Nunca más es nunca más

La mugre del gobierno anterior aflora desde los sótanos del servicio de Inteligencia

 

Hace poco más de un año revisaba la copia digital de la causa Cuadernos cuando, con sorpresa mayúscula, descubrí que alguien había impreso y adjuntado al expediente un hilo mío de Twitter. En ese hilo contestaba una nota lisérgica de Joaquín Morales Solá en la que textualmente el columnista decía: “La Justicia determinó que la operación contra Stornelli salió de la cárcel donde están los ex funcionarios. Algunos presos kirchneristas son los autores intelectuales de la campaña mediática contra Stornelli”.

 

 

 

Eran los primeros días de febrero de 2019 y Morales Solá intentaba justificar lo que acabábamos de conocer como la causa D’Alessio, en la cual se investigaba a un personaje llamado Marcelo D’Alessio y su conexión con funcionarios judiciales y políticos. Frente a casi 22 horas de grabaciones hechas por una de las victimas de D’Alessio y un gran numero de videos y fotos, el viernes anterior a la nota de Morales Solá, el fiscal Carlos Stornelli y también Elisa Carrió habían dicho que tenían las grabaciones de los presos en el penal de Ezeiza en las que se registraba el armado de la causa.

En mi hilo señalaba que dudaba mucho de que la prueba que usaría Stornelli para defenderse fuesen grabaciones de las charlas telefónicas de personas privadas de su libertad. Y apostaba –equivocadamente— a que aparecería un arrepentido que así testificaría.

Con el paso de los días supimos más. Las grabaciones existían, pero los presuntos diálogos de los imputados en Cuadernos se habían efectuado una vez que la denuncia ya estaba radicada en el Juzgado Federal de Dolores, a cargo de Alejo Ramos Padilla. Es decir que el presunto complot para “armar” la causa D’Alessio que denunciaba Morales Solá no existía. Porque las charlas grabadas eran posteriores al inicio de la denuncia.

También nos enteramos de que las transcripciones de las charlas habían llegado “de forma anónima” tanto a Stornelli como a Carrió. Lo de «anónimas» me recordó mucho a lo que escribió otro de los procesados en la causa  D’Alessio, Daniel Santoro: «También podemos mandar los documentos por correo y en forma anónima a un fiscal, para que abra una causa” (Técnicas de investigación. Métodos desarrollados en diarios y revistas de América Latina, Fondo de Cultura Económica y Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, D.F., México, 2004, página 36).

 

 

 

 

En el expediente de la causa Cuadernos está reflejada la frenética búsqueda de esas grabaciones que hizo Bonadio. Se las pidió al Juez que había ordenado las escuchas y este le señalo que las había destruido. Y que preguntara en la AFI, donde se hacían las desgrabaciones.

 

 

Entonces Bonadio le pidió a la AFI las escuchas y la AFI contestó que no las tenía porque se las había enviado al Juez. Y Bonadio le pidió a la Oficina de Escuchas que depende de la Corte Suprema que le hiciera una nueva copia. Y la oficina de escuchas dirigida por el presidente de la Cámara Criminal y Correccional Federal, Martín Irurzun, autorizó la nueva copia. Cosa extrañísima y de dudosa legalidad, porque la reglamentación de la Oficina de Escuchas establece específicamente que el único autorizado para ordenar nuevas copias es el juez que ordenó las escuchas, cosa que le recuerda Irurzun a Bonadio…¡cuando le entrega la copias!

 

 

Pasó mas de un año desde entonces, Stornelli está procesado en la causa D’Alessio, si bien sigue siendo fiscal, cosa insólita a mi juicio. Las escuchas obtenidas por el esfuerzo de Bonadio y gracias a la firma de Irurzun no sirvieron como defensa.

Y el mundo siguió girando sin que nadie explicara por qué las escuchas habían llegado a Bonadio en violación a la reglamentación de a propia oficina que las hace. Y sin que nadie explicara por qué las escuchas se pidieron en una causa en la que Stornelli era fiscal. Y sin que Morales Solá explicara cómo el 10 de febrero de 2019 podía señalar que “la Justicia determinó que la operación contra Stornelli salió de la cárcel donde están los ex funcionarios”, cuando para esa fecha nadie había logrado acceder de modo legal a las escuchas.

