No más solo con mi pena

Voto migrante: puja electoral y transformación del imaginario social de quiénes somos los argentinos

 

El martes 31 de octubre en La Plata, en el recuento definitivo de votos, se vivieron momentos de tensión. Cerca del mediodía, el actual intendente Julio Garro se autoproclamó ganador en las “mesas de los nativos”, vía la red social X. En la oración siguiente, Garro escribió “ahora seguimos cuidando y defendiendo cada voto”.

Mientras tanto, Julio Alak, candidato de Unión por la Patria y actual ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, mantuvo la cautela y con el correr de las horas recibió las felicitaciones de diversos funcionarios oficialistas, confirmando en su nombre el triunfo por más de 900 votos en la intendencia de la capital provincial.

El recuento definitivo, con reclamo de judicialización y apertura de urnas, arrojó que si bien el actual intendente se impuso por unos 4.000 votos entre los electores nacidos en la Argentina, Alak ganó por casi 5.600 en el padrón de los extranjeros.

La declaración del candidato de Juntos por el Cambio fue rara desde el primer momento. La vorágine con la que se vivió el escrutinio en estos últimos días hace que el mensaje en la red social parezca una acción de tiempo lejano. No obstante, vale la pena volver sobre ella para interrogar la alineación de las palabras “nativo”, “cuidado” y “defensa”.

 

En poco más de 140 caracteres, ese mensaje, junto a otros comentarios mediáticos, desplegó el manto de sospecha sobre la autonomía del voto de los residentes de origen extranjero. Manto con el cual, desde la nueva pseudo coalición de oposición, se busca cubrir y sumar confusión al proceso electoral.

Pero, ¿quiénes son las personas detrás de esos votos en la provincia de Buenos Aires? ¿Coinciden los migrantes imaginados con los sujetos de las estadísticas? ¿Cuántos de ellos participan en las elecciones? ¿Qué los motiva a hacerlo? ¿Cómo votan los hijos de migrantes?

 

Quiénes son

El censo 2022 consignó que la población extranjera residente en la Argentina es de 3.033.786 personas. En el censo 2010 habían sido 1.805.957. En ambos casos, el grueso de la población se concentra en los centros urbanos, más específicamente en el AMBA.

Según el informe de noviembre de 2022 de la Dirección Nacional de Población del RENAPER, se observan distintos patrones de asentamientos según el país de origen. La mayoría de los extranjeros que habitan en el Conurbano bonaerense provienen de países limítrofes, mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya desde 2009, se advierte mayor recurrencia de personas oriundas de Colombia, Venezuela y Brasil.

Aunque en términos absolutos las cifras parecen llamativas, en términos porcentuales no lo son. En el presente, los extranjeros representan poco más del 6% de la población de la Argentina. Las políticas públicas implementadas en las últimas dos décadas buscaron disminuir el histórico subregistro de los migrantes.

En 2003, durante la presidencia de Néstor Kirchner, se sancionó la Ley de Política Migratoria Argentina (ley 25.381) que estableció un nuevo paradigma de derechos. Sincerando una situación existente, la ley propuso reconocer las residencias irregulares como contravenciones, discutiendo así normativas anteriores que enmarcaban esa condición como delito.

También, y en relación al voto, la ley 25.381 instó al Estado a facilitar la consulta y la participación de los extranjeros “en las decisiones relativas a la vida pública y a la administración de las comunidades locales donde residan”. Al igual que la Ley de Ciudadanía del siglo XIX, la ley del 2003 habilita a los migrantes residentes mayores de 18 años a elegir sus representantes provinciales y municipales, al mismo tiempo que reserva a cada jurisdicción la delimitación de las condiciones de acceso a los comicios.

Bajo este marco normativo, en 2004 se creó el Programa Nacional de Documentación Migratoria, en la órbita de la Dirección Nacional de Migraciones Internacionales, con el objetivo de regularizar la residencia de los extranjeros y vehiculizar su integración.

