No queremos un Fujimori

 

"No queremos un Fujimori" dijeron esta semana el ex puntero del Presidente Milei, Carlos Maslatón, así como los diputados nacionales de Unión por la Patria en el comunicado en contra del decreto de necesidad y urgencia (DNU), al cual calificaron como un “brutal avasallamiento de las facultades del Congreso". En efecto, Alberto Fujimori dio un auto-golpe de Estado a los 20 meses de haber asumido el gobierno para profundizar la desregulación de la economía e instrumentar estrategias de lucha contra el terrorismo de Sendero Luminoso, sin ninguna fiscalización del Congreso.

El ex Presidente peruano ya había sido mencionado cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció las primeras medidas económicas la semana pasada. Fujimori asumió el gobierno en 1990 y aplicó un drástico programa de ajuste (“Fujishock”) en un escenario de hiperinflación que en 1989 registró 2.775%, caída del PBI de 12,3%, un 57% de la población en situación de pobreza y 26% en indigencia, fuertes subsidios y distorsión de precios relativos, comercio regulado y dos tipos de cambio. Como en muchos países en América Latina en la década de los ‘80, gran parte de estos resultados fueron determinados por la crisis de la deuda externa y en Perú, en particular, por el accionar del grupo terrorista Sendero Luminoso, que inició la lucha armada en 1980 y ocasionó la muerte de 25.000 personas y más de 10.000 desaparecidos.

 

¿Cómo fue el camino de Fujimori?

Contrariamente a Milei, Fujimori (62.5%) ganó la presidencia del Perú en 1990 con un discurso antiliberal con el que derrotó en segunda vuelta a su contrincante, Mario Vargas Llosa (37.2%), del liberal Frente Democrático.

Durante su campaña, Fujimori dijo que derrotaría la inflación sin la necesidad de un programa de shock, pero fue lo primero que hizo a los diez días de asumir el gobierno. Fue su ministro de Economía, Juan Carlos Hurtado Miller, quien se encargó de anunciar las medidas del programa más drástico de ajuste de la historia peruana.

De un plumazo unificó el tipo de cambio, dejó flotar la moneda, desreguló el comercio y eliminó los subsidios. El precio de la gasolina se incrementó 32 veces, el pan cuadruplicó su precio en un día. En 1990, el año del “Fujishock”, la inflación alcanzó el 7.650%. Varios meses después de las medidas no se detuvo la caída del PBI, no se eliminó la inflación y aumentó el desempleo y el número de pobres. Los resultados fueron traumáticos y dolorosos porque las anunciadas mejoras tardaron más de lo previsto. Fujimori se demoró siete años en bajar la inflación a un dígito y cuatro en recuperar el promedio de los tres primeros años de crecimiento económico del gobierno anterior.

Fenómenos similares de promesas incumplidas ocurrieron con Jaime Paz Zamora, Fernando Collor de Mello, y Carlos Saúl Menem en Bolivia, Brasil y la Argentina, respectivamente. El salariazo y la revolución productiva de la campaña electoral de Menem fueron cambiados por un programa de ajuste con los lineamientos del Consenso de Washington, similares a los que Fujimori instrumentó en el Perú.

La realidad es que no había otra opción. En junio de 1989, funcionarios del Grupo de los Siete –las economías más desarrolladas del mundo–, de los organismos multilaterales (Banco Mundial, FMI y BID) y del Departamento de Estado de Estados Unidos definieron dichos lineamientos, cuyo objetivo era que los países de la región desregularan sus economías, se acogieran al Plan Brady que ofrecía tres opciones para reducir la deuda externa que tuvo ahorcados a los países durante los ‘80, privatizaran sus empresas públicas (eran la perita en dulce) y no pusieran trabas a las inversiones extranjeras. Los préstamos de los organismos multilaterales condicionaban la aplicación de dichos lineamientos.

