Negocios por ACA

Intercambio de gentilezas entre la Asociación de Cooperativas Argentinas y el Municipio de Ramallo

 

La Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) realizó una donación de un muelle de hormigón enclavado sobre la costa del partido de Ramallo. A cambio, solicitó que el municipio le transfiera definitivamente unos 50 metros de la calle Francia, que desde hace años quedaron adentro de su propiedad. ACA desmantelará sus instalaciones y realizará allí un complejo habitacional. El Concejo Deliberante –que recibió la propuesta por parte del intendente Gustavo Perié– la aprobó el 5 de agosto, por mayoría de los concejales de Juntos por el Cambio. Le cedieron así parte de una calle que, de haber sido defendida, hubiese significado otro acceso público más hacia la costa. A su vez, le permitieron desarrollar un majestuoso negocio inmobiliario, afectando el uso del suelo en una zona no apta para la ampliación urbana, sin contar con informes de organismos pertinentes y sin un estudio de impacto ambiental. Sin un Código de Ordenamiento Urbano y Territorial (COUT) discutido con la sociedad, lo que impera en el gobierno de Perié son ordenanzas modificatorias del uso del suelo en beneficio de unos pocos.

 

 

 

 

En lugar de un COUT, lo que existe en Ramallo es un expediente con ordenanzas-parches que han ido modificando, de acuerdo a los intereses privados, el uso del suelo en el partido. Eso ha afectado y afecta a la salud de toda la ciudadanía. Desde el área de Ordenamiento Territorial, la provincia de Buenos Aires ha marcado las incongruencias existentes en esas ordenanzas modificatorias.

Desde el arribo del gobierno de Perié hasta el momento, solamente se ha insistido en los errores. Nuevamente, desde el gobierno provincial remarcan lo que se debe hacer para subsanar el esperpento presentado. Los concejales cambiemitas pretendían que la Provincia homologue ese expediente al enviarlo sin modificaciones el 3 de septiembre de 2020, como contamos en El Cohete. Eso no sucedió y, en contrapartida, desde Ordenamiento bonaerense le sugieren “iniciar un proceso planificado de ordenamiento del territorio con la participación de todos los actores con intereses, incidencia en el territorio y competencias de actuación en el ámbito municipal”. Además, señalan que “se deberán realizar para ello estudios específicos que salven las inconsistencias o déficit de conocimiento de las temáticas específicas en cuestión y requerir la actualización de las intervenciones de cada organismo provincial con competencias sectoriales como el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), la Autoridad del Agua (ADA), Puertos, etc.”.

Fue el 15 de julio cuando entraron los dos proyectos enviados por el intendente Perié al Concejo Deliberante. Uno era sobre la donación con cargo de ACA a favor del municipio y el otro modificaba el artículo 20 de la ordenanza de ordenamiento territorial y uso de suelo del partido de Ramallo, algo que se producía con los dos proyectos. El bloque de concejales del Frente de Todos había analizado y observado que los proyectos traían modificaciones del artículo 20, donde se incorporaban “distintas áreas, creando nuevas, modificando el Factor Ocupacional del Suelo (FOS), también el Factor Ocupacional Total (FOT), la densidad habitacional, anchos mínimos de parcela, superficie mínimas de parcela, en lo que es edificación, y también permitía distintos tipos de construcción, como tejido semi-abierto, altura de 12 metros, retiros, frentes mínimos, distintos usos donde se permite vivienda, barrios cerrados”, enumera Leandro Torri, concejal por el Frente de Todos en diálogo con El Cohete a la Luna. Torri explica el planteo realizado por su bloque para que los proyectos, antes de ser aprobados, puedan ser analizados pormenorizadamente en diferentes comisiones, como Obras Públicas, Legislación y Presupuesto, porque entendían que había distintos emprendimientos y desarrollos inmobiliarios que se podían llegar a trabajar analizando el plus de valor que pasaban a tener esas distintas áreas modificadas, que obtendrán mayor cuantía beneficiando a potenciales desarrolladores urbanos. La idea de que la propuesta de ACA pasara antes de ser aprobada por la Comisión de Presupuesto se fundaba en “la reglamentación que por entonces realizó el intendente peronista Mauro Poletti, de plusvalía urbana a través de la ordenanza impositiva, por lo que había que hacer el análisis correspondiente”, señala el concejal.

