Nubes de humo

 

 

La Corte Suprema de Justicia está envuelta en nubes de humo, por una causa sin gravedad institucional y con mínimo interés tributario para el Estado. Lo que existe en ese expediente son poderosos intereses económicos, que tienen buenos defensores en el tribunal, como su presidente Carlos Fernando Rosenkrantz. Al mismo tiempo, la Corte cajonea los recursos presentados por la Vicepresidenta CFK, donde se exponen graves violaciones al debido proceso y el derecho de defensa y no hay plazos que la obliguen a pronunciarse. Estos episodios ofrecen una nítida radiografía sobre el funcionamiento del máximo tribunal del país, sin cuya reforma es probable que naufraguen los demás proyectos del Poder Ejecutivo, que en los próximos días deberían ingresar al Congreso, si se cumpliera el anuncio que el Presidente Alberto Fernández formulara el 1° de marzo al inaugurar el periodo ordinario de sesiones. Fuentes oficiales afirman que el proyecto ya está redactado y que sólo falta ajustar pequeños detalles. Incluye la fusión de distintos fueros: contencioso administrativo federal con civil y comercial federal (como ocurría hasta hace unas décadas), federal penal con penal económico y con parte de penal de instrucción. La otra parte de penal ordinario pasaría a la capital autonomista y las modificaciones en el funcionamiento de la Corte Suprema quedarían para más adelante.

 

 

Concentración y extranjerización

Durante la dictadura del general Juan Carlos Onganía, el gran periodista Rogelio García Lupo publicó en el Semanario CGT una investigación titulada Cómo nos fumaron la industria del tabaco. Allí relató el proceso de concentración y extranjerización de la actividad, que concluyó poco después con el desplazamiento de todos los fabricantes argentinos y el establecimiento de un duopolio, formado por las multinacionales Philip Morris-Massalin Particulares, estadounidense, y Nobleza Piccardo, británica. Desde entonces, ambas concentraron el 90% del mercado.

 

 

 

 

A partir de la crisis de fin de siglo, algunas pequeñas tabacaleras se forjaron un nicho en ese mercado con cigarrillos de bajo costo, comenzando por el azotado conurbano bonaerense. Pero en 2017, el entonces Presidente Maurizio Macrì promulgó una nueva ley de impuestos internos, que rebajó las alícuotas para las marcas más caras del duopolio y las incrementó para los cigarrillos low cost, al establecer un impuesto mínimo por paquete, que se actualiza cuatro veces al año por inflación, un privilegio que pocos sectores consiguieron. De este modo achicó la diferencia de precios, protegiendo a quienes se llevan la parte del león.

Uno de los productores pequeños, Tabacalera Sarandí, obtuvo una medida cautelar que suspendió la aplicación de la ley a sus productos hasta que se resolviera la cuestión de fondo, que es su pedido de inconstitucionalidad de tres artículos de esa ley. Luego de un rechazo en primera instancia, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal concedió la medida hasta que se dicte la sentencia definitiva o hasta que se cumplan los seis meses que puede durar una cautelar contra el Estado. La AFIP llegó a la Corte Suprema en queja, luego de que la Cámara rechazara su recurso extraordinario.

Lo razonable en un caso semejante sería rechazar la queja porque no se opone a una sentencia definitiva o porque al vencer el plazo semestral la cuestión se tornó abstracta, y dejar que el caso siga su curso en las instancias inferiores. Pero el presidente de la Corte dispuso que se solicitara opinión a la Procuración General. A instancias de quien ocupa el cargo en forma interina, Eduardo Casal, la procuradora de derecho público no penal, Laura Monti, dictaminó que debía rechazarse la cautelar, porque no estaba demostrada la verosimilitud del derecho invocado, lo cual constituye una afirmación subjetiva, ni el peligro en la demora. En otras causas, Monti favoreció el tarifazo del gas (dictaminando que debía pasar a otro fuero) y el blanqueo de capitales por parte de los familiares del Presidente (negando personería para impugnar el decreto al entonces diputado denunciante, Felipe Solá). Rosenkrantz firmó un voto de acuerdo con la opinión de Monti.

 

Procuradora Laura Monti.

 

 

Su lugar

Rosenkrantz dijo que Corrientes era su lugar en el mundo, durante un Congreso de Derecho Administrativo realizado allí en 2018. Explicó que su madre es correntina y que hasta hoy su familia materna vive allí. Además, está vinculado con la UCR provincial y fue abogado del gobierno de la provincia. En Goya, Corrientes, tiene una de sus mayores plantas Philip Morris-Massalin Particulares, que amenazó con cerrarla y despedir a sus trabajadores como forma de presión. También el intendente de Goya pidió a la Corte Suprema que revoque la medida cautelar obtenida por Sarandí. En apariencia, el presidente del tribunal defiende el interés público, ya que la cautelar se dictó contra una medida de la AFIP y del ministerio de Salud de la Nación. En los hechos, la maniobra para voltearla es impulsada por los gigantes del negocio, Philip Morris-Massalin Particulares y British Tobacco-Nobleza Picardo, que no desean ceder ni un punto de su control oligopólico del mercado y son terceros interesados en el litigio, en apoyo de la AFIP. El ex secretario de Salud Adolfo Rubinstein dijo que “una de las medidas más disuasorias y efectivas contra la adicción y el consumo de tabaco son los impuestos; que no tienen solo un aspecto recaudatorio, sino que se comprueba que ayudan a aumentar los precios, ayudan a alejarse del tabaco y por ende tienen un impacto directo en la salud pública». Un bello principio general que no se verifica en este caso, porque la reducción de la alícuota del 75% al 70% no deriva en un aumento de precios. Tampoco explicó por qué los cigarrillos del duopolio serían menos dañinos para la salud.

