“Mataron a un muchacho en La Sarmiento”, grita por teléfono una compañera, el 22 de noviembre. Contamos los días: una semana antes prendieron fuego a Tico, en Villa Hidalgo; 20 días atrás, tres tiros en la panza de E., en La Catanga. No tenemos dudas, tampoco tenemos certezas: ¿hay vidas sin beneficios?
La Sarmiento es un barrio muy pequeño, en la zona de Billinghurst. “Fueron los transas, están re locos”, dice la compañera, por teléfono. Y agrega: “No lo conocemos, quedó ahí tirado. Tiraron como 20 tiros, con algo fuerte porque sonaba”. Y al rato: “La mamá vino desesperada, era un laburante que fue a comprar”.
Según el acta policial, al arribar, se observó un pasillo, cuyo frente presentaba una pared sin revoque y un portón de color blanco; allí había manchas de sangre y vainas servidas de nueve milímetros.
Escombros y un nuevo homicidio
Villa Sarmiento chica, así la llama la Policía, es un barrio compuesto por una manzana entera y un cuarto de otra, donde conviven casas bien estructuradas sobre calles de asfalto y pasillos con casas más precarias. Casi todas las construcciones son de material. Viven allí un poco más de 200 familias y sus orígenes se remontan al año 1940, según el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP).
Siempre fue un asentamiento de laburantes, hasta que hace unos años “se metieron los transas y empezaron los problemas”. Los vecinos aseguran que denuncian la situación, y se quejan porque “la Justicia hace poco”. En los últimos diez años se registraron más de 60 denuncias, de las cuales dos tercios han sido archivadas. La mayoría son denuncias al 911 de vecinos que piden resguardar su identidad.
¿De qué forma el Estado construye su conocimiento sobre lo que pasa en los barrios? ¿Qué versiones se imprimen sobre los hechos? ¿Siempre quedan dudas? ¿En beneficio de quién?
Corría el año 2022, la policía pasaba por allí en su ronda habitual y “como si estuvieran en la fila de un comercio” vieron en un pasillo una fila de cinco o seis personas. Frenaron para averiguar qué pasaba y, en cuanto bajaron del móvil, las personas se dieron a la fuga.
En este procedimiento resultó detenida una mujer de 25 años, oriunda del barrio Independencia. Tenía “tres envoltorios termosellados color rosado que contenían cinco gramos de cocaína, y una bolsa violeta con 41 envoltorios de marihuana por 59 gramos, y dentro de un búnker 600 envoltorios termosellados color transparente rosa con 208 gramos de cocaína y 150 envoltorios termosellados color transparente azul que contenían 45 gramos de cocaína, sustancias estupefacientes de uso, tenencia y venta prohibida por la ley vigente”.
Luego de un juicio abreviado, esta mujer fue condenada a cuatro años de prisión. El búnker quedó vacío y custodiado.
Esta forma de proceder se repite a lo largo de los años: desde el 2016 al 2022 contabilizamos por lo menos seis personas más, de entre 25 y 35 años, detenidas en similares circunstancias, acusadas por narcotráfico, que firmaron juicios abreviados con penas de entre cuatro y seis años, dependiendo de la portación de armas. Siempre los mismos pasillos.
En el caso de esta mujer, según los testigos, en el búnker no había baño, solo un balde; no había cama, ni muebles para habitarla y la construcción era muy precaria. Un tiempo después vino la Policía y tiró las paredes abajo. Dejaron los escombros para que no se volviera a ocupar. También dejaron una consigna policial con patrullero por dos años.
Este terreno ubicado en el “corazón” del barrio contaba con una superficie relativamente grande y solo se accedía por pasillos. Nadie se animó a ocuparlo para otro uso. Tampoco hizo falta, ya que los transas siguieron vendiendo en los pasillos.
Hace unos meses, en el año 2025, volvieron al lugar, levantaron las paredes y pusieron en funcionamiento el negocio nuevamente. El 9 de agosto de este año, una persona del barrio llamó al 911 y denunció que había siete personas en su interior: una mujer y seis varones armados, amenazando a los vecinos y vendiendo drogas en el pasillo. Dijo que tenían un auto estacionado sobre la calle Pringles, aunque no sabía qué auto era.
