Mientras la cuarta marcha nacional en defensa del financiamiento de las universidades nacionales colmaba las plazas del país, a la saga del jefe de gabinete Manuel Adorni se sumó la imputación contra su hermano Francisco por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, firmada por el fiscal Guillermo Marijuán. Pero los hermanos Milei insisten en sostener al jefe de gabinete, aunque supervisan en detalle sus mensajes públicos, de modo que no improvise y siga agravando la situación. Mientras tanto, el IPC sigue sin bajar del 2,6% mensual, cosa que el gobierno celebra como una victoria. Pero el estado cataléptico de la industria, la construcción y el comercio y la caída del poder adquisitivo de los salarios y la calidad del empleo han reforzado la atención colectiva hacia los hechos de corrupción y teñido de color muy oscuro la imagen presidencial, que avanza en su tercer año de mandato con la peor imagen desde que asumió. Sus insultos constantes contra periodistas y empresarios han acicateado la búsqueda de una salida que ya ni siquiera es a la peruana. El poder no se conforma con una persona sensata, sino también con una política económica, no solo un plan de negocios. Esto mejorará o empeorará según resulten las elecciones de medio término en Estados Unidos, dentro de menos de un semestre, dada la dependencia de Milei respecto de Donald Trump y el apremio de la deuda externa y sus vencimientos. Un columnista estadounidense escribió que Trump no está loco; es perverso.
Un trabajo reciente de CIFRA-CTA, de su director Pablo Manzanelli y de Leandro Amoretti, detalla que en lo que resta de 2026 y en el año electoral de 2027, la Argentina deberá honrar deudas por un total de 35.500 millones de dólares entre capital e intereses, con el FMI y otros organismos internacionales, de acuerdo con este detalle, en el cuadro que confeccionaron con datos oficiales del Ministerio de Economía.
El mayor alivio para el gobierno vino de la Justicia, que barrió las cautelares que impedían la plena vigencia de la ley de precarización laboral. Pero la Justicia, que podría complicar la situación legal no solo de los Hermanos Adorni sino incluso de los Hermanos Milei, también contrarió uno de los deseos más nítidos del gobierno, que desearía dejar definitivamente atrás las sombras del pasado dictatorial. Además necesitaría pacificar el presente y garantizar el futuro de los tribunales, donde la pugna al interior del triunvirato supremo no se apacigua. El Poder Ejecutivo no objetó las listas presentadas por el nuevo ministro Juan Bautista Mahiques, que envió el pliego de su padre, Carlos Mahiques, para que continúe otro lustro en el máximo tribunal penal del país, y también el del hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti. El pliego de Emilio Rosatti transitó los meandros del proceso de selección, mientras su padre polemizaba con sus colegas Carlos Fernando Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti justamente sobre los procedimientos de selección de los nuevos jueces.
En abril de 2024, la resolución 71 del Consejo de la Magistratura elevó al Poder Ejecutivo la siguiente terna para un tribunal oral de Santa Fe:
- Emilio Rosatti;
- Gonzalo Fernández; y
- Sofía Chiambretto.
Rosatti es funcionario de ese tribunal desde hace ocho años. Pero en la evaluación de antecedentes, había ocupado el noveno lugar, con 62,2 puntos y en el examen escrito el segundo, con 88 puntos. El orden de mérito resultante de ambas evaluaciones técnicas dejó a Baby Rosatti en cuarto lugar, con 150,45 puntos, detrás de
- Gonzalo Fernández (con 172,75 puntos);
- Walter Alberto Rodríguez (155,70 puntos); y
- Patricio Octavio Longo (153,95 puntos),
que en consecuencia integrarían la terna electa.
Luego de las entrevistas de los candidatos con los miembros de la Comisión de Selección, integrada por nueve consejeros (Hugo Galderisi, Miguel Piedecasas, Alberto Lugones, Álvaro González, María Provitola, Jimena de la Torre, Agustina Díaz Cordero, Sebastián Amerio y Diego Gustavo Barroetaveña), Rosatti ya había saltado a la garrocha a los demás competidores. En la entrevista, dice el acta, “demostró un cabal conocimiento de la jurisdicción en concurso, fundado en su trayectoria profesional en el tribunal concursado”.