Todas las partes juegan fuerte, pero el poder respectivo es asimétrico. La tabacalera estadounidense impulsó a fines del año pasado un proyecto de declaración de la Cámara de Diputados, cuyo principal argumento es que si los cigarrillos son más baratos se incrementa su consumo entre los más pobres y eso daña la salud pública. Como demostración de su poder de lobby, entre otros firmaron el proyecto legisladores del PRO (Martín Grande), la Coalición Cívica Libertadora (Vera González Orieta), la UCR (Eduardo Brizuela del Moral, José Cano), pero también del Frente para la Victoria (Napoleón Leavy, el actual ministro de Agroindustria Luis Basterra) y del justicialismo (Pablo Kosiner). Para la defensa pública de sus intereses, Sarandí contrató al hiperactivo periodista español Paco Mármol, quien fue el representante de Telefonica en Telefé. Sus piezas publicitarias muestran que la ley impositiva del macrismo agrede a la pequeña industria nacional, en beneficio de las mayores compañías internacionales. Mármol escribió que “el Imperio Philip Morris-Massalín es la mayor empresa tabacalera del mundo, con una facturación anual de unos 80.000 millones de dólares y unos beneficios de más de 7.500 millones de dólares en 2019”. Pero además la empresa denunció ante la Justicia federal a altos funcionarios de Macrì, quienes utilizaron reportes e información desactualizada y falsa, para “favorecer prácticas monopólicas, y que además obtienen voluntades de funcionarios que no defienden los intereses de un país, sino de empresas extranjeras acostumbradas a girar cientos de millones de dólares por año, durante muchas décadas». La ley sería un traje a medida para el duopolio. Entre esos funcionarios hay algunos de estrecha vinculación con Rosenkrantz. Por eso, en la República Autónoma del Cuarto Piso, se ironiza que las grandes tabacaleras llegan a la Corte con Abogado Federal Suficiente, un juego de palabras a partir de la jerga sobre el recurso extraordinario.

Cuando su hija, Julia Rosenkrantz, ingresó al mayor estudio del país, Marval, O’Farrell & Mairal, el presidente de la Corte notificó que se excusaría en todas las causas que llegaran desde allí. Pero no lo hizo. Philip Morris-Massalin Particulares es un cliente histórico de Marval. Para que fuera menos evidente, el abogado del estudio, Gustavo Grinberg, abrió su propio bufete de modo de seguir representando a la tabacalera estadounidense. En el buscador de causas judiciales del fuero contencioso administrativo del Poder Judicial, el estudio Marval O’Farrell y Mairal sigue representando a Massalin en todas las causas tributarias.

El otro tercero interesado es British Tobacco-Nobleza Picardo, representado en esta causa por Alberto Tarsitano, quien habitualmente comparte asuntos con Gabriel Bouzat, el socio histórico de Rosenkrantz, tal como se aprecia en este documento de la Corte Suprema.

 


 

 

Como si todo esto no fuera suficientemente escandaloso, el Secretario Gustavo Naveira, quien redactó el borrador contra la cautelar por indicación de Rosenkrantz, contrató en diciembre de 2019 como secretaria letrada a Diana Queirolo, la abogada patrocinante de la AFIP contra la cautelar de Tabacalera Sarandí.

Estos no son sólo los sótanos de la democracia, además están cubiertos por aguas servidas. Sólo la política puede sanear la charca en que estas personas han convertido a la Corte Suprema.

 

 

 

Distinta vara

En cambio, cuando el diputado Máximo Kirchner llegó a la Corte con un recurso extraordinario porque la AFIP pretendía cobrarle impuestos sobre bienes intervenidos por decisión judicial, la decisión de Rosenkrantz fue la opuesta. Primero escondió el recurso en el cajón más profundo. Cuando El Cohete lo puso en evidencia, instruyó a Naveira para que bocetara el rechazo por no constituir sentencia definitiva, como primera opción, o que lo enviara a la Procuración como alternativa.

En la Corte también aguardan turno los recursos presentados por la defensa de la vicepresidenta CFK, en causas en que no se respetó el derecho de defensa y el debido proceso legal. Este es un somero detalle de esos expedientes, según un informe del defensor de Cristina, Alberto Beraldi:

Causa “Vialidad”

  1. Denegatoria de medidas de prueba ofrecidas para el juicio oral

Queja CFP 5048/2016/TO1/21/1/1/RH39 (presentada el 12/12/2018)

Queja CFP 5048/2016/TO1/22/1/1/RH4 (presentada el 01/03/2019)

Queja CFP 5048/2016/TO01/27/1/1 (presentada el 10/07/2019)

  1. Excepción de cosa juzgada e incompetencia

Queja CFP 5048/2016/TO01/25/1/2 (presentada el 05/07/2019)

  1. Vicios de la acción civil promovida por la DNV

Queja CFP 005048/2016/TO01/14/1/1 (presentada el 14/11/2018)

  1. Recusación del perito Eloy Pablo Bona

Queja CFP 005048/2016/TO01/34/1/1 (presentada el 03/02/2020)

 

Causa “Los Sauces”

  1. Intervención de sociedades familiares y “Condominio Máximo Carlos Kirchner y Florencia Kirchner”

Queja CFP 003732/2016/9/1 (presentada el 29/08/2018)

  1. Planteos de nulidad de los requerimientos de elevación a juicio, cosa juzgada y litispendencia

Queja CFP 003732/2016/TO01/3/1 (presentada el 23/12/2019)

  1. Recusación jueces Obligado y Palliotti (planteo efectuado por la defensa Florencia Kirchner)

Queja CFP 003732/2016/TO01/10/1 (presentada el 03/02/2020)

 

Causa “Cuadernos”

Recusación Bonadío

Queja CFP 009608/2018/46/1 (presentada el 11/10/2019)

 

Causa “Prontuario Yrigoyen y Carta San Martín”

Recusación Bonadío

Queja CFP 015386/2018/2/1 (presentada el 03/02/2020)

 

Causa “Ruta del dinero K”

Recusación Irurzun y Llorens

Queja CFP 003017/2013/283/2/1/1 (presentada el 14/12/2018)

 

Querella por espionaje y escuchas ilegales contra CFK

Archivo de la causa y negativa a producir pruebas

Queja CFP 001517/2017/1/1 (presentada el 11/09/2019)

Son 13 recursos, presentados en seis causas desde agosto de 2018, que la Corte Suprema no se ha dignado tratar, pese a la gravedad institucional que revisten y las violaciones al debido proceso y al derecho de defensa en juicio que denuncian. Uno de los ministros del tribunal, su ex presidente Ricardo Lorenzetti, fue quien instigó al camarista Martín Irurzun y a los jueces Claudio Bonadío, Ariel Lijo y Julián Ercolini, a avanzar sobre Cristina, alegando que él les cuidaría las espaldas. El año pasado, el tribunal solicitó incluso el expediente de la causa Vialidad, pero en vez de suspender el inicio del debate oral, difirió cualquier pronunciamiento para las calendas griegas.

