Negacionismo puntano

Repudios a la censura académica en San Luis sobre el índice de abuelidad

Mural de homenaje del CONICET Bahía Blanca a la genetista Mary-Claire King en la antigua sede de la Universidad Nacional del Sur.

 

El negacionismo de las aberraciones perpetradas por la última dictadura argentina invadió en San Luis el terreno de la enseñanza de las ciencias duras, cuyas conclusiones se basan en evidencias que no dejan márgenes a la controversia o la interpretación.

En septiembre último, el profesor Darío Ramírez censuró contenidos que el docente Leonardo Seguín propuso a sus estudiantes para los trabajos prácticos de la materia que comparten, Biología Molecular e Ingeniería Genética. Ambos alcanzaron doctorados y forman profesionales en Biotecnología de la Universidad Nacional de San Luis, pero Ramírez consideró que el estudio del “índice de abuelidad” constituía una práctica de “adoctrinamiento”, por el solo hecho de que fue un logro científico empujado por la necesidad de restituir su identidad a hijos e hijas de personas desaparecidas.

No fue la única muestra de negacionismo del doctor Ramírez, que además es investigador del CONICET, pero sí la más grave: el profesor pasó de las bravuconadas en las redes sociales a la censura académica, con argumentos que desconocen tanto la evidencia científica como lo dispuesto por acuerdo del conjunto de las Universidades Nacionales en materia de perspectiva de derechos humanos.

La de San Luis tiene además una historia singular: su primer rector, el filósofo Mauricio Amílcar López, permanece desaparecido desde las primeras horas de 1977. Semejante ausencia no alcanza a conmover el negacionismo, que en la academia puntana tomó la forma de censura.

 

Archivo eliminado

Como jefe de trabajos prácticos de la materia, Seguín programó una clase dedicada al estudio del trabajo realizado en el Banco Nacional de Datos Genéticos, cuyo plantel integran dos graduados de la propia UNSL.

En particular, el docente se enfocó en lo que se conoce como “índice de abuelidad”: un hallazgo científico en busca de responder a la necesidad de las Abuelas de Plaza de Mayo de restituir la identidad a sus nietas y nietos sin contar con material genético de sus progenitores. El cotejo arroja un grado de certeza de 99,9% y no se practica sólo en el BNDG para casos de víctimas del terrorismo de Estado, sino también en laboratorios privados que atienden consultas de particulares que no sufrieron la represión clandestina, pero pretenden corroborar o conocer su identidad. Mary-Claire King, que en la década de 1980 encabezó las investigaciones para formular el índice, es una genetista norteamericana de prestigio mundial. Cuatro décadas después de sus trabajos sobre la abuelidad genética, recibió el mes pasado el premio “Princesa de Asturias” a la investigación científica y técnica, por los hallazgos de su trayectoria.

 

Mary-Claire King, junto a las abuelas Nélida Gómez de Navajas y Estela de Carlotto.

 

 

El tema elegido por Seguín era ideal para vincular dos objetivos: explorar conocimientos útiles para futuros profesionales en biotecnología y avanzar en la curricularización de contenidos sobre derechos humanos que el conjunto de universidades públicas acordaron en el plenario del Consejo Interuniversitario Nacional que en abril de 2022 las reunió en San Salvador de Jujuy. Ramírez no podrá aludir desconocimiento de la disposición, porque la propia universidad puntana difundió el acuerdo plenario del CIN en su página web. Su Rectorado creó una Comisión de Derechos Humanos para avanzar en la curricularización y la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia designó a Seguín para representarla allí.

Sin embargo, el 6 de septiembre Ramírez decidió eliminar de la sala virtual de clases los contenidos vinculados con el BNDG. Al hacerlo, dejó un mensaje a las y los estudiantes, que pese a sus edades y formación no estarían en condiciones de distinguir por sí mismos lo que su profesor llama “adoctrinamiento”.

