Es conocida la instrumentalización que hace Estados Unidos de la “lucha contra el narcotráfico”, una de las formas de intervención/injerencia para controlar países en América latina. Como toda dominación imperial, tiene dos caras: todo para los subordinados, muerte a los que resisten el dominio; asistencia financiera al narco-gobierno de Javier Milei; ataques en el Caribe –en aguas internacionales– a los tripulantes venezolanos de pequeñas embarcaciones, sin ofrecer pruebas de que fueran narcotraficantes, ni de la carga que transportaban y el itinerario que recorrerían; acciones que cuentan con la cobertura de un enardecido relato a cargo del Departamento de Estado: según el Secretario de Estado, Marco Rubio, “no vamos a permitir que un cártel, que opera o se hace pasar por un gobierno, opere en nuestro propio hemisferio”.
El Presidente Donald Trump rescató a Milei protegiendo el juego especulativo de los fondos buitre relacionados con el secretario del Tesoro, Scott Bessent: durante su misteriosa estadía de esta semana, Luis Caputo entregó el manejo del tipo de cambio, una fiesta que provoca sufrimientos al pueblo argentino que, además, tendrá que pagarla mientras ve cómo se entierra su proyecto de nación. Siguiendo el diktat imperial, el cipayo suramericano es para Trump un “líder fantástico y poderoso” –podría haberlo dicho así: el Presidente argentino encabeza “un narco-gobierno, pero es nuestro narco-gobierno”–, porque lo que interesa de la Argentina es su extensión territorial, ubicación geográfica y recursos naturales. En palabras de Bessent: “El éxito de la agenda de reformas de la Argentina es de importancia sistémica, y una Argentina fuerte y estable que contribuya a consolidar un hemisferio occidental próspero redunda en el interés estratégico de Estados Unidos. Su éxito debería ser una prioridad bipartidista”. Agregó que “Milei se comprometió a sacar a China de la Argentina”.
Al mismo tiempo, en el marco de su colonialismo narco-selectivo, Trump intenta invadir la Venezuela rebelde, para lo cual ha iniciado un proceso de militarización del Caribe Meridional. Para Trump, el Presidente Nicolás Maduro es un “narcoterrorista”, jefe del inexistente “Cártel de los Soles”. Lo que existe y está documentada –por lo menos desde la década de 1980– es una estrecha relación entre los gobiernos norteamericanos, el tráfico de armas y el narcotráfico. Un caso emblemático fue el escándalo Irán-Contras: una triangulación mediante la cual la administración Reagan vendía armas con sobreprecios en Irán para financiar con los excedentes a los Contras, grupos paramilitares contrainsurgentes –algunos de cuyos integrantes participaban del tráfico de cocaína, según el informe Kerry de 1989– que, bajo conducción yanqui, combatían en Nicaragua contra la Revolución Sandinista. Venezuela ocupa un lugar marginal en la producción de estupefacientes y no es la única ni principal ruta del tráfico de drogas producidas en Suramérica y consumidas en Estados Unidos, después de ser distribuidas una vez que cruzan la frontera por estructuras criminales locales nunca investigadas.
El propósito es apropiarse de las mayores reservas comprobadas de petróleo del mundo, ubicadas a sólo 5.000 kilómetros de Estados Unidos, y atender intereses permanentes: el Caribe es lo que el intelectual y líder político dominicano Juan Bosh llamó “frontera imperial”, epicentro de la incipiente mundialización del capitalismo en los siglos XVI y XVII, y uno de los espacios de encarnizada disputa entre diferentes proyectos coloniales y anticoloniales, de España, Francia, Inglaterra, Países Bajos y Estados Unidos. No fue casual que grandes revoluciones del hemisferio (haitiana, cubana, sandinista y bolivariana) hayan tenido lugar en el Gran Caribe, ni que importantes pensadores de la mundialización, la descolonización y la dependencia hayan sido caribeños, desde el mismo Bosh hasta el trinitense Oliver Cox; tampoco que el internacionalismo hemisférico lleve la impronta caribeña: el antiesclavismo de los revolucionarios haitianos, el internacionalismo tercermundista de la Revolución Cubana, el proyecto confederal de Simón Bolívar o el ALBA-TCP de Hugo Chávez y Fidel Castro. La Cuenca del Caribe sigue siendo estratégicamente importante por diversas razones, entre otras que es el primer lugar de repliegue del imperio dominante, que ha perdido poder económico, diplomático y geoestratégico en todo el planeta.
