Nuevo gobierno, viejas luchas

La recuperación de derechos como eje de la acción gremial

 

El mundo vive nuevamente el vértigo de la guerra tras el ataque ordenado por Donald Trump que costó la vida de Qasem Soleimani, uno de los líderes máximos de la revolución islámica de Irán. A caballo de los drones asesinos, busca su reelección apuntando al electorado más belicista. La respuesta misilística de los Guardianes de la Revolución sobre una base militar norteamericana fue la primera de una esperada serie de represalias. Mientras tanto, las luchas de resistencia del mundo de los trabajadores contra el ajuste neoliberal se incrementan semana a semana.

 

 

La larga lucha de les trabajadores franceses

Sin llegar a un acuerdo, el gobierno francés y las centrales sindicales galas volvieron a reunirse para buscarle una salida a la huelga del transporte que ya batió el récord histórico de la década del ’90. La edad de retiro, que el gobierno pretende sea a los 64 años, unifica a toda la oposición sindical. Esta semana se sumaron los expendedores de combustibles, los abogados y los docentes. El ausentismo de los maestros rondó el 40%, aunque el núcleo duro sigue siendo el transporte urbano. Los trenes, los subterráneos y los autobuses ya llevan 36 días continuados de huelga. El jueves se concretó una nueva movilización. Fue multitudinaria, más de un millón y medio de personas en todo el país, según los organizadores. En Paris la columna partió de la Place de la Republique, pasó por las Gare du Nord, Gare St. Lazare y terminó cerca del Elysée en la Place Saint Augustin. Philippe Martínez, secretario general de la CGT francesa, informó que en la jornada se realizaron 216 manifestaciones, hecho que nunca había sucedido en esa escala.

 

 

 

 

 

Anuncios para los estatales

Los trabajadores estatales argentinos recibirán un aumento salarial igual al del sector privado. Los $ 4.000 se abonarán en los mismos plazos y serán incorporados a las próximas negociaciones paritarias. La noticia se conoció el viernes 3 por boca de la dirigencia de la Asociación de Trabajadores del Estado. El malestar que ello generó en Andrés Rodríguez, histórico dirigente de UPCN e interlocutor de todos los gobiernos de turno, lo llevó a decir que el acuerdo lo había logrado su organización antes de que ATE lo diera a conocer. La posibilidad de perder el monopolio de la interlocución genera malestar en el dirigente estatal, habida cuenta de que luego de encabezar la oposición al macrismo, ATE ha cambiado su postura tradicional y está en diálogo abierto con el gobierno de Alberto Fernández.

Al contrario, en la ciudad de Buenos Aires la semana comenzó agitada al conocerse que más de medio centenar de agentes de tránsito fueron cesanteados. Se trata, precisamente, de quienes encabezaron los reclamos luego del accidente que le costó la vida a Cinthia Choque. Aquel episodio desnudó las precarias condiciones contractuales con las que funciona la policía de tránsito de la Ciudad Autónoma. La solidaridad hecha pública por varios sindicatos y por la propia CTA de los Trabajadores, incubó la inquina del jefe de gobierno que ahora hizo sentir el escarmiento. También en este caso la oposición sistemática busca contrarrestar los efectos de la política de Alberto Fernández. La carpa montada en la intersección de Perú y Avenida de Mayo fue sede de la conferencia de prensa donde los trabajadores hicieron pública su denuncia y solicitaron la intervención del INADI.

 

 

 

 

Los portuarios de SUTAP encabezados por Adolfo Barja pidieron a la fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires que investigue una serie de irregularidades: otorgamiento de subsidios, alquiler de locales, manejo de gastos de la caja chica sin rendición de cuentas, pago de horas adicionales a la custodia policial, pago de trabajo de dragado en los puertos de San Nicolás, Ramallo y Dock Sud, en algún caso de canales de acceso de uso exclusivo de la petrolera Shell. Todas las personas denunciadas son funcionarixs del gobierno de María Eugenia Vidal, que van desde Javier Tizado, el Ministro de la Producción, Marcelo Gentile, Director Provincial de Actividades Portuarias, Eduardo Anzonegui, Director de Asuntos Administrativos, y Martin Mateucci, Delegado Portuario de la Delegación “Consorcio del Puerto de San Nicolás”. Todas estas denuncias fueron oportunamente informadas en nuestra columna semanal del Cohete a la Luna. Cambió el gobierno y los perseguidos de ayer se convierten en los denunciantes de hoy.

 

 

 

No solo trabajo, también seguridad y dignidad

Uno de los ejes de construcción de la unidad sindical es la salud laboral. Ahí coordinan 20 sindicatos que reportan a ambas CTA, a la CGT oficial y a la Corriente Federal. Durante los últimos años han realizado muchos encuentros definiendo una posición contraria a la mercantilización de la salud de los trabajadores, con permanentes denuncias a la ARTs, a las reformas introducidas por el macrismo que dificultan los reclamos legales en los infortunios laborales y sus secuelas y condenan en la mayoría de los casos al desempleo a los trabajadores que sufrieron accidentes de trabajo y quedaron con secuelas en su salud. Desde la privatización del mecanismo de prevención y reparación de los accidentes de trabajo, en tiempos del menemismo, la salud de los trabajadores ha pasado a ser un negocio de las aseguradoras en detrimento de los trabajadores y de los fondos de las obras sociales.