Nada obliga a la Corte a pronunciarse, así como dejó pasar dos años y medio podría aguardar otros tres o cinco. El Código Procesal Civil y Comercial fija plazos a jueces y camaristas que demoren las resoluciones. Las sanciones son multas y la pérdida de jurisdicción o competencia, pero esto es obvio que no se aplica a la Corte Suprema. Si a esto se suma el carácter vitalicio de sus integrantes, se entiende que funcione en los hechos como un inadmisible núcleo de discrecionalidad antirrepublicana. Algunas de estas cuestiones requerirían de una reforma constitucional, que no está en las prioridades de nadie en un momento tan difícil. Pero otras se solucionarían con una ley del Congreso. Por ejemplo, modificando la ley 48, que desde hace nada menos que 157 años, establece en qué casos es posible apelar una sentencia ante la Corte Suprema (artículo 14) y dispone que la Corte “podrá establecer los reglamentos necesarios para la ordenada tramitación de los pleitos”. Podrá, no deberá, salvo que los otros poderes del Estado decidan asumir esa facultad.

 

 

 

La Corte ampliada

Alberto Fernández preferiría mantener el número actual de jueces de la Corte Suprema y a lo sumo cubrir bien las vacantes posibles. La de Rosenkrantz, por la acumulación de situaciones reñidas con la ética, si es que no constituyen delitos; la de Elena Highton, por haber excedido largamente la edad constitucional y mantenerse pendiente de un hilo. Fernández duda sobre la constitucionalidad de una ampliación que divida la Corte en salas, ya que el artículo 108 expresa que “el Poder Judicial de la Nación será ejercido por una Corte Suprema de Justicia, y por los demás tribunales inferiores que el Congreso estableciere en el territorio de la Nación”. La división en salas no rompería la unicidad de la Corte, siempre que todos sus miembros participaran en el debate y resolución de las causas que implicaran cuestionar la constitucionalidad de una ley, que son escasas. Según especialistas consultados para esta nota, el tribunal podría dividirse en un número a establecer de salas, por ejemplo, salas de:

  • Derecho público no penal, de lo que se ocupan Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda.
  • Derecho penal;
  • Derecho privado, que es la especialidad de Rosenkrantz, Highton y Lorenzetti.
  • Derecho de la seguridad social.
  • Derecho laboral.
  • Derecho Administrativo.
  • Derecho Tributario.

Estas salas obrarían como filtro ordenador.

Cada sala de tres miembros podría rechazar el recurso extraordinario y/o el recurso de queja con el voto afirmativo de la mayoría. Según las estadísticas de la propia Corte, esto cubre más del 70% de los casos, que son rechazados sin apertura del recurso. Podría exigirse de cada sala una fundamentación mínima explicativa de los antecedentes de la causa, de los agravios de las partes y de las razones del rechazo, algo más republicana que el portazo que el seco artículo 280 propina en las narices de quienes llegan al tribunal.

Cuando la mayoría de la sala interviniente considerara que corresponde el recurso extraordinario, debería dar vista obligatoria al Procurador General de la Nación, salvo que existiera un precedente análogo ya resuelto por la Corte. El Procurador dictaminaría y el recurso debería ser considerado por todxs lxs  ministrxs de la Corte Suprema, ya sean 9, 12 o 21. El/la presidentx de la Corte podría ser designadx por el Poder Ejecutivo con acuerdo del senado, durar cuatro años en sus funciones y no ser reelegidx. Tampoco podría participar de ningún asunto y tendría a su cargo la Presidencia del Consejo de la Magistratura y las facultades exclusivas de Superintendencia.

Son pocos los casos en que se considera que el recurso extraordinario es procedente en lo formal y se da intervención al Procurador General. En la mayoría, la Corte resuelve con remisión al dictamen del Procurador. Así que la intervención de todxs los ministrxs no necesariamente daría lugar a una intervención demorada. Inclusive podría establecerse el plazo de un mes para dictar sentencia en los casos en que el recurso extraordinario viene precedido del dictamen. La demora haría perder jurisdicción al juez que no presente el proyecto en ese plazo fatal. Ningún asunto demoraría más de un año en sentenciarse.

Disciplinada de este modo la Corte, podría acometerse sin temores la reforma de las instancias inferiores, que implicará cambios en la situación laboral de miles de personas, con las resistencias que ya se insinúan. Tal vez comenzando por la cabeza, crecerían las posibilidades de éxito en el resto.

 

 

 

Recuerdos de provincia

Otra cuestión son las provincias, donde la Justicia puede convertirse en un apéndice del poder local, como en Jujuy. Pasado mañana, la Comisión de Asuntos Constitucionales comenzará a tratar el proyecto de intervención a su Poder Judicial, presentado por el senador Guillermo Snopek, cuñado del gobernador Gerardo Morales. Según Morales, el objetivo es la libertad de Milagro Sala, que a su juicio equivaldría a impunidad. Snopek replica que su proyecto no trata el caso de la jefa de la organización Túpac Amaru, sino

  • la creación de una mayoría automática de cinco diputados radicales en el Superior Tribunal,
  • la atribución de funciones de control a un nuevo ministerio público de la Acusación “creado a medida” del dirigente radical Sergio Lello, según la gráfica expresión de su compañero de equipo Pablo Baca; y
  • el uso de esos instrumentos para quebrar la voluntad de legisladores de la oposición y sumarlos bajo amenazas al bloque oficialista en la Legislatura, como en el caso de Mabel Balconte.

