NUNCA MÁS

 

 “En el memorándum del 11 de marzo [de 1976], Del Canto [director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI] informa que él y Guenther [funcionario de su misma sección] se reunieron con Zalduendo [presidente del BCRA], Gavaldá [director ejecutivo del Fondo por la jurisdicción que integraba Argentina] y otra persona cuyo nombre está tachado con una gruesa línea negra, —[lo que significa]… que el Fondo considera información que no puede difundirse— para comunicarles la denegatoria de acceso al último tramo de las facilidades petroleras. Dos cuestiones  motivaban este rechazo: las políticas de ingreso de Argentina y sus políticas fiscales.” Lo relata Noemí Brenta en Argentina Atrapada, libro donde además cita textualmente que en la página 3 del memorándum del 1° de marzo de ese año, Del Canto escribía: “Los militares mientras tanto, están permitiendo que la situación se continúe deteriorando, sin embargo, hay rumores diarios de que actuarán pronto”.

Sin embargo, los retiros de financiamiento compensatorio de exportaciones no fueron suspendidos pero la autorización del retiro de 110 millones de DEGs (moneda del FMI) se expidió el 26 de marzo de 1976, dos días después del golpe de Estado. El 9 de agosto de ese año el FMI acordó el mayor acuerdo contingente a un país latinoamericano por 260 millones de DEGs. Brenta expone los lineamientos fundamentales del programa en el que se destacan la política de ingresos y la fiscal. Respecto de la primera se impone la sujeción de los aumentos salariales a los aumentos de productividad, mientras se liberaban todos los controles de precios, es decir una redistribución regresiva del ingreso. En cuanto a la segunda se imponen más impuestos que en la práctica, por su carácter, significaban el inicio de una reforma tributaria también regresiva, a lo que se agregaba una política de intensos ajustes tarifarios.

Esta breve visita al momento del establecimiento del Estado Terrorista en la Argentina muestra la invariabilidad de las conductas del FMI. La tacha del nombre indica el secretismo que signa a las negociaciones en que interviene. La especulación con el advenimiento del golpe militar, su interferencia en la vida política, incidiendo e interviniendo con los cambios de gobierno y de régimen. La permanencia del tenor de sus programas, su obsesión por el ajuste fiscal y la retracción de la demanda. En otras condiciones, su conducta en el presente mantuvo el mismo espíritu para la negociación en la que hoy avanza con el país. Promotor del liberalismo, arrasador de la soberanía, desinteresado de la democracia.

 

 

 

Un 2 de abril hace 46 años

Ayer se cumplieron 46 años del discurso con el que Martínez de Hoz sentó las bases para un programa económico y social de revancha clasista contra los sectores populares, que se desplegó con la dictadura terrorista. El largo texto leído por el Ministro de Economía del Estado del terror estableció el comienzo del neoliberalismo en Argentina. El golpe de Estado era un medio que postulaban Friedman y Von Hayek, quienes pregonaban que en determinadas circunstancias, el “autoritarismo neoliberal”, se hacía imprescindible para destituir una “democracia totalitaria”.

El ex ministro Dujovne exteriorizó su congratulación por el bajo endeudamiento con que había dejado al país el gobierno democrático, nacional y popular de Cristina Fernández de Kirchner, fortaleza que el gobierno de Juntos por el Cambio se ocupó de dilapidar en el fogón de la fuga de capitales. Esos dichos evocan la caracterización hecha por Martínez de Hoz ese 2 de abril, cuando refiriéndose al estado en que se encontraba la Argentina del modelo de industrialización por sustitución de importaciones, cuyo programa interrumpió y destruyó, dijo que “la Argentina no es ciertamente un país subdesarrollado. Para comprobarlo basta repasar la estadísticas más básicas… tenemos el nivel de ingreso por habitante más alto de América Latina. Más de un tercio de nuestro producto está representado por la industria manufacturera”. Un cuarto de siglo más tarde de establecido el liberalismo neo, el crecimiento del producto se había detenido, el ingreso por habitante había descendido, los salarios empeorado severamente y la economía se había reprimarizado y desindustrializado.

