No bombardeen Guernica

 

Un viento fuerte pareciera bastar para que este conjunto de ranchos se desarme. Las paredes y los techos son un collage de desechos, lonas y restos de telas verdes, blancas y azules que van formando viviendas urgentes al ras del suelo. Los pocos techos de chapas fulguran más alto que las carpas. Y las casillas de madera son la prueba de lo prohibido: en el retén policial de la entrada de la calle Manuel Belgrano hace unos minutos quedó demorado un pibe con un montón de maderas para levantar su nuevo hogar. En la camioneta de los policías bonaerenses también están algunos paquetes de fideos que no irán a parar a la olla del guiso diario. Y un hombre cuenta que le pincharon el bidón de agua que quiso hacer llegar a su familia. La tierra ahora está seca pero hace unas semanas el piso de cada rancho eran un barrial. Inundaciones, heladas, un sol más rutilante que el de este mediodía de primavera y el viento que sopla obstinado en el campo abierto; sin embargo, la toma de tierras más grande del país continúa estoica y plebeya desde el 20 de julio. Pero no sabemos hasta cuándo: el 1 de octubre se cumple el plazo que el juez Martín Rizzo fechó para el desalojo.

Como trincheras, los ranchos se multiplican a lo largo del horizonte que deja ver la llanura del Conurbano bonaerense en Guernica, cabecera del municipio de Presidente Perón a 30 kilómetros de Capital Federal. Desde algunos de ellos flamean banderas argentinas y otras de Defensa y Justicia amarillas y verdes. En este terreno enorme se despliegan, en total, cuatro barrios (20 de julio, San Martín, La Lucha y La Unión) donde sobreviven alrededor de 2.500 familias. El lugar que fue un descampado de casi 100 hectáreas, ahora es  un incipiente barrio popular rodeado de zanjones para que los patrulleros de la Bonaerense no entren a hostigar.

La toma de Guernica deja al desnudo las consecuencias del colapso habitacional. No es novedad, pero la clave en este territorio está en cómo el gobierno enfrente un conflicto que demanda una respuesta política que evite el estallido de la guerra del fin del conurbano.

A pesar de que se trata de una problemática social, gran parte del destino de esta barriada estos días se dirime en la justicia penal porque se lxs acusa de usurpación: las tierras que habitan hace dos meses ya tenían dueños. La parcela más extensa pertenece a El Bellaco SA., que comenzó la construcción de un complejo de barrios privados en ese mismo sitio.

“Supimos organizarnos y armar un barrio”, dice Diana Román, vecina de La Lucha, con orgullo. “No somos delincuentes ni usurpadores. Estamos acá por la necesidad. Somos compañeras y familias luchando día a día. Pedimos al gobierno que nos dé una esperanza. Queremos hacer un barrio de bien. Somos gente honesta que lastimosamente nos tocó trabajar en negro y a quienes les tocó trabajar en empresas que la pandemia nos agarró mal. Queremos que nos den la oportunidad de que vamos a sacar este barrio adelante y con dignidad”, agrega.

 

 

 

Para llegar a la casilla de chapa que levantó Diana hay que cruzar dos zanjones anchos de aguas estancas sin reflejo. Ella nunca se saca la gorra que la protege del sol, ni el barbijo que la cuida del coronavirus. Contra todos los prejuicios y en oposición a las escenas que se ven en muchos de los bares porteños aquí intentan, dentro de lo posible, respetar medidas de prevención para evitar contagios. El fin de semana fueron de la organización Médicos del Mundo y terminaron en la comisaría en un procedimiento totalmente irregular, llevado a cabo por los y las policías que custodian el lugar.

Diana es referenta en su manzana. Tiene 23 años y parió a tres hijxs: la más grande tiene 5 y el más chico apenas un año. Primero llegó su compañero. Como él trabajaba de remisero, le tocó llevar a un pariente que se iba a instalar ahí a finales de julio. Vio que había lugar y se quedó aunque no tenía nada más que unas lonas. “Queríamos ver si podíamos lograr nuestro terreno propio porque estábamos viviendo de prestado y sin trabajo no podíamos aportar”, cuenta. Una semana después Diana llegó con sus hijxs y armaron su casilla. En ese momento las disputas por las parcelas a veces eran a machetazos y la división era injusta: quien llegaba primero, ocupaba. Una persona podía tener una manzana entera porque podía. Con el tiempo se ajustó la organización vecinal y popular que se ve reflejada en la traza. La mayoría de las parcelas es 10×30 y tiene su división con palos flacos de madera unidos por hilos, elásticos o alambres. Los baños son pozos dentro de carpas similares a los ranchos donde las familias pasan los días y las noches. Cada zona tiene sus calles, sus lotes, sus puntos de encuentro, sus comedores con cronogramas y horarios para todo. Las familias se organizan hasta para dormir y vigilar que su lugar siga siendo suyo.