La denuncia contra Baca por violación, presentada por la ex directora provincial de Estadística y Censos, agravó la situación. Además del proyecto de intervención al Poder Judicial, el bloque justicialista en la Legislatura Provincial, así como la asociación local de abogados, reclamaron la renuncia del agresor. Sin arredrarse, Morales convocó a una marcha para respaldar a Baca. La asistencia fue magra y además faltaron los dirigentes nacionales de la UCR que habían prometido participar. Movilizarse en defensa de un violador es demasiado, incluso para lo que queda de la UCR. No obstante, Morales lanzó su candidatura presidencial para 2023 y obtuvo un cargo para su compañera sentimental, Tulia Snopek, en el Consejo de la Magistratura federal, según detectó El disenso.

 

 

 

 

Si bien Jujuy es el caso emblemático, también en otras provincias la Justicia está en ascuas. La Suprema Corte de Mendoza encendió la mecha al disponer el traspaso de personal de juzgados civiles a tribunales de familia, donde es mayor la litigiosidad. Los jueces civiles se amotinaron para resistir el traslado de los prosecretarios que son quienes hacen el trabajo. Como la Corte los ignoró, recurrieron al Poder Ejecutivo, que miró hacia otro lado. Los jueces civiles reclamaron que la Corte cediera su propio personal para cubrir las necesidades de familia. De a poco, los distintos actores, más los Colegios de Abogados, el Ejecutivo, la organizaciones civiles y los medios, empezaron a revolver la podredumbre del Poder Judicial, como podría ocurrir de avanzar los proyectos del Ejecutivo Nacional. Así se pusieron en evidencia 88 cargos equiparados a Jueces que dependen de la Corte, con salarios que van de 250.000 a 400.000 pesos mensuales, nombrados sin concursos ni aprobación legislativa. El Poder Ejecutivo se vio obligado a actuar: admitió que esos cargos eran ilegales y envió un proyecto de ley a la Legislatura para declarar nulos sus nombramientos. La crisis institucional podría incrementarse si luego de la aprobación de la ley hubiera denuncias contra los sucesivos presidentes de la Corte que firmaron esas designaciones.

 

La música que escuché mientras escribía

 

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23 Comentarios
  1. jusé conde ramos dice

    ¡Excelente!,ayudar a darle la mayor difusión

  2. josé conde ramos dice

    ¡Excelente!,hay que ayudar a la mayor difusión

  3. Viviana Tassone dice

    Estimado Horacio, siempre deseo leerte, dado que sos de los pocos que informan con la VERDAD, pero es de una magnitud tan terrible e impune lo que referis en esta nota; que me produce tal sensación de ahogo ¡¡¡¡ de angustia…, de desolación; que quedo sin esperanza ¡¡¡ y pienso… «prefiero no saber ¡¡¡¡ estamos en un abismo ¡¡¡¡ como tolerar taaanto ¡¡¡¡ Saludos

  4. Javier dice

    Sr Verbitsky, un comentario de legibilidad de el cohete.

    Tengo 50 y pico y un poco de presbicia, uso anteojos para leer, Soy lector devoto desde el primer dia, Pero noto que me esta costando leer por que la letra y los parrafos estan muy apretados, cosa que no me pasa por ej, con la edicion digital de Revista Anfibia.
    Podrian revisar si es posible, agrandar, separa la tipografia y ampliar distancia entre parrafos?