Fujimori (1990-2000) aplicó a rajatabla el Consenso de Washington. Privatizó las empresas estatales a precios de remate, liberalizó el comercio exterior y firmó cerca de 20 Tratados Bilaterales de Inversión con diversos países para garantizar, entre otros puntos, que las empresas extranjeras pudieran enjuiciar al gobierno en tribunales internacionales como el CIADI en caso de discrepancias.

Para profundizar las reformas económicas y combatir a Sendero Luminoso, sin pasar por los debates del Poder Legislativo, Fujimori dio un autogolpe de Estado el 5 de abril de 1992 y disolvió el Congreso. El quiebre del orden constitucional tuvo cierto respaldo a nivel interno por el alto descrédito que tenía el Congreso, pero fue criticado por la comunidad internacional, que presionó al gobierno a garantizar el equilibrio de poderes.

Dos meses después del golpe, Fujimori convocó a la elección de un Congreso Constituyente Democrático para redactar una nueva Constitución, que tuvo lugar en noviembre de 1992, con un triunfo del oficialismo que, hasta entonces, había gobernado con decretos de necesidad y urgencia. Dos meses antes de esa elección, Abimael Guzmán, el cabecilla de Sendero Luminoso, fue capturado por un grupo de agentes del Grupo Especial de Inteligencia de la Policía Nacional –creada al final del gobierno de su predecesor, el hoy fallecido ex Presidente Alan García–, al que Fujimori le restringió recursos. Esta captura desactivó el accionar de Sendero Luminoso y el país entró en una relativa senda de paz.

El cambio más importante en la nueva Constitución que se promulgó en 1993, vigente actualmente, fue el rol del Estado, que sirvió de marco para seguir avanzando con las reformas. Así, se instaló el principio de rol subsidiario del Estado en la actividad empresarial, que restringe su participación solo a las actividades que no sean rentables para el capital privado. Este principio fue el núcleo sobre el cual se engendró el modelo de crecimiento económico del país. Garantías a las inversiones, estabilidad tributaria, contratos-ley con rango constitucional y equilibrio de las cuentas fiscales y macroeconómicas fueron los lemas que una tecnocracia eficiente consiguió mantener en orden, sin miramientos por el tendal de desplazados que generaron.

En 1995 Fujimori fue reelecto, con un fuerte respaldo popular, en el marco de la nueva Constitución. En esta oportunidad venció a su contrincante, el ex Secretario General de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar, líder de la agrupación Unión por el Perú. Durante esta etapa consolidó las reformas, pero cooptó los poderes del Estado, además de la prensa, y se produjeron actos de corrupción, especialmente en el proceso de privatización de las empresas públicas. En lo económico, la crisis financiera asiática de 1997 tuvo un impacto en el crecimiento del país al derrumbarse los precios de las materias primas, y la situación financiera de los agentes privados mostró un deterioro significativo. Fenómeno similar ocurrió el año siguiente con los efectos de la crisis rusa. Su gestión en el ámbito de las libertades y el respeto a los derechos humanos fue crecientemente cuestionada. La economía entró en declive y el crecimiento económico promedio de su segundo mandato perdió dinamismo.

En el 2000 Fujimori se postuló nuevamente, a pesar que la Constitución promulgada bajo su gobierno no permite la reelección. Su contrincante, Alejandro Toledo, actualmente preso después de haber sido extraditado de Estados Unidos, decidió no participar en la segunda vuelta electoral y se organizó la denominada Marcha de los Cuatro Suyos, que partió desde varios puntos del país y convergió en Lima. El objetivo era evitar que Fujimori asumiera la Presidencia. Para entonces, se habían filtrado videos del ex jefe del servicio de inteligencia y brazo derecho de Fujimori, Vladimiro Montesinos, en los que se observaban los sobornos que se hacían a políticos, jueces y medios de prensa. Así, mientras en el 2000 la población en las calles determinó la huida de Fujimori, en la Argentina, un año después, las manifestaciones ocasionaron la salida de Fernando De la Rúa.

