Nació una flor en el monte

De los obreros de Mercedes Benz a los clandestinos del monte

 

Los montes del norte santafesino saben de increíbles luchas y brutal represión. En mayo de 1921, el diputado por Vera, Belisario Salvadores, denunció en la legislatura santafesina a la policía montada de La Forestal. Trabajadores organizados fueron señalados como “agitadores profesionales”, “bandoleros” y “delincuentes” y perseguidos hasta lo más hondo de la selva. Un periodista en aquellos tiempos alcanzó a entrevistar a una familia internada en el monte. “Cuando les preguntaba:

—¿Y ustedes que comen?, me respondían:

Guasunchos, cuando cazamos.

—¿Y si no cazan?

Iguanas.

—¿Y si no hay iguanas?

Lo que podemos, señor”.

En la última audiencia del “Juicio Contraofensiva Montonera”, declararon Carlos Cremona, Oscar Mathot y Remo Venica, referentes en los años ‘70 de las Ligas Agrarias del nordeste argentino. La similitud entre lo que les sucedió a ellos cuando fueron perseguidos por el terrorismo estatal-empresarial con lo sucedido en aquel entonces en tiempos de Yrigoyen es notable. Los tres hablaron de la masiva desocupación y migración producida entonces por el industricidio provocado por La Forestal (antes el lockout), de la organización de las Ligas Agrarias (en la década del ’20 del sindicato obrero del tanino), de la represión que sufrieron (en aquella época de la Gendarmería Volante) y cómo sobrevivieron en los montes y cañaverales durante más de tres años gracias a la solidaridad de los campesinos.

En paralelo, en la cuarta audiencia de testimonios de una nueva mega-causa por delitos de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo, declararon María Luján Ramos, compañera de Esteban Reimer, trabajador detenido-desaparecido de Mercedes Benz, José Barreiro, ex miembro de la comisión interna combativa de la empresa automotriz, y Victoria Basualdo, historiadora y especialista en organización sindical y represión empresarial, quien explicó por qué y cómo los empresarios se transformaron en actores clave del proceso represivo, tanto en Mercedes Benz como en Dálmine-Siderca, la acería de Techint.

A más de cuatro décadas de la última dictadura, en los juicios de lesa humanidad se advierte cada vez con mayor claridad que la represión ilegal representó tanto el genocidio justificado por una rancia moral argentinista, católica y militar, como el momento final de un profundo y largo enfrentamiento de actores económicos. La numerosa presencia de estudiantes secundarios y universitarios destaca el extraordinario valor didáctico de estos juicios.

 

Los de abajo como variable de ajuste

Desde la sociología laboral puede diferenciarse la violencia en el trabajo y la violencia del trabajo. La primera puede eximir a la empresa como productora de la violencia. Es decir, que viene desde afuera, de la propia sociedad, y se presenta en el lugar de trabajo. La segunda podría referirse a todas las modalidades de violencia que ocurren por el trabajo: transformación tecnológica y desocupación, intensificación del ritmo laboral y accidentes, malas condiciones y enfermedades, reclamos y protestas de los trabajadores y represión. Para las empresas involucradas en delitos de lesa humanidad, los secuestros de trabajadores durante la última dictadura —se produjeran en las fábricas o no— quedarían comprendidos en la primera dimensión. Por ello se consideran eximidos de estos juicios, aunque los tribunales investiguen, imputen y hasta condenen —como en Ford— a sus ex directivos. Lo que se ventila en los juicios, sin embargo, es muy distinto a lo que se representan las empresas y encaja perfectamente en la segunda dimensión.

“Estoy aterrorizado”, escuchó María Luján Ramos de boca de un trabajador administrativo cuando le contó que había visto cómo un directivo de la empresa hacía entregar el legajo laboral de su compañero Esteban Reimer a oficiales militares. Reimer fue desaparecido el 5 de enero de 1977, al mismo tiempo que Víctor Ventura. Ambos eran miembros de la comisión interna que todavía, a casi un año de producido el golpe de marzo de 1976, negociaba con la empresa condiciones salariales y de trabajo. Ambos se habían rehusado a firmar un acuerdo que imponía los premios por productividad históricamente rechazados. El día anterior habían sido convocados a la sede central a una reunión donde recibieron concesiones que les trajeron “mala espina”, según la definición dada por María Luján.