    Saludos Cordiales

    1. Lorena Bernasconi dice

      apriete control y la tecla + al mismo tiempo y se agranda la pantalla

  5. Luis Juan dice

    Estimado Horacio:
    Brillante crónica analítica. Las cuestiones están absolutamente esclarecidas y no dejan espacio para los alegatos estilo el Menem rubio santafesino: … “A mí, nadie me avisó”.
    Si me permite, una digresión.
    Siempre vi a Cristina como una gran estadista y, lo que a priori, me pareció un error imperdonable en cuanto a la elección del candidato a sucederla; con el devenir de los acontecimientos regionales, me parece que el supuesto error fue parte de una estrategia.
    Basta con repasar sus discursos y en especial los últimos para darse cuenta de que sabía a la perfección lo que vendría, pero además, había expuesto a todos los que no la iban a dejar gobernar y demostró que había demasiados esbirros en las propias filas que harían imposible cualquier posibilidad de desafiar al imperio en su plan regional. Y logró ser la única que no cayó y supo elaborar un plan de salida (en el que incluyó a sus enemigos internos).
    Pero si bien Cristina es brillante, es Cristina, no es el poder real y mucho menos el poder imperial; por tanto, a pesar de todas las dificultades que deliberadamente dejaron sembradas para impedir modificaciones estructurales, algunas cuestiones resultarán imprescindibles resolver si se quiere sobrevivir y, esta vez, no pueden quedar sólo en las buenas intenciones (v.gr. Ley de medios: no se supo, no se quiso, no se pudo), porque no se podrá gobernar (que por otro lado, son las pretensiones del establishment local e internacional).
    El lawfare sería muy complicado si no contara con la complicidad de los medios hegemónicos de desinformación.
    El sociólogo Nahuel Sosa (nuestrasvoces.com.ar-2/4/19) agregaba una característica interesante al lawfare y decía entre otras cosas: “…Sin embargo, en nuestra región ha superado sus límites originales y se ha constituido en una parte imprescindible de una renovada Doctrina de Seguridad Nacional.”
    “…No obstante, lo que no se dice, es que lejos de buscar la verdad y la transparencia lo que se perfila es nuevo caballo de Troya para aplicar un nuevo paradigma judicial que garantice la impunidad del poder financiero y mediático y la continuidad de las derechas en el poder.”
    “…Incluso, a modo de hipótesis, podríamos decir que el poder judicial se ha convertido en un factor determinante en los procesos destituyentes, es decir, ya no se limita solamente a ser cómplice sino que ahora también es un eslabón central en la configuración de esta nueva Doctrina de Seguridad Nacional. Pero ¿para qué y por qué destituye? Las respuestas son múltiples, pero si centramos el enfoque en la dimensión económica-financiera podemos observar que cuando se pretende barrer con un gobierno popular se pretende también un cambio en la puja distributiva. En todos los países que se impusieron administraciones de tinte neoliberal sea por las urnas o a través de desestabilizaciones y golpes blandos, las políticas fueron prácticamente idénticas: ajuste, precarización, endeudamiento externo, timba financiera, fuga de capitales precarización del modelo productivo, etc.”
    “En este sentido es que aparece una segunda hipótesis y es que la justicia no solo que no interviene ni ejerce ningún punitivismo con los delitos económicos sino que es parte del mismo entramado. Hay un neoliberalismo judicial recargado que destituye a la vez que instituye un determinado modelo económico y social.”
    “…Tenemos entonces un abanico de opciones de justicias: populares, aristocráticas, politizadas, despolitizadas, duras, blandas, garantistas, positivistas, demagógicas, liberales, conservadoras etc. La pregunta sería cuál predomina y de qué forma y no cabe dudas que ha sido una justicia aristocrática, beligerante, antipopular y decididamente corporativa la que se impuso como respuesta a los procesos de emancipación popular.”
    “…Es importante detenerse en este punto: el desplazamiento de una justicia que en el siglo XX actuaba de polea de transmisión de dictaduras militares a una justicia que a partir del siglo XXI se erige como protagonista de los procesos destituyentes. Si en el siglo pasado la filosofía de la guerra suponía una confrontación directa con el enemigo interno, con las fuerzas armadas a la cabeza, en este siglo por el contrario son agentes de la sociedad civil (medios de comunicación, partidos políticos, ONGS, poder judicial) los que ocupan el primer plano. Los poderes judiciales de América latina no estuvieron exentos de estos cambios, sobre todo de modus operandi sino que por el contrario fueron parte constitutiva de los nuevos esquemas de recolonización a partir de la configuración de una justicia de ataque en el marco de una Guerra de Baja Intensidad.”
    “…Si la comunidad democrática no reacciona a tiempo, el Lawfare va a llegar para quedarse.”
    La Ley 27, sancionada el 16/10/1862 refería:
    Artículo 1° – La Justicia Nacional procederá siempre aplicando la Constitución y las leyes Nacionales, a la decisión de las causas en que se versen intereses, actos o derechos de Ministros o agentes públicos, de simples individuos, de Provincia o de la Nación.
    Art. 3° – Uno de sus objetos es sostener la observancia de la Constitución Nacional, prescindiendo, al decidir las causas, de toda disposición de cualquiera de los otros poderes nacionales, que esté en oposición con ella.
    El reglamento para la Justicia Nacional, vigente a partir del 1/3/1953:
    16. — Los magistrados de los tribunales colegiados jurarán ante el tribunal que integran. Los demás magistrados prestarán juramento ante la Corte Suprema o ante la cámara respectiva. Los funcionarios jurarán ante el Tribunal o magistrado de quien dependan.
    La fórmula:
    Art. 17-La fórmula del juramento será: «¿Jura Ud. Por Dios nuestro Señor y sobre estos Santos Evangelios ser fiel a la Patria y desempeñar bien y legalmente el cargo de…para el cual ha sido designado, observando y haciendo observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina?» Y a la contestación afirmativa se agregará: «Si así no lo hiciere, Dios y la Patria se lo demanden». A pedido del interesado, el juramento podrá prestarse tan sólo por su honor.
    El de los empleados:
    18. — Al ingresar a la Administración de Justicia los empleados prestarán juramento ante el tribunal, magistrado o funcionario de que directamente dependan, de ser fieles a la Patria y acatar la Constitución Nacional. Los tribunales colegiados podrán delegar la recepción de este juramento en alguno de sus secretarios.
    Otra cuestión que no resulta menor tener presente, es que, conforme la ley de acefalia, además de todos los desaguisados a los que nos tienen acostumbrados, pueden llegar a hacerse cargo del Poder Ejecutivo Nacional. (Esto puede ser providencial o resultar de una estrategia de los poderes fácticos a los que responden).
    Tal como lo sostuve desde los primeros comentarios sobre el particular, el tema de la Corte Suprema es un problema central y, cuando los tiempos lo permitan, la reforma constitucional será crucial para afrontar los nuevos tiempos.
    Nótese ese manoseo obsceno de la palabra patria y la fidelidad brindada por esos juradores, incluidos los del Poder Judicial y, la observancia fiel de la Constitución Nacional para con ellos mismos y quienes recurran a ellos.
    Hasta hoy, sabemos que ni Dios ni la Patria demandaron nunca nada. Pero por las dudas, el artículo 119º de la C.N. le introduce un límite jurisdiccional infranqueable al artículo 29º, lo que -en la práctica- desvirtúa el mérito que deberían tener a la luz de nuestra historia y los tiempos que corren.
    Entre otras razones, por ello, nos pasan las cosas que nos pasan.
    En el mientras tanto, se pueden modificar leyes, como la 13.998 (11/10/1950) -cuyo artículo 3º fue derogado por el Decreto-Ley 6.621- por ejemplo.
    Si, además, se comienza a avanzar contra los monopolios y oligopolios, la esperanza de que las cosas puedan ser diferentes tendrá sustento.
    Estas cuestiones ya están juramentadas: “…en cuanto de vos dependa…”.
    Lo único que no podemos manejar a nuestra voluntad -pero sí tener estrategias conjuntas con el resto del mundo-, son las acciones imperiales.

    1. Leticia dice

      Muchas gracias por tanta información. Para leer, releer, y estudiarla.