D’Alessio fue solo la punta del iceberg de lo que hoy toma estado público. Con el cambio de gobierno empiezan a aparecer las maniobras de inteligencia ilegal que van desde lo infame a lo deleznable que parece haber llevado adelante el gobierno de Mauricio Macri.

Me acordé de este episodio porque el fin de semana pasado leí en El Cohete una nota de Luciana Bertoia y Alejandra Dandan en la que las periodistas consignan: “Esa misma noche, Villena ordenó una serie de allanamientos a áreas sensibles del SPF, como la Dirección Nacional o el Área 50 – conocida como el bastión de la inteligencia del SPF—  y donde se supone que reportarían también integrantes de la AFI. El Cohete había vinculado al Área 50 del SPF con la transcripción de las escuchas a ex funcionarios que estaban presos en Ezeiza. Las escuchas se habían realizado por orden del juez Villena, que investigaba a Mario Segovia, conocido como el Rey de la Efedrina, que orquestaba delitos desde adentro de la cárcel e incluso habría pedido que gente de su entorno se comunicara con internos de otros pabellones. La historia es después conocida. En Py, por ejemplo, se usó como contrapeso del D’Alessiogate».

«El área de inteligencia que allanó el juez actualmente se llama Dirección Principal de Análisis de la Información y está a cargo del inspector general Cristian Lionel Suriano, un hombre de extrema confianza de Blanco. El 29 de abril, el mismo día que se presentó una denuncia por los baleados en la protesta de Devoto, Suriano había informado ante el juzgado de Villena movimientos que le hacían pensar en una toma de distintas cárceles mientras se mantenía la protesta en el penal de la Ciudad de Buenos Aires. La fiscal Cecilia Incardona no consintió que se diera curso a la denuncia y no hubo intervención judicial».

«Ámbito Financiero informó el viernes que Villena secuestró importante documentación, que incluso mostraría qué jueces fueron blanco de la inteligencia durante los últimos años. El Cohete pudo establecer que en el allanamiento se hallaron en el escritorio de Suriano informes sobre la composición política del gobierno nacional y sus líneas internas, cosa que además de prohibida por la ley de inteligencia, ni siquiera guarda relación con los objetivos del Servicio Penitenciario, salvo que estuvieran pensando en la conversión de algunos funcionarios en personas privadas de su libertad. Pero sería una excesiva capacidad de anticipación, de la que estos funcionarios no son sospechosos”.

Mientras tanto, en una computadora de la AFI, la actual intervención del organismo encontró un disco duro mal borrado y cuando se miró la información que contenía había más de 80 personas cuyos mails estaban intervenidos de modo ilegal

Uno de ellos es el de Luis Majul, periodista que en lugar de enojarse públicamente porque su mail estaba interferido por el gobierno de Macri, está mas preocupado porque nadie acceda a su contenido, preocupación que por cierto considero legítima. Si bien Majul dijo públicamente que “sus abogados” se presentarían en tribunales a requerir la confidencialidad del contenido de sus mails, la verdad es que quien se presentó fue la otrora panelista de su programa, Silvina Martínez. Para colmo de males, la presentación hecha por Martínez no había dado cumplimiento a los requisitos formales para presentarse en la causa y fue rechazada. Amargo descubrimiento para la letrada, respecto de que ejercer la abogacía requiere más esfuerzo y estudio que pegar notas de los diarios y presentar denuncias.

La preocupación de Majul es legítima y tiene todo el santo derecho a proteger su intimidad, sus conversaciones privadas y su correspondencia. Lo insólito es que recuerde el contenido del artículo 18 de la Constitución justo ahora, teniendo en cuenta que no tuvo reparo alguno en pasar escuchas que hacía el Poder Judicial en forma legal o ilegal. Ente otras escuchas, fue quien difundió las de los presos en Ezeiza. Alegó en su momento que la información de las escuchas tenía interés público. Peligroso argumento el que usó, porque sirve para justificar cualquier cosa.

