No nos han vencido

Documento leído a 50 años de los fusilamientos en la base Almirante Zar

 

22 de agosto. Trelew. La libertad y el honor, la organización y el exterminio, el amor y el odio asesino… Hoy, 50 años que nos vuelven a reunir para conmemorar esta masacre.

Los y las 19 militantes eran nuestros compañeros y compañeras, hermanas y hermanos, padres y madres, tíos y tías, primos y primas, amigos y amigas, hoy abuelos y abuelas. En sus propias palabras, eran parte de nuestro pueblo y en el presente los recordamos como Héroes de nuestra patria.

En este nuevo aniversario, con la bandera y la consigna “50 años de lucha, unidad y solidaridad, 19 rosas rojas siguen floreciendo en Memoria, Verdad y Justicia”, los familiares de aquellos militantes estamos aquí presentes y expresamos lo siguiente:

Desde aquel fatídico 22 de agosto en que nuestras familias y el pueblo argentino recibimos la más descarnada noticia sobre el asesinato de nuestros familiares, comenzó el proceso que llevo a construir nuestra Memoria, y con ella el reclamo por la Verdad y la Justicia.

Aquel mismo año 1972 y antes también, numerosos familiares y abogados militantes comprometidos con las causas del pueblo presentaron denuncias judiciales, habeas corpus y demás recursos en búsqueda de justicia, proceso trunco en el contexto del régimen dictatorial imperante.

Tuvimos que soportar matanzas, persecuciones y exilio, pero jamás dejamos de luchar. Las denuncias se hicieron desde la clandestinidad y el destierro a partir de 1972, fueron escuchadas por primera vez sólo a partir de 2005, con las políticas de memoria implementadas por el entonces Presidente Néstor Kirchner.

El reclamo incesante de Justicia durante todos estos años se concretó con la sentencia dictada el 15 de octubre de 2012, por la que se condenó a prisión perpetua a los ex marinos Luis Sosa, Emilio Del Real y Carlos Marandino por su responsabilidad en la Masacre de Trelew. Roberto Guillermo Bravo, uno de los ejecutores que tuvo un rol preponderante, no pudo ser juzgado porque se encontraba prófugo en los Estados Unidos.

 

Roberto Guillermo Bravo durante el juicio civil en Estados Unidos, que lo cobijó desde la masacre y hasta el presente.

 

Estos asesinos fueron condenados por crímenes de lesa humanidad en tanto formaron parte de una persecución sistemática y generalizada contra una parte de la población civil. De esta manera, la Masacre de Trelew se presenta como el primer acto de terrorismo de Estado en la Argentina, preludio de las prácticas de desaparición, exterminio y tortura implementadas en la última dictadura cívico-militar-eclesiástica.

A partir de esa condena a cadena perpetua, los familiares de las víctimas pudimos concretar las ansias de justicia cercenada y negada durante tantos años, quedando pendiente la extradición del homicida Bravo. Hoy, a 50 años, mantenemos la convicción de que no nos han vencido al haber transitado estos procesos de Memoria, Verdad y Justicia.

En el juicio se demostró que se trató de un fusilamiento de presos políticos y no de una defensa de los marinos ante un supuesto intento de fuga de la base aeronaval, versión que trató de instalar el régimen dictatorial. Las pruebas incorporadas mostraron, además, vínculos directos entre las dictaduras de 1966 y 1976, tanto en los métodos empleados (torturas, secuestros, asesinatos) como en la identidad de las víctimas perseguidas. Muchos de los presos políticos de comienzos de los ‘70 posteriormente fueron secuestrados, asesinados o desaparecidos.

La sentencia fue revisada y confirmada en 2014 por la Cámara Federal de Casación Penal, que además revocó la absolución de Rubén Norberto Paccagnini, jefe de la base Almirante Zar, y de Jorge Bautista, uno de los encubridores de la masacre. Posteriormente, y después de seis años, en 2021 la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó el fallo del Tribunal Oral de Rawson y la Cámara Federal de Casación Penal, quedando firme la condena perpetua de Marandino, en tanto Sosa, Del Real, Paccagnini y Bautista tuvieron el beneficio de la impunidad biológica.

