No soltarle la mano a nadie

La lucha popular por los presos políticos es la más noble tradición argentina.

“Reclamamos la libertad de los presos: 1.-Porque sus actos son efectuados en defensa de la colectividad y por la justicia que entraña, no pueden llamarse delitos, 2.-Porque el pensamiento, palanca del progreso, no debe ser encarcelado, 3.-Porque si algo hubiera que castigar, debía empezarse por la sociedad, o régimen imperante, origen de esos actos inicuamente llamados anti-sociales”.
Panfleto de la Sociedad de Resistencia, Buenos Aires, 1910

 

 

En las cárceles de nuestro país siempre hubo presos políticos. Salvo cortos interregnos, salían unos para que entraran otros, según los avatares políticos e institucionales.

Desde entonces, las clases populares y trabajadoras de nuestro país y las organizaciones que las expresaron y expresan, alimentaron la tradición de pelear por la libertad de todas y todos mano a mano con el pueblo. Hoy, mientras Milagro Sala y una treintena de presos políticos esperan en las cárceles argentinas, ese paradigma está en juego.

El compromiso comenzó a construirse en 1902. Un año convulsionado, que marca el albor de la represión moderna en el país, después de la sanción de  la ley de Residencia. La norma represiva, hostil a toda forma de resistencia al capitalismo nacional y la oligarquía gobernante, estuvo vigente hasta 1958. En respuesta, nacen las primeras expresiones de solidaridad con los encarcelados (y desterrados).

Como la de los obreros nucleados en la Federación Obrera Argentina, que convocaron a una huelga general de la clase en repudio al ataque antiobrero y antidemocrático, en una ciudad de Buenos Aires donde el 40% de la población era de origen extranjero.

Un reporte del diario La Nación destaca que entre los gritos que reclamaban la muerte de la autoridad, la reivindicación más grande de la huelga de estibadores de noviembre de 1902 es “larguen los presos, si no, los vamos a sacar a la fuerza.”

Ir a la huelga por los presos es una de las más nobles tradiciones obreras argentinas. Entrado el siglo, la modalidad fue repetida en numerosas ocasiones, y abrazada como una herramienta indispensable.

 

 

Marcha contra la ley 4144, 1902.

 

Es de esa lucha obrera que surgirán las primeras comisiones específicas  por los presos políticos en los sindicatos, en los centros de estudiantes (después de la Reforma Universitaria), en el anarquismo, el socialismo y el comunismo. La más notoria de ellas fue el Socorro Rojo Internacional que alcanzó músculo y presencia importante. Luego del golpe de 1930, del antifascismo y la lucha por las libertades públicas contra el autoritarismo de Uriburu y Justo, nació la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) como una expresión de frente único antidictatorial y antifascista.

En esos años se acuñó la consigna de “Navidad sin Presos Políticos”, una de las más históricas del movimiento popular que expresaba el reclamo de no pasar las fiestas de fin de año con los presos políticos en la cárcel.

Durante las siguientes dictaduras a partir de los golpes de 1943, 1955 , 1962 y 1966, la Liga actuó con centralidad en el terreno de la defensa de los presos. De todos los presos: desde los anarquistas hasta los primeros guerrilleros peronistas de Taco Ralo. Desde Juan Ingalinella (desaparecido en 1955) a Felipe Vallese (desaparecido en 1964). Tras la Revolución Libertadora, varios dirigentes y militantes detenidos por su participación en la resistencia peronista fueron asistidos legalmente por equipos legales de la LADH, de inspiración comunista.

Con el frondizista plan CONINTES, a la Liga se sumó la Comisión de Familiares de Presos Políticos, Estudiantiles y Gremiales (COFAPPEG) y la Gremial de Abogados, que pagó muy caro su compromiso con Trelew, Villa Constitución y las víctimas de la Triple A.

Durante las jornadas obreras de 1969 y 1970 en todo el país, el reclamo por los presos políticos ocupó de nuevo el centro de las reivindicaciones populares. Tosco, Ongaro, y otros dirigentes sindicales que fueron presos políticos, reconocieron el valor de la lucha social como el motor de su liberación.

 

El “Trelewazo”, noviembre de 1972.

 

Una página aparte se merece quizás la organización de defensa de los presos políticos del PRT-ERP, antes y después de la masacre de Trelew.

