ejecutivos de la petrolera señalaron que la eliminación del cepo sigue siendo una condición central para invertir en Argentina, incluso en sectores donde el país tiene ventajas evidentes como Vaca Muerta.
No obstante, el gobierno volvió a enfriar esas expectativas. Frente a banqueros y fondos de inversión, el presidente del Central, Santiago Bausili, dejó claro que la salida del cepo no está en la agenda inmediata.
Bausili habló en el panel de cierre del evento realizado en la sede del Bank of America durante la Argentina Week. Allí relativizó el impacto de las restricciones cambiarias para las empresas. “Si no querés participar del mercado cambiario oficial, podés ir al mercado financiero. Es completamente legal, podés hacer lo que quieras”, dijo.
En rigor, lo que planteó el titular del Banco Central fue que las empresas no enfrentan un problema cambiario porque pueden acceder a los dólares financieros.
Sin embargo, en la práctica, ese argumento choca con las reglas de compliance de las multinacionales. Las casas matrices suelen exigir que los flujos de inversión se canalicen a través de cuentas bancarias formales y no mediante operaciones bursátiles para transformar pesos en dólares.
Es decir, no pueden dolarizarse comprando y vendiendo activos financieros como lo haría un operador local. Por eso, para buena parte de los ejecutivos extranjeros, el cepo sigue existiendo aunque el gobierno lo relativice.
El razonamiento del Presidente del BCRA abre una segunda pregunta inevitable. Si el acceso a dólares está efectivamente liberado por la vía financiera, ¿por qué no levantar directamente el cepo?
La respuesta remite a un problema más profundo: la economía argentina no tiene hoy los dólares para afrontar una liberalización. Entre dividendos atrasados y dolarización de excedentes, una apertura total generaría una presión difícil de absorber. En otras palabras, el propio esquema reconoce de manera implícita una restricción estructural: la falta de divisas para sostener la demanda de la economía argentina.
La segunda cuestión que imponen como barrera las inversiones es la dificultad para acumular reservas. El Banco Central de la República Argentina suma 47 ruedas consecutivas con saldo comprador y adquirió cerca de 3.200 millones de dólares en lo que va del año. Sin embargo, la foto de las reservas no refleja una acumulación genuina.
El mecanismo es el siguiente: el Banco Central compra dólares emitiendo pesos. Esos pesos luego son absorbidos por el Tesoro mediante colocaciones de deuda neta. Después, el propio Tesoro utiliza esos pesos para volver a comprarle dólares al Banco Central. El resultado es que se mantiene relativamente estable la cantidad de pesos, el Banco Central no suma dólares y, en cambio, crece el stock de deuda del Tesoro.
El año comenzó con reservas brutas cercanas a los 44.000 millones de dólares. Hoy se ubican alrededor de 46.000 millones. La explicación es técnica pero relevante. Las reservas brutas se mueven por varios factores: cambios en la cotización del dólar frente al euro, el yen o el yuan, y también por la variación del precio del oro.
El problema es el calendario que viene. La Argentina enfrenta vencimientos exigentes sin un proceso firme de acumulación de reservas. Esa fragilidad ya quedó reflejada en el programa con el Fondo. La meta de acumulación no pasó la revisión de julio del 2025 por una diferencia de 3.000 millones. Hoy la distancia es mayor. Según la consultora Eco Go, de Marina Dal Poggetto, la brecha se acerca a 20.000 millones de dólares. La revisión prevista para noviembre pasado se postergó y se esperan novedades para fin de marzo.
Hay un tercer punto menos visible en la discusión pública, pero muy observado por el establishment internacional: la independencia del Banco Central.
Cuando la ortodoxia económica reivindica los modelos de Chile, Perú, Uruguay, Paraguay o incluso de Brasil, se refiere a esa arquitectura institucional. El Banco Central se ocupa de la política monetaria y el gobierno de la política fiscal. Para ese universo, esa división es un dogma.
Desde el piso 22 del evento organizado por JPMorgan Chase, Milei cruzó ese límite.
“Tenemos equilibrio fiscal y nuestras cuentas externas se van a favorecer; por lo tanto, preparate Santiago, porque te van a salir los dólares por las orejas”, le dijo públicamente a Bausili. Acto seguido, agregó una advertencia. “Que esos dólares no se vayan a inflación. Cuidado cómo los comprás”.
La frase remite a un episodio reciente. El desarme de las LEFIS. Se trataba de deuda del Banco Central en pesos que el gobierno decidió devolver al mercado. El argumento fue que la economía comenzaba a moverse y necesitaba monetización. En el esquema teórico del gabinete económico lo llamaron “punto anker”.
El experimento no salió como esperaban. Lejos de activar la economía, esos pesos terminaron buscando cobertura en el dólar y empujaron la suba del tipo de cambio.
Ese episodio obligó al propio Presidente a matizar su definición preferida: que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. En los hechos apareció una variable imprevista: el tipo de cambio como ordenador del resto de los precios.