Es lo que se llama un final feliz. Según la radio rosarina Red Boing, el 8 de enero de 2022 midió 2,24 en un control de alcoholemia. Pero lejos de requisarle el vehículo, lo acompañaron hasta su casa en la misma máquina. El intendente de San José del Rincón, Andrés Sopérez, alegó que no había grúas para el acarreo y que el corralón local estaba colmado de autos. Emilio Rosatti anunció que retiraba su candidatura, luego de otro episodio manejando en estado de ebriedad. Compromiso Vial y otras 30 organizaciones de la sociedad civil solicitaron al Consejo de la Magistratura que se rechazara su pliego.
Emilio Rosatti también fue denunciado por violencia de género por su esposa, quien le atribuyó una relación paralela con la esposa de un compañero de trabajo, cuando ella llevaba tres meses de embarazo.
Otra de las situaciones que revela la demanda judicial es la violencia que habría ejercido también contra su hija pequeña. Al ser descubierto en una situación aparentemente de infidelidad, el demandado sacó de la cuna a su hija y la tiró contra la cama matrimonial. “Esa noche fue el punto final de mi tolerancia”, señaló la denunciante. Pero en lugar de irse, Rosatti le gritaba a su esposa que llame al 911, porque la “iba a matar”, siempre según el relato de la denunciante a la justicia. Al día siguiente y en presencia de la mujer que trabajaba como niñera para la familia, el denunciado accedió a irse del hogar.
En agosto de 2020, cuando ya la pareja se había separado y se había establecido un régimen de visitas para la hija en común, se produjo una discusión en la puerta del domicilio de la ex mujer de Rosatti. La madre de la niña notaba que cada vez que la pequeña volvía de estar con su papá, llegaba llorando. Y entonces le hizo una advertencia a su ex marido, que reaccionó con violencia y pegándole una patada a su ex. La situación derivó en la intervención policial. De allí surgió una medida judicial, previa inspección médica a la víctima, que estableció una distancia de 100 metros obligatoria para el hijo del presidente de la Corte. “Si bien lo he visto en actitudes violentas en reiteradas oportunidades, rompiendo cosas de la casa y/o empujándome a mí, jamás imaginé que podría poner en peligro la vida de mi hija”, planteó. Se comprende que Papá Rosatti no tenga ansiedad por mejorar el proceso de selección de nuevos magistrados.
En Córdoba, el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja comunicó la identificación de los restos de otros 17 detenidos-desaparecidos hallados donde funcionó el campo de concentración y exterminio La Perla. Esa causa, "Enterramientos Clandestinos", comenzó en 1998 con una presentación de María Elba Martínez y Adolfo Pérez Esquivel. Ya en el juicio a las juntas de 1985, un puestero del enorme predio de La Perla señaló el sitio donde los militares quemaron cuerpos y enterraron los restos.
Pero recursos presentados por oficiales para reclamar su ascenso revelaron que, en 1979, ante la inminente visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los cuerpos habían sido desenterrados con excavadoras y alejados, dentro de la misma extensión. El sitio de las excavaciones que está realizando el Equipo Argentino de Antropología Forense en la causa que ahora está a cargo del juez Miguel Hugo Vaca Narvaja (hijo y nieto de asesinados por la dictadura) se denomina Loma del Torito. Desde marzo de este año se han identificado 29 personas. En esta misma edición, Alexis Oliva detalla el procedimiento en una nota conmovedora.
En la ciudad de Buenos Aires comenzó el juicio oral por el asesinato de María Victoria Walsh. Hace 50 años, Vicky Walsh, que estaba a cargo de la prensa sindical de Montoneros, mantenía una reunión de la secretaría política de esa organización en un departamento de la calle Corro, en Villa Luro. El más notorio de los cinco militares que llegaron a esta instancia es el coronel Guillermo César Viola, quien hasta su detención por orden del juez Daniel Rafecas, en 2021, presidía la Unión de Promociones, el grupo corporativo que agitaba en contra de los juicios por Crímenes de Lesa Humanidad.
El gobierno de los Hermanos Milei ha dejado saber con actos y palabras que comparte el propósito. Sin embargo, cuando ya ha transcurrido el 60% de su mandato constitucional de cuatro años, no lo ha logrado, porque el castigo de esos delitos, como garantía del Nunca Más, está arraigado en forma profunda en la sociedad argentina, como no ha ocurrido en ningún otro país del mundo. Este 24 de marzo fue una demostración contundente en todo el país.