La  manera en la que se logró la liberación y amnistía de los presos políticos a las horas de la asunción del gobierno de Cámpora es un hito en la historia argentina, pero no fue una excepción, sino un testimonio más que ratifica la noble tradición nacional: con presos políticos no hay democracia, y a los presos políticos los liberamos todos, con la lucha.

El golpe del 24 de marzo de 1976 vio nacer a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y el Servicio Paz y Justicia. Luego vendrían las asociaciones de familiares de víctimas del terrorismo de Estado y el Centro de Estudios Legales y Sociales. Es importante establecer, a más de 40 años, que todas estas organizaciones no nacieron buscando cuerpos o denunciando asesinatos, sino pidiendo aparición con vida y reclamando el reconocimiento de los presos políticos como tales, cuando la estrategia del terrorismo de Estado los invisibilizó con la clandestinidad de los centros de tortura y exterminio.

Luego del golpe, el número de reclusos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional se elevó a 8.625 personas, con un incremento respecto del año anterior de alrededor de un cuarenta por ciento y hacia 1977 otras 1.200 personas fueron arrojadas en los presidios.

A poco del aniversario del asalto al poder, Jorge Rafael Videla manifestó que en las cárceles no había personas recluidas por sus ideas, «sino solamente por ser parte o haber apoyado en algún nivel a la ‘subversión’».

“Furtivamente se instalaba que los ‘subversivos’ no eran seres políticos sino individuos ajenos, hostiles y extraños, llegando a su apogeo la figura del Otro”, explica la doctora en Historia Débora D’Antonio, en una investigación donde también señala la desproporción entre la cantidad de mujeres víctimas de la represión clandestina y aquellas “legalizadas” en las cárceles.

Este período registra el primer paso de la muerte de la lucha por los presos políticos argentinos como un eje central de las luchas populares. Los perseguidos y apresados tras el copamiento de la Tablada serán los últimos en gozar de un apoyo nacional de envergadura, en ocasión de la huelga de hambre que llevaron a cabo a finales de los ’80.

Hasta entonces, absolutamente todas las luchas por la libertad y amnistía de aquellos presos y presas por razones políticas habían sido multitudinarias y estruendosas.

La desintegración del tejido social, la marginalización de las políticas de liberación que comenzó la dictadura con su exacerbación de la figura del Otro fortaleció el menemismo y la continuidad de la Alianza dio sus amargos frutos. A los movimientos populares también los penetró la ideología liberal con sus valores.

Desde 2016, la prisión política se convirtió en una categoría en disputa más que nunca. No sólo se desarticuló el vínculo estrecho entre las organizaciones que llevan la defensa efectiva de los presos y el conjunto de la sociedad, sino que hasta se les niega la posibilidad a los perseguidos de llamarse y defenderse como tales.

La insistencia en establecer diferentes categorías entre quienes sufren esta expresión de los modos de dominación y opresión, como si se tratara de un problema de semántica (“no hay presos políticos, hay políticos presos”) y no de política, y esquivarle a la jeringa con argucias leguleyas (“es un problema que debe resolver Jujuy”) constituyen factores de riesgo que comprometen la salud de nuestra democracia.

Pero fundamentalmente: es mala política. Es un tiro en el pie. Es aceptar “un tantico así” al lawfare, un peligro al que ninguna expresión política que se precie de tener un oído en el pueblo puede permitirse aceptar.

A duras penas podremos oponernos a los planes de dominación que ejecutan las derechas locales en conjunto si somos complacientes con una de sus herramientas de propaganda más fuerte: el encierro como disciplinamiento para todos.

“Preso político no es solo una categoría jurídica, es sobre todo una categoría política”, argumenta José Schulman de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. “No es una categoría histórica, congelada de una vez y para siempre, sino una realidad condicionada por los proyectos de dominación y los modos de resistencia popular”, sigue, para explicar las diferencias y similitudes entre los perseguidos de ayer y hoy.

Pero algo sí se mantiene en el tiempo: es el bloque de poder político real sustentado en el poder económico, que nos pone en el lugar de perseguidos políticos por nuestras ideas, por nuestras acciones o por pertenecer a un proyecto político en cualquier capacidad, haya llegado al gobierno o no.

De nuestra generación depende si queremos hacerle el favor de soltar la mano a los presos y las presas por razones políticas o si, tomándola con más fuerza que nunca, oponemos resistencia.

 

 

 

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