Sin embargo, aun quedando firme la condena y reconocidos los hechos, hoy se sigue esperando la extradición de Roberto Guillermo Bravo, quien eludió la justicia argentina durante todos estos años. Con perseverancia y a partir de una presentación legal ejemplar, se expuso y sentó en el banquillo de los acusados a dicho asesino en los Tribunales de Estados Unidos. Los familiares iniciaron allí una demanda civil y Bravo fue condenado como responsable de la Masacre de Trelew, abriendo una puerta importante para lograr la definitiva extradición y juzgamiento de este asesino. Por eso hoy más que nunca la consigna que está vigente es “A donde vayan los iremos a buscar. Juicio y castigo a los genocidas”.

Como hace 50 años, los familiares de Trelew seguimos golpeando incansablemente las pesadas puertas del Poder Judicial con un reclamo imprescriptible e irrenunciable de Memoria, Verdad y Justicia.

Tampoco permitimos que aún hoy el negacionismo o la pretendida imposición de la teoría de los dos demonios se instale en la sociedad.

Ante las declaraciones periodísticas en mayo de este año del entonces jefe de Policía de la Provincia del Chubut, en las cuales pretendió instaurar dicha teoría, desde el colectivo de familiares nos expresamos mediante una carta pública donde expusimos el rechazo contundente a las afirmaciones efectuadas al diario Jornada por este miembro de las fuerzas de seguridad. Repudiamos esas actitudes, manifestando que el negacionismo es un hecho condenable y que las provocaciones de este tipo no pueden tener lugar en un año tan importante y doloroso para este colectivo y para el conjunto de la sociedad, como el de la conmemoración del 50° aniversario de la Masacre de Trelew.

Expresamos que era inconcebible la defensa de genocidas que, a través del aparato estatal dictador, asesinaron, torturaron, desaparecieron, diezmaron familias enteras y enviaron al exilio a tantas otras. La dictadura de Alejandro Lanusse convirtió la mayoría de las detenciones en torturas sin límite que concluyeron en fusilamientos sin juicio, y con ello el régimen violó sistemáticamente los más elementales derechos humanos de las personas.

Nuestra lucha inclaudicable, la de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, de H.I.J.O.S., de las y los compañeros de los organismos de Derechos Humanos exigiendo Memoria, Verdad y Justicia, ha atravesado todos los gobiernos. Esta lucha, sostenida en el lema “No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos”, tuvo como resultado que las atrocidades perpetradas por los genocidas fueran declaradas crimenes de lesa humanidad en el marco del terrorismo de Estado, y condenados los delincuentes genocidas y responsables de lo sucedido el 22 de agosto de 1972.

Requerimos a los legisladores del Congreso de la Nación avanzar con los mecanismos para sancionar leyes que condenen el discurso negacionista y la apología del genocidio. No se puede permitir que funcionarios del Estado o representantes del pueblo elegidos democráticamente implementen y expresen públicamente discursos negando, minimizando, justificando y/o reivindicando los delitos de genocidio, de lesa humanidad o crímenes de guerra, instalando la teoría de los dos demonios. Dichos discursos tergiversan los conceptos constitucionales, por lo que deben ser considerados como delito, en consonancia con otras legislaciones internacionales. El Congreso de la Nación debe dar una respuesta institucional y generar herramientas tendientes a contrarrestarlos, desalentarlos y sancionarlos.

Exhortamos a los organismos del Estado a que resuelvan con la mayor celeridad y premura los trámites correspondientes a la Leyes Reparatorias, para que dicho reconocimiento llegue a los compañeros y compañeras ex presos políticos y familiares. Reclamamos por el rápido avance de los Juicios por delitos de Lesa Humanidad, exigimos “Juicio y castigo a todos los autores materiales y sus cómplices”. Es indispensable la reforma del Poder Judicial para garantizar justicia en las causas de presos políticos, los asesinatos de pibes y pibas ejecutados por las fuerzas de seguridad, las desapariciones en democracia; seguimos exigiendo la aparición con vida de Jorge Julio López. El retardo no es justicia, es impunidad. Es necesario también, como lo expresan los organismos de Derechos Humanos, avanzar en la apertura y desclasificación de todos los archivos clasificados como secretos, tanto nacionales como internacionales y especialmente de la Iglesia.