Para tomar agua dependen de vecinos y vecinas de barrios cercanos que les llenan los bidones. También de los ánimos de lxs policías que custodian el predio, que muchas veces se los retienen, pinchan o vacían en sus narices. La mayoría de las manzanas tiene luz: pagan por energía a cambio de precios exorbitantes. Quienes encontraron la forma de conseguir electricidad cobran $3.000 por permitir que se “cuelguen de la luz” de los barrios laterales. Después cada casilla tiene que ocuparse de pagar el cable a $90 el metro aproximadamente. “Queremos pagar los impuestos. Queremos que nos den la oportunidad de pagar por estas tierras con planes que se adapten a nuestras posibilidades”, repite Diana.

 

 

 

 

Diana está en una cooperativa y cobra por esa tarea, pero no tiene otra ayuda social. No pudo tramitar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), como muchas otras mujeres en Guernica. Ella tampoco cobra la asignación alimentaria por sus hijes. Su principal trabajo siempre fue cuidar y ahora cuida el barrio como muchas otras mujeres, travestis y lesbianas que sostienen el día a día cuando los varones salen a hacer algunas changas posibles. Al mediodía del comienzo de la semana, el barrio está prácticamente vacío y su ritmo ralentizado. La mayoría de los ocupantes están trabajando afuera.

Una toma a cielo abierto es como una casa familiar enorme y sin paredes: las tareas están divididas con los mismos roles de género que en los hogares. A ellas les toca la olla.

—Este es el comedor La Esperanza—dice Gladys Alejandra Medina. Detrás de esta trabajadora de 49 años y madre de 3 hijas se sostienen con palos dos casillas de lona, alguna sombrilla y un montón de ramas que servirán para apaciguar el frío de la noche. 76 chiques van buscar su plato de comida a diario.

Los últimos 20 años Gladys trabajó cuidando a domicilio. Primero niños y después “abuelos”. Desde finales de marzo, con el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) ese trabajo se puso en pausa y con él el ingreso económico que pagaba el plato de comida y el techo de su familia. Más de la mitad de lo que ganaba se iba en el alquiler. Pagaba casi 9.000 pesos por una casita a media hora de la toma. Lo que le quedaba del sueldo le alcanzaba para lo básico: comer todos los días, los remedios de su hermano que tiene una enfermedad. Un vecino le pasó el dato en julio y así llegó hasta La Lucha.

En la Argentina hay 1.4 millones de mujeres que trabajan en casas particulares. De acuerdo al informe de la Organización Internacional del Trabajo El Covid-19 y el trabajo doméstico en Argentina, esta actividad representa el 5,6% del empleo y el 22% del total de asalariadas del país. Tres de cuatro trabajadoras en este sector no está registrada y, por lo tanto, no accede a derechos laborales ni a protección social. Ante la crisis sanitaria y económica, muchas fueron obligadas a seguir trabajando. Mientras que otras como Gladys se quedaron a la intemperie.

Una encuesta reciente de la Universidad Nacional de Lanús (UNLA) y el CONICET reveló que solo el 33 por ciento de las trabajadoras cobró el salario sin ir a trabajar ante la pandemia por el coronavirus. Fueron despedidas más de 20.000 empleadas domésticas, desde marzo hasta agosto, de acuerdo a los datos del Ministerio de Trabajo y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). Las estimaciones del sindicato Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp) van más allá y calculan que el número ronda entre 50.000 y 55.000 trabajadoras.