María Luján, militante de la juventud peronista como Reimer, averiguó el destino de su compañero. Cuando fue a la fábrica a preguntar, la compañía le ofreció pagarle el sueldo. Lo recibió durante algunos años. Cuando fue a cobrarlo por primera vez, ingresó a la planta que todavía queda en Virrey del Pino y repartió volantes entre los compañeros de Esteban. A la siguiente vez ya no la dejaron ingresar.

José Barreiro conocía a Esteban. Ambos fueron miembros de la Comisión Interna combativa de Mercedes Benz. Barreiro habló de las demandas que le hacía a la empresa por los elevados niveles de plomo en sangre que tenía, de su rol en el proceso de lucha sindical y de las dos veces que lo fue a buscar el Ejército a su domicilio y no lo encontró gracias a que había tomado la precaución de no informar a la empresa que se había mudado. Barreiro trabajó un tiempo más hasta que la presión fue demasiada y renunció al empleo. El defensor público de los represores Alejandro Arguilea lo llevó a decir, con visible mala intención, que la renuncia se explicaba por una exclusiva decisión personal.

Victoria Basualdo, investigadora del Conicet, declaró como testigo de contexto y pudo presentar los resultados del informe «Responsabilidad Empresarial en Delitos de Lesa Humanidad» producido por el CELS, el Área de Economía y Tecnología de FLACSO, el Programa Verdad y Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en 2015. Ya ha declarado en varias causas donde las empresas aparecen como victimarias. Analizó sus formas de participación en la represión y explicó por qué el conflicto sindical se convirtió “en una variable de gran peligrosidad” en aquellos años. Para el caso de Mercedes Benz se remitió además a los particulares vínculos de esta automotriz con el nazismo, que fueron investigadas minuciosamente por la periodista Gaby Weber, cuyo documental Milagros no hay hace referencia a la respuesta dada por el gerente de producción Juan Tasselkraut, cuando le preguntaron si creía que la represión a los gremialistas estaba vinculada a los buenos resultados productivos.

Luego de referirse también al rol de Dálmine-Siderca en la represión ilegal, Basualdo explicó por qué esta violencia contra los trabajadores debe entenderse de la mano del 10% que estos perdieron en la distribución de la renta nacional en la siguiente década.

Los testimonios de esta última audiencia no fueron de gran impacto para lo que en concreto se juzga en este proceso, que es la responsabilidad de actores militares de Campo de Mayo. Sin embargo el tribunal escuchó con atención, durante más de cuatro horas, una versión compacta y coherente que desnuda la razón por la cual prima la impunidad antes que la justicia cuando se trata del involucramiento de actores patronales. Se trata del poder que tienen para hacer pasar como “normales” los actos violentos, desde la vulneración de un derecho adquirido hasta el daño físico directo. En los casos de los delitos de lesa humanidad, la acción que sella esa “normalización” es el terror. En las crisis actuales, la desocupación. El miedo del dominado es la variable paralizante de ajuste.

 

Busquemos en el bosque

Carlos se ríe con picardía. Está al límite de que el tribunal le recuerde que tiene la obligación de responder con la verdad y no ocultar información. Pero cae simpático. Después de sobrevivir con su compañera y sus niñxs más de tres años en los cañaverales del norte santafesino, contar por dónde salió y por dónde regresó al país para rescatar compañeros en la época de la Contraofensiva, le importa muy poco. Por Brasil, por Paraguay, mira al defensor oficial Arguilea a la cara y le recita: “Si el camino a recorrer es el mismo, nunca vuelvas por donde te fuiste”.