En el artículo 2 del proyecto de donación que realizó ACA –rechazado por los concejales del Frente de Todos y aprobado por la mayoría que posee Juntos por el Cambio en el Concejo Deliberante– se menciona que la calle Francia, de 54 metros, “se desafecta del dominio público –ubicada entre la barranca del río y la calle San Lorenzo de la localidad de Ramallo– y se incorpora al dominio privado de ACA. En su artículo 3, modifica la ordenanza de uso del suelo en un total de 26 parcelas. Por eso planteamos pase a la Comisión de Presupuesto, dado el concepto de plusvalía urbana que existe en la Ordenanza Fiscal Impositiva de Ramallo”, expresa Torri. La importancia de esa reglamentación establece que pagará el tributo de plusvalía cualquier “cambio de uso de inmuebles, cambio en la zonificación, cambio en los parámetros urbanos y cambio en los destinos del uso del suelo”. Eso debió pasar con los dos proyectos de ordenanza. El concejal menciona artículos e incisos de la normativa que hablan de esas modificaciones y cómo debe reglamentarse el concepto de plusvalía dentro de la Ordenanza Fiscal Impositiva. En esos proyectos que beneficiaron a ACA, no se aplicó la normativa que beneficia a toda la comunidad.

Los proyectos de ordenanza que favorecen los negocios inmobiliarios de ACA, que no estuvieron incorporados en el expediente que hace al Código, se llevaron adelante ignorando que “el día 22 de octubre de 2020, desde el área de Ordenamiento Territorial de la provincia de Buenos Aires, se elevó un informe final de evaluación del Código al intendente Gustavo Perié, que nunca informó a ningún miembro del Concejo Deliberante”, expresa el concejal. “Eso hizo que tengamos una incertidumbre y que no se pueda trabajar sobre las modificaciones y las recomendaciones que ha dado el Ejecutivo provincial a través del Ministerio y la Dirección de Ordenamiento Territorial”, indica Torri. En la sesión del 5 de agosto, cuando se trataron los dos proyectos de ordenanza, el bloque del Frente de Todos, viendo la situación irregular en la que se estaban tratando, decidió no acompañar. “La ley 8.912 dice, en su artículo 83, que las ordenanzas correspondientes a las distintas etapas de los planes de ordenamiento –como los son esos dos proyectos acordes a los intereses de ACA– podrán sancionarse una vez que dichas etapas sean aprobadas por el Poder Ejecutivo, que tomará intervención previo dictamen de los organismos competentes”. El edil remarca que es ahí donde ven el mayor problema: “Cuando solicitamos los dictámenes, el Concejo Deliberante, representado en su mayoría por Cambiemos, no nos informa, porque no tienen esos dictámenes de Provincia”.

Además, en el artículo 2 de la Ley de Tierra, donde se mencionan los objetivos fundamentales del ordenamiento territorial, “en el inciso f dice que se debe posibilitar la participación orgánica de la comunidad en el proceso territorial como medio de asegurar que tanto en el nivel de formulación de propuestas, como de su realización, se procure satisfacer sus intereses, aspiraciones y necesidades. Es otro punto que claramente no se tuvo en cuenta”, expresa Torri, quien se encarga de recordar que fue “el intendente Perié quien dijo darle participación a toda la sociedad de Ramallo para resolver el ordenamiento territorial”, y se pregunta: “¿Por qué no se aplica la plusvalía? ¿Cuál es el valor que tiene hoy el muelle que hace años que no opera y cuál es el valor que tienen todos esos terrenos al cambiar los indicadores urbanísticos y permitir viviendas multifamiliares? Si el intendente Perié dice que va a resolver los problemas de la tierra, ¿por qué no aplica la plusvalía cuando modifica todo estos parámetros? Siempre se beneficia a los que más tienen y no se le da la posibilidad a los que menos tienen”.