Las ideas que condujeron al proyecto neoliberal arruinando la economía nacional y el nivel de vida del pueblo fueron las que siguen, textual del discurso del ministro genocida: “El crecimiento económico es indispensable para lograr una mayor y mejor distribución de la riqueza… [y] depende… de un respaldo de bienes de capital, o sea de un proceso de inversión acumulativo… y para que haya ese respaldo de bienes, para que haya inversión, es necesario previamente que haya ahorro. Y para que pueda haber ahorro… tiene que existir utilidad”. Para el genocida heredero del patriciado, “la utilidad no es sólo la retribución que le corresponde al capital… [sino] absolutamente necesaria para que pueda reinvertirse en el proceso productivo”. La secuencia deriva en la idea de que, para generar la posibilidad de redistribuir el ingreso a favor de los trabajadores, primero hay que aumentar la utilidad, o sea bajar el salario. El Ministro coronaba su “científico” razonamiento con el conocido ejemplo de la torta y los comensales. Para que todos tengan una porción adecuada primero hay que crecer para después repartir. El reparto siempre vive en el futuro. Esta idea de la eterna postergación de la distribución se extendió a la mayoría de los períodos de gobierno post-dictatoriales.

Pero, contrariamente al discurso de la época, es la demanda la que genera inversión, sobre todo en países que tienen un importante margen para la expansión de la misma. Sin consumo no hay demanda y sin distribución no hay consumo. Esto muestra cuan equivocadas son algunas concepciones que se han extendido desde el empresariado concentrado, inclusive penetrando en sectores del actual gobierno del Frente de Todos. Por ejemplo, la ley promovida por el Consejo Agroindustrial que prevé beneficios ofertistas sobre la fiscalidad y las retenciones para empresas y productores que no las necesitan, no promoverá ningún crecimiento, sino la acumulación de rentas y beneficios. Mantener el nivel de derechos de exportación en lugar de aumentarlas a un nivel acorde con los precios internacionales, no tendrá ningún efecto sobre las cantidades sembradas, y sí graves consecuencias de redistribución negativa del ingreso. Esa renuncia a elevar la tasa de esos derechos, implicará la acumulación de rentas y el deterioro del salario real por el impacto de los precios internacionales sobre los internos.

 

 

 

Continuidades

Eduardo Basualdo, en su importante libro Sistema político y modelos de acumulación, desarrolla su reflexión respecto del período post-dictatorial haciendo hincapié en las continuidades del liberalismo neo. Tomando de Gramsci la categoría de transformismo, en una conceptualización que presentamos simplificada, Basualdo fundamenta su visión de que los partidos que eran representativos de las mayorías subalternas cuando llegaban al gobierno, antes del golpe del '76, intentaban cambios que favorecieran los intereses populares, en cambio en la institucionalidad republicana que prosiguió a la dictadura se comportaron conservando las líneas programáticas funcionales a los sectores concentrados de la oligarquía diversificada. Es decir que la dictadura se había retirado, pero había logrado cambiar la lógica política, como así también un intenso continuismo de los lineamientos económicos que el terrorismo de Estado había impuesto, aunque matizado por las orientaciones gubernamentales de los distintos períodos y sub-períodos del último cuarto de siglo pasado. Ese proceso del transformismo duró lo suficiente como para dejar una marca cultural que ayudara decisivamente a la afirmación hegemónica del proyecto plutocrático en el país.

El kirchnerismo fue el fenómeno político que rompió ese continuismo que expresaba una “democracia vaciada”, a través de una “política económica de Estado” que no es otra cosa que la política económica del Poder. Néstor Kirchner y Cristina Fernández recuperaron la vocación industrialista, la idea de la centralidad del mercado interno, el pleno empleo y la redistribución del ingreso. Lo hicieron desde una concepción de autonomía de la política, donde el Estado definía las medidas e instrumentos para el logro de esas metas. Sin embargo, la oposición del poder fue descarnada y evitó que se implementaran proyectos fundamentales como la ley de desconcentración de medios audiovisuales, la de las retenciones móviles y las de reforma de la Justicia. Además la cultura implantada durante décadas provocó que en la agenda de la época no se incluyera la reestatización de los servicios públicos y la reforma de la ley de Entidades Financieras.

Fue Martínez de Hoz quien en su discurso del 2 de abril había establecido la vigencia del “principio de subsidiariedad. O sea, que el Estado no debe ejercer su actividad en este campo [el económico] más que en la forma complementaria y subsidiaria del individuo… En principio, en los casos en que la propiedad privada interviene o pueda hacerlo ejerciendo sus funciones normalmente, sería difícil encontrar un justificativo a [la …actividad empresarial] del Estado que anula o restringe la acción de la empresa privada”. Preparando la ley de entidades financieras anuncia la eliminación del sistema de nacionalización de los depósitos “que resulta inoperante desde el punto de vista del control oficial del crédito, a la par que atenta contra el desarrollo y la agilidad de la actividad bancaria financiera”. La reforma financiera anunciada, luego se hizo a medida de la lógica de la valorización financiera y la fuga de capitales que serían el alimento de los procesos de endeudamiento externo y estancamiento económico.