Para que quede claro, NO hay derecho a hacer público el contenido de los mails de Luis Majul, porque constituiría una vulneración a su intimidad y su correspondencia. Como así también señalo que Majul NO tenía derecho a pasar las conversaciones privadas de terceros. Y señalo, además, que algunas de las conversaciones que pasó Majul involucraban charlas de personas privadas de su libertad con sus abogados, lo cual es absolutamente violatorio del Derecho a defensa. Como seria violatorio vulnerar la reserva de fuentes de un periodista.

Las escuchas que pasó Majul merecen un párrafo en lo que refiere a la tratamiento de la causa D’Alessio. Como la única copia que existía de las escuchas efectuadas en el Penal de Ezeiza la tenía Bonadio, el todavía miembro del Consejo de la Magistratura Pablo Tonelli, diputado por el PRO, impulsó que el Consejo requiriera la copia de estas escuchas. Un extrañamente flexible Bonadio envió entonces copia de la causa… ¡y de las escuchas! Cuarenta y ocho horas después de haberlas recibido el Consejo de la Magistratura, Majul las estaba pasando en su programa. Incluían diálogos telefónicos de personas con sus abogados.

Además de la denuncia que hizo Caamaño como titular de la AFI sobre los mails intervenidos, hace apenas unas horas se hizo pública la denuncia de inteligencia ilegal sobre casi 500 personas entre periodistas, académicos y dirigentes.

Y aunque está en secreto de sumario, también se hizo público que en la causa que se investiga en Lomas de Zamora existe una copiosa prueba documental que da cuenta de las tareas de inteligencia ilegal que hacía el macrismo con propios y ajenos.

Me llamó poderosamente la atención que uno de los principales acusados, el presunto ex agente de la AFI y abogado Facundo Melo, se presentase el viernes para denunciar unas también presuntas amenazas.

La denuncia fue hecha en Comodoro Py. Se parece mucho a las estrategias defensistas que solia usar Py para sacarle las causas a ciertos jueces. Me acuerdo de las denuncias que hicieron Stornelli por un lado y Zuvic por otro para intentar sacarle a Ramos Padilla la causa “D’Alessio” cuando recién se iniciaba.

Pero hay más. La causa de Lomas de Zamora comenzó, según dicen las crónicas periodísticas, con la declaración de un acusado de narcotráfico que le cuenta al juez que había sido reclutado por un agente de la AFI. Y que, en el marco de las tareas de colaboración que le habían solicitado en nombre de la AFI, había estado la de “darle un susto” al entonces funcionario del Ministerio de Defensa Juan José Vila, antiguamente vinculado a los servicios de inteligencia. El susto consistía en ponerle una bomba a Vila en su domicilio, destinada a asustarlo, mas no a estallar.

En su momento salió publicado en algún lado lo de la bomba, aunque debo señalar que los espías macristas eran tan intensos como inútiles, porque Vila ya no vivía allí. Luego del episodio, Vila radicó la denuncia en Py. El juez de lomas de Zamora reclamó esa causa y el fiscal se opuso. Fue el juez Sebastián Ramos quien, pese a la oposición del fiscal, debió arbitrar los medios para que la causa sea remitida a Lomas de Zamora.

No quiero dejar de señalar que el juez en su resolución consigna: “Hasta aquí, hay dos investigaciones que tienen un punto de contacto: un acto de amedrentamiento a una persona específica a partir del abandono de un artefacto explosivo en un domicilio que había ocupado tiempo atrás, pero que, creían, seguía ocupando”. Y agrega además que “con el avance de la investigación, el Sr. Juez Federal de Lomas de Zamora logró acreditar los dichos de Rodríguez, ya que identificó al Abogado, su estudio jurídico y la condición de ex agente de la AFI de esa persona, tal y como fuera puesto de relieve por el imputado”.

Pero mientras fuera de Py la investigación avanzaba, en la causa que estaba en Py pasaba esto: “De la información aportada por el FBI en colaboración con la PFA se pudo corroborar que ese explosivo era proveniente de una fábrica estadounidense que había cerrado sus puertas en el año 1940… De las medidas realizadas para lograr identificar a la persona que había dejado la caja de cartón, tras el análisis sobre las imágenes captadas por las cámaras de la zona, sólo se pudo saber que era un hombre con su cara mayormente tapada por una gran bufanda y un camperón”.

