NO CEDER

Ignorando los requisitos legales y normativos internos, el FMI asumió lógicas de co-gobierno.

 

En una conferencia que pronunció Cristina Fernández en Bruselas el 11 de mayo de 2017, advertía críticamente que “hoy tenemos la misma arquitectura institucional para un mundo que ha cambiado 180 grados, absolutamente. Con nuevos poderes que no están legalizados ni controlados por ninguna constitución estatal. Que son el poder de los organismos multilaterales internacionales, el de las grandes finanzas internacionales, el de las grandes multinacionales, el de los grandes medios de comunicación que hoy formatean el sentido común y el pensamiento de la ciudadanía”. Cuatro años después,  en febrero de este año, el Bloque de Senadores del Frente de Todos le envió a la Oficina de evaluación independiente del FMI, una carta en la que precisaban que “quizás haya llegado la hora de replantear la validez del conjunto de normas diseñadas a partir de Bretton Woods y de seguir insistiendo con la generación de una nueva arquitectura financiera internacional”. La actual Vicepresidenta advertía respecto de la carencia de una regulación global adecuada, justo un año antes que Macri recurriera al FMI para solicitar financiamiento y comenzar la negociación del primero de los dos programas que fracasaron y que sirvieron, fundamentalmente para financiar la fuga de capitales. Los senadores lo hicieron cuando la Argentina ya estaba negociando con el FMI y se vislumbraba que la realidad comenzaba a diferir con la imagen de cambio que el organismo multilateral intentaba brindar.

En el típico estilo que adoptó el Fondo desde que amplió sus misiones durante la financiarización, acudió con un préstamo inédito a auxiliar a un gobierno de derecha neoliberal, con el objetivo de garantizar las reformas económicas de ese carácter que el mismo había acometido y con el afán de profundizarlas. El país no afrontaba una situación característica de restricción externa devenida de los clásicos desequilibrios de la cuenta corriente del balance de pagos, para cuya atención había nacido el organismo. Como acaba de declarar el ministro Martín Guzmán, respecto a la reestructuración actualmente en discusión, “no es que la Argentina acuda al FMI para resolver un problema de balanza de pagos, sino que… la presencia del FMI en la Argentina es la causa del principal problema de la balanza de pagos”. El centro de la dinámica de iliquidez e insolvencia que el gobierno de Cambiemos provocó derivó de la liberalización total de los movimientos de capitales, de la desregulación cambiaria extrema y del desmonte de las obligaciones de liquidación de divisas por parte de los exportadores. Situación ante la cual, el organismo multilateral actuó sin consideración de los requisitos legales y normativos internos, estableció su programa de condicionalidades macroeconómicas y estructurales, y dispuso en la práctica de procedimientos de consulta de decisiones, asumiendo lógicas de co-gobierno.

Cuando se está renegociando la deuda, pese a sus irregularidades de origen y al monto desfasado de las disposiciones estatutarias que rigen al organismo multilateral, el vocero del FMI, Gerry Rice, hace invariables anuncios reiterados respecto a que el plazo que el FMI otorgaría sería de 10 años, bajo la modalidad de un préstamo de facilidades extendidas. El organismo, así, no asume la necesidad de una negociación que debería ser excepcional para una situación que tiene ese carácter, así como inédito. La no extensión de plazos no es inconcebible sólo por las cuestiones específicas del origen del endeudamiento, sino por la crisis mundial y las necesidades que genera la pandemia que no se extinguirán cuando la época de la peste acabe, porque se extenderán en un largo camino necesario para la recuperación.

El nivel de endeudamiento con el FMI es inconsistente con un plazo de pago de una década, más aun si se piensa en que el Proyecto del gobierno nacional es servir la deuda sin afectar el nivel de vida de los sectores populares y sin renunciar a emprender un sendero de recuperación, crecimiento y desarrollo. Por eso, el diputado Máximo Kirchner finalizó su reciente intervención en la Cámara de Diputados con una pregunta que a la vez se escucha como interpelación “Esto lo tenemos por delante —la deuda— y lo tenemos que solucionar. ¿Les parece a ustedes que la podemos pagar en 10 años?»

Una reactivación del aparato productivo requiere de una dinámica de la demanda agregada en donde jueguen un rol central el impulso de un crecimiento sustantivo del Gasto Público y el Consumo, estos incrementos empujan el crecimiento de otro componente de aquélla que es la Inversión. El FMI reclama siempre por la reducción del déficit fiscal, ese objetivo coincide con el primer punto del Consenso de Washington. Una política de desarrollo no es consistente con plantear ese objetivo como cuestión axial de la política económica.