En esta línea, no sorprende que el gobierno de Daniel Novoa en Ecuador no esté bajo ataque estadounidense: la empresa Novoa Trading Co., que pertenece a Novoa y su hermano Juan, está involucrada en el tráfico de cocaína; además, el Pacífico, no el Caribe, es la principal ruta marítima del tráfico de drogas desde Suramérica a Estados Unidos. Está claro que lo que importa a Estados Unidos no es el flagelo del consumo y los problemas de salud pública que golpean duramente a su propia sociedad.
La penetración o el impedimento de la narco-política en un país determinado deben buscarse en el proyecto político que en ese país se realiza. Es lo que en nuestro caso define a Milei como narco-aliado: está construyendo un Estado para la dependencia colonial y a medida de las necesidades del narcotráfico; la destrucción de la que se jacta es la del Estado nacional-social-democrático, única tarea en la que ha sido eficiente. La demolición de instituciones y el relajamiento de mecanismos de regulación claves en relación con el control de fronteras y el movimiento de capitales, la Ley Bases (27.742) y el RIGI –de aplicación genérica, no específica, y sin exigencias mínimas–, l DNU 338/2025 que reformó el Código Aeronáutico (ley 17.285) debilitando el control del espacio aéreo, los laxos blanqueos impulsados, y las relaciones y convicciones presidenciales, han facilitado el crecimiento del narcotráfico y, como consecuencia, su presencia en el sistema político ampliado: partidos políticos y aparato judicial.
La conmoción en torno a la candidatura oficialista a diputado nacional de José Luis Espert, cabeza de lista de La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires, reveló un fenómeno que por definición se mantiene siempre en las sombras. Su candidatura fue decidida por Milei –políticamente relacionado con Espert desde hace años–, quien intentó mantenerla aun después de confirmarse que el diputado había recibido por lo menos 200.000 dólares y viajado 36 veces en aviones del narcotraficante argentino Federico Fred Machado, vinculado al cártel de Sinaloa de Joaquín El Chapo Guzmán. El pedido de extradición de Machado por parte de Estados Unidos estuvo sin ser resuelto por la Corte Suprema –que condenó a Cristina en 70 días– desde 2022 –con informe favorable del procurador desde 2023– hasta el martes pasado. Machado reconoció haber financiado la campaña presidencial de Espert en 2019: un altruista que nunca pediría a cambio la facilitación de negocios ilícitos.
Se sabe además que Machado comparte con el Presidente Milei la asesoría legal de Francisco Oneto, candidato por La Libertad Avanza a vicegobernador bonaerense en 2023, quien compartió en un juicio en 2021 la defensa/patrocinio de Espert con Diego Spagnuolo, también abogado de Milei, ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad y amigo/difusor de las coimas que habría recibido Karina Milei por sobre-precios pagados por el gobierno a la Droguería Suizo-Argentina. A esta trama no le falta elocuencia: Milei estaría en el centro de una narco-casta emergente; intermediaria entre el poder político, el endeudamiento/estafa masiva –carry trade– y el narcotráfico.
La tambaleante situación económica autoprovocada, la sucesión de escándalos y el repudio callejero, dejaron al gobierno de Milei en estado de desesperación, como describe la prensa internacional. La pretensión oficialista de que se reimprimieran las boletas con la cara de Diego “parece un narco” Santilli en lugar de la de Espert encerraba una maniobra que infringe normas que protegen un derecho de las mujeres, como explicó en su fallo el juez con competencia electoral Alejo Ramos Padilla; pero además, en cuanto a la reimpresión, hay un problema logístico: que las boletas estén en tiempo, lugar y forma implica un arduo trabajo de los trabajadores de los juzgados federales y del correo, imposible de ser realizado en el plazo que resta hasta la elección. Y, por otra parte, con el cambio de sistema que impulsó Milei, se transfirió poder de la sociedad –partidos políticos– al Estado –oficialismo de turno–, que es el responsable de la impresión y de que las boletas lleguen al cuarto oscuro. Si un candidato/a de cualquier partido de oposición hubiese desistido de postularse por decisión política del espacio que integra, no por un impedimento, ¿el Estado se hubiese hecho cargo de la impresión de nuevas boletas y su distribución, y actuaría con la presteza que requieren las circunstancias? La respuesta más probable es no; por lo cual, si ahora se reimprimieran, el oficialismo se estaría auto-favoreciendo.
Asimismo cabe señalar que en la Provincia de Buenos Aires –como caso testigo– el costo de la elección del próximo 26 de octubre con boleta única y sin reimpresión duplica al de la del 7 de septiembre pasado con el sistema de boleta partidaria. Un despilfarro más, aunque “no hay plata”.
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