Por todo ello expresamos que la impunidad es inaceptable para la sociedad argentina: no puede ni debe haber debilitamiento de las políticas de Estado de Memoria, Verdad y Justicia. Y eso lo manifestamos cuando, frente al intento de implementar el beneficio del 2×1 a los genocidas, la sociedad argentina salió a las calles a decir Nunca Más.

 

El Pañuelazo para decir no al 2×1 de la Corte en 2017.

 

 

El gobierno neoliberal que precedió al actual, cuyas consecuencias nefastas nos siguen golpeando, tuvo como práctica recurrente el armado de causas contra quienes se animaron a enfrentarlo, con una pretensión clara de disciplinamiento y sometimiento a sus burdas políticas de saqueo y hambre de nuestro pueblo. No podemos dejar de mencionar que la persecución política y judicial se inició en la provincia de Jujuy con la detención de Milagro Sala y sus compañeros y compañeras, siguiendo a lo largo del país con el hostigamiento a dirigentes gremiales, políticos, sociales, a las disidencias, a inmigrantes, a referentes de los pueblos originarios y de distintas organizaciones sociales, a ex funcionarios representantes de la voluntad popular y sus familias. Todos ellos fueron blanco de persecuciones, hostigamientos y descréditos a través del lawfare argentino.

También el neoliberalismo amplió la estigmatización de los pueblos originarios, perpetró la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, el asesinato de Rafael Nahuel y de tantos otros pibes. No podemos ni debemos olvidarlos, exigimos el avance de las causas judiciales en la investigación y posterior condena a los responsables. Basta de impunidad para los delincuentes con uniformes de las fuerzas del Estado. Quienes la proveen son cómplices.

Es claro que el mundo y particularmente nuestro país atraviesa tiempos difíciles, sobre todo en materia económica y social. Exigimos que la deuda ilegítima e injusta la paguen quienes la contrajeron y la fugaron. Exigimos la condena penal por la responsabilidad que les incumbe. Basta de ajuste sobre los sistemas de salud, educación y previsión social. Basta de ajuste a la clase trabajadora y los que menos tienen.

También este año rememoramos el 50º aniversario del Trelewazo, una de las gestas populares de mayor magnitud en nuestro país, donde el ejemplo de unión, solidaridad, compañerismo y amor por el prójimo de quienes lo protagonizaron queda para la posteridad.

En aquellos días tan difíciles, cuando el régimen pretendió alejar a nuestros familiares y compañeros de la militancia, de sus organizaciones y de sus familias, recibimos la solidaridad, generosidad y afecto de los pueblos de Rawson, Trelew, Puerto Madryn y Puerto Pirámides. Nos acogieron desinteresadamente en sus casas, fueron apoderados de los presos políticos y constituyeron una comisión de solidaridad que brindó asistencia, acompañamiento y representación, con valentía sin igual frente a la dictadura imperante.

Luego de la fuga se intensificaron las persecuciones. En octubre de 1972 las fuerzas represivas realizaron allanamientos a viviendas y detenciones a personas relacionadas con la Comisión de Solidaridad, acusándolos de estar vinculados con “actividades subversivas”. Un total de 16 vecinos fueron trasladados hacia el penal de Villa Devoto, en Capital Federal, quienes se sumaron al ya detenido abogado Mario Abel Amaya. Estos hechos produjeron conmoción en la población, en especial en Trelew, donde se gestó un gran movimiento de protesta que reclamó por la libertad de todos los detenidos. Hubo, entonces, una gran convocatoria a reunirse en el Teatro Español, a fin de definir las acciones a seguir. La respuesta fue contundente: se constituyó una asamblea popular permanente hasta que los detenidos fueran liberados, hubo además manifestaciones callejeras y huelgas generales. Este movimiento de protesta, conocido como Trelewazo, surgió ante un estado de impotencia generado por un gobierno nefasto y asesino, con la dolorosa muerte arrastrada de los compatriotas aquel 22 de agosto en dicha ciudad.

También hoy queremos recordar y reivindicar la ardua tarea de la Asociación Gremial de Abogados de Buenos Aires, conformada por numerosos profesionales militantes y comprometidos de todo el país que antes, durante y posteriormente a la Masacre del 22 de agosto de 1972, por asistir jurídica y moralmente a los presos políticos y sus familiares, fueron perseguidos, asesinados, desaparecidos o exiliados.

