No hay pacto social sin objetivos políticos

Es preciso un acuerdo político profundo: nadie puede realizarse en una sociedad que no se realiza

 

La idea del acuerdo social como método elegido por el muy probable futuro gobierno es vista a veces como un mero acuerdo de variables económicas. Algunos lo ven como un plan económico de corto, mediano y largo plazo. Otros solo como una salida para la emergencia. Pero, en general, como una actividad que se limita a la concertación de derechos y obligaciones entre los actores más relevantes de la vida económica: cámaras empresariales, sindicatos y el Estado.

Creo que ese sería un tercer estadio de lo que significa un acuerdo social. Que sería instrumental a otros acuerdos básicos previos. No lo planteo como etapas sucesivas, sino como planos de una misma idea.

La idea de un pacto como fundante del Estado y la sociedad no es nueva. Parte de una concepción del individuo. Supone que los seres humanos somos libres e iguales. Por ello, mediante un pacto consentimos limitar nuestra libertad para, merced al cumplimiento de ciertas reglas, alcanzar la realización de otros valores como la equidad en la asignación de bienes materiales, seguridad física, etc.

Visto de otro modo, también es una forma de justificar que alguien tenga autoridad sobre el resto, justamente para aplicar las reglas o aun para crearlas en función de los objetivos del pacto.

La idea está en el Antiguo Testamento, según Spinoza. Más modernamente en Hobbes, Locke o Rousseau. Generalmente no se postula el pacto como un hecho histórico, sino como un método de argumentación para justificar la existencia del Estado y la determinación de cuáles son las reglas justas para la convivencia. Rawls realizó un desarrollo de esta idea a mediados del siglo pasado. A través de una situación imaginaria que denomina la posición original, donde los participantes están bajo un velo de ignorancia que les impide conocer sus situaciones particulares, deduce los principios que, según él, esas partes, racionales y prudentes, elegirían para gozar de la mayor libertad compatible con la igualdad.

Si esta idea del contrato social es uno de los fundamentos más usados para la justificación del Estado, parece razonable suponer que nadie pactaría resignar derechos o libertad para quedar en una situación peor a la previa al pacto o, en todo caso, de tal desventaja, que ni siquiera pueda proveerse de medios para la subsistencia mientras otros integrantes del pacto sí los poseen y en abundancia.

 

 

Dicho de modo más simple, ¿cabe suponer que es un acuerdo entre personas razonables y prudentes aquel que al fundar una sociedad tolera que algunos de sus miembros pueden no tener recursos para alimentarse aun cuando se esfuercen por obtenerlos? Obviamente, no.

La idea del pacto en este primer nivel supone ante todo que los hombres son libres e iguales y que por ello todos merecen igual respeto y consideración. Si esto es así, es un presupuesto indiscutible que la provisión de bienes para la subsistencia y la vida digna o, en su caso, de los medios para procurárselos, es un derecho inalienable de todos los participantes.

Los datos que provee la realidad argentina ponen al país en una situación elemental del pacto. El de asegurar la alimentación y, agregaría, la educación y la salud para el demasiado extendido sector social que está en la pobreza e indigencia. Hay consenso en que los recursos de la Argentina son idóneos para subsanar semejante tragedia.

Ese parece ser el primer nivel del acuerdo. Básico, pero no por ello menos relevante, y que fija prioridades u objetivos para los otros dos pasos.

El segundo nivel es político en un sentido menos teórico. Requiere de un consenso de los partidos políticos que hagan mayoría en el Congreso –aun con participación de organizaciones sociales y religiosas— que ratifique el plan económico que el gobierno electo elabore estableciendo los objetivos del plan.

La eliminación de la indigencia (el hambre) es un primer objetivo, prioritario, que se impone por razones obvias.

Un segundo objetivo debería ser proveer a los que no tienen acceso a educación y salud de calidad, tales bienes. Esto supone infraestructura educativa y sanitaria. (Personalmente creo en una intervención relevante y directa del Estado federal, como ocurrió por ejemplo en educación entre 1905 y 1976 con la ley Lainez, que contribuyó a desarrollar una educación pública y gratuita que hoy extrañamos.)

El tercer objetivo sería el acceso al bienestar económico mediante el trabajo.