A partir del 2006, la Dirección Nacional de Migraciones, en base a acuerdos sustanciados con los Estados parte del y asociados al MERCOSUR, implementa el programa de regularización de la residencia conocido como Patria Grande. En este proceso, las asociaciones civiles, comunitarias, educativas y mutuales, además de los respectivos municipios, se afirmaron como las principales colaboradoras en la recepción y en el asesoramiento de los trámites.

Nicolás Screpis, director nacional de Delegaciones en la Dirección Nacional de Migraciones Internacionales, sostiene que el espíritu de la ley es la inclusión. “En un mundo de desplazados y refugiados, la Argentina es un modelo de amparo que genera las condiciones para transformar a ese trabajador o trabajadora en ciudadano”, afirma.

Según el informe de agosto sobre voto extranjero de la Dirección Nacional a cargo de Florencia Carignano, en la Provincia de Buenos Aires son 949.169 los extranjeros habilitados para votar. Es decir, alrededor del 7% del padrón.

Pero la participación efectiva, si bien está en aumento, no llega a esas cifras. En La Plata en los comicios del 22 de octubre participaron 23.000 residentes nacidos en otro país, es decir, votó casi el 40% del padrón local de extranjeros.

Desde el sentido común, y en apelación a discursos racistas y clasistas, suele pensarse el voto migrante en clave clientelar. Pero las motivaciones que llevan a los migrantes a votar son múltiples y se explican más por la red de relaciones establecidas en el barrio y en sus comunidades que por los partidos políticos.

Para Federico Rodrigo, investigador del CONICET especializado en migración boliviana y política, al contrario de lo que dice la derecha, desde que entró en vigencia la Ley de Migraciones los extranjeros no son más manipulados, sino menos. Rodrigo sostiene que “a medida que avanza la conquista de derechos, más se empoderan los migrantes en su ciudadanía, más se consolidan las agrupaciones que los reúnen y más se formalizan como actores de reclamos a nivel nacional, provincial y municipal e interlocutores con la política internacional”.

Es decir que si bien desde el Estado nacional se trabaja para combatir el desconocimiento del derecho al voto, son las tramas barriales y de organización propia de las comunidades las que actúan en la participación política de los migrantes. En las elecciones, estas tramas facilitan el relevamiento a través de operativos territoriales móviles, la verificación de los datos censales y la instrucción sobre el procedimiento y alcance del voto de las personas extranjeras.

Tania Araujo, maestra platense hija de peruanos, sostiene que las motivaciones que movilizan a los integrantes de la comunidad a participar en las elecciones son las mismas que las de cualquier ciudadano: ejercer el derecho. “En Perú ir a votar es un orgullo y acá también lo es, y más a 40 años de la democracia. Creo que debemos dar el ejemplo para fortalecernos y crecer como sociedad. Eso es lo que importa”, postula.

Contra toda sospecha de oportunismo eventual, la participación efectiva de los migrantes en las elecciones es resultado de un trabajo de larga data. Los resultados de las mesas de extranjeros a nivel provincial parecen indicar que los migrantes se motivan a expresar su voto a favor de los representantes que incentivan políticas migratorias que los beneficien.

En este escenario, la gran incógnita es cómo votan los argentinos hijos de inmigrantes.

María Inés Giménez, hija de paraguayos y residente de Escobar, sugiere que “hay una combinación de factores en el momento de elegir a quién votar. Por una parte tiene que ver el arraigo por sus raíces o su familia, eso influye mucho en mis decisiones, pero también hay hijos de migrantes que se ven muy influenciados por su entorno, por sus condiciones generacionales y de género”.

El acceso a la educación, el empleo, la salud y las expectativas que socialmente circulan sobre cómo deberían ejercerse estos derechos también influyen significativamente al momento de elegir. Además de cuidar lo ganado, a los hijos de inmigrantes les importa mejorar su situación económica.

 

Dos escenas y un imaginario en construcción

En junio de 2021, en una conferencia transmitida en vivo, el Presidente Alberto Fernández reavivó el mito de los argentinos bajados de los barcos, a partir de una fallida cita del poeta Octavio Paz que borró toda la ironía del texto original. Hace pocas semanas, el candidato a jefe de gobierno porteño de La Libertad Avanza, Ramiro Marra, dijo en una entrevista televisiva ser español y sentirse indignado por la supuesta falta de respeto a “su patria” que, según le habría contado un niño, se hace en el canal público Paka Paka.

