NO SE CALLAN MÁS

 

Sandra Pedrini Theiler es secretaria letrada en General Roca. Trabajaba en la justicia federal de Capital y en 2015 le surgió la posibilidad de un traslado a la provincia de Río Negro. Un año más tarde asumió en el juzgado que está a cargo del magistrado Hugo Horacio Greca. “Cuando lo conocí pensé que era una persona que hacía chistes pero con el tiempo se fue intensificando el maltrato y la misoginia en términos personales y funcionales. Me denostaba públicamente, me daba órdenes por terceros y no personalmente, me encargaba tareas titánicas y al momento de hacerlas, me asignaba una nueva, no me convocaba a las reuniones de secretarios generales”, describe Sandra al hablar de su superior, en diálogo con El Cohete a la Luna. Es la primera vez que cuenta su historia a un medio de comunicación.

El maltrato que recibió por parte de Greca comenzó a hacer mella en su salud: se le caía el pelo y tenía problemas para dormir, entre otros. Buscó un psiquiatra, que le indicó también tratamiento psicológico. Y hace dos años y medio, cansada del hostigamiento, pidió una licencia que le fue otorgada por el Departamento de Medicina Preventiva y Laboral de la Corte Suprema de Justicia. El maltrato y abuso que denuncia Sandra se replica en decenas de juzgados, fiscalías y defensorías en todo el país. Muchas de estas mujeres, profesionales y con años de trabajo en el Poder Judicial prefieren no dar sus nombres por temor a represalias o frenos en sus carreras. El próximo 8 de marzo contarán sus historias en el encuentro “Puertas adentro de nuestra casa. Las mujeres del servicio de Justicia hablan” que organiza la comisión de género de la lista celeste de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de la Nación (AMFJN), ELA y la Universidad de Morón.

 

 

Pedido de juicio político

En marzo de 2020 Sandra le inició un juicio político a Greca ante el Consejo de la Magistratura. En el texto que pide su remoción, Pedrini Theiler afirma que la conducta del juez federal de General Roca “es reveladora de una manifiesta arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones, con especial afectación al derecho de las mujeres a un trato digno e igualitario”, según lo que prevé la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Al describir el “acoso laboral y violencia contra las mujeres” por parte del magistrado, Sandra enfatiza que “la concepción machista que inunda al Poder Judicial es sistémico y enmarcado en un proceso cultural que lo supera, proviene de la sociedad que naturaliza la violencia y, en consecuencia, ya no nos encontramos frente a un caso individual sino a un problema social, que aqueja particularmente al Juzgado Federal de General Roca en tanto su cabeza continúe en el puesto que le fue otorgado”.

Julio Piumato y Rocío Herrera, Secretario General y Secretaria de Protección Individual de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) adhirieron a la denuncia de Sandra, en un escrito que presentaron ante el Consejo en mayo del año pasado. Desde marzo de 2020, según relata a El Cohete, Sandra se reunió con las máximas autoridades del organismo que selecciona y sanciona a jueces y otros funcionarios del Poder Judicial. Todos le proponen que se traslade al juzgado de Neuquén (a 50 kilómetros de General Roca) o que haga teletrabajo. Ella no quiere. Piensa que quien tiene que estar fuera de la Justicia por maltratar mujeres es Greca, y no ella la que tiene que dar un paso al costado. En su denuncia Sandra manifiesta que desde que asumió como juez, Greca inició “una serie de actos enderezados a fastidiar mi trabajo” y el de las mujeres que tenía a su cargo como secretaria letrada. Cuestionaba las licencias que se tomaban las trabajadoras por temas de salud o por lactancia. Afirma que es “estresante trabajar con alguien que sospecha de todo lo que las personas hacen”. Además, al tener los expedientes al día, Greca consideró que Sandra tenía personal de sobra a su cargo y fue trasladando a los empleados a las otras dos secretarías, de las tres que tiene el juzgado de General Roca.

En agosto de 2019 la secretaria privada de Greca le informó a Sandra que no podía ir al despacho del juez directamente sino que tenía que preguntarle a ella si él podía atenderla, y que “todos los temas de consulta o preguntas sobre expedientes que tuviera que hacerle, se las transmitiera a ella”. “Me ponía a llorar en las audiencias”, recuerda. El año pasado, Sandra se enteró que Greca le inició un sumario administrativo mientras estaba de licencia. “Me investiga como si hubiera cometido un delito y eso está súper prohibido según todas las convenciones que protegen a la mujer, entre ellas la de Belem Do Para”, explica Sandra.