Martínez de Hoz en su discurso refundacional de un país liberal con eje en la producción primaria, la valorización financiera y la desarticulación de la sociedad integrada que había generado la época de la sustitución de importaciones, habla sobre la inflación del mismo modo que el FMI lo hace en los comunicados del actual acuerdo que se está concluyendo. Dice que “si bien no puede afirmarse que la inflación obedece a una causa única –son varias siempre—, sí puede decirse, en cambio, que su motor principal lo constituye el déficit fiscal”. Después se refiere al supuesto problema de los salarios públicos que se alinean con la suba de los privados y generan más déficit y por lo tanto más inflación, diagnosticando que esto conduce a una espiral inflacionaria y a “una carrera incontrolada de precios y salarios”. Joe decía que “la magnitud que ha alcanzado el déficit del Presupuesto…[es de tal] medida que en su mayor porción ya no pueden ser cubierto por recursos genuinos –que son los provenientes del sistema impositivo y tributario— y ni siquiera con la adición de crédito público, como es la emisión de bonos y títulos públicos que se venden en el mercado financiero, sino que además de ello, debe apelarse en mayor proporción a la simple emisión monetaria que se erige así en la causa generadora de nuestra inflación… Además, este proceso es autoacelerante porque el déficit lleva a más emisión monetaria y ello es motor… de inflación”.

Es el mismo diagnóstico del FMI para imponerle el actual programa al país. Dicen que la inflación es multicausal, pero el programa concreto es la reducción del déficit, el apretón monetario y el aumento de tarifas. La única diferencia es que aunque coinciden el discurso del genocida y el diagnóstico del comando central del capital financiero respecto a la inflación inercial derivada de la monetaria, el primero se pronuncia contra el control de precios, el de cambios y los controles a la importación. El FMI los admite actualmente como recursos temporales, pero con el horizonte de su desarticulación futura. El 2 de abril el Ministro, quien había sido titular del CEA (Consejo Empresario Argentino) predecesor de la actual ultraliberal AEA, que hace poco tomó un lugar hegemónico en la dirección de la UIA, firmó un decreto que derogó el control de precios y estableció su liberación. Mientras que en su discurso sostuvo respecto de la política salarial que “en una etapa inflacionaria como la que está viviendo el país… no es factible pensar que puedan tener vigencia las condiciones ideales de libre contratación entre la parte obrera y la empresarial para la fijación del nivel de los salarios… así como todo proceso de reajuste automático”.

 

 

 

El desarme final de la herencia económica de la dictadura

Con una inflación esperada del 60% es inexplicable que haya un esfuerzo del gobierno por moderar los ajustes salariales al 40%, cuando los mismos se encuentran en niveles inferiores en más de un 20 % respecto a sus niveles del 2015. Son ideas remanentes de un pasado oscuro. La estrategia debe ser inversa. La desinflación con redistribución requiere necesariamente de un control de precios que abarque toda la cadena de producción, también necesita de la conformación de empresas públicas que actúen en el mercado como testigos reforzando los ineludibles controles. Además se debe garantizar la recuperación del salario. No se trata de un esfuerzo compartido, porque la espiral precios-salarios no responde a una puja de sectores con la misma potencia. La inflación actual es por una lógica de reconstitución de utilidades por parte del empresariado y no provocada por una disputa entre pares por el ingreso. Es imposible batir el proceso inflacionario sin el ejercicio coercitivo del Estado, porque el proyecto neoliberal es hegemónico en el empresariado formador de precios y éste no va a responder a la convocatoria a un acuerdo que les retrotraiga a las grandes empresas los superbeneficios que vienen construyendo desde el 2015. No se avinieron a hacerlo durante la pandemia, menos lo harán ahora.

La Fuerza Monetaria Internacional insiste con la construcción de la lógica del transformismo. No fue otra cosa la insistencia del acuerdo parlamentario para la refinanciación de la deuda que impuso el FMI. Ni lo es la remanida idea de copiar un Pacto de la Moncloa en la actualidad argentina. Tampoco es algo distinto el enfoque del “entendimiento” impuesto en el que sustancialmente se construye el mismo tipo de programa antiinflacionario que el que Martínez de Hoz desarrollara el 2 de abril.