Eatwell y Taylor señalan en Finanzas Globales en Riesgo (Siglo XXI – CEFID-AR/2006)  que la especialidad del FMI es “provocar una recesión para mejorar el Balance Comercial del balance de pagos reduciendo las importaciones…[que] siempre se materializa [con] el mismo paquete de políticas: devaluación monetaria; reducción del déficit fiscal por reducción de los gastos o aumentos tributarios; política monetaria más estricta; cierre de bancos y otras instituciones financieras deficientes, liberalización financiera que incluye la eliminación a la restricción a la entrada de bancos extranjeros y liberalización comercial”.  Pero advierten que en las crisis que ocurrieron en el Lejano Oriente el FMI hizo, también, lo imposible por desmantelar el modelo asiático exigiendo la liberalización del mercado de capitales y del comercio de servicios financieros y la supresión de las intervenciones en política industrial. Estas nuevas exigencias son adjudicadas por Eatwell y Taylor a la necesidad de los bancos internacionales y las transnacionales. Así, el organismo multilateral se ha articulado con intereses privados demandando  la desregulación de las finanzas. A la inversa de lo reclamado por Cristina Fernández en Bruselas. En otro discurso, también publicado por Colihue en Una política exterior soberana (2019),  la Vicepresidenta recordaba que “desde la dictadura de 1976, pasando por la etapa del neoliberalismo en la cual Argentina fue distinguida como una alumna dilecta en las asambleas del Fondo Monetario Internacional, finalmente acumuló una deuda que la hizo implosionar”, deuda que reducirían los gobiernos nacionales y populares posteriores.

La dictadura terrorista acordó un Programa con el FMI, que fue el mayor que el organismo multilateral convino hasta ese momento con un país latinoamericano, mientras que en el período Menem-De la Rúa se sucedieron acuerdos, manteniéndose la influencia del FMI durante toda la década. En  ambos períodos, la situación del sector externo empeoró y el endeudamiento creció exponencialmente.

Eugenia Correa describe, en su artículo publicado en Reforma Financiera en América Latina (Clacso, 2006), las reformas estructurales que el FMI promovió junto al Banco Mundial, a partir de transformar su misión, que adoptó como objetivo central la introducción de “reformas estructurales”. Una de las cuales fue el cercenamiento del crédito para la inversión, mediante el cierre del fondeo a la banca de desarrollo. Correa segmenta esas “[contra]reformas” en tres etapas:

  • La de apertura y liberalización financiera.
  • La de construcción del “edificio institucional, organizativo, contable, regulador y de supervisión de los mercados con creciente presencia de intermediarios financieros no bancarios” y la promoción de la privatización del sistema de pensiones.
  • La de una creciente presencia de consorcios financieros extranjeros y la adhesión a regulaciones de carácter internacional.

De los trabajos de Eatwell y Taylor y de Correa se desprende que, para llegar a un acuerdo con la Argentina, respetando la autonomía política del gobierno que se propone desarrollar la Nación sobre la base de criterios de igualdad, con un proyecto que reconoce la importancia del Estado en la economía, y que por la tanto se encaminaría a desandar el dispositivo neoliberal, el FM no puede exigir condicionalidades estructurales, sino que debe aceptar que Argentina siga un rumbo inverso mientras paga la deuda.

El FMI apoyó al gobierno de Cambiemos con un nivel de crédito fuera de lo dispuesto en su Estatuto y con condiciones excepcionales e incumplibles, mientras que al gobierno del Frente de Todos se le niega la extensión del plazo de pago. El Fondo tiene actitudes discriminatorias que se conforman de acuerdo al signo político de los gobiernos.

Eric Toussaint en Banco Mundial, el golpe de Estado permanente (El Viejo Topo, 2006) relata que en 1958 Juscelino Kubitschek fue obligado a entablar negociaciones con el FMI para recibir un préstamo de 300 millones de dólares de los Estados Unidos, finalmente decidió no aceptar las condicionalidades y prescindió del préstamo. Su sucesor Joao Goulart “anunció que pondría en práctica un reforma agraria radical y que iba a proceder a la nacionalización de las refinerías de petróleo. Los militares lo derribaron. Al día siguiente del golpe Estados Unidos reconoció al régimen militar”. Poco después el FMI y el Banco Mundial reanudaron el vínculo y los préstamos a Brasil. Toussaint también recuerda que “los préstamos al régimen de Mobutu en Zaire entre 1976 y 1981, revelan que las decisiones del FMI no están guiadas poniendo en el centro la ‘buena gestión’ económica”. Son ejemplos que suman y demuestra que el apoyo financiero a la dictadura y a los gobiernos neoliberales de los noventa y al de Cambiemos no son una casualidad.

La Argentina necesita un acuerdo que requiere que el FMI acepte fuertes diferencias en sus exigencias y conductas habituales. Acuerdo sin ajuste. Abstención de condicionalidades estructurales. Prescindir de preferencias políticas. Deberá ser un acuerdo bisagra que abra la perspectiva de cambios hacia una nueva arquitectura financiera internacional.

 

 

 

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