Tres meses después de esa denuncia, tuvimos otro parte policial: el muchacho muerto del que hablaba nuestra compañera, según “cursa por sistema”, se llamó en vida José Augusto Díaz, nacido el 11 de junio de 1981, y “no poseía impedimento legal”.
Otra muerte ¿anunciada? en San Martín.
8 de Mayo, un barrio con buena memoria
En San Martín, en la localidad de Loma Hermosa, un barrio se llama Costa Esperanza en honor al programa de tele Verano del ‘98, donde vivían los personajes que encarnaban Agustina Cherry, Marcela Kloosterboer y gran elenco. Justamente, en el año 1998, Fernando de la Rúa era Presidente y un grupo de vecinos ocupó un descampado/basural/bañado y decidió organizar esta tierra para vivir.
Marcaron calles, lotes, espacios comunitarios y dejaron un pedazo para espacio verde.
Resistieron al desalojo de la Policía y organizaron la olla de apoyo a las familias.
El 8 de mayo fue elegido como fecha de fundación y del inicio de la gesta por la tierra propia, por el techo que abriga. Por eso el barrio se llama 8 de Mayo, pegadito a Costa Esperanza y Costa del Lago, y del barrio UTA y Libertador. Eran bañados y se fueron rellenando con camiones de tierra, con cascotes (y basura) autogestionada.
En el barrio 8 de Mayo se formó un Centro Comunitario con mucho amor y organización. Lorena Pastoriza, uruguaya, tupamara, devenida en villera, feminista, compañera y tantas otras cosas, organizó un jardín comunitario y una recicladora ejemplar, nutrida con la recolección de basura en muchos barrios populares no incorporados en la planificación del gobierno local. Armaron también una granja donde crían cerdos, cultivan zapallos y un comedor enorme; pilas de iniciativas para organizar y ayudar a su comunidad. La Lore ya no está entre nosotros, pero su legado continúa.
Cuando ya no hubo lugar en el barrio, en el fondo del fondo, al borde del Camino del Buen Ayre, entre cañaverales, se fue armando otro barrio: Las Cañitas. Con mayoría de migrantes paraguayos, provenientes de contextos rurales y urbanos, albañiles excepcionales, trabajadoras de todos los rubros, especialistas en cuidados, cocina y medicina ancestral.
En esta comunidad se levantó una capilla que sirvió de obrador de las obras de la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU), política pública a través de la cual las organizaciones sociales llevaron al barrio a los albores del siglo XX: agua corriente, cloacas y veredas.
Conocimos este barrio a través de C., un compañero que viene de Paraguay, expulsado del campo por la violencia terrateniente. La soja mueve montañas y poblaciones enteras, pudiendo derrocar hasta Presidentes. C. aprendió el oficio de albañil en la Argentina y, como casi todos sus compatriotas, labura de lunes a sábado, y los domingos también: hace la loza de algún vecino, se organizan para limpiar el campito o arreglar los juegos de la plaza, hacen las veredas del barrio o construyen la capilla.
En esos primeros años el barrio estaba “desolado y descuidado”. Una vecina recuerda que en 2018 “lamentablemente ni los remises ni las patrullas querían entrar; estaba tomado por cierta gente, peligrosa, por un decir. Fue el asesinato de dos personas inocentes lo que desencadenó que hoy en día el barrio esté tranquilo”.
El hada buena en 8 de Mayo
María Eugenia Vidal, como gobernadora de la provincia de Buenos Aires, en diciembre del año 2017 creó el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU) con el objetivo de urbanizar las villas y asentamientos del Gran Buenos Aires (GBA). La función principal del OPISU era realizar diagnósticos, evaluaciones, censos y proyectos de factibilidad para planificar la creación de nuevos barrios y mejorar la integración social y urbana de estas zonas. Mediante estos estudios, detectan oportunidades y desafíos, analizan conflictos, promueven soluciones y establecen plazos. Entre los barrios de la muestra que se seleccionaron se encuentra el continuo de Costa Esperanza, Costa del Lago y 8 de Mayo, en el municipio de General San Martín.