Al mismo tiempo, el Tribunal Oral Federal 5 de San Martín condenó por unanimidad a 25 años de prisión a cuatro integrantes de la Fuerza Aérea por los Crímenes de Lesa Humanidad cometidos contra un centenar de personas, en varios centros clandestinos. El principal, Mansión Seré, es el sitio de memoria más importante del Oeste del Gran Buenos Aires. Los condenados fueron Ernesto Lynch, quien entonces era capitán en la Brigada Aérea VIII de Moreno; Juan Carlos Herrera, que revistaba como teniente 1° en la Brigada Aérea I de El Palomar, igual que el cabo José Zyska, mientras el cabo retirado Julio César Leston actuó en la comisaría de Castelar. El caso de Mansión Seré fue tratado en el juicio a los ex Comandantes de 1985, donde se escuchó el testimonio más extenso y complejo, del entonces arquero de fútbol de Almagro y ahora filósofo Claudio Tamburrini, uno de quienes consiguieron fugarse de Seré.
En La Plata, el Tribunal Oral Federal 1 también condenó por las desapariciones, torturas y asesinatos cometidos en tres comisarías de la policía de la provincia de Buenos Aires al ex ministro de gobierno Jaime Lamont Smart, quien ya tenía no menos de seis condenas a prisión perpetua. Los otros 12 condenados estaban bajo la autoridad del coronel Roque Alberto Presti, jefe del Área 113 y del Regimiento de Infantería VII de La Plata, y padre del actual ministro de Defensa Carlos Alberto Presti. Pero no llegó a ser condenado, primero por las leyes de punto final y obediencia debida, y luego por la muerte, antes de que fueran anuladas por la Justicia y se reiniciaran los juicios.
El último jefe del Ejército que fue acusado por su participación en torturas y asesinatos ilegales fue el general Ricardo Brinzoni, que comandó la institución durante la presidencia de Fernando De la Rúa y el interinato a cargo del senador Eduardo Duhalde, quienes lo mantuvieron en el cargo pese a que el juez federal de Resistencia, Carlos Skidelsky, lo citó a declarar en 2001, una vez que admitió que la masacre de Margarita Belén no fue un enfrentamiento, como se informó en 1976, sino un fusilamiento encubierto. En aquel momento, Brinzoni era secretario general de la intervención militar en El Chaco.
En una entrevista que le concedió a la actual directora periodística de Página/12, Nora Veiras, Brinzoni abogó por la "memoria completa".
Contó que era una sugerencia del arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, para lo que antes se denominaba "la doctrina de los dos demonios". En un intento por paralizar las investigaciones de los organismos defensores de los derechos humanos, Brinzoni ordenó que sus subordinados ejercieran el derecho a la información y reclamaran a los organismos conocer la información que tenían sobre cada uno de ellos. Esa iniciativa fue organizada por el entonces Secretario General del Ejército, general Eduardo Alfonso, de una extensa familia militar. Alfonso dijo que era hora de empuñar el sable y pasar a la ofensiva, porque de otro modo no habían logrado nada. La secretaría de derechos humanos rechazó la solicitud aduciendo que sus archivos tenían otra finalidad. De los 693 que se presentaron al CELS, nueve participaron en delitos atroces y aberrantes, diez en los alzamientos carapintada contra los gobiernos constitucionales, dos estaban vinculados con otros hechos presuntamente ilícitos y nueve cursaron estudios en la Escuela para torturadores de las Américas. Pero cuando nos presentamos en el estudio jurídico que todos habían declarado como domicilio legal, nos encontramos con que el abogado patrocinante era el segundo jefe del partido neo nazi del Nuevo Triunfo, Juan Torres Bande. El CELS respondió a cada solicitante con el detalle de las imputaciones que pesaban sobre él. El ministerio de Defensa le exigió explicaciones a Brinzoni y todos le pidieron disculpas a la DAIA, que se comportó con una exquisita discreción.
Brinzoni había recibido la promesa del ministro designado por el Presidente Néstor Kirchner, José Pampuro, de que permanecería al mando al menos hasta los relevos usuales a fin de año. Pero el aún Presidente electo Kirchner dispuso su relevo inmediato y su reemplazo por el general Roberto Bendini, quien recién pasó a retiro en 2008, ya bajo la presidencia de Cristina. La designación de Bendini, quien había comandado la Brigada de Río Gallegos, donde conoció al gobernador Kirchner, implicó el pase a retiro de 26 generales con mayor antigüedad, la mayor renovación de la cúpula castrense en la historia. Brinzoni se adelantó, y el día anterior a la asunción de Bendini pronunció un acre discurso de despedida rico en autoalabanzas. Con Kirchner como Presidente y Nilda Garré en Defensa, la consulta de legajos hasta entonces cerrados llevó a la detención del general Alfonso, como uno de los participantes del operativo del 12 de enero de 1977 en Villa Adelina, cuando una patota militar sin uniforme secuestró a Beatriz Recchia, embarazada de cinco meses, quien fue vista en el campo clandestino de concentración que funcionó en Campo de Mayo y de la que no volvió a saberse.
