Hay momentos históricos en los que el silencio deja de ser una opción y se convierte en una forma de responsabilidad política. Palestina atraviesa uno de esos momentos. Lo que ocurre allí no puede comprenderse como un episodio aislado ni como una escalada coyuntural de violencia, sino como la expresión extrema de un proceso histórico prolongado, sostenido en el tiempo y con consecuencias materiales devastadoras para un pueblo entero.
Lo que ocurre hoy en Palestina es un genocidio. Es la continuidad histórica de un proceso sostenido de ocupación territorial, violencia estatal, desplazamiento forzado y destrucción sistemática de las condiciones materiales de existencia del pueblo palestino, desplegado durante décadas y profundizado en su fase actual.
Conviene despejar una confusión que no es ingenua y que funciona como mecanismo de clausura del debate. Criticar una ideología política o las prácticas concretas de un Estado no equivale a discriminar a un pueblo ni a una religión. El antisemitismo es una forma de odio racial y religioso que debe ser condenado sin matices. El antisionismo, en cambio, es una posición política frente a una ideología moderna, de carácter nacionalista, colonial y supremacista, con proyección transnacional. No todos los judíos son sionistas, no todos los sionistas son judíos, y el pueblo palestino es también un pueblo semita. La confusión inducida que equipara judaísmo, sionismo y toda crítica al accionar del Estado de Israel con antisemitismo no protege a las víctimas del odio: protege al poder de la crítica.
Antes de la partición impuesta por Naciones Unidas en 1947, Palestina constituía un territorio continuo, históricamente habitado por su población originaria, que se extendía desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo. No se trataba de un espacio vacío ni de una abstracción jurídica, sino de una sociedad viva, con ciudades, aldeas, agricultura, comercio, vida cultural y pluralidad religiosa. La partición, decidida sin el consentimiento del pueblo palestino y bajo una lógica colonial, fragmentó ese territorio y habilitó un proceso de desposesión que no se limitó a los términos formales del propio plan. Tras la guerra árabe-israelí de 1948, que acompañó la creación del Estado de Israel, este pasó a controlar aproximadamente el 78% del territorio histórico palestino, expulsando a cerca de 750.000 personas y destruyendo más de 500 aldeas. Desde entonces, y de manera sistemática, la expansión militar y colonial israelí avanzó sobre los espacios que incluso bajo la partición habían sido reconocidos como palestinos. Como resultado de este proceso continuo de ocupación, colonización y desplazamiento forzado, la población palestina quedó confinada a fragmentos territoriales cada vez más pequeños y discontinuos. En ese marco, la Franja de Gaza representa hoy el 1,33 % del territorio histórico palestino y se encuentra sometida a un bloqueo total desde hace más de 17 años.
Desde 1967, con la ocupación de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, este avance se profundizó mediante ocupación militar permanente, colonias, todas ilegales según el derecho internacional, fragmentación territorial y anexión de facto. Cisjordania y Jerusalén Este sufren un proceso continuo de colonización, desplazamiento y violencia institucional. Los palestinos ciudadanos de Israel enfrentan un régimen de discriminación estructural, mientras que la diáspora palestina continúa privada del derecho al retorno.
Las cifras acumuladas desmienten de manera contundente el relato de la amenaza existencial. Desde la creación del Estado de Israel en 1948 hasta la actualidad, el número total de israelíes muertos como consecuencia de atentados, ataques armados y hechos vinculados al conflicto —incluyendo población civil y personal militar— se sitúa en torno a 5.000 a 5.500 personas en un período de más de 77 años.
En ese mismo período histórico, la cantidad de palestinos asesinados como resultado directo de bombardeos, incursiones militares, operaciones de ocupación, ataques de colonos, políticas de seguridad y represión asciende a decenas de miles. Tomando los rangos más altos utilizados por organismos internacionales, equipos de investigación independientes y fuentes palestinas, la relación es sostenida y clara: por cada israelí muerto, más de 25 palestinos han sido asesinados.
Estos datos no describen una situación de equivalencia bélica ni una amenaza real contra la existencia del Estado de Israel. Describen una relación estructural de violencia profundamente asimétrica, sostenida por una supremacía militar total y por un régimen de ocupación permanente.
Reconocer los atentados del 7 de octubre no obliga a aceptar el relato que los utiliza como coartada para un genocidio. Ningún ataque habilita la aniquilación de una población civil. Y, sobre todo, la historia no comienza en esa fecha. Presentarla como origen es una operación política destinada a borrar deliberadamente un proceso histórico mucho más largo de ocupación, desplazamiento, colonización y negación sistemática de derechos al pueblo palestino.
Este genocidio adopta formas específicas según el territorio: exterminio masivo, asedio, destrucción de hospitales, escuelas y universidades, rutas e infraestructura básica en Gaza; colonización, desplazamiento cotidiano y fragmentación territorial en Cisjordania y Jerusalén Este; discriminación estructural contra palestinos ciudadanos de Israel; y negación del derecho al retorno para millones de personas en la diáspora.
Esta violencia se sostiene en doctrinas de seguridad y en un sistema de formación social que construye al palestino como enemigo permanente. El sistema educativo israelí incorpora el sionismo como marco ideológico transversal, articulando historia oficial, civismo, símbolos nacionales y definición de ciudadanía. En esa matriz, quienes denuncian el genocidio fuera de Palestina suelen enfrentar dispositivos de disciplinamiento: estigmatización moral, judicialización y persecución selectiva, además de campañas de silenciamiento.
En ese contexto, la militarización de la vida cotidiana se normaliza. La presencia de civiles armados en espacios públicos, la dilución deliberada entre fuerzas armadas, reservistas y población civil, y la naturalización de la violencia configuran un orden social estructurado en clave militar. En ese orden, la infancia palestina deja de ser reconocida como sujeto de derechos y pasa a ser percibida como una variable de seguridad futura.
Desde la partición de Naciones Unidas en 1947 hasta la actualidad, el Estado de Israel ha incumplido de manera sistemática el Derecho Internacional. El desconocimiento reiterado de resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad de la ONU, la violación de la Cuarta Convención de Ginebra en relación con la ocupación y la transferencia de población civil a territorios ocupados (destinada a reemplazar sistemáticamente a los habitantes palestinos nativos), el incumplimiento de los Acuerdos de Oslo y de múltiples compromisos asumidos en procesos de negociación configuran un patrón histórico de desobediencia institucionalizada. Ninguno de estos incumplimientos derivó en sanciones efectivas.
La ausencia de consecuencias materiales consolidó un régimen de impunidad estructural. Mientras otros Estados son castigados selectivamente por violaciones al derecho internacional, Israel ha operado durante décadas por fuera de las reglas sin enfrentar sanciones políticas, económicas o comerciales. Esta excepcionalidad jurídica no solo habilita la continuidad del genocidio en Palestina, sino que erosiona los cimientos mismos del orden multilateral construido tras la Segunda Guerra Mundial. Se trata de una demostración tangible que define a Israel como un enclave colonial destinado a defender los intereses occidentales en el Oriente Medio.
Defender Palestina no es una tarea abstracta ni distante. Es defender el derecho internacional, la autodeterminación de los pueblos y la posibilidad misma de una convivencia global basada en reglas. Lo que ocurre en Palestina no es inevitable ni accidental: es el resultado de decisiones humanas, ideológicas y políticas. No hay neutralidad posible.
* Lorena Pokoik es diputada de Unión por la Patria.
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