 

 

Alimentación, educación, salud y trabajo

Si esos son los objetivos políticos que establece el gobierno por decisión soberana del Congreso Nacional, el Ejecutivo deberá, entonces, avanzar en los medios instrumentales para lograrlos. En este tercer estadio la concertación y coordinación de los instrumentos de política económica con intervención de los representantes del capital y el trabajo es más que plausible.

El superávit fiscal, el de comercio exterior, la reducción de la deuda externa, la suba o baja de impuestos, el desarrollo industrial, etc. no son fines en sí mismos sino instrumentos, tal vez imprescindibles, pero los objetivos finales, políticos, de una sociedad, son otros. Son los antes enunciados que se pueden resumir en una frase: la felicidad del pueblo.

En la mesa del acuerdo social debería entonces estar claro que no se trata de un bazar de regateo, sino de un lugar de suma de ideas para lograr la extinción del hambre y la creación de empleo y recursos fiscales para aumentar la oferta de servicios de educación e infraestructura sanitaria.

En este marco, por ejemplo, las herramientas de política tributaria son un medio y no un fin en sí mismo. Nadie debería escandalizarse si por decisión soberana el Congreso estableciera imposiciones mayores a la acumulación por residentes en la Argentina de capital improductivo en el exterior o, a la inversa, la desgravación del capital –o sus frutos— que se invierta en proyectos productivos en el territorio nacional. O en los proyectos de infraestructura o de sustitución de importaciones que fije el gobierno por razones estratégicas,. Su evaluación deberá estar en función de la idoneidad para alcanzar los objetivos morales o políticos que defina la sociedad de reducción de la indigencia y generación de fuentes de trabajo. Obviamente, siempre que no se violen derechos básicos reconocidos en la Constitución como a la igualdad, protección contra la confiscación, etc.

El acuerdo económico y social no creo que deba ser concebido como un contrato donde el Estado pasa a ser una parte más, controvertible luego ante los jueces, sino a partir de un plan que establece el gobierno, el modo de enriquecerlo y potenciarlo mediante la consulta, participación y aportes de los actores económicos —que así asumen un mayor compromiso social y aun se sienten parte, como debe ser— para potenciar el resultado en su ejecución.

Las facultades de ejercicio de la soberanía son del Gobierno nacional. Así como creo que es un error la concepción de la Corte Suprema de ver el ejercicio de las facultades tributarias del Estado federal como un contrato con las provincias en constante renovación, el acuerdo económico y social no puede constituir una delegación de atribuciones del Estado en sectores privados. Sí como un modo de reconocer que el Estado –más aun un estado tan vapuleado como lo es el argentino actual— no es omnisapiente ni omnipotente, ni cuenta con las herramientas institucionales, políticas y económicas (burocracia técnica de calidad, planificación, la mejor infraestructura educativa de Latinoamérica, YPF, Gas del Estado, banca de desarrollo, etc.) con que contó hasta el fatídico Proceso iniciado en 1976. También como una concepción de la democracia como una forma de gobierno abierto, que escucha y promueve la participación de los actores sociales, en todos los temas, y por ello también en los económicos.

En suma, sería deseable que el Acuerdo Económico y Social exprese no solo un arreglo sobre las herramientas económicas, sino un acuerdo político más profundo donde sea asumido por los participantes que nadie puede realizarse en una sociedad que no se realiza. Y que el objetivo no es solo aumentar las fortunas personales –legítimo en el capitalismo— sino, prioritariamente, eliminar el hambre y disminuir la pobreza creando fuentes de trabajo, como un imperativo moral y también como un plan político.

 

--------------------------------

Para suscribirte con $ 250/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 500/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí

5 Comentarios
  1. Luis Juan dice

    Estimado Enrique:
    Hago un fe de erratas.
    Los párrafos que le atribuí a Federico Heinz, en verdad corresponden a Andrés Barreda y se corresponde al subtítulo «Nuevas formas de propiedad intelectual y nuevas resistencias contra ellas».
    Disculpas.