Recordamos que, tras la fuga del penal, los abogados Pedro Galin, Miguel Angel Radrizzani Goni, Rodolfo Ortega Peña, Carlos González Gartland, Gustavo Roca, Eduardo Luis Duhalde, Hipólito Solary Yrigoyen y Rodolfo Mattarollo fueron recibidos por Mario Abel Amaya y David Patricio Romero cuando llegaron a Trelew. Realizaron una conferencia de prensa, interpusieron en condiciones inusitadas habeas corpus y demás acciones legales para garantizar la vida de los compañeros que habían logrado fugarse del penal; muchísimos más profesionales intervinieron y trabajaron en la defensa de los Derechos Humanos, enfrentando a la dictadura con herramientas constitucionales.

En Celia Negrin, Encarnación Díaz y Elisa Martínez González expresamos a los vecinos solidarios del pueblo de Chubut, y a los abogados mencionados nuestro mayor reconocimiento y agradecimiento, además del enorme afecto que nos une hasta el presente.

Imprescindible reconocimiento a Francisco Paco Urondo, que en la cárcel de Villa Devoto en mayo de 1973 realizó la entrevista a los tres sobrevivientes (María Antonia Berger, Alberto Miguel Camps y Ricardo René Haidar), reunió el testimonio directo de los compañeros y reconstruyó las circunstancias de la masacre, que quedaron plasmadas en el libro La patria fusilada, que tiene vigencia histórica hasta la fecha, además de haber servido de base al juicio que terminó con la impunidad de los asesinos.

Traemos las palabras de nuestra querida e incansable luchadora Alicia Krueger de Bonet, que nos acompaña a la distancia. Ella expresó que “recordar los hechos es el mejor compromiso con la juventud y el futuro”.

Hoy, después de 50 años, estamos unidos por nuestros compañeros en un vínculo indisoluble, familiar y militante, con la convicción de que no nos han vencido. Sus ideales se mantienen intactos, tanto como su legado político. Somos herederos y portadores de la obligación de mantener viva la Memoria, la Verdad y la Justicia.

Como dijera Eduardo Luis Duhalde en agosto de 2007 en este mismo lugar, con motivo de la inauguración de este Centro Cultural por la Memoria de Trelew: “Como todos los espacios que van sembrando Memoria a lo largo de nuestro país, no son un museo del horror ni un monumento funerario. Son pedazos de nuestra historia de la segunda mitad el siglo XX, recuperados como hachazos al olvido, páginas abiertas de enseñanza colectiva, en su doble dimensión: la de destacar la dignidad de unos, convertidos luego en víctimas, y la felonía de otros, asumiendo voluntariamente el rol de verdugos, con un escenario de fondo el terrorismo de Estado. Una mirada hacia el pasado, pero desde el presente y pensando en el futuro de los argentinos, para que la Memoria sea el surco democrático profundo del Nunca Más”.

Creemos que la Memoria se construye y fortalece en la lucha diaria, en la disputa por un país más igualitario y solidario. Las deudas pendientes con las y los compañeros de la Masacre de Trelew también lo son con la democracia presente. Aquellos ecos reclaman una solución urgente con la aplicación de políticas de fondo a las insatisfechas demandas populares básicas, y que garanticen la plena vigencia de los derechos humanos. Cambiar la política económica y social para ejercer políticas públicas de inclusión, eliminar la represión y violencia estatal de provincias donde están a la orden del día, con los pibes y en las manifestaciones populares. Terminar con la judicialización de las y los que luchan.

Traigamos al presente el mensaje de unidad, solidaridad e igualdad, que no quede en un simple slogan sino que se lleve a la práctica. Urgen políticas sociales en donde los y las jóvenes de nuestro país no sean perseguidos por su condición social, en donde las infancias puedan acceder a una alimentación completa y saludable. Que las familias puedan tener la tranquilidad de un trabajo digno, y que la desocupación sea intolerable.

Digamos Nunca Más a un golpe de quienes instalaron, además del terrorismo de Estado, un sistema económico perverso que aun hoy genera hambre, desocupación, discriminaciones e inequidades; breguemos por la reforma del sistema judicial que hoy no concibe justicia sino persecuciones, cuando no impunidad a los propios. Hace falta democratizar la justicia, no puede ser un privilegio para pocos; urge acabar con la corporación judicial que tanto daño hace a nuestra sociedad.