  6. jose dice

    en las democracias representativas como la nuestra, lo único que dá legitimidad es el voto popular…no creo que ningún gobierno por sí sólo pueda cambiar la podredumbre del poder judicial. El voto popular y periódico no garantiza nada, ¿pero cuántos de los lobbistas que hoy son jueces se bancarían exponerse públicamente?. Por último, hay que eliminar la obligatoriedad de ser abogado para ser juez supremo…con un mínimo sentido común y asesoramiento técnico tendremos una mejor justicia…

  7. Cecilia dice

    Estoy de acuerdo con la forma de arriba hacia abajo y en que la corte se divida en salas. Igualmente es de necesidad suprema que el ingreso al poder judicial federal sea democrático por concurso público y transparente desde el ordenanza conforme una ley sancionada y nunca puesta en práctica. A veces pienso que los jueces de primera y segunda instancia al igual q los jefes de las fuerzas de seguridad deberían ser trasladados a distintos territorios de esa manera evitamos los amiguísmos c los estudios jurídicos o personajes de ciudad o provincia. Tampoco creo conveniente que puedan ejercer la docencia ya que los abogados particulares a cargo de grandes estudios también lo son y entre pasillos de facultad a veces hablan de causas abogados de parte y jueces. El juez debe evitar todo viso de parcialidad no solo en su decisión final sino también en el trámite. Para la implementación del sistema acusatorio no hace falta tomar tanto personal nuevo para el ministerio público sino que podría hacerse con el traspaso de personal del poder judicial a ese poder, quizás hacer una encuesta previa entre los empleados para saber quienes están dispuestos a pasarse de poder. El resultado podrá sorprender ya q muchos por razones de jurisdicción -familias desmembradas- y por mejores condiciones laborales decidan hacer el traspaso, luego recién debería convocarse a concursos para nuevos cargos.

  8. Horacio Raverta dice

    Elena Inés Highton de Nolasco no es una jueza de la Constitución porque la Constitución Nacional dice expresamente que a los 75 años cesan en sus cargos si no solicitan al Senado de La Nación una prórroga de su mandato por 5 años más y ella se auto proclamó de otra constitución, como hicieron Petracchi y Fayt, que peor que Highton, ellos eran jueces de otra constitución. Se puede mirar con repudio que un Presidente de La Nación nombre jueces supremos por decreto, pero no se puede admitir que estos acepten el cargo. Este hecho aberrante de violación fragrante de la constitución es el motivo más grave por el cual les cabe la destitución. Como no se va a aceptar la Doctrina Irurzun, si se acepta que haya jueces supremos que violaron la constitución. Hay algo más terrible que la suprema corte de justicia viole la constitución? Si esto no se salda inmediatamente que se puede esperar de la Justicia y de que reforme vamos a hablar si no se cumple el precepto mínimo de respetar la constitución, que es la única ley. Estos 3 supremos no pueden seguir en sus puestos.

  9. Maestri Luisa dice

    Como siempre leerte, Horacio, sólo me queda un deseo: que dures casi, casi como el Art. 48…que son 157 años? Gracias por estas info-formaciones tan necesarias para poder sostener y sustentar nuestros principios y valores. Abrazo feminista!!

  10. Beatriz Graciela Susterman dice

    menos mal que compensas todo la investigación sobre esos miserables con la investigación musical . Una genia Hazel Scott.

  11. gerardo senderowicz dice

    Creo que vos, HV, o el CELS, deberian ser asesores legales de consulta a lo Leandro Santoro del poder ejecutivo, si es que ya no lo son.
    Tu descripcion de los deberes legislativos con respecto a la CS sin excelentes y muy necesarios.
    Tomen nota los dipusenadores.
    Me parece fundamental ordenar de arriba hacia abajo la injusticia, y que los cortesanos laburen como todos los argentinos.

  12. Eduardo dice

    Con una ley aprobada por simple mayoría se puede modificar la corte y a partir de esto todo el sistema judicial , la reforma es de arriba para abajo , el poder judicial como las fuerzas armadas o la iglesia son estructuras verticales

  13. Jorge Ramírez dice

    Conjetura que Bidone no mueve una pestaña sin que lo sepa Pablo Merola, quien no hace nada sin el guiño de los Mahiques.

    1. maria dice

      Gracias por tanta información para nosotros el bulbo nada sabe de estas cosas y así tantas veces se creen tantas mentiras de parte de sectores interesados en que el Pueblo no sepa la verdad

  14. HERNÁN DE ROSARIO dice

    Horacio Verbitsky considera que el presidente de la nación preferiría conservar el número actual de miembros de la Corte Suprema y a lo sumo cubrir las vacantes que se puedan producir. Este tema sobrevuela el ambiente judicial desde hace mucho tiempo y, como siempre sucede, la doctrina apoya todas y cada una de las posturas que se han adoptado al respecto. El 11 de junio de 2003 el constitucionalista Néstor Pedro Sagüés publicó en La Nación un artículo titulado “El número de jueces de la Corte” y al año siguiente (3 de agosto) su colega Alejandro Carrió publicó un artículo en el mismo matutino titulado de igual forma. Creo que su lectura aporta claridad al tema.

    Escribió Sagüés:

    EL debate electoral que precedió al reciente cambio de gobierno replanteó la cuestión del número de jueces que debe tener el máximo tribunal de la Nación. Compuesta actualmente por nueve ministros (ley 23.774), la Corte Suprema de Justicia tuvo anteriormente cinco (ley 16.895) y siete (ley 15.271). El texto original de la Constitución de 1853 lo había fijado en nueve (artículo 91).Una primera aproximación al asunto advierte que no hay una cifra cabalística ni dogmática que se imponga como número ideal e inmutable. A la vez, quien repase el derecho comparado constatará que las cortes supremas y tribunales constitucionales del mundo tienen una composición altamente variable: En verdad, hay para todos los gustos.Cabe distinguir, desde luego, dos maneras de ver el problema. Una es de pura manipulación partidista: qué puede convenir (o no) a la clase política del momento, a fin de influir en la conformación del más alto tribunal. La otra perspectiva atiende técnicamente a la cuestión y advierte que la composición de una corte suprema depende, esencialmente, de la misión que se quiera atribuir a esa corte. Parte del supuesto de que el órgano está al servicio de la función, y no ésta a merced del primero. En concreto, de lo que se trata es de definir el cúmulo de tareas que debe cumplir el máximo tribunal de un Estado.

    Distintos sistemas

    Hay en el mundo actual dos modelos extremos. El primero de ellos, encarnado precisamente en la Corte Suprema federal de los Estados Unidos, propone un tribunal que decide, por lo común, no más que doscientas causas por año. Desde luego, ellas deben ser portadoras de asuntos de serio interés institucional y versan, por lo común, sobre temas de derecho constitucional. Es notorio que en este régimen la sociedad norteamericana optó por una Corte Suprema con escaso trabajo cuantitativo y que prefirió que tal tribunal máximo se ocupase intensivamente de un puñado de procesos relevantes. Como consecuencia de tal elección, la casi totalidad de los expedientes tramitados en ese país no son revisados por la Corte Suprema. La otra ruta es seguida por Alemania Federal, una nación que prefirió encomendar a su Corte Suprema (hay allí, además, entre otros tribunales máximos, una Corte o Tribunal Constitucional) tareas cuantitativamente mayores, que implican la resolución de miles de pleitos. En este caso, el sentir de la comunidad alemana fue habilitar una Corte federal que revisase con bastante profundidad el trabajo realizado por los tribunales federales o tribunales superiores de los estados que componen la República Federal.