  2. Luis Juan dice

    Estimado Enrique:
    Una digresión, si me permite.
    En un trabajo preparado por Alfredo Eric Calcagno, consultor del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) y publicado por la CEPAL en 1993, se analizaban las políticas de los países desarrollados (Alemania, EE.UU, Francia y Japón) y a partir de ello se realizaban sugerencias para América Latina.
    Algunas conclusiones a las que refiere fueron:
    De las consideraciones expuestas y de la información recogida en el documento de apoyo surgen algunas conclusiones:
    1. Tanto en los países desarrollados como en los subdesarrollados existe desorientación con respecto al presente e incertidumbre acerca del futuro; por supuesto, es muy diferente estar desconcertado con 20 000 dólares anuales de ingreso por habitante (promedio de los países de ingresos altos), con 2 800 dólares (países de ingresos medios) o con 350 dólares (países de ingresos bajos). Los problemas -con desniveles abismales de cantidad, que se convierten así en diferencias de calidad- son los mismos en los países avanzados y en los atrasados: heterogeneidad social, deterioro del medio ambiente, ruptura del régimen de acumulación de capital, y dificultades -o fracaso- de los regímenes de regulación (monetario, fiscal, salarial, de competencia y de comercio e integración internacional). Asimismo, están cuestionados los dos instrumentos principales para orientar y manejar las políticas, que son el Estado y el mercado; el logro de su complementariedad es uno de los mayores objetivos que se debe tratar de obtener.
    2- Con respecto al Estado, existe una constante: la importancia fundamental de su acción en todos los planos de las políticas económicas y sociales. En cada caso, sus acciones y omisiones responden a los intereses que representa el gobierno de que se trate; la gran diferencia entre los países desarrollados y los países en desarrollo en esta materia radica en la aptitud estatal, primero para elaborar las líneas básicas de política, y después para traducirlas en hechos eficaces. Sin un Estado participativo, con gran capacidad racionalizadora y operativa, es muy difícil salir del subdesarrollo; de ahí que la necesidad de su intervención sea mayor en los países más atrasados.
    3- En cuanto a las estrategias de mediano y largo plazo y a las estructuras de poder, los países desarrollados adoptan las grandes decisiones nacionales y sus Estados utilizan su poder para ejecutarlas; en particular, desempeñan un papel fundamental durante las crisis. En cambio, América Latina no sólo es una región débil en la política internacional, sino que en general no aprovecha el margen de acción de que dispone. Además, en los países desarrollados existe una coincidencia entre el interés nacional y el de las grandes empresas, lo cual suele no producirse en América Latina.
    4- La experiencia de algunos países desarrollados en materia de planificación y cogestión es plenamente aplicable. La racionalidad y la participación deberían incorporarse como estilos de gobierno y el logro de un consenso social debe ser la base de todo proyecto nacional. En América Latina, dos de los ejes fundamentales de los planes deberían ser la homogeneización de las sociedades, con la eliminación de la pobreza, y el desarrollo de segmentos productivos con fuertes eslabonamientos internos, difusores de tecnología y con aptitud exportadora. Se trata de una estrategia de Estado, de carácter fundamental y permanente, más que de políticas contingentes de gobiernos. Constituye, además de im deber ético, un requisito para el funcionamiento económico adecuado.
    5- En los países desarrollados, el Estado cumple una función protagónica en la agricultura, la industria y la investigación y el desarrollo tecnológicos, como promotor de esas actividades, mediante reservas del mercado interno, subvenciones, créditos blandos, asignaciones presupuestarias y actividad empresarial directa. Por supuesto, se trata de políticas ejecutadas en cumplimiento de un proyecto nacional por un Estado eficiente.
    6. Los países desarrollados tienden a homogeneizar sus sociedades y mantienen la noción de servicio público. En los sistemas de salud, educación, vivienda, fomento y seguridad social, es fundamental la acción estatal y subsidiaria la de las empresas privadas. En cambio, en algunos países latinoamericanos las restricciones presupuestarias y el predominio del concepto de operación comercial han excluido a una parte importante de la población de la utilización de varios servicios públicos y la gran magnitud de la marginalidad hace imposible una política asistencialista.
    7. La actual unificación de la nación alemana ofrece un ejemplo de integración política, social y económica de regiones con diferentes sistemas. En medio de la heterogeneidad estructural de América Latina subsisten formas precapitalistas, que deberían integrarse al régimen que se adopte a escala nacional, con el pleno respeto de las modalidades históricas y de la dignidad personal y colectiva de todos los habitantes.
    8. En los países desarrollados se utilizan la moneda y la banca pública como instrumentos de política económica, al servicio del programa de gobierno, sea antiinflacionario o expansivo. El sistema fiscal muestra una presión tributaria y una progresividad en su estructura significativamente más altas que las latinoamericanas, y una gran eficiencia para el cobro de los impuestos (ayudada por una conciencia social).
    9. Los países avanzados han establecido relaciones salariales que se complementan con la política de inversiones y con las exportaciones; en algunos casos se procura la adhesión de los trabajadores mediante procedimientos de cogestión (como en Alemania) o de paternalismo empresarial (caso de Japón). Para el futuro, debería determinarse sobre qué actividades se basará la producción y qué dosis de taylorismo, de fordismo y del modelo japonés tendrán las relaciones salariales. En el caso latinoamericano, debería determinarse qué grado de originalidad se agregará a los modelos existentes.