 

Fuga fantástica

Fujimori aprovechó su participación en una cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) para huir del país con maletas cargadas de videos que incautó de la casa de su asesor Vladimiro Montesinos, quien ya se encontraba prófugo. El entonces Presidente peruano se asiló en Japón y envió su renuncia por fax al Congreso de la República.

Desde entonces, y hasta 2005, residió en Japón. En un viaje realizado ese año a Chile fue capturado por agentes de la policía de ese país, que finalmente lo deportó al Perú, donde tenía casos abiertos. Salir de Japón fue evidentemente una mala evaluación. Algunos la atribuyen a su nivel de distorsión mental por la pérdida de poder, que lo animó a pensar que si se acercaba físicamente a Perú iba a resurgir su figura y una masa popular reclamaría su regreso victorioso como Presidente del país.

En 2010, la Corte Suprema de Justicia de Perú lo condenó por los delitos de homicidio calificado, secuestro agravado y lesiones graves. Los delitos se le imputaron por dos matanzas y dos secuestros perpetrados por un escuadrón de la muerte conocido como el Grupo Colina, que según la sentencia actuaba bajo órdenes del mandatario. Era la primera vez que un ex Presidente constitucional de América Latina era juzgado y sentenciado en su propio país por crímenes de lesa humanidad. Desde entonces purga una pena en prisión por 25 años, con cargos y penas similares a las de su asesor principal Vladimiro Montesinos. Ambos han sido, además, condenados por corrupción, aunque Fujimori ha sido recientemente liberado.

 

Tú sabes cómo es la nuez

A diferencia de varios países sudamericanos como la Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Venezuela y Uruguay, en donde surgieron gobiernos de izquierda y centro izquierda que intentaron revertir la corriente neoliberal de los ‘90, la política económica en el Perú se mantuvo invariable con los gobiernos posteriores a Fujimori. Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García en su segundo mandato (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016) manejaron la economía en piloto automático, bajo la administración de tecnócratas que se mantuvieron en sus cargos.

El período para el que fue electo Pedro Pablo Kuczynski (2016-2021) se caracterizó por una crisis política en la que hubo cuatro Presidentes y una disolución y nueva elección del Congreso. Si bien Kuczynski fue candidato de un partido de derecha, no tenía el control en el Congreso, que estaba dominado por Fuerza Popular (FP), cuya líder, Keiko Fujimori, triunfó en las elecciones generales pero perdió en el balotaje por el 0,24% de votos.

Durante su corto gobierno (2016-2018), FP no cesó en sus intentos por debilitarlo. Para sacar a Kuczynski de la Presidencia, FP se sumó a la moción de vacancia presidencial por incapacidad moral presentada por el izquierdista Frente Amplio, a fines de 2017, debido a que la Comisión Lava Jato del Congreso accedió a pruebas que ponían en evidencia que Kuczynski recibió dineros de Odebrecht mientras fue ministro de Economía y primer ministro del gobierno del ex Presidente Alejandro Toledo.

Para evitar su vacancia, Kuczynski negoció el indulto del ex Presidente Alberto Fujimori con Kenji Fujimori, hermano de Keiko y también congresista de FP. Kenji logró que diez congresistas de esa agrupación política se abstuvieran sorpresivamente en la votación final, lo que impidió la vacancia. Kuczynski indultó a Fujimori, utilizando un tinglado de procedimientos seriamente cuestionados para presentarlo como un indulto humanitario.

No sólo le perdonó la condena de 25 años que purgaba en la cárcel por violaciones a los derechos humanos —ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y secuestro agravado– así como delitos de corrupción, sino que también le otorgó un derecho de gracia para que no pueda ser juzgado en los procesos que aún tiene pendientes.