Por un país que construyamos sin las inequidades derivadas del impacto ambiental y totalmente inclusivo, en donde tengan vigencia todos los Derechos Humanos.

Por todas estas demandas pendientes, queremos recordar y traer al presente las declaraciones efectuadas en el viejo aeropuerto el mismo 15 de agosto del 72 por María Antonia Berger, Mariano Pujadas y Rubén Pedro Bonet en representación de todos los compañeros y compañeras de las organizaciones revolucionarias FAR, Montoneros y ERP, que a pesar de sus diferencias supieron encontrar el punto de unidad y tenían los mismos objetivos en común. Allí expresaron: “La fuga fue todo un éxito. Aquí en la Patagonia concebimos esta acción como continuación de la lucha que libraron todos los obreros rurales y los obreros industriales, que en el año 21 fueron asesinados por el Ejército, por la represión, había compañeros uruguayos y argentinos… Somos la continuación de ellos, somos la continuación del general San Martín, estamos en la segunda independencia por la liberación del imperio yanky y la construcción de una patria socialista… Reafirmamos nuestra voluntad de lucha junto al pueblo que se ha expresado combativamente en tantas jornadas de lucha para derrotar la dictadura y conseguir gobiernos populares, para construir una patria socialista. Reafirmamos nuestra voluntad de lucha con el pueblo, junto al pueblo por esos objetivos…”.

 

Los sobrevivientes Ricardo Haidar, María Antonia Berger y Alberto Camps, en conferencia de prensa en Trelew en agosto de 1973. Los tres caerían durante la dictadura. Foto: diario Jornada.

 

Los compañeros expresaron muy claramente que la violencia la imponía el régimen: “La vía violenta la pone el régimen cuando proscribe la voluntad del pueblo, cuando impide que el pueblo pueda elegir libremente a sus gobernantes, está demostrado que el régimen va a tender una trampa, y no casualmente sino porque las clases dominantes necesitan mantener una situación de privilegio sobre el pueblo explotado… Nuestra violencia es la respuesta a esa violencia del capitalismo”.

En agosto de 1973, al cumplirse el primer aniversario de la Masacre de Trelew, Agustín Tosco expresó que tenía la obligación como trabajador de repudiar un hecho que costó la vida de compañeras y compañeros que compartían la prisión, que se conocían, que hablaban de los comunes ideales. Tosco dijo: “La dictadura ha masacrado a lo largo y a lo ancho de todo el país a los hijos del pueblo que luchan sin distinciones y sin discriminaciones”, y nombró como una gran evocación a los compañeros y compañeras fusilados, expresando que “ese 22 de agosto de 1972, en la prisión, el recuerdo de los mártires caídos, la imagen de cada uno, el heroico ejemplo de cada uno, llenaba la imaginación, hacía estremecer los sentimientos y daba una pauta más del duro y glorioso camino revolucionario que recorren la clase obrera y el pueblo hasta su total definitiva liberación”.

Decimos que la lucha continúa por la Memoria de nuestros compañeros y compañeras asesinados aquel 22 de agosto de 1972, por los encarcelados, por las desaparecidas y desaparecidos, por los exiliados y exiliadas, por todos y todas.

A 50 años de lucha, por la Memoria, la Verdad y la Justicia, hoy estamos aquí presentes.

 

 

 

 

Alejandro Ulla, PRESENTE

Alfredo Kohan, PRESENTE

Ana María Villarreal de Santucho, PRESENTE

Carlos Alberto del Rey, PRESENTE

Carlos Astudillo, PRESENTE

Clarisa Lea Place, PRESENTE

Eduardo Capello, PRESENTE

Humberto Suárez, PRESENTE

Humberto Toschi, PRESENTE

José Ricardo Mena, PRESENTE

María Angélica Sabelli, PRESENTE

Mariano Pujadas, PRESENTE

Mario Emilio Delfino, PRESENTE

Miguel Ángel Polti, PRESENTE

Rubén Pedro Bonnet, PRESENTE

Susana Lesgart, PRESENTE

Alberto Miguel Camps, PRESENTE

María Antonia Berger, PRESENTE

Ricardo René Haidar, PRESENTE

¡30.000 compañeros desaparecidos! ¡Presentes! ¡Hasta la victoria siempre!

¡Muchas gracias por acompañarnos!

 

 

 

 

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