“La salud de los/as trabajadores/as es un derecho humano, reconocido en la Constitución Nacional y en la normativa internacional ratificada por la Argentina. Por ende, configura un bien público que debe ser preservado, promovido y/o protegido por el Estado. Actualmente, la situación de la salud de los/as trabajadores/as ha ido en un franco retroceso. El Sistema de Riesgos del Trabajo ha sido objeto de innumerables críticas sobre su inconstitucionalidad y en cuanto a las deficientes coberturas de salud que otorga”, declaran los sindicatos integrantes de la Intersindical de Salud. Hacen hincapié en los Comités Mixtos de Salud y Seguridad y en la existencia de los Delegados de Prevención, tanto en las empresas privadas como en los organismos públicos con acuerdos de partes incorporados a los convenios colectivos. Exigen el cumplimiento del compromiso de promulgar una nueva ley de prevención que reemplace la Ley de Higiene y Seguridad (19587/72 y su decreto reglamentario (351/79), ambos de origen dictatorial, que contemplan una visión autoritaria del control de la salud y seguridad en los ámbitos empresariales, y que han legitimado la precarización del trabajo. Se propone la sanción de una nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales y Promoción de la Salud.

 

 

 

 

La ausencia de señales del nuevo gobierno al respecto genera mucha preocupación en el colectivo de sindicatos que integran esta iniciativa, porque de lo único que se está hablando públicamente es de la adhesión de las provincias a la nueva ley de ART del macrismo. Los funcionarios actuales están desde 2016 (y varios de ellos tienen archivos de escasa resistencia), cumplieron con todas las reglas mercantilistas del gobierno macrista. Las ARTs también jugaron a la bicicleta financiera. Los números y las estadísticas fueron utilizadas en desmedro de la prevención de los riesgos laborales. El problema es el aumento de los accidentes mortales y el ocultamiento sistemático de las enfermedades profesionales y no de los juicios laborales, como se declara, dado que sólo se denuncia el 3% de lo que realmente sucede. De Mendoza a Vaca Muerta, la mayoría de la población espera respuestas a las malas condiciones de vida y de trabajo a que nos somete el neoliberalismo.

La expectativa de cambio en el mundo de la salud laboral es proporcional a la esperanza generalizada en el nuevo gobierno.

 

 

 

Empresarios sin sentimientos

Las suspensiones en SIDERCA sin procedimiento de crisis llevan cinco años. Los despidos en puerta ponen en debate las ilusiones de los trabajadores con el nuevo gobierno. Con 191 despidos en la planta de Campana, Paolo Rocca vuelve a ser protagonista del acuerdo nacional. “Por ahora los despido, después vemos”.  Si hay una empresa en nuestro país con espalda para soportar una baja de producción es SIDERCA. Generalmente estos despidos masivos preanuncian un cambio de política de la firma, en la búsqueda de más beneficios del gobierno y de nuevos negocios. Ante la posibilidad de acuerdos sociales, los comportamientos son equivalentes a las remarcaciones cuando se habla de control de precios. La tarde del miércoles se conoció el dictado de la conciliación obligatoria, lo que retrotrae los despidos y abre una negociación de las partes durante 30 días. Fuentes cercanas a la UOM de Campana aseguran que es posible revertirlos al final de la negociación. La realidad es que Paolo Rocca venía pagando alrededor del 95% del salario de bolsillo a los suspendidos y ahora quiere bajar esa cifra al 75%, lo que daría un promedio de $40.000. Manifiesta asimismo que la conciliación obligatoria es ilegal y que la acatará solo parcialmente.

 

 

Paolo Rocca, primero despido, después negocio.

 

 

Los conflictos van cambiando de carácter y asumen las características propias de un arranque de la producción. Vassalli Fabril de la ciudad de Firmat en Santa Fe, anunció la reactivación de la planta que estuvo al borde de cerrar definitivamente. La empresa distribuidora de gas Naturgy dio marcha atrás con el corte de suministro que había amenazado con realizar a la cooperativa Cueroflex, a partir del viernes 10. Según Tiempo Argentino: “Este miércoles, los trabajadores de Cueroflex realizaron una manifestación que consistió en una permanencia pacífica en el Ministerio de Producción nacional a la espera de una respuesta. Esa respuesta favorable llegó por parte de la Secretaría de Energía, dependiente de Producción. Luego de conversaciones mantenidas con Naturgy, se llegó a un acuerdo a fin de dejar sin efecto el aviso de corte de suministro”.

Sergio Sassia, secretario general de la Unión Ferroviaria, anunció que a partir de marzo los trenes del área metropolitana volverán a circular en horario nocturno y Roberto Pianelli, líder de los metrodelegados, vio con buenos ojos la posible extensión del horario de funcionamiento de los subterráneos. Declaró a El Destape que los transportes de pasajeros deben ser púbicos para garantizar el derecho de los usuarios a un servicio seguro y acorde a los salarios. Esto sucede en el marco de una lucha sin cuartel contra la presencia de asbesto en las formaciones de los subterráneos porteños.

En medio de resistencias obreras y patronales, nuestro país empieza a emerger del cráter social en que lo hundió el gobierno de Macri. Los mundos de la producción y el trabajo buscan acuerdos para poner la economía en marcha. Los ganadores del viejo modelo se resisten a aportar ningún esfuerzo adicional y sueñan con un pronto retorno. No hay tribunas para espectadores, todos están convocados a salir a jugar uno de los grandes partidos de la historia.

 

 

 

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