No alcanzó la magia, solo hicieron un salón de usos múltiples que funcionaba como oficina de reparticiones estatales. Las obras llegaron después con el cambio de gobierno.
La basura sigue siendo uno de los problemas más importantes. El otro día contamos más de diez autos abandonados prendidos fuego y apilados en el medio de la basura. En relación a los usos, más que configurarse como sector de esparcimiento en clave integradora, pareciera corresponder más a un punto de arrojo y quema de basura cada vez más extendido.
Nicolás Segundo: Mucho murmullo, pocos testigos
En Las Cañitas, barrio con historia de lucha y resurrección, el 7 de noviembre del año 2020 asesinaron a Nicolás Segundo, de 34 años, vecino, trabajador albañil, paraguayo y en pareja con un varón.
Era una tarde de noviembre y los transas del barrio —aunque ya contaban con un pasillo ancho y una calle finita— argumentaban que “necesitaban un lugar” y pretendían tomarle la casa a una señora adulta mayor. Nicolás conocía a la señora y fue a impedirlo junto a su pareja. Luego de que la discusión escalara, uno de los transas sacó un arma y disparó.
A las cinco de la tarde, Nicolás recibió dos disparos por la espalda, uno en la pantorrilla y otro que afectó la arteria femoral. Un vecino improvisó un torniquete para intentar salvarlo. Las ambulancias no entran al barrio. Se acumuló gente, llamaron al 911. El barro de las calles es resbaladizo. Nicolás intentó volver a su casa, pidió ayuda, pero se desvaneció. Murió desangrado.
Llegó la policía y el barrio estaba alborotado; más tarde los vecinos prendieron fuego a la casa donde estaba el asesino. Los investigadores de la fiscalía se hicieron presentes en el lugar. Buscaron testigos, no hay cámaras. Se sentían los murmullos, pero nadie declaró.
El personal del comando de patrulla, en el parte, describió el escenario: “Se trata de un barrio de emergencia denominado comúnmente barrio Libertador, de construcciones precarias, carente de varios servicios de la época moderna, como ser cloacas, electricidad y gas de red, con notorias deficiencias infraestructurales, calles de tierra y zanjones que ofician de cloacas a la vista”.
La versión policial narra una escena de puñetazos en medio de una borrachera, pero nada se dice del conflicto que originó la pelea. ¿Cuál era el problema de fondo? ¿Quién lo investiga y cómo? La única persona del barrio que declara en calidad de testigo cuenta que P. volvió a su casa diciendo “vayámonos que hay un muerto”, y se cambió la ropa que tenía puesta en el momento de la pelea.
La mañana siguiente los transas pasaron por las casas de los vecinos que habían sido testigos del hecho y los amenazaron: si alguien hablaba, lo iban a matar también. Llamaron a la familia de la víctima para comprar su silencio. P. y R. —su pareja en ese momento— se fugaron, y fueron de casa en casa, con estadías cortas en cada lugar. Se sabe que P. cuenta con dos pedidos de captura anteriores, del año 2013 y 2014, ambos por privación ilegítima de la libertad. Al tiempo, la detención se hizo efectiva y permanece privado de su libertad con una preventiva, hasta el juicio.
El Poder Judicial nunca supo que la muerte de Nicolás estaba inserta en un derrotero más amplio, dado que hacía meses que los vecinos venían sufriendo episodios cada vez más violentos asociados a la expansión de la venta de droga en el barrio: cortaban el paso, pretendían dominar la circulación, disponer de quién ingresaba, los horarios y recorridos. De hecho, semanas antes, se habían tiroteado en plena luz del día, amenazando a una señora que llevaba a sus hijas a la escuela.
Durante esos días algunos vecinos se organizaron y lograron hablar con el comisario. El jefe de la Comisaría 5.ª de Billinghurst les había dado su teléfono personal para que lo llamaran “por cualquier cosa”.