Nuevamente el bloque del Frente de Todos en el Senado asume el mejor camino para evitar la estrategia fondomonetarista de profundizar el proyecto iniciado hace 46 años mediante el ejercicio de un co-gobierno detrás de bambalinas. La estrategia es afectar a los actores de la fuga de capitales obligándolos a reponer por lo menos un 20% de los activos constituidos en el exterior ilegalmente, para formar un fondo destinado a liberarse del Fondo. Conceptualmente no es un impuesto, sino la exigencia de una devolución. Los ingresos serán afectados a un destino específico y permanecerán fuera de los recursos del Presupuesto Nacional. Además es un recupero de dólares, mientras que Argentina conserva su moneda propia, siendo una de sus funciones fundamentales del Estado la percepción de tributos en dicha denominación. Ingresos en dólares y extrapresupuestarios resultan una novedad disruptiva. Es un acontecimiento histórico, cuyo concepto central no es pagar deuda en sí sino liberarse del tutelaje colonial de un organismo que hace décadas se dispuso a sustituir la decisión popular por la de los centros de poder financiero.

 

 

 

1793

Argentina tiene hoy una alta tasa de pobreza, del 37,3%, mientras la indigencia se ubica en el 8,2%. La sociedad integrada de pleno empleo y atención de los derechos económicos y sociales previa a la dictadura, nunca volvió a afirmarse. En los doce años de gobierno popular se comenzó una reconstrucción, que el bloque de poder concentrado destruyó sistemáticamente cuando recuperó el gobierno gracias a los multimedios gigantes de comunicación, la agresión imperial del lawfare y la integración del empresariado concentrado a la financiarización que lo convirtió en un enemigo permanente de un país justo e integrado.

En el siglo XVIII, en la Declaración de los Derechos del Ciudadano, hace doscientos treinta años, el acta constitucional francesa del 24 de junio de 1793 disponía en su artículo 21 “que las ayudas públicas son una deuda sagrada. La sociedad debe la subsistencia a los ciudadanos desgraciados, ya sea procurándoles trabajo, ya sea proporcionándoles los medios de existencia a los que no estén en condiciones de trabajar”. Siglos después es inadmisible que se reclame por parte de las gremiales empresariales la no intervención estatal en el régimen de precios. Es una rémora pre-democrática. La libertad de mercado, que sacraliza el liberalismo, se constituye en un régimen de opresión cuando el abastecimiento es a precios que hacen imposible la vida de los sectores más vulnerables del pueblo. El Estado democrático debe obrar para poner fin a una situación de ese carácter. El derecho de propiedad no da lugar a su disposición ilimitada.

En el debate con otras posiciones en esa Convención, Robespierre reflexionaba: “Al definir la libertad como el primero de los bienes del hombre, el más sagrado entre los derechos que se derivan de la naturaleza, habéis dicho con razón que ella tiene como límite los derechos de los demás. ¿Por qué razón no habéis aplicado este principio a la propiedad, que es una institución social? ¡Como si las leyes de la naturaleza fuesen menos inviolables que las convenciones de los hombres! Habéis multiplicado los artículos para asegurar el derecho de propiedad, sin decir una sola palabra para determinar su contenido legítimo. De manera que vuestra Declaración parecería estar hecha no para los hombres, sino para los ricos, los acaparadores y los tiranos”.

Hoy en la Argentina ha llegado el momento de poner límite al uso indebido del derecho de propiedad utilizado para establecer precios en el mercado que constituyen un abuso y reducen a la pobreza a la mayoría popular. Tanto en la cuestión de los precios, como en la de las retenciones y demás políticas que afectan la distribución del ingreso, se debe dar batalla, se debe acometer el conflicto. Al fin y al cabo este es el corazón de la política. Ninguna pelea tiene asegurado el triunfo de antemano. Tampoco ningún triunfo se logra sin el riesgo que siempre implica confrontar. Las empresas con poder para formar precios han cruzado la frontera de lo admisible. El liberalismo del presente devalúa, así, la democracia. En la defensa de ésta los mercados deben ser intensamente intervenidos para garantizar el bienestar general. Hay que dar vuelta como una media el programa del 2 de abril de 1976.

Nunca más.

 

 

 

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