Dos herramientas fundamentales, como el Código de Ordenamiento Urbano y Territorial y el diseño de una política tributaria, son las que no funcionan en el gobierno del intendente Perié. El COUT debe representar los intereses de la ciudadanía, permitiendo un crecimiento armonioso del territorio, donde tierra y hábitat no sean un privilegio de pocos que se quedan con ese suelo para su posterior explotación. Ordenar significa no dejar al libre mercado la afectación del suelo, alterando las condiciones medioambientales que en Ramallo se encuentran seriamente comprometidas, como hemos señalado oportunamente en El Cohete. La creación del COUT debe estar acompañada de una Ordenanza Fiscal Impositiva que permita diseñar una política tributaria progresiva y que tenga como fin que quienes tienen más recursos sean los que más paguen, si es que se pretende un desarrollo territorial que tenga una distribución justa de la riqueza que se produce en el territorio.

Ordenar tierra y suelo para que no sean unos pocos quienes los exploten, desarrollando negocios inmobiliarios y dejando al resto daños ambientales, y al mismo tiempo sin contar con tierra y vivienda porque no se tejió política pública, o no se aplicó la plusvalía para hacerse de esos fondos –como ocurre en Ramallo con el gobierno de Perié– son los verdaderos problemas. El intendente no tiene planificado un Código de Ordenamiento Urbano y Territorial y al mismo tiempo propicia una política tributaria regresiva que afecta a toda la comunidad.

 

 

Reducido a los intereses de privados

Mientras el gobierno de Juntos por el Cambio Ramallo decidió bajarle la Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene (TISH) a la empresa Siderar de Paolo Rocca, dejando de recaudar por ese beneficio empresarial –otorgado en mayo, junio y julio de 2020– más de 9 millones de pesos (como contamos el domingo pasado), su gobierno le solicitaba fondos a la provincia de Buenos Aires aduciendo que, debido a la crisis sanitaria, se había reducido la recaudación de los tributos municipales. El 4 de mayo de 2020, el intendente Perié le redujo la TISH a Siderar en más de tres millones de pesos, que fue lo que tributó de menos ese mes, y el 28 de mayo decretaba, por haber caído la recaudación, solicitar a la provincia de Buenos Aires cuatro millones novecientos mil pesos. Lo que por decisión propia le rebajaba en tributo a la empresa de Rocca, luego se lo pedía al gobierno de Kicillof.

 

El decreto por el que Perié solicitó fondos.

 

 

Un día después, el 29 de mayo, el intendente Perié rescindía el contrato con la empresa constructora del centro educativo, espacio físico donde se iban a llevar adelante las carreras universitarias que por primera vez en la historia de Ramallo se habían comenzado a dictar por decisión política del intendente peronista Mauro Poletti. A pocos meses de asumir, el intendente PRO Gustavo Perié mostraba cuál era su procedencia partidaria y los intereses a los que beneficiaría.

 

Perié rescinde la obra del complejo universitario.

 

La idea que representa Juntos por el Cambio es la de un Estado que esté en pos de beneficios de privados. Eso fue lo establecido durante los cuatro ruinosos años que gobernaron el país. Esa idea instaurada de que el Estado debe estar reducido y sujeto a intereses de unos pocos fue lo que imperó. Por eso despierta odio cada vez que existe una decisión del gobierno de Alberto Fernández de que el Estado recupere un rol central. Para ciertos sectores, cualquier intento de regulación estatal resulta una amenaza.

El debate del rol que debía tener el Estado con respecto a la Vía Fluvial Troncal Paraná-Río de la Plata, ante la finalización de la concesión, trajo voces en clara oposición al intento de que sea el Estado el que pueda ejercer el control. Una voz disonante fue la del propio presidente de ACA, Claudio Soumoulou, quien participó en el segundo encuentro sobre la Hidrovía Paraguay-Paraná organizado por la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe en febrero de este año, donde expresó: “Creemos importante que el propio concesionario –sea quien fuere– sea quien cobre este peaje que se le cobra a la carga, y que no lo haga el Estado, porque de alguna manera sabemos o tenemos claro qué es lo que sucede muchas veces cuando sucede de esa manera (sic)”.

También manifestó en su intervención que “nos preocupa sobremanera esto que se ha nombrado en algún momento, de la posibilidad de la estatización de la Hidrovía. Lo vemos con preocupación, por eso nos parece importante poder poner la palabra de la producción. Además coincidimos también con quienes me precedieron, que el Estado hoy no tiene ni infraestructura ni expertise necesario como para poder llevar adelante el desafío de conducir los destinos de la Hidrovía (sic)”. Para Soumoulou, el rol del Estado debe ser el que encontró en Ramallo.

 

 

 

 

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