No hay pacto social sin objetivos políticos

Es preciso un acuerdo político profundo: nadie puede realizarse en una sociedad que no se realiza

 

La idea del acuerdo social como método elegido por el muy probable futuro gobierno es vista a veces como un mero acuerdo de variables económicas. Algunos lo ven como un plan económico de corto, mediano y largo plazo. Otros solo como una salida para la emergencia. Pero, en general, como una actividad que se limita a la concertación de derechos y obligaciones entre los actores más relevantes de la vida económica: cámaras empresariales, sindicatos y el Estado.

Creo que ese sería un tercer estadio de lo que significa un acuerdo social. Que sería instrumental a otros acuerdos básicos previos. No lo planteo como etapas sucesivas, sino como planos de una misma idea.

La idea de un pacto como fundante del Estado y la sociedad no es nueva. Parte de una concepción del individuo. Supone que los seres humanos somos libres e iguales. Por ello, mediante un pacto consentimos limitar nuestra libertad para, merced al cumplimiento de ciertas reglas, alcanzar la realización de otros valores como la equidad en la asignación de bienes materiales, seguridad física, etc.

Visto de otro modo, también es una forma de justificar que alguien tenga autoridad sobre el resto, justamente para aplicar las reglas o aun para crearlas en función de los objetivos del pacto.

La idea está en el Antiguo Testamento, según Spinoza. Más modernamente en Hobbes, Locke o Rousseau. Generalmente no se postula el pacto como un hecho histórico, sino como un método de argumentación para justificar la existencia del Estado y la determinación de cuáles son las reglas justas para la convivencia. Rawls realizó un desarrollo de esta idea a mediados del siglo pasado. A través de una situación imaginaria que denomina la posición original, donde los participantes están bajo un velo de ignorancia que les impide conocer sus situaciones particulares, deduce los principios que, según él, esas partes, racionales y prudentes, elegirían para gozar de la mayor libertad compatible con la igualdad.

Si esta idea del contrato social es uno de los fundamentos más usados para la justificación del Estado, parece razonable suponer que nadie pactaría resignar derechos o libertad para quedar en una situación peor a la previa al pacto o, en todo caso, de tal desventaja, que ni siquiera pueda proveerse de medios para la subsistencia mientras otros integrantes del pacto sí los poseen y en abundancia.

 

 

Dicho de modo más simple, ¿cabe suponer que es un acuerdo entre personas razonables y prudentes aquel que al fundar una sociedad tolera que algunos de sus miembros pueden no tener recursos para alimentarse aun cuando se esfuercen por obtenerlos? Obviamente, no.

La idea del pacto en este primer nivel supone ante todo que los hombres son libres e iguales y que por ello todos merecen igual respeto y consideración. Si esto es así, es un presupuesto indiscutible que la provisión de bienes para la subsistencia y la vida digna o, en su caso, de los medios para procurárselos, es un derecho inalienable de todos los participantes.

Los datos que provee la realidad argentina ponen al país en una situación elemental del pacto. El de asegurar la alimentación y, agregaría, la educación y la salud para el demasiado extendido sector social que está en la pobreza e indigencia. Hay consenso en que los recursos de la Argentina son idóneos para subsanar semejante tragedia.

Ese parece ser el primer nivel del acuerdo. Básico, pero no por ello menos relevante, y que fija prioridades u objetivos para los otros dos pasos.

El segundo nivel es político en un sentido menos teórico. Requiere de un consenso de los partidos políticos que hagan mayoría en el Congreso –aun con participación de organizaciones sociales y religiosas— que ratifique el plan económico que el gobierno electo elabore estableciendo los objetivos del plan.

La eliminación de la indigencia (el hambre) es un primer objetivo, prioritario, que se impone por razones obvias.