    Para el esquema norteamericano, de una Corte Suprema con pocos expedientes por resolver, bastan nueve miembros, que operan en una sala plena o única. Para Alemania, con una Corte Suprema que decide miles de expedientes, fue necesario integrarla con más de cien jueces y dividir el trabajo de ella en salas (llamadas «senados»), formadas, verbigracia, por cinco magistrados. El lector podrá escoger uno u otro modelo. Ello implica una decisión de alta política judicial, en el mejor de los sentidos de esta expresión. Pero cualquiera de ellos posee lógica y sentido común. En los dos sistemas se adecuó el órgano (la Corte) a la función que el pueblo quiso asignarle. A menos expedientes, entonces, pocos jueces; a miles de expedientes, más jueces, fraccionados en salas o cámaras (sin perjuicio de la actuación de la Corte en pleno, en casos más bien raros). Naturalmente, hay sistemas intermedios, menos drásticos y más flexibles. Su éxito depende, no obstante, de la misma regla: fijar razonablemente el número de jueces y su posible fraccionamiento en salas, de acuerdo con la cantidad efectiva de expedientes que se desea que una corte suprema estudie. Ambas decisiones deben ser prudentes y previsoras, atendiendo, por ejemplo, a las posibilidades del medio y la duración de los procesos.

    El caso argentino

    La sociedad argentina sigue sin definir el perfil de su Corte Suprema. De hecho, el tribunal recibe miles de expedientes por año, pero continúa operando al estilo norteamericano: la Corte no está dividida en salas y cuenta solamente con nueve miembros. Un remedio aparente ha consistido en dotar a la Corte argentina de secretarios y relatores que auxilian a los jueces titulares. Su número ha aumentado por decenas, y debe aclararse que muchos incluso brillan por su idoneidad. Sin embargo, tal solución no es satisfactoria: lo correcto es que los expedientes puedan ser leídos y decididos con cuidado y personalmente por los jueces titulares de la Corte Suprema, hazaña difícil (en verdad, imposible) si una catarata de pleitos inunda semanalmente sus estrados. Además, como bien nos advirtió el vicepresidente de la Corte Suprema alemana, en ocasión de una visita programada por la Fundación Adenauer en Karlsruhe, no es bueno un desplazamiento material de tareas de la Corte Suprema oficial a una junior court, por más que ésta sea calificada. Otra solución local ha consistido en otorgarle por ley a la Corte Suprema la atribución discrecional de descartar (en el recurso extraordinario) la solución de asuntos que no tengan trascendencia. Sin embargo, la norma del caso permite también a la Corte decidir pleitos aunque fueren intrascendentes, con lo que, en la realidad, nadie puede determinar con certeza si su litigio será atendido, como pasa con miles de expedientes, o si no resultará aceptado, como ocurre con otros tantos miles.

    Perspectivas y consecuencias

    En definitiva, cabe reclamar aquí a los argentinos algo que escapa a su habitual deliciosa incoherencia, y es dar, aunque sea por milagrosa excepción, una respuesta coherente. La congruencia estriba en proyectar una Corte Suprema con pocas e importantes causas por dirimir, donde podrán bastar siete o nueve miembros, o programar otra, con muchos más litigios, caso en el que tendrá que distribuir su trabajo en salas, con el consiguiente incremento de sus jueces, siempre en adecuada proporción con la cantidad de expedientes por decidir, partiendo además del supuesto, quizá obvio, de que ningún órgano tribunalicio tiene capacidad ilimitada de absorción de tareas. Lo absurdo es continuar como hasta ahora, vale decir, elucubrar en abstracto sobre el número de jueces del máximo tribunal, como si fuera un ejercicio algebraico (o, lo que es peor, digitado partidistamente), sin tener en cuenta el tamaño de las funciones que se le quieran, claramente, asignar. Por supuesto, lo apuntado no despeja otro flanco vital en la composición de la Corte, como es el diseño de un tribunal genuinamente imparcial. En este aspecto, sobre el que hay una fuerte y apremiante demanda de legitimidad por parte de la comunidad argentina, toca a los operadores constitucionales, de haber virtud republicana, realizar la oferta que la satisfaga. El interrogante colectivo es si tal intención existe.

    Escribió Carrió:

    En estos días en los que está por concluir el proceso para integrar la totalidad de la Corte Suprema se reavivó una vieja polémica respecto de la relación entre la independencia del máximo tribunal y la cantidad de jueces que lo debería integrar. La Constitución prevé dos mecanismos fundamentales para proteger la independencia del Poder Judicial frente a posibles interferencias de los poderes Ejecutivo y Legislativo: la intangibilidad de las remuneraciones de los jueces y la inamovilidad en sus cargos. Según este esquema institucional, la renovación de la Corte sólo debería producirse lentamente, a medida que se generen vacantes a partir de la renuncia, jubilación, muerte o destitución por medio de juicio político de sus integrantes. Desafortunadamente, nuestra Corte Suprema ha sido reiteradamente objeto de bruscos y a veces masivos cambios en su composición. Quizás el caso más grave lo constituyó la ampliación de cinco a nueve integrantes, operada en 1990. Este aumento, junto con la renuncia de dos de sus miembros, le permitió al ex presidente Menem nombrar a un número suficiente de jueces como para asegurar lo que más adelante se dio en llamar la «mayoría automática». Esta ampliación nunca pudo ser justificada en las razones que, en apariencia, la motivaron: dotar de mayor eficacia el funcionamiento del tribunal. Las estadísticas referidas a su desempeño, publicadas por la propia Corte, demuestran que los tiempos de resolución de causas se incrementaron a partir del aumento del número de jueces. Esta experiencia negativa condujo a una profunda pérdida de legitimidad del tribunal, que se agravó con la crisis política desatada en diciembre de 2001. En ese momento, la ciudadanía hizo explícito su rechazo a la falta de independencia de los jueces, a quienes alcanzó el reclamo resumido en el simplista lema «Que se vayan todos». El Congreso inició un frustrado -e indiscriminado- juicio político contra los nueve jueces del tribunal. Posteriormente, durante 2003, se generaron tres nuevas vacantes. Julio Nazareno y Guillermo López renunciaron ante la amenaza de juicio político y Eduardo Moliné O´Connor fue destituido por el Senado.