 

 

 

Según lo relatado por Seguín al Cohete, tras la eliminación de los archivos ambos docentes mantuvieron una reunión y acordaron que Ramírez volvería a cargarlos, aunque expresando su desacuerdo. El titular de la cátedra no cumplió lo pactado y, cuando Seguín se lo reclamó, avisó que no lo haría y plantearía el tema a la Subsecretaría de Políticas Universitarias. Su titular, Alejandro Álvarez hijo, es el principal difusor del concepto de “adoctrinamiento” para descalificar ideas o conocimientos con los que no comulga. La posición que tome frente al caso puntano permitirá entrever los contornos de la libertad que proclama, y si vale para todos o sólo para propios.

 

 

 

Rectores

Con mayor claridad fijó su posición el rector de la UNSL, Raúl Gil. En una carta abierta publicada en sus redes sociales cuando el hecho tomó estado público, Gil ratificó el compromiso institucional con la defensa de los derechos humanos, avaló su curricularización y repudió al terrorismo de Estado. A tono con lo que exige la época, debió explicar lo evidente: que la enseñanza del índice de abuelidad no puede ser considerada “adoctrinamiento”, porque es una verdad científica. Además, anticipó que llevará el hecho al Consejo Superior, que deberá resolver si aplica sanciones disciplinarias al censor.

Ese fue el reclamo que Estela de Carlotto, la socióloga Dora Barrancos y el genetista Víctor Penchaszadeh, miembro del Consejo Consultivo del BNDG, plasmaron en una carta que enviaron al Rectorado sanluiseño el miércoles 26. Los tres recibieron el premio que desde 1994 otorga la UNSL a personas o instituciones de destacada trayectoria en la defensa y promoción de los derechos humanos.

La distinción lleva el nombre del filósofo y docente Mauricio Amílcar López, cuya historia recuerdan en su mensaje a las autoridades universitarias puntanas. El rector Gil también lo mencionó en su carta abierta. López fue, en 1973, el primero de sus antecesores: con apoyo de la izquierda peronista, se impuso al sector afín a la dictadura de Alejandro Lanusse, que había creado la UNSL tres semanas antes de entregar el poder a Héctor Cámpora. El rector inaugural ejerció su cargo hasta la irrupción de la siguiente dictadura, que lo secuestró en la madrugada del 1º de enero de 1977.

 

 

 

Pilar testimonial

De participación destacada en el célebre Congreso Nacional de Filosofía de 1949 y dirigente luego del Consejo Mundial de Iglesias, para el momento de su desaparición tenía reservado un pasaje para partir rumbo a Costa Rica cinco días después. Allí lo aguardaban una cátedra académica y su reencuentro con las actividades del organismo ecuménico.

Por esas razones, su ausencia despertó rápidos reclamos locales e internacionales, que con el correr de las semanas incluirían a la administración norteamericana de Jimmy Carter. El aparato represivo, que negaba tenerlo en su poder, orquestó una operación para adjudicar la desaparición de López a un supuesto grupo chileno anticomunista. La pata judicial de la represión aportó lo suyo cuando el entonces juez federal Gabriel Guzzo, que murió impune en 2014, negó un recurso de hábeas corpus presentado por el hermano del ex rector.

Una vez más, el aporte testimonial fue decisivo para reconstruir el itinerario que siguió al momento en que fue arrancado de la noche familiar. López padeció su cautiverio en el centro clandestino Las Lajas, bajo control de la Fuerza Aérea. Sabía que le permitían permanecer sin vendajes sobre los ojos porque ya habían decidido su destino. Una de las últimas personas en verlo con vida allí, en el invierno del mismo 1977, fue Horacio Ferraris. Militante de la Juventud Peronista en Córdoba, donde estudiaba, Ferraris había buscado en San Luis un escape a la represión. Fue secuestrado a mediados de año y en el centro clandestino coincidió con López, a quien no conocía.

Su hija, Pilar, repudia la censura “no solo en el ámbito académico sino en todos”, le dice al Cohete. “He visto sufrir a mi viejo las secuelas que le quedaron de la dictadura. El miedo a hablar que le dejaron después de un año y medio desaparecido. La enseñanza de los derechos humanos debe ser transversal, para todos y todas. Es imperioso evitar que estas cosas sucedan si queremos un país con democracia”, agrega.

Pilar es bióloga molecular, graduada y doctorada en la UNSL, y su rol docente la obliga a compartir cátedra y espacios de trabajo con el profesor que niega o reivindica imágenes como las que se prendieron para siempre a las retinas de su padre.

 

 

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