    10. En los países desarrollados se ha procurado preservar las formas de competencia, con las diferencias propias de cada país: en los Estados Unidos, mediante la legislación antimonopólica; en Japón, dentro de las relaciones que se tejen en las estructuras flexibles de los grupos económicos (keiretsu). La gestión de las condiciones de la competencia se extiende en los países desarrollados al comercio exterior, en el que se le asigna al Estado un papel central para proteger a la economía de prácticas desleales (dumping) o incluso de la competencia «leal», cuando ésta afecta a intereses considerados prioritarios. Las condiciones son muy diferentes en América Latina, donde predomina una economía oligopolizada, con fuerte incidencia en los mercados de las empresas transnacionales, donde no existe un control efectivo del comercio exterior (prácticas desleales, sobre y subfacturaciones, contrabando, etc.) y donde las reglas del juego son difusas y en general no se cumplen.
    11. Los países desarrollados participan a la vez en la internacionalización del comercio y las finanzas y en la constitución de grandes bloques económicos. Practican el proteccionismo y la penetración, apoyan a sus empresas transnacionales y al mismo tiempo estructuran su integración, todo lo cual recae sobre la responsabilidad externa del Estado. Para América Latina parece clara la necesidad de lograr grados aceptables de competitividad internacional en algunas ramas importantes y de estructurar movimientos regionales y subregionales de integración. La disyuntiva se plantea con la posible integración con potencias hegemónicas; en ese caso, debería realizarse en cada país interesado un análisis a fondo de los beneficios y los costos, incluyendo como tales no sólo los saldos del comercio exterior y el eventual flujo de inversiones externas, sino también la jerarquización del sistema productivo y el bienestar de la población.
    En un trabajo titulado “Libre de Monopolios sobre el conocimiento y la vida” que publicara Ediciones Vía libre y que resulta sumamente interesante, se encuentra un trabajo de Federico Heinz titulado “Convergencia en la adversidad: un mundo en el que quepan muchos mundos”, sito algunos párrafos:
    “…Si bien esta expansión de la frontera de mercantilización es una forma en que actualmente se está replanteando el anterior proceso de acumulación originaria del capital. Ese proceso según el cual el capitalismo no puede comenzar a funcionar históricamente si en cada lugar no le arranca a la sociedad previamente existente de cada región la relación orgánica que mantiene con sus condiciones materiales de existencia, comenzando por la tierra. De manera que el capitalismo no puede funcionar sino impone por la fuerza un despojo de todos los medios de producción originalmente en manos de las comunidades y los individuos, obligando de esta manera a que todos los desposeídos queden en la posibilidad de ingresar dentro del mercado de la fuerza de trabajo. Y sólo en la posibilidad, porque naturalmente el capitalismo nunca les habrá de dar a todos el privilegio de ser directamente explotados.”
    “…Sin embargo, cuando el neoliberalismo decide desmantelar en el Norte la gestión estatal de algunos bienes y servicios públicos entregándolos a manos de capitales privados (pero no todos, porque la diversidad de los grandes poderes económicos privados requiere siempre de un espacio de equilibrio general), en las naciones débiles del sur además de la privatización de casi todos sus bienes y territorios colectivos y públicos (porque acá el desequilibrio y debilidad de los diversos capitales sí permite que unos pocos poderes abusen de la función de equilibrio del Estado), ocurre adicionalmente la entrega de la soberanía nacional al poder de grandes empresas transnacionales, de sus respectivos Estados imperiales y de los más grandes organismos financieros internacionales, lo que implica la entrega de los recursos naturales y las infraestructuras y servicios estratégicos a los poderes externos.”
    “…En correspondencia con estas nuevas realidades, las instituciones financieras y políticas del norte promueven, por ejemplo, el diseño territorial de grandes corredores intermodales y multimedia sobre todo en los territorios del sur, como corredores urbano-regionales destinados a la integración interoceánica de los continentes a la manera de los land bridges estadounidenses, el Plan Puebla Panamá de Mesoamérica, el IIRSA de Suramérica o el TRACECA de Eurasia. Corredores de infraestructuras y servicios que se completan mediante el trazo de otros grandes corredores biológicos alentados por el Banco Mundial destinados no sólo a la conservación sino también a las iniciativas globales de comercialización y manejo transnacional de riquezas biológicas y servicios ambientales.”
    “De suerte que las Naciones originales del sur van dejando paulatinamente de ser esas celdas originales sólo destinadas a garantizar la miel de sus larvas, pues ahora las abejas maduras del norte y algunas muy agresivas del sur vuelan fuera de sus celdas y panales en busca de todas las flores que antes supuestamente eran propiedad de otros panales, lo que exige la reforma funcional de las naciones y las regiones para que las empresas más poderosas puedan disponer de cualquier bien común de cualquier nación o del mercado interno y del gusto de los consumidores de cada nación.”
    “De manera que el neoliberalismo se configura como una nueva era de apropiación, mercantilización y monopolización de las condiciones generales de la producción y la reproducción, sin importar que se trate de bienes comunes que los diversos pueblos cuidaron, domesticaron, desarrollaron y custodiaron secular o milenariamente a la manera de tierras ancestrales, bosques, lagos o bienes colectivos no evidentes pero implícitos como los códigos genéticos, lenguajes hablados, saberes locales y demás sistemas de comunicación cultural.”