Un segundo objetivo debería ser proveer a los que no tienen acceso a educación y salud de calidad, tales bienes. Esto supone infraestructura educativa y sanitaria. (Personalmente creo en una intervención relevante y directa del Estado federal, como ocurrió por ejemplo en educación entre 1905 y 1976 con la ley Lainez, que contribuyó a desarrollar una educación pública y gratuita que hoy extrañamos.)

El tercer objetivo sería el acceso al bienestar económico mediante el trabajo.

 

 

Alimentación, educación, salud y trabajo

Si esos son los objetivos políticos que establece el gobierno por decisión soberana del Congreso Nacional, el Ejecutivo deberá, entonces, avanzar en los medios instrumentales para lograrlos. En este tercer estadio la concertación y coordinación de los instrumentos de política económica con intervención de los representantes del capital y el trabajo es más que plausible.

El superávit fiscal, el de comercio exterior, la reducción de la deuda externa, la suba o baja de impuestos, el desarrollo industrial, etc. no son fines en sí mismos sino instrumentos, tal vez imprescindibles, pero los objetivos finales, políticos, de una sociedad, son otros. Son los antes enunciados que se pueden resumir en una frase: la felicidad del pueblo.

En la mesa del acuerdo social debería entonces estar claro que no se trata de un bazar de regateo, sino de un lugar de suma de ideas para lograr la extinción del hambre y la creación de empleo y recursos fiscales para aumentar la oferta de servicios de educación e infraestructura sanitaria.

En este marco, por ejemplo, las herramientas de política tributaria son un medio y no un fin en sí mismo. Nadie debería escandalizarse si por decisión soberana el Congreso estableciera imposiciones mayores a la acumulación por residentes en la Argentina de capital improductivo en el exterior o, a la inversa, la desgravación del capital –o sus frutos— que se invierta en proyectos productivos en el territorio nacional. O en los proyectos de infraestructura o de sustitución de importaciones que fije el gobierno por razones estratégicas,. Su evaluación deberá estar en función de la idoneidad para alcanzar los objetivos morales o políticos que defina la sociedad de reducción de la indigencia y generación de fuentes de trabajo. Obviamente, siempre que no se violen derechos básicos reconocidos en la Constitución como a la igualdad, protección contra la confiscación, etc.

El acuerdo económico y social no creo que deba ser concebido como un contrato donde el Estado pasa a ser una parte más, controvertible luego ante los jueces, sino a partir de un plan que establece el gobierno, el modo de enriquecerlo y potenciarlo mediante la consulta, participación y aportes de los actores económicos —que así asumen un mayor compromiso social y aun se sienten parte, como debe ser— para potenciar el resultado en su ejecución.

Las facultades de ejercicio de la soberanía son del Gobierno nacional. Así como creo que es un error la concepción de la Corte Suprema de ver el ejercicio de las facultades tributarias del Estado federal como un contrato con las provincias en constante renovación, el acuerdo económico y social no puede constituir una delegación de atribuciones del Estado en sectores privados. Sí como un modo de reconocer que el Estado –más aun un estado tan vapuleado como lo es el argentino actual— no es omnisapiente ni omnipotente, ni cuenta con las herramientas institucionales, políticas y económicas (burocracia técnica de calidad, planificación, la mejor infraestructura educativa de Latinoamérica, YPF, Gas del Estado, banca de desarrollo, etc.) con que contó hasta el fatídico Proceso iniciado en 1976. También como una concepción de la democracia como una forma de gobierno abierto, que escucha y promueve la participación de los actores sociales, en todos los temas, y por ello también en los económicos.

En suma, sería deseable que el Acuerdo Económico y Social exprese no solo un arreglo sobre las herramientas económicas, sino un acuerdo político más profundo donde sea asumido por los participantes que nadie puede realizarse en una sociedad que no se realiza. Y que el objetivo no es solo aumentar las fortunas personales –legítimo en el capitalismo— sino, prioritariamente, eliminar el hambre y disminuir la pobreza creando fuentes de trabajo, como un imperativo moral y también como un plan político.

 

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