Recién en 2020 asumió como jefe del Ejército un general egresado del Colegio Militar después de concluida la dictadura, el general Agustín Cejas, designado por el Doctor Fernández. Antes y después de Cejas, comandaron un yerno y un hijo de militares de activa participación en la represión dictatorial. El suegro del general Claudio Pasqualini, Athos Renes, fue uno de los coroneles condenados a prisión perpetua por los asesinatos de Margarita Belén y su hija, esposa del jefe del Ejército, fue una de las animadoras del movimiento que reclamaba la libertad de quienes consideraba presos políticos.
Ni Pasqualini ni Presti (h) ocultaron su desacuerdo con la política de Memoria, Verdad y Justicia, pero sin embargo, ni desde la jefatura militar ni desde el Ministerio de Defensa hicieron nada para revertirla, por la potencia de su arraigo popular. Hoy es más notorio el impulso hacia la militarización del país en las autoridades políticas, apegadas a las líneas estratégicas del gobierno de Estados Unidos, que entre los propios militares.
Durante el juicio por la masacre de la calle Corro, se mencionó la Carta Abierta del escritor Rodolfo Walsh a la Junta Militar, en especial el párrafo en que dice: "Dictada por el Fondo Monetario Internacional según una receta que se aplica indistintamente al Zaire o a Chile, a Uruguay o Indonesia, la política económica de esa Junta sólo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora y un grupo selecto de monopolios internacionales encabezados por la ITT, la Esso, las automotrices, la U.S. Steel, la Siemens, al que están ligados personalmente el ministro Martínez de Hoz y todos los miembros de su gabinete.
"Un aumento del 722% en los precios de la producción animal en 1976 define la magnitud de la restauración oligárquica emprendida por ustedes, en consonancia con el alza del 3% anual en la cuota de defunciones infantiles y del 30% anual en la de mortalidad por tuberculosis, retrocesos sanitarios ya insinuados en tasas mundiales, que nos colocan otra vez bajo formas de mortalidad propias de países atrasados.
"Como si esas fueran metas deseadas y buscadas, han reducido ustedes el presupuesto de la salud pública a menos de un tercio de los gastos militares, suprimiendo hasta los hospitales gratuitos mientras centenares de médicos, profesionales y técnicos se suman al éxodo provocado por el terror, los bajos sueldos o la ‘racionalización’.
"Basta andar unas horas por el Gran Buenos Aires para comprobar la rapidez con que semejante política la convirtió en una villa miseria de diez millones de habitantes.
"Ciudades a media luz, barrios enteros sin agua porque las industrias monopólicas saquean las napas subterráneas, miles de cuadras convertidas en un solo bache porque ustedes sólo pavimentan los barrios militares y adornan la Plaza de Mayo, el río más grande del mundo contaminado en todas sus playas porque los socios del ministro Martínez de Hoz arrojan en él sus residuos industriales, y la única medida de gobierno que ustedes han tomado es prohibir a la gente que se bañe.
"Tampoco en las metas abstractas de la economía, a las que suelen llamar ‘el país’, han sido ustedes más afortunados. Un descenso del producto bruto que orilla el 3%, una deuda exterior que alcanza a 600 dólares por habitante, una inflación anual del 400%, un aumento del circulante que en sólo una semana de diciembre llegó al 9%, una baja del 13% en la inversión externa constituyen también marcas mundiales, raro fruto de la fría deliberación y la cruda inepcia.
"Mientras todas las funciones creadoras y protectoras del Estado se atrofian hasta disolverse en la pura anemia, una sola crece y se vuelve autónoma. Mil ochocientos millones de dólares que equivalen a la mitad de las exportaciones argentinas presupuestados para Seguridad y Defensa en 1977, cuatro mil nuevas plazas de agentes en la Policía Federal, doce mil en la provincia de Buenos Aires con sueldos que duplican el de un obrero industrial y triplican el de un director de escuela, mientras en secreto se elevan los propios sueldos militares a partir de febrero en un 120%, prueban que no hay congelación ni desocupación en el reino de la tortura y de la muerte, único campo de la actividad argentina donde el producto crece y donde la cotización por guerrillero abatido sube más rápido que el dólar.
"En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada”.