La prensa internacional criticó las declaraciones del Presidente y del legislador porteño. Y desde la prensa opositora local, las críticas cayeron más sobre Fernández que sobre el joven “español” residente en la casa de sus padres.

Más allá del tinte de cada medio, lo que estas dos escenas muestran es que el imaginario de quienes somos los argentinos está reconfigurándose. La apelación a los barcos y la aspiración patriótica transatlántica por mera portación de pasaporte suenan hoy demodé.

En los años ‘90 el discurso público asoció la migración latinoamericana al delito, la falta de trabajo y la decadencia del sistema de salud. Pero la crisis del 2001 expuso que esos problemas afectaban a la sociedad toda y que excedían cualquier vinculación con los migrantes.

En la primera década de los años 2000, con el telón de fondo de un imaginario latinoamericanista motorizado por el peronismo y algunas variantes de izquierda, los referentes internacionales y los migrantes residentes en el país comenzaron a ser convocados como interlocutores de la discusión pública. Los festejos del Bicentenario en 2010 coronaron esa celebración en su dimensión cultural.

En paralelo, a partir del incendio de talleres clandestinos y accidentes en obras de construcción se visibilizó en el discurso mediático la figura de la víctima de la explotación laboral. En zonas de economías productivas regionales, como en la Patagonia y el cordón fruti-hortícola bonaerense, se sumó también la imagen del migrante próspero sintetizado en la camioneta 4x4.

Durante el gobierno de Macri, el Poder Ejecutivo sancionó el decreto 70/2017 que modificó la Ley de Migraciones, reavivó la postura de los años ‘90 y habilitó la detención y deportación exprés de los migrantes. Los diferentes informes publicados por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) sobre ese decreto hablan de criminalización, irregularidades en los procedimientos, retroceso y estigmatización.

En 2018 la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal declaró inconstitucional el decreto de Macri. Y en 2021 el Poder Ejecutivo lo derogó.

Junto con la multiplicación de las universidades públicas y su afianzamiento territorial, en el presente se hace visible un nuevo tipo de migración motivada por el acceso a la educación superior gratuita. Jóvenes de Venezuela, Colombia y Chile se acercan a la Argentina en busca de un futuro profesional.

En la vida cotidiana en las ciudades, como fuerza de trabajo ellos se suman especialmente en el área gastronómica, colando tequeños en las picadas y pedaleando para su entrega. En una nota publicada en Anfibia durante la pandemia por Covid-19, la politóloga Ana Penchaszadeh y la antropóloga Natalia Gavazzo destacaron el aporte de estos trabajadores en el sostenimiento del aislamiento.

Pero, de nuevo, en términos porcentuales esta nueva migración es poco significativa y está sobre-representada en CABA. En el ámbito universitario, se suman de manera minoritaria al contundente proceso de ampliación del alumnado.

Nicolás Screpis reflexiona sobre este asunto: “Hay un sector de la sociedad que sigue creyendo que la migración es uno de los grandes problemas. Pero ¿quién no es migrante en la Argentina? ¿En qué momento dejamos de ser migrantes?” Sin ir más lejos, el candidato a Presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, se reconoce como hijo de padres italianos y trabajadores.

La Ley de Migraciones determina una ciudadanía sudamericana. Esto implica otorgar las condiciones para que cualquier persona que decida residir en la Argentina pueda validar su derecho a la identidad y asegurar el acceso pleno a la participación política. Incluso, habilitar la posibilidad de que sea elegida como autoridad.

En las últimas décadas el imaginario sobre quiénes somos los argentinos se fue transformando. Lejos de ser una amenaza, el voto extranjero es una expresión de esa transformación. Una expresión más, incluso no la más significativa, de la participación política de los migrantes en la vida cotidiana.

 

 

 

 

 

 

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