Mientras el affaire Adorni se lleva toda la atención mediática, otros temas siguen en agenda en los pasillos judiciales aunque poco se hable de ellos, como el caso Pablo Grillo. Siendo un talón de Aquiles del gobierno, en tanto se demostró hasta el hartazgo que el joven fotógrafo fue víctima de una feroz represión ordenada por Patricia Bullrich –algo que ella misma sigue negando, defendiendo el operativo– y, aún con dificultades en su salud, Grillo se puso de pie cuando los pronósticos marcaban un desenlace fatal, la querella acaba de exigirle a la jueza María Servini una modificación de la figura por la cual se elevó a juicio oral al gendarme Héctor Guerrero. Quieren que la magistrada lo juzgue, en efecto, por tentativa de homicidio agravado y también por abuso de armas agravado por otros cinco disparos que realizó de forma prohibida durante la represión del 12 de marzo de 2025, además de los que efectuó contra Grillo y que, por fortuna, no impactaron en otras personas.
👉Pedimos a la jueza Servini que eleve a juicio oral al autor material del disparo que puso en riesgo la vida de Pablo Grillo el 12 de marzo de 2025.
Además, acusamos a Guerrero de abuso de arma agravado, por otros 5 disparos que realizó de forma prohibida contra manifestantes. pic.twitter.com/lLkexHW0yS
— CELS (@CELS_Argentina) May 5, 2026
No es la única novedad. “Además pedimos que se profundice la investigación respecto de distintos jefes de Gendarmería, Policía Federal y del Ministerio de Seguridad de la Nación, quienes con sus acciones u omisiones contribuyeron a que Guerrero pusiera en riesgo la vida de Pablo y del resto de las personas que se manifestaban”, puntualiza Claudia Cesaroni, una de las abogadas de la familia, que cuenta con el patrocinio letrado del CELS y la LADH.
Tanto Servini como el fiscal Eduardo Taiano, que elevó el pedido a juicio en la última semana, entienden que Guerrero fue, hasta el momento, el único responsable de los hechos, pero lo procesaron por lesiones gravísimas y abuso de armas, y no por tentativa de homicidio. En el expediente, en rigor, se acreditó que durante aquel 12 de marzo de 2025 Pablo Nahuel Grillo se encontraba, cámara en mano, en las inmediaciones del Congreso Nacional registrando la protesta y el fuerte operativo de seguridad. Mientras tanto, desde las cinco de la tarde, el cabo primero Héctor Guerrero fue parte de la hilera de gendarmes que se formó en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Solís. Parado en esa intersección, disparó su pistola lanzagases en varias oportunidades: en algunas ocasiones, los disparos eran a 45° en ángulo ascendente, mientras que, en por lo menos seis oportunidades, fueron en ángulo horizontal y en dirección al cuerpo de los manifestantes.
Aproximadamente a las cinco y veinte, en medio de la represión, Guerrero efectuó un disparo con la pistola lanzagases que “le proveyó el Estado para el desempeño de sus tareas”, subraya la querella. Este disparo fue deliberadamente en ángulo horizontal y en dirección hacia donde se encontraba agachado Pablo Grillo. Al momento de ser víctima del ataque, se probó que el fotógrafo “no realizaba ninguna conducta que pusiera en riesgo o peligro la integridad física de los gendarmes, demás efectivos ni de terceras personas, sino que se encontraba desarrollando sus tareas de reportero”, según se lee en la causa. Fue entonces que el proyectil de gas lacrimógeno hizo una trayectoria directa y a alta velocidad, letalmente, hasta impactar de lleno en la zona frontal de la cabeza de Grillo. Como consecuencia directa del impacto, el fotógrafo cayó tendido en el suelo, en estado de inconsciencia, y debió ser socorrido por otros manifestantes y personal de salud para su traslado de urgencia, en ambulancia, al Hospital Ramos Mejía.
De inmediato Pablo Grillo ingresó al nosocomio con una “fractura encefalocraneana y pérdida de masa encefálica” y debió ser intervenido quirúrgicamente en varias oportunidades. Si bien sobrevivió a las lesiones y mostró una paulatina evolución en su cuadro de salud, pasó casi tres meses internado en la Unidad de Terapia Intensiva de ese hospital en estado crítico, con pronóstico reservado y bajo control médico permanente. Luego de su traslado al Hospital Rocca, donde comenzó su proceso de rehabilitación, volvió al Ramos Mejía para una implantación de prótesis en el cráneo que lo hizo retroceder en su estado de salud. Recién en febrero de este año pudo volver a su casa, aunque permanece, por tiempo indefinido, bajo tratamiento ambulatorio y se desconocen cuáles serán las secuelas físicas, neurológicas, psicológicas y psiquiátricas. “Las lesiones sufridas por Grillo a raíz del impacto producido por el proyectil de gas lacrimógeno pusieron en riesgo real y concreto su vida y sobrevivió por circunstancias ajenas a la voluntad del autor”, expresa Cesaroni, acentuando por qué exigieron que se cambie la carátula a tentativa de homicidio agravado.
En la causa judicial se entiende que Guerrero se apartó deliberadamente de los criterios legales, reglas y prohibiciones fijados para este tipo de armamentos en la normativa local e internacional, protocolos “e, inclusive, en los manuales de uso dado que, en primer término, no estaban dadas las condiciones de excepcionalidad que habilitaban su uso”. Y, además, la fuerza pública nunca debe disparar de forma horizontal y en dirección al cuerpo de las personas, en particular a la zona de la cara o la cabeza.
La querella enfatiza que, en rigor, Guerrero era un funcionario público y miembro de una fuerza de seguridad federal con varios años de trayectoria, que conoce los principios, reglas y prohibiciones fijados en la ley, protocolos y manuales que rigen su actividad, “a la vez que tiene la suficiente capacitación y formación en torno al uso de este tipo de armamento, por lo que conocía plenamente la peligrosidad y letalidad de su conducta”. Cabe destacar que la identificación de Guerrero como autor del disparo fue obra de un trabajo colectivo de investigación encabezado por el Mapa de la Policía, y no por información oficial o por pesquisa de la Justicia. Se remarcó, en ese sentido, las sucesivas veces en que Patricia Bullrich se refirió al caso de Grillo en los medios de comunicación, intentando instalar una versión falsa de lo ocurrido, a pesar de existir una investigación y decisiones judiciales que probaban lo contrario. Desde allí se formó una narrativa corporativa que cerró el sumario interno contra Guerrero, considerando que había actuado bien, y se culpabilizó por el hecho a la víctima, Pablo Grillo, pese a que la jueza Servini procesó luego al gendarme.
Si bien los abogados entienden que la causa no presenta atrasos y fluye en plazos normales, con la expectativa de un juicio en los próximos meses, volvieron a exigir que la investigación profundice el foco sobre distintos jefes de la Gendarmería, quienes, de acuerdo a su mirada, “con sus acciones u omisiones contribuyeron al accionar de Guerrero”, y se los procese por su rol central en “la planificación, conducción y habilitación del uso abusivo de la fuerza en contra de los manifestantes”. Buscan no sólo la futura condena de Guerrero, sino la responsabilidad de la cadena de mandos. “Una verdadera pesquisa que llegue hasta la propia Bullrich, por entonces la máxima cabeza del Ministerio de Seguridad”, cierra Cesaroni.
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