Nada nuevo bajo el sol

Una defensora de represores al Congreso y un ex diputado al banquillo por delitos de lesa humanidad

 

Mientras algunos se sorprenden por la llegada al Congreso de la defensora de represores Victoria Villarruel, un ex diputado nacional está a punto de enfrentar su primer juicio oral y público por delitos cometidos durante la última dictadura militar. Retirado del ejército como capitán, ex carapintada, ex mano derecha de Aldo Rico y ex legislador por el Movimiento por la Dignidad y la Independencia (MODIN) entre 1993 y 1997, Emilio Morello es uno de los seis imputados en el juicio por los crímenes cometidos en el Regimiento de Infantería 6 (RI6) de Mercedes que comienza el viernes.

La banca parlamentaria que acaba de conseguir Villarruel, presidenta del “Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas” y número dos en la lista de Javier Milei, se dimensiona mejor si se recuerda que en este país Antonio Domingo Bussi fue gobernador y que Luis Abelardo Patti fue intendente y diputado electo, sin mencionar a personajes como Morello, quien hoy reside en Bariloche, o su jefe Rico, intendente, diputado y ministro bonaerense, que llegó a repartirse con Patti el 24% de los votos para la gobernación en 2003.

La representación política –minoritaria o marginal− de figuras empáticas con el terrorismo de Estado no es una novedad en la Argentina. Existió en los ‘90 y existió en los 2000. En todo caso la innovación es que hayan pasado de referentes como Bussi, Patti o Rico a civiles como Milei o Espert.

 

 

La investigación sobre el RI6 de Mercedes

En 2018, el juez federal Daniel Rafecas, que lleva adelante la mega-investigación sobre la actuación del Primer Cuerpo del Ejército en la represión ilegal, elevó a juicio la acusación contra varios ex miembros del RI6 por los casos de 37 víctimas en total, 30 de las cuales siguen desaparecidas, ocurridos entre marzo y julio de 1976. Todas las víctimas eran militantes del PRT-ERP, la Juventud Guevarista y el Partido de los Trabajadores Socialistas y estaban vinculadas a la producción, edición y circulación de las revistas El Combatiente y Estrella Roja.

El Tribunal Oral Federal 2 de Buenos Aires juzgará por esos crímenes a cinco ex oficiales y un ex suboficial del Ejército: el entonces teniente primero Gustavo González Sass, los entonces subtenientes Emilio Morello, Luis Brun, Martín Sánchez Zinny y Horacio Linari, y el entonces cabo 1° Osmar Andrade, todos ellos a cargo de distintas secciones del RI6 en el momento en el que ocurrieron los hechos. Todos los acusados están en prisión preventiva domiciliaria. El ex jefe del Regimiento, el entonces coronel y luego general Alberto Schollaert, fue apartado del juicio por incapacidad sobreviniente. Tampoco llegaron al debate el ex segundo jefe del RI6, el entonces mayor Luis Fernández Bustos, fallecido, ni el entonces teniente Serapio del Río, apartado.

La actividad represiva del RI6, que funcionó bajo el mando operativo del Primer Cuerpo y cuya jurisdicción comprendía los partidos de General Rodríguez, Luján, Mercedes, San Andrés de Giles, Campana, Exaltación de la Cruz y Zárate, ya fue analizada en otro juicio por los delitos cometidos en el centro clandestino “El Vesubio”, donde fueron llevadas algunas de las víctimas del Regimiento. Sin embargo, para los seis imputados en el juicio que comienza el viernes bajo modalidad virtual esta será la primera vez en el banquillo. Además de Morello, el espíritu carapintada también estará representado ante el tribunal por Sánchez Zinny y Linari, otros de los acuartelados en Campo de Mayo en abril de 1987, y por Luis Brun, quien acompañó el posterior alzamiento de Mohamed Seineldín.

Con excepción de Sánchez Zinny, a quien se le atribuyen además otros dos casos de secuestros, todos los acusados que llegan al debate –incluyendo a Morello– deberán responder por el homicidio de Jorge Emilio Arancibia, asesinado durante un operativo del Ejército contra una casa del PRT-ERP en la localidad de San Andrés, partido de San Martín, en julio de 1976; por el secuestro y las torturas a una víctima no identificada que cayó en ese mismo operativo; y por el secuestro de Pablo Pavich, aún desaparecido, unos días antes.

Una de las incógnitas que quedan sobrevolando la causa gira en torno a una locación que el grupo del RI6 habría utilizado como un centro clandestino donde mantenía cautivos e interrogaba bajo tortura a los secuestrados y secuestradas, según concluyó el juez Rafecas. Aunque en la investigación aún no se pudo identificar ni localizar el sitio, en el juzgado ya cuentan con indicios basados en declaraciones de ex conscriptos que conforman una hipótesis que va a explorarse en las próximas semanas.

 

 

 

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