Dos meses después, aparecieron más pruebas que dieron lugar a la presentación de una nueva moción multipartidaria para vacar a Kuczynski. El debate en el Congreso fue programado para el 22 de marzo de 2018, hecho que no aconteció ya que renunció el día anterior ante las evidencias mostradas en videos presentados por FP en los que se observa cómo Kenji Fujimori, y un par de asesores, inducen al congresista de Fuerza Popular, Moisés Mamani, a que votara en contra de la vacancia presidencial a cambio de la aprobación de obras para Puno, su región de origen, en las que él podría recibir por lo menos el 5% “de plata fresquita”. También se mostró un audio en el que el ministro de Transportes y Comunicaciones, Bruno Giuffra, pacta con Mamani una reunión en la residencia de Kuczynski, y le dice “tú ya sabes cómo es la nuez”.

Pero la nuez le reventó al gobierno como una granada en la cara. El desconocido congresista Mamani, leal a la fracción de Keiko, era un experto en técnicas de seguridad y espionaje y, al más puro estilo fuji-montesinista, les tendió una trampa a sus sobornadores. Es en este escenario que Kuczynski renuncia y Kenji y su grupo son sancionados por la dirigencia de FP. Desde entonces, Kuczynski se encuentra en prisión domiciliaria.

Entre tanto, el Poder Judicial anuló el indulto y en enero de 2019 Fujimori retornó a la prisión. Sin embargo, un fallo del Tribunal Constitucional, avalando el indulto que le otorgó Kuczynski en la navidad de 2017, permitió su liberación el 6 de diciembre de este año, después de cumplir 16 años de los 25 que le impuso el Poder Judicial. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió el jueves una resolución en la que señaló que el Perú había incurrido en un desacato, ya que en 2018 había ordenado no implementar el indulto –por lo que Fujimori retornó a prisión–, y violado el pacto con la Convención Americana. Asimismo, le ha exigido al Estado peruano presentar un informe de carácter obligatorio en el que debe "investigar, juzgar, y, de ser el caso, sancionar las graves violaciones a derechos humanos" de Fujimori en los denominados casos Barrios Altos y La Cantuta, por los que fue condenado.

 

Después del auge, la caída

El período para el que fue electo Kuczynski coincidió con una pérdida de dinamismo del crecimiento económico, una disminución sostenida del flujo de inversiones extranjeras, así como del comercio internacional. Este menor dinamismo tuvo un correlato en la región que la CEPAL califica como “media década perdida”.

Las cuentas fiscales y la macroeconomía pudieron mantenerse en orden, a costa de una cada vez menor inversión social y crecientes grados de informalidad laboral. La pandemia puso en evidencia la ausencia del Estado. Sin inflación, con equilibrio fiscal y abundantes reservas internacionales, Perú tuvo el mayor número de muertes por Covid-19 con relación a su población en todo el mundo.

El país se encuentra actualmente en recesión con tres trimestres consecutivos de caída económica. Se estima que ésta disminuirá entre 0,2 y 0,4% este año. El consumo y la inversión privada han caído en picada. El desempleo podría alcanzar el 8,5%, lo que representaría un aumento del 2,5% en comparación con el 2022. Según el director global de Pobreza y Equidad del Banco Mundial, Felipe López-Calva, actualmente siete de cada diez peruanos son pobres o vulnerables de caer en la pobreza y es urgente que el país se recupere plenamente del impacto de la pandemia.

Los más de 30 años de neoliberalismo en el Perú han traído orden macroeconómico pero desigualdad creciente y pobreza. En los últimos años el ritmo del crecimiento económico ha disminuido notablemente, igual que la recepción de inversiones extranjeras directas. Existe una profunda desconexión del Estado con la ciudadanía, altos grados de informalidad en el empleo, deficientes servicios públicos, indicadores sociales desastrosos, y una enorme corrupción en la cúpula gobernante y en los partidos políticos. ¿Será que este camino de la libertad es la solución para el desarrollo de nuestra región y para la Argentina?

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