En el entorno presidencial lo reconocen en privado. El repunte reciente de la inflación tuvo bastante que ver con ese error de diagnóstico. La aceleración de los precios como rezago del movimiento cambiario que siguió al desarme de las LEFIS. Esa presión, sostienen, tardó algunos meses en filtrarse a los precios. La inflación actual sería entonces el eco tardío de ese episodio: una transmisión cambiaria diferida que todavía no termina de acomodarse en la economía.
Inflación
También en el frente de los precios los números desmienten el relato oficial. Hace nueve meses que la inflación dejó de bajar como imaginaba el gobierno de Javier Milei. Esa distancia aparece clara cuando se compara con el presupuesto. Allí el equipo económico proyectó una inflación anual del 10%. La dinámica real está bastante lejos de ese sendero.
El Índice de Precios al Consumidor registró en febrero un aumento de 2,9%, exactamente el mismo nivel que en enero. El número quedó congelado en un piso cercano al 3% mensual. Alto.
Ese dato contrasta con la propia narrativa presidencial. Milei llegó a afirmar que en agosto la inflación iba a empezar “con un cero adelante”. En otras palabras, por debajo del 1% mensual. Hoy el índice se mueve casi tres veces por encima de esa promesa.
El informe del INDEC muestra además de dónde viene la presión. La inflación de febrero se explicó principalmente por la suba de tarifas y por el aumento de los alimentos. La división que más subió fue vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un incremento de 6,8%. Detrás aparecen los aumentos de gas, electricidad y agua junto con la reducción de subsidios.
En segundo lugar se ubicaron alimentos y bebidas no alcohólicas, que avanzaron 3,3% en el mes. Dentro de ese rubro volvió a pesar la carne. La carne picada subió 7,1%, el pollo 10,2%, el asado 5,7% y el aceite de girasol 4,5%. Esos movimientos vuelven a presionar sobre la canasta básica.
Pero el dato más revelador aparece cuando se mira la estructura del índice. Los precios regulados fueron los que más aumentaron en febrero. Subieron 4,3%, por encima de la inflación núcleo, que trepó 3,1%, mientras que los estacionales incluso cayeron 1,3%.
La núcleo es importante porque muestra la tendencia de fondo. Es el componente que excluye factores puntuales o climáticos. Allí aparece la persistencia del proceso inflacionario.
Cuando se separa entre bienes y servicios, surge otro dato clave. Los servicios aumentaron 4%, mientras que los bienes subieron 2,3%. Es decir, la inflación empieza a concentrarse cada vez más en rubros vinculados a tarifas, salud y servicios (des)regulados .
La desregulación del complejo energético engrosa otro canal inflacionario: la inflación importada. Al desregular los precios de la energía, la economía local queda mucho más expuesta a los vaivenes del mercado internacional. Es como ensanchar un río en plena crecida: cuando sube el nivel del agua, el caudal entra con más fuerza.
El caso más visible está en los combustibles. Las petroleras sostienen que el precio de las naftas todavía arrastra un atraso cercano al 19% respecto de la paridad internacional. Cada suba del barril vuelve a trasladar presión a los surtidores.
El gas agrega otra capa al problema. La Argentina sigue dependiendo del GNL para cubrir los picos de demanda invernal. Ese combustible se compra en dólares y a valores internacionales. Cuando el mercado energético se sacude, el impacto llega rápido al sistema local.
Y hoy el mercado energético está atravesado por el conflicto bélico en Medio Oriente, que no solo tiene como territorio esa región, sino también como teatro de operaciones a buena parte de la arquitectura financiera de Occidente. La suba del petróleo, del gas y de otros insumos energéticos vuelve a recalentarse en ese contexto.
Algo similar ocurre en el agro. Los fertilizantes, insumo clave para producir alimentos, también tienen precios atados al mercado internacional. Cuando esos costos suben, el impacto se traslada a la producción agrícola y termina filtrándose en la canasta básica.
En una economía como la argentina, donde dólar, energía y alimentos ordenan la estructura de precios, ese movimiento engorda el canal de la inflación importada justo en un momento en que la inflación doméstica todavía viene cargada de inercia.
La inflación argentina vuelve así a mostrar su génesis multicausal. Hay presión del tipo de cambio cuando el dólar se mueve. Hay inflación importada cuando suben la energía y los insumos globales. Hay inercia en los servicios. Y también aparece la dimensión especulativa que suele acompañar a las economías con alta nominalidad.
En lo que va del año, la inflación acumulada ya alcanza el 5,9%. En apenas dos meses se consumió más de la mitad de la inflación anual que el gobierno proyectó para todo el 2026.
La comparación interanual también muestra que el proceso de desinflación se volvió más lento. En febrero, los precios acumularon 33,1% respecto al mismo mes del año pasado.
Si el ritmo mensual se mantiene cerca del 3%, la inflación anualizada ronda el 43%. Un número muy distante del 10% que el presupuesto prometía. A veces la economía se comporta como esos viejos relojes de estación. El gobierno puede cambiar las agujas. Pero el tiempo real sigue marcando su propio ritmo.
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