El poder económico, que impulsó ese golpe, respaldó la represión y se benefició con ella, no ha dado ningún paso para rescatar a sus ejecutores. Desde que se implantó el ciclo de gobiernos civiles electos por el voto popular, descubrieron que podían hacer negocios sin gritos ni sangre. Vacilaron durante los alzamientos carapintada entre la Semana Santa de 1987 y diciembre de 1990 y no los hubieran enfrentado si habrían sido exitosos, pero devinieron virtuosos maestros del transformismo argentino, prostituyendo a una clase política que dejó sus valores históricos en el camino. La excepción fueron los 12 años del kirchnerismo, en los que sin embargo las empresas también tuvieron grandes beneficios. Pero la ideología y la cultura les decían que ese gobierno era su enemigo, porque aunque ganaran dinero, perdían poder. A los intereses del alzamiento de las patronales agropecuarias contra las retenciones móviles, hay que sumarle el fastidio de todos los poderes ante una mujer a la que no podían manejar como a Isabel Martínez, que los superaba en inteligencia y fortaleza. Kirchner decía que no les tenía miedo y a Cristina se le notaba desde lejos. Más aún, cuando hablaba los llenaba de miedo a ellos. Aunque su personalidad es muy distinta a la de Evita, el efecto era parecido. Con Perón y con Kirchner se podía hablar. Con sus mujeres, sólo escuchar (y rezar).
Además de Vicky Walsh, quienes según el comunicado del Ejército de aquel momento "fueron abatidos" eran Alberto José Molina Benuzzi, Ignacio José Bertrán, Ismael Salame y José Carlos Coronel. Y los demás procesados junto con el coronel Viola son Carlos Alberto Orihuela, Ricardo Grisolía, Gustavo Antonio Montell, Héctor Eduardo Godoy y Danilo Antonio González Ramos. El testimonio principal esta semana fue el de la hermana de Vicky, Patricia Cecilia Walsh, quien aclaró que ella no compartió la militancia de la primogénita de Walsh y de su primera esposa, Elina Tejerina. Superados los 70 años, Patricia Cecilia caracterizó a su padre como un hombre que hablaba poco, pero escribía mucho. “El operativo fue tan ilegal que entregaron el cuerpo de mi hermana sin autopsia. Todo era ilegal: la dictadura, el operativo, todo”. Como ejemplo, agregó que cuando recibieron el cadáver faltaban la alianza de su casamiento con Emiliano Costa y una cadena de oro con un trébol irlandés. “No solo eran asesinos; también eran ladrones. Chorros. Y cobardes, porque no muestran sus caras". Su exposición lenta y minuciosa se detuvo en algunos puntos que están instalados en el relato canónico de aquellos hechos, pero no son exactamente como se creen. Uno es que Vicky llevó consigo a su bebita de un año, La Toli, porque no tenía con quien dejarla. Patricia Cecilia dijo que el 29 de septiembre era el cumpleaños de Vicky y que los compañeros se lo festejarían con una torta. El padre de la pequeña Victoria, Emiliano Costa, estaba preso. Durante la instrucción de la causa y las apelaciones, varios de los imputados cuestionaron el cargo de homicidio, citando la Carta a Vicky de Rodolfo, en la que cuenta que un conscripto del operativo dijo que la chica y el muchacho que habían respondido el fuego castrense desde la terraza dijeron: "Ustedes no nos matan, nosotros elegimos morir" y se dispararon en la sien. Patricia Cecilia dijo que esa decisión, que buscaba evitar la degradación y el sufrimiento de la tortura, no descalifica el hecho como un asesinato, porque el accionar castrense les había quitado otra posibilidad.
Desde la nulidad de las leyes y decretos de impunidad, en primera instancia en 2001 y en la Corte Suprema en 2005, se reanudaron los juicios a partir de 2006. La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal lleva desde entonces una minuciosa estadística. Esa fundamental tarea, iniciada por la doctora Carolina Varsky, no ha cesado hasta hoy. Este es el último gráfico, publicado al cumplirse medio siglo del último golpe militar. En total se iniciaron 715 causas, de las cuales llegaron a sentencia 361, es decir el 51%. Hubo 1231 condenados, 250 absueltos, 102 sobreseídos, a 172 se les dictó falta de mérito. En este momento, de las 3.897 personas investigadas por crímenes contra la humanidad, quedan 504 personas detenidas y 1.582 en libertad. Pero de esas 504 personas detenidas, cumplen arresto domiciliario 425. Con todas las garantías que no tuvieron sus víctimas, los juicios prosiguen, la memoria se mantiene y la verdad se impone sobre todas las manipulaciones.
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