 

 

Capítulo Corte Suprema

En la búsqueda de una solución, Sandra pidió en distintas oportunidades reuniones con el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. Nunca la atendió. A quien sí recibió fue al presidente de la Cámara de General Roca. A través de este magistrado, Rosatti le indicó que denunciara el caso ante la Oficina de Violencia Doméstica (OVD). A Sandra le llama la atención que no le haya sugerido ir a la Oficina de la Mujer (creada por la entonces jueza de la Corte Carmen Argibay). Pidió entrevista con la directora de OVD quien le sugirió, al igual que las autoridades del Consejo de la Magistratura, que cambiara de juzgado. “Esta persona [la titular de la OVD] me dijo que no esperara que cambiara el juez. Yo soy secretaria de muchos años. Soy efectiva y General Roca ahora es mi lugar”, expresa a El Cohete.

 

 

También con las justiciables

El Cohete también accedió a un fallo de la Cámara Federal de General Roca que cuestiona la actuación de Greca en una causa por narcotráfico. Uno de los camaristas señaló que el magistrado había resuelto sin perspectiva de género en el caso de una mujer, madre de dos hijos y con un embarazado avanzado, que fue detenida por presunto tráfico de estupefacientes. El voto del camarista Ricardo Barreiro indica que Greca optó por la prisión preventiva de la mujer sin tener en cuenta compromisos internacionales suscriptos para preservar a la mujer de la violencia institucional y los firmados para salvaguardar los intereses superiores de los niños, niñas y adolescentes. A raíz de este fallo en la causa “Prosperi”, los camaristas de Roca habían ordenado que se enviaran las actuaciones de Greca a la Magistratura.

“No tiene escrúpulos en cómo manipula a las mujeres, trata a una chica detenida como a una mujer del juzgado con la misma displicencia”, asegura Sandra. La funcionaria judicial subraya que busca “visibilizar el maltrato sistemático” que padece por parte de todos los actores involucrados: el Consejo de la Magistratura, los consejeros, la Cámara de mi jurisdicción (Neuquén), la Corte. “Y así sigue la lista”, afirma. Sandra subraya que a fines de febrero entró en vigencia el Convenio 190 de la OIT contra la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Dicho convenio define a la violencia como “un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género.”

En el Poder Judicial las licencias psiquiátricas se extienden por dos años. Luego, se paga solo el 50% del salario. Juezas, fiscalas, defensoras, secretarias generales y trabajadoras de la Justicia están reclamando que se modifique este régimen y que haya licencias por violencia machista y no se tengan que encuadrar como licencias psiquiátricas. Las mujeres de la justicia que sufren violencia y acoso por parte de sus pares o superiores se enfrenten a un dilema: cuando la situación se hace insostenible y no pueden trabajar más en el mismo ámbito, como en el caso de Sandra, la alternativa que les queda es pedir una licencia psiquiátrica, un antecedente que ningún empleado quiere tener en su legajo. Pero incluso una vez que tienen la licencia, solo durante dos años cobran el 100% del salario. Al tercer año, empiezan a percibir apenas el 50%. “Sacarle el 50% del salario a una persona por denunciar va en contra de quienes dicen que hay que denunciar, que lo impulsan, es contradictorio”, apunta la funcionaria judicial. “Ni el Consejo ni la Corte me están dando respuestas. Tomo pastillas para la ansiedad y la angustia. Yo no quiero trueques. Estoy denunciando a una persona que define el destino de muchas acá en la Patagonia”, enfatiza Sandra.

 

 

Hacia el 8M

El próximo 8 de marzo juezas, fiscalas, defensoras, secretarias y trabajadoras judiciales se reúnen en el primer encuentro “Puertas adentro de nuestra casa”. La fecha fue elegida por un motivo: el 8 de marzo del año pasado Juan Carlos Gemignani, camarista de Casación Federal escribió el ya famoso: “Feliz día delincuentes”. “¡¡¡Feliz día para todas!!! ¡¡¡Especialmente para las delincuentes!!!” Las autoridades del Congreso son la fiscal Mónica Cuñarro (también de la AMFJN); la camarista civil Marcela Pérez Pardo; la secretaria letrada de la Corte Suprema Adriana Valinotti; el rector de la Universidad de Morón Héctor Norberto Porto Lemma y el presidente del Consejo de la Magistratura Alberto Lugones. Habrá mesas sobre “Normativa internacional y Normativa nacional en materia de género”, “La violencia y el acoso en contextos de género y el mundo laboral”, “Estereotipos de género al interior de la justicia” y “El abordaje concreto de la violencia de género”. Al final se leerá un documento.

 

 

 

 

 

 

 

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