El domicilio donde se efectuó la amenaza es Callao al 1200, una de las zonas con más cámaras de vigilancia de la ciudad, pero el fiscal no se tomó la molestia de requerir esas imágenes para identificar de qué auto se había bajado el señor del camperón. Cosas que pasan cuando no se quiere avanzar con una causa. La pregunta que queda sin respuestas es: ¿por qué no se quería avanzar con esa causa? ¿Y por qué no querían en Py enviársela al juez que sí había obtenido avances?

Mientras tanto, a Sebastián Ramos le tocó una causa sobre la famosa “mesa judicial” que funcionaba durante el gobierno de Macri y cuya misión era impulsar causas para la persecución de los opositores políticos Y disciplinar jueces. Lo que conocimos como lawfare.

También me acordé mucho de la “mesa judicial macrista”, a la que siempre tengo en mis oraciones porque les debo buena parte del trabajo que tuve en esos años. Me acordé especialmente cuando Ana Figueroa contó cómo había sido presionada para resolver la causa que conocemos como “Inconstitucionalidad del memorándum con Iran” y que fue desistida por el gobierno de Mauricio Macri apenas iniciado. Tengo muy presente esa causa porque el desistimiento del Estado fue luego alegado como hecho nuevo por quienes empujaban la persecución a Cristina Fernández de Kirchner y a Héctor Timerman. Quien impulsó ese desistimiento es uno de los que son señalados como partícipes de la mesa mesa judicial, el entonces Ministro de Justicia German Garavano. Que dio la orden expresa y que consta en las actuaciones de desistir de ese juicio aun cuando las sentencias de primera instancia y de segunda instancia NO eran coincidentes. Se firmó el 11 de diciembre de 2015. Hacía menos de 24 horas que Garavano era Ministro. Verán que la copia de la instrucción de Garavano esta arrugada, hace más de 5 años que la tengo, en el legajo que está bajo el rotulo de Héctor Timerman. Porque así comenzó el infierno.

 

 

 

 

 

Leo que los medios repudian lo que dijo el enorme Raúl Zaffaroni, acusándolo por comparar a los medios concentrados con los que supo tener el nazismo o el propio Stalin. Lo acusan de antisemita, inclusive.

¿Saben qué es antisemita, señores de los medios? Que la entonces Vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, llamase al entonces titular de la unidad AMIA, para reclamar y exigir protección para José Barbaccia, uno de los fiscales acusado de encubrir el atentado de la AMIA. Y que ustedes no digan nada.

¿Saben qué es un escándalo? Que Mario Cimadevilla denunció las presiones que recibía del Poder Ejecutivo y de Germán Garavano para no presentar acusaciones contra los amigos de Macri, y que la denuncia se cerró por falta de impulso fiscal. Porque el fiscal que decidió no investigar la denuncia de Cimadevilla, era uno de los fiscales que en el año 2004 había enviado una nota de apoyo a José Barbaccia.

 

 

Verán todos que Alejandro Rúa es infinitamente más prolijo que yo para archivar. La nota que acabo de subir está un legajo que se llama “Encubrimiento AMIA”.

Cuánta razón tenía y tiene Alberto Fernández cuando dijo el 10 de diciembre de 2019: “Por eso hoy vengo a manifestar frente a esta Asamblea y frente a todo el Pueblo Argentino, un contundente Nunca Más… Nunca Más a una justicia contaminada por servicios de inteligencia, operadores judiciales, procedimientos oscuros y linchamientos mediáticos. Nunca más a una Justicia que decide y persigue según los vientos políticos del poder de turno. Nunca más a una Justicia que es utilizada para saldar discusiones políticas, ni a una política que judicializa los disensos para eliminar al adversario de turno».

«Lo digo con la firmeza de una decisión profunda: Nunca más es nunca más».

«(…) Nunca más al Estado secreto».

«Nunca más a la oscuridad que quiebra la confianza».

«Nunca más a los sótanos de la democracia».

«Nunca más es nunca más”.

 

 

 

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