  3. apico dice

    El pacto social,está planteado desde distintos puntos de vista,según los intereses de cada cual. Desde el próximo gobierno, como estrategia , para ganar tiempo, desde el sector empresario garantías para que no avancen sobre sus ganancias y privilegios,desde la cúpula sindical, para legitimar una representación que no poseen, desde el sector Pymes como auxilio urgente a sus asfixias,desde el sector de organizaciones populares para sobrevivir a la miseria, en fin….podríamos seguir enumerando hasta llegar a Magnetto pidiendo ser indemnizado por alguna cuestión desconocida. Obviamente,así no es. El Estado debe presentar un plan al Congreso, quien representa a la sociedad,y si es aceptado,se lo debe implementar como corresponde, con premios y castigos. Lo demás…es puro verso para la gilada. Un saludo peronista.

  4. pepino dice

    No hay ni habra pacto social si no se le pone un limite a los gobernantes que nos endeudan a todos los argentinos.¿¿Total !!..pagamos y honramos la deuda!!.¿Hasta cuando?..Me pregunto y repregunto..Cansado desde que naci en 1954 estoy de pagar y pagar .Y con mucho dolor veo que mis hijos y nietos seguiran pagando.¿No hay un limite para ello?.¿Una ley, algo que NO PERMITA seguir endeudandonos como si fueramos desquiciados y sicopatas pagadores y pagadores de la deuda?.¿Una consulta popular?¿.Que el gobernante endeudado, ministros,jueces,empresarios bancos..etc etc, se haga cargo con sus bienes de lo que dejan en mi pais?.Nuevamente estamos viendo tierra arrasada en mi tierra y aun no decanto todo el polvo.!!.Apoyo esta formula F&F, me considero del frente nacional y popular..Pero:Pongamos un limite a este endeudamiento atroz de generaciones por venir.

  5. Alfredo Santiago Iglesias dice

    MB

Dejá tu comentario

Su dirección de correo electrónico no será publicada.