 

 

A unas cuantas manzanas del comedor de La Esperanza, Jenny revuelve el puchero sobre el fuego a leña. En Guernica, donde hay una olla se cocina para toda la manzana. Ella tiene 23 años y un hijo de 5, Brian. Antes de vivir en una carpa, podía pagar el alquiler de una pieza con baño propio en Guernica. Trabajaba limpiando un colegio en la zona de lunes a viernes. Su compañero tenía trabajo en la construcción. Así reunían los 5.000 pesos para pagar el alquiler. “Estaba en blanco hasta que empezó la cuarentena. Después me despidieron”, cuenta. Hasta el 30 de septiembre ninguna persona debería ser despedida, de acuerdo a la normativa nacional (DNU 329 y 487/2020).

 

 

 

 

“Necesitamos una tierra para vivir. Yo estaba alquilando y con la pandemia, sin poder trabajar, me fui a lo de mi hermana y después ella ya no podía bancar el alquiler. Todo un lío. Pero acá estoy tranquila y acá estaremos”, dice Alejandra Martínez, mientras ayuda a su vecina de casilla a trabajar la tierra. Armaron una pequeña huerta de la que están brotando pequeñas cebollitas. Tiene 25 años y es peluquera. No quiere que le saquen fotos sin su barbijo. Como en su manzana no hay electricidad, no tiene los elementos para cortarle el pelo a los varones que son quienes más se acercan a pedirle. En la manzana donde vive Alejandra son todas niñas, adolescentes, mujeres y personas trans. Improvisaron una cancha de voley para pasar las tardes.

 

 

 

 

 

Tierra para vivir, feminismo para habitar

La asamblea barrial convoca a 50 representantes de las manzanas y en general se discuten las futuras movilizaciones y las medidas de autodefensa. Los movimientos sociales armaron su propia mesa de articulación. Las mujeres, travestis y lesbianas de la toma se organizaron en su espacio propio, una asamblea feminista. Dos varones atacaron a Ágatha, una chica trans. Sus vecinas la acompañaron y con la ayuda de las organizaciones empezaron a tramitar su DNI con su identidad autopercibida. Las necesidades del barrio no esperan al debate, son de conversación cotidiana. La toma fue un punto de fuga para situaciones asfixiantes de violencias económica y violencias machistas. Muchas se fueron de sus casas escapando de maltratos.

El 9 de septiembre hicieron pública una carta dirigida a las ministras Elizabeth Gómez Alcorta, titular del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades de la Nación, y Estela Díaz, responsable de la misma cartera a nivel provincial. “Detrás de las tomas de tierras –multiplicadas en los últimos meses– hay hambre, abandono, pobreza y violencia, pero también hay fortaleza para buscar alternativas. Por eso, defendemos el acceso a la tierra para vivir, producir y criar. Derecho que no puede ser equiparado a la propiedad privada y a la especulación inmobiliaria y financiera”, dice la carta de la asamblea.

De los 135 municipios bonaerenses solo seis tienen intendentas mujeres. Una de ellas es la de Presidente Perón, Blanca Cantero. Su accionar en este conflicto es la evidencia de que la presencia de mujeres en el poder político no garantiza, de por sí, perspectiva de género.

“¿Qué se cree, que nació de un repollo?”, se pregunta Gladys por su insensibilidad. Muchas la conocen porque en campaña ha repartido juguetes en los barrios en los que ellas vivían en Guernica. A la toma no vino nunca. A pesar de que tuvieron respuestas parciales del gobierno provincial y nacional, el municipio es el gran ausente. Está alineado con el pedido de desalojo de la fiscalía y los propietarios.

El 1 de octubre es la fecha de vencimiento de los decretos escudos del gobierno de Alberto Fernández que intentaron frenar que más personas quedaran a la intemperie con el congelamiento de los alquileres y el límite a los desalojos. Según la Federación de Inquilinos Nacional, casi el 38% no podrá pagar el mes de septiembre en parte o en su totalidad. Además, el 53% adeuda uno o más meses y el 41% recibió amenazas por parte de sus propietarios. Desde esta organización piden que el decreto 320 se extienda por dos años.

Como todas las problemáticas que salieron a la superficie con mayor nitidez durante la pandemia, el acceso a la vivienda fue una de los temas con mayor tensión cuando el mandato para sobrevivir es quedarse en los hogares. Según Rubén Pascolini, secretario de Acceso al Hábitat de la provincia de Buenos Aires, “el déficit habitacional proyectado en la provincia es de aproximadamente 1.240.000 familias que tienen problemas de vivienda”.