Eso hicieron esa mañana de domingo. Había muerto Nicolás y ahora los transas se paseaban por el barrio amenazando a los vecinos y diciendo que eran ellos quienes habían entregado al autor material del disparo.
El comisario se acercó hasta el barrio y en una reunión de vecinos enardecidos prometió dejar un patrullero apostado en la esquina. Allí, indicó que estaban buscando al responsable del homicidio que ya estaba identificado. Les pidió calma y que se comunicaran con él. Al terminar, mientras que por una esquina se iba el patrullero con el comisario a bordo, por la otra, aparecieron dos de los transas e invitaron a los vecinos a charlar. Aclararon que ellos no querían más quilombo, que iban a trabajar sin armas, que esta es su zona de trabajo y que ellos saben todo lo que pasa en el barrio. Luego, uno de ellos tomó su celular y reprodujo un audio en el que se escuchaba a un vecino pidiéndole al comisario que venga un patrullero, que los transas estaban a los tiros. Este vecino se encontraba presente en la reunión.
Para que se entienda. El comisario le reenviaba a los transas los audios que los vecinos le mandaban a su teléfono personal por “cualquier cosa”.
De esto tampoco se enteró el Poder Judicial.
Como respuesta, los vecinos decidieron cortar el camino del Buen Ayre para hacer su reclamo. La provincia actuó rápido: los vecinos pedían Policía pero que no fuera proveniente de la Comisaría 5.ª ; enviaron a las fuerzas especiales de la Unidad Táctica de Operaciones (UTOI), patrulleros y motos. Los vecinos estuvieron más tranquilos, los transas se fueron, el comisario fue desvinculado de la 5.ª y nosotros recuperamos la calle.
Lo que no se sabe en el barrio es que, una vez finalizada la etapa de instrucción, P. fue acusado de haber cometido el delito de homicidio calificado por el uso de arma de fuego. Con esta acusación y en caso de optar por un juicio abreviado, admitiendo las culpas, considerando atenuantes y agravantes, hubiera correspondido aplicar una pena de 15 años de prisión.
Pero eso no fue lo que sucedió. El 1 de septiembre del año 2022, en la ciudad de San Martín, a las 10.30 de la mañana en la Sala A de los Tribunales de Ruta 8, comenzó el juicio por jurados contra P., asistido por un defensor oficial. Presidió el evento el juez Adrián Fernando Berdichevsky. A las 15.34 el juez Berdichevsky cedió la palabra al fiscal Carlos Insaurralde para su alegato de cierre. Insaurralde se dirigió al jurado y les explicó que su función era ser objetivo, y que en la medida en que la prueba “no fuera contundente”, tenían que desistir de la acusación y pedir la absolución de P. “La prueba fue débil y la acusación fue decayendo en la capacidad probatoria”; consideró que “pudieron ser otras personas las que le dieron muerte a Segundo. Hay margen de duda. No hay testigos directos, y los testigos de oídas no alcanzan para acusar”.
Se dispuso la libertad inmediata y la absolución para P.
Los muertos que vos matáis gozan de buena salud. Del otro lado del mostrador, la comunidad nos abraza.
El beneficio de la duda
Es martes 2 de diciembre del año 2025. En las redes circulan imágenes sensibles desde Loma Hermosa, del lado de Tres de Febrero: el cuerpo de una mujer ensangrentado. Mientras cerramos esta nota, suena otra vez el teléfono para anunciar la muerte de otra persona. En este caso, se trata de un varón joven. En el barrio de Carcova cae sobre la tierra un testigo clave de la masacre que terminó con la vida de Mauricio Ramos y Franco Almirón, y cambió para siempre el destino de nuestro fusilado que vive, Joaquín Romero. En aquel juicio, por el beneficio de la duda, quedó en libertad Gustavo Rey, un policía de la Bonaerense II, experimento del entonces gobernador Daniel Scioli.
El testigo más contundente al describir la escena fue Ángel “Pepe” Aguirre. Sus palabras no alcanzaron. No tuvo el beneficio de ninguna duda.
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