Carlos pertenecía a las Ligas Agrarias santafesinas. Recuerda su paso por Villa Ana, donde la población había sido abandonada por La Forestal desde comienzos de los años ’50, y reconstruye la organización de los hacheros y campesinos, paraje por paraje, la elección de delegados y la participación de las familias. Recuerda la disputa que tenían con los acopiadores como Bunge & Born y Vicentín: el precio del algodón, del girasol, de la caña. Luego, la persecución y el comienzo de las detenciones ya en 1975, y la clandestinidad en el monte, el único lugar donde se sentían seguros, pese a todo.

“Llevábamos los elementos indispensables. No podíamos estar más de tres días en un mismo lugar. Llevaba una mochila de no más de 10 ó 12 kilos, una sábana, algo de ropa, comida, había que caminar en el monte de noche, no es joda, hay barro, es mucho peso. Nos acostumbramos, sentís mucho menos el frío, el dolor. Lo que sí, los 4 millones y medio de mosquitos que tenía, todos los días y todo el año y de todas las variedades, más los polvorines, jejenes, en pleno verano, con 40 grados, había que dormir con frazada”.

Carlos se frena y se emociona cuando recuerda que el agua que bebieron más de alguna vez provenía de los “carros” de las flores o estaba mezclada con el orín de las vacas. En esas condiciones, y con hijos nacidos en pleno cañaveral. “Espero que alguien recuerde que hubo un grupo de personas que quiso terminar la revolución de San Martín, Belgrano y Moreno, queremos ser libres, basta de tener presos políticos”, dijo ante el tribunal para concluir un relato en el cual no dejó de advertir los valores del cooperativismo y la imposición con la dictadura de un proyecto de expulsión de la gente del campo que culminó con la expansión de los pools de siembra.

Remo Venicca y Carlos Mathot hacen un relato similar, con igual fuerza emocional y mensaje político. Ambos destacaron la organización de los campesinos y la ayuda de un sector de la Iglesia Católica tanto para tejer aquellos lazos solidarios como para escapar de la represión. También, cómo fueron atacados los campesinos que los ayudaron durante años a sobrevivir. “La dictadura se ensañó con los sectores más desposeídos del campo”, recordó Venica. Con ellos vivieron los primeros meses de clandestinidad antes del golpe. Los ayudaban a trabajar y “sin dejar de capacitar, incluso enseñar a leer y escribir”. Luego vino la reclusión en la selva, los contactos aislados y cuidados para hacerse de información y provisiones. A diferencia de Cremona, Venica recuerda buenos momentos en la selva, incluso la “caza furiosa” de 30 pescaditos en un arroyo y una bolsa llena de ranas.

Venica y su compañera Irmina Kleiner viven en Guadalupe Norte. Allí promueven la producción agroecológica. El libro Monte Madre de 2006 y el documental Los del suelo, de 2015, cuentan sus historias, que incluyen persecuciones, fugas, graves heridas de bala, soledad y reencuentros. Venica contó algo de ello al tribunal. Su hija Marita nació en medio de los cañaverales, en un pozo cavado especialmente para evitar los gritos del parto. La amamantaron durante un mes y medio y la dejaron con una familia de campesinos para que estuviera mejor cuidada, hasta que pudieran salir de la selva. El matrimonio campesino y su nena fueron secuestrados. La nena estuvo en la cárcel hasta los dos años. La pudieron rescatar sus abuelos. Los represores hacían circular mensajes radiales donde se escuchaba la voz de una nena que decía: “Papito, mamita, aquí los que me tienen les dan una oportunidad”.

 

Remo Venica.

 

La crueldad ilimitada de los represores encontró su antídoto en la solidaridad de los campesinos y en un poema que escribió Luis Fleitas, militante chaqueño que vivió en la clandestinidad en el monte junto a Venica y Kleiner y fue desaparecido durante la Contraofensiva. A Fleitas, cuyo caso se juzga en este debate, le salieron las siguientes palabras en homenaje a la niña nacida bajo tierra:

“Al pie de un viejo quebracho, en medio del cardo chuza, fruto del amor de dos combatientes, nació una flor en el monte”.

 

Miembros del Equipo de Responsabilidad Empresarial, de la Intersindical de Derechos Humanos y del Grupo de Víctimas de Ford.

 

* Fotos: Gustavo Molfino, Diario del Juicio
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