En el Conurbano hubo tomas en Quilmes, La Matanza, José C. Paz, Moreno, Florencio Varela, San Martín, Merlo, San Fernando, entre otros municipios, de acuerdo a un informe del organismo de derechos humanos EdIPo. La más emblemática por su dimensión y el terreno en pugna es la de Guernica, en Presidente Perón.

Son varias las denuncias policiales y presentaciones judiciales contra la toma. Ante la denuncia penal por usurpación que lleva adelante el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, el juez de Garantías Martín Miguel Rizzo ordenó el desalojo para agosto. Esa orden fue apelada por la Asociación Gremial de Abogadas y Abogados, que representa a una parte de las familias. La primera semana de septiembre la Cámara Penal de La Plata confirmó el desalojo y el juez Rizzo puso fecha para que comience el 23. Mientras tanto, más de 130 organizaciones pidieron su suspensión el 10 de este mes —el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, el Defensor de Casación, la Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, el secretario de Derechos Humanos, el CODESEDH, el CELS, entre otres actores institucionales—. El juez decidió rechazar esos pedidos pero darles participación en la búsqueda de alternativas y colaborar con los mecanismos que tiene que activar el gobierno de la provincia de Buenos Aires.

El viernes 11 por la noche el gobierno hizo una propuesta, que el juez aceptó y fijó para que las partes conocieran los detalles, una audiencia informativa —siempre en el marco de un proceso penal— para el lunes 21 de septiembre, a dos días del desalojo. Durante cinco días el dispositivo interministerial que integran Desarrollo de la Comunidad, el ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual censó a las familias y por primera vez el Estado llevó alimentos y agua al barrio. Algunos delegados se quejan que tuvieron que trabajar mucho: las preguntas que hacían eran difíciles y no se adaptaban a la realidad de la toma.

Desde la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires acompañan a las familias desde el primer momento. “Hemos armado una mesa de gestión local con el municipio y organizaciones. Y ahora hemos participado del censo. Tenemos la convicción de que hay que llegar a un diálogo entre las partes para poder descomprimir la situación y encontrar una respuesta y salida para estas personas que circunstancialmente ante la desesperación han tomado esta decisión de la ocupación. Esperamos que el juzgado sea receptivo y en las próximas horas se avance en un proceso de diálogo que lleve tranquilidad a todas las partes”, dijo Guido Lorenzino a LatFem.

La información que aportó el Estado en la audiencia informativa del 21 de septiembre habla de la situación de emergencia en la que se encuentran las familias de Guernica. Con un proceso penal, la amenaza de ser imputadxs, de sufrir violencia o de quedarse en la calle por la falta de propuestas concretas, las organizaciones presentes plantearon que se revise la medida del desalojo, porque se tienen que dar los plazos necesarios para que se pueda llevar adelante una propuesta y una solución habitacional. Plantearon además, que el ámbito penal no es el adecuado para estos temas, que requieren de una solución política. Por eso pidieron que se cierre el proceso penal.

La viceministra del Ministerio Mujeres, Políticas de Género y Diversidad bonaerense, Lucía Portos, informó al juez sobre mujeres en riesgo por ser víctimas de violencia machista, otras muchas que están solas, con hijes y que necesitan coberturas sociales. También hay personas trans, muchas de las cuales se resistieron a ser censadas a partir del largo vínculo de maltrato por parte del Estado. El subsecretario de Hábitat, Rubén Pascolini, dijo que los datos del relevamiento aún están siendo procesados y que están trabajando en una propuesta de solución habitacional. El fiscal insistió con que la orden está firme y que va a solicitar que se lleve adelante el desalojo.

El barrio se prepara para la fecha del desalojo en tensa calma. Las mujeres que empujan los comedores como Gladys y Diana estuvieron repartiendo los víveres que llegaron para que las familias se lleven algo si se tienen que ir. El fin de semana la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) llevó 150 kilos de donaciones entre verduras, conservas, fideos, plantas medicinales y semillas. Algunas familias pudieron dejar a sus niños y niñas en las casas de algún familiar, fuera de la toma. Mientras tanto las vecinas ya piensan dónde van a armar una plaza para que jueguen los y las niñxs porque en esta tierra pudieron imaginar algo que hasta poco era impensado, un futuro.

 

 

 

• Este artículo apareció originalmente en LatFem. Las fotos son de Solange Avena.

 

 

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