    Ante el reclamo de la sociedad de que para los nuevos nombramientos se respetaran los principios de transparencia y participación, el Presidente respondió con la sanción de un decreto que «autolimitó» su discreción para seleccionar candidatos a jueces de la Corte, y el Senado modificó su reglamento interno asegurando la celebración de audiencias públicas. Esta normativa fue aplicada para cubrir las tres nuevas vacantes. De esta forma, en menos de un año, este nuevo presidente ya nombró a un tercio del tribunal. Esta sucesión de designaciones podría continuar si se concretara la destitución del juez Adolfo Vázquez, y si se confirmaran algunas versiones periodísticas que hablan de la posible renuncia de otro miembro del tribunal. En ese caso, quedarían vacantes más sitiales en la Corte y el actual presidente, al igual que su antecesor Carlos Menem, tendría la oportunidad de nombrar a una mayoría de sus miembros y así minar, una vez más, la confianza de la ciudadanía en la independencia de la Corte. A fin de aventar nuevas crisis de legitimidad del máximo tribunal, es imperioso proceder de manera inversa a los antecedentes que registra nuestra historia. En este sentido, el Poder Ejecutivo y los legisladores podrían promover por ley la reducción a siete del número de miembros de la Corte. Así, el Presidente, confirmando su compromiso de «autolimitación» puesto de manifiesto con la sanción del decreto 222, quedaría impedido de completar las nuevas vacantes.

    Tal como sostuvo Enrique Petracchi, actual presidente del tribunal, luego de efectuada la ampliación en 1990, no se requiere mayor cantidad de integrantes para mejorar la efectividad del trabajo. Además, de adoptarse esta medida, se evitaría que la eventual destitución de alguno de los miembros actuales sea percibida como una persecución sólo basada en la finalidad de cubrir la nueva vacante con un juez afín al gobierno. En este momento, el Gobierno tiene la oportunidad histórica de romper con una tradición política que socavó la estabilidad institucional de la Corte y, en consecuencia, su independencia y su coherencia jurisprudencial. Es verdad que esta reducción del número de jueces dejaría como saldo un tribunal de siete miembros, con tres de ellos nombrados por el actual presidente. Sin embargo, por un lado, este número no constituye la mayoría del cuerpo y, por otro, la adopción de esta medida impediría que un mismo presidente, nuevamente, tenga la posibilidad de nombrar a cinco de nueve jueces de la Corte. En suma, la decisión de reducir el número de integrantes del tribunal reafirmaría la voluntad manifestada por el propio Presidente, y anhelada por todos, de contar con una Justicia independiente.

  15. Carla dice

    La corte suprema sería una Corte Suprema de Justicia cuando tenga las salas que precise para cumplir su deber ACORDE A LA RESPONSABILIDAD que asumieron… por la que cobran bastante y nos siguen debiendo la independencia. Ahora de Corte Suprema ni bosta, es un cuarteto de operadores políticos jerarquizads cuyo «mérito» es tener, momentáneamente el «poder» de ADMINISTRAR INJUSTICIA, desatendiendo su función social mientras cancherean y señalan con los cajones a lxs inocentes… o los culpables dependiendo del caso.
    mucho oxígeno les herrumbró y descalibró la balanza y la espada se les destempló… etc. ES UNA PORQUERÍA EL ACCIONAR DE ESA GENTE… UNA VERGUENZA.

  16. Ricardo Alberto Comeglio dice

    Al igual que Horacio, doy por descontado que la solución es política y que ésta seguro va a actuar, pero también empiezo a vislumbrar el por qué Alberto niega algunos cambios en la composición de la Corte y tengo que reconocer que tiene cierta lógica en el contexto en el que estamos inmersos.
    No descarto que esos cambios profundos en la Corte van a ser plausibles y se lograrán encarar, pero no soy ingenuo y reconozco que reconocer los tiempos y los contextos son esenciales para marcar las prioridades.
    Otorgar a los grandes jugadores de póquer financiero mundial la visión de la totalidad de las cartas que tenemos, es ser muy mal jugador y más si la carta que se muestra pone en evidencia una jugada contra la justicia, por más razones valederas, ciertas, objetivas y entendibles que se tengan para tener esa carta.
    No quiero ser tan explícito en la idea como para no ser quien muestre la jugada y esperar a que la partida financiera concluya para allí sí presionar donde haya que hacerlo para modificar lo que se impone modificar.

    1. Claudio A. Rapoport dice

      «y las modificaciones en el funcionamiento de la Corte Suprema quedarían para más adelante.»
      Es razonable el comentario de Ricardo Comeglio.
      Pero una vez firmado el acuerdo por la deuda, es imprescindible, vital, que Alberto encare el tema de la Corte Suprema de Justicia.

      1. ErnestO dice

        Después de lo que ya sabíamos más lo que siempre nos agrega Horacio no hay duda de que hay que cortar la parte podrida de la carne. Tambien concuerdo con que, como dicen que alguien dijo,: Todo a su tiempo y ordenadamente.

  17. jose luis dice

    la basura se barre y la escoba, va riendo¡

  18. Roberto Pintos dice

    No se si por ejemplo, eligiendo a los miembros de la Suprema Corte, en elecciones directas, conjuntamente con las presidenciales saldríamos del nauseabundo pantano en que está hundido el pueblo argentino. Dado que en octubre pasado, 10.600.000 votaron por el PEREZOSO, nadie garantiza que el voto del pueblo sea beneficioso para sus propios intereses.

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