Nutrición, ¿lo qué?

El GCBA sigue propiciando que el servicio de alimentación escolar sólo sea un negocio

 

A una semana del inicio de clases en el distrito, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) llamó a licitación pública 7192-1818-LPU21 para definir qué empresas se ocuparán del servicio de alimentación para estudiantes de las escuelas públicas porteñas “desde el primer día hábil del ciclo lectivo del año 2022” hasta finales de 2025. Un negocio de más de 50.000 millones de pesos ($50.055.347.712) que, por los antecedentes, ya tendría ganadores anticipados.

 

 

Un mercado de estómagos cautivos

En Buenos Aires, la ciudad de las privatizaciones, el servicio de comedores escolares está concesionado. Diecinueve empresas creadas exclusivamente para brindar este servicio se encargan de preparar un promedio de 210.000 desayunos y 113.000 almuerzos por día para les estudiantes que concurren a la escuela pública. Son las que desde hace más de 20 años proveen las materias primas a los comedores, elaboran y reparten las viandas y hasta suministran la vajilla que se utiliza en cada comida.

Esta continuidad en la tarea, lejos de basarse en la excelencia del servicio, responde a un entramado legal elaborado por el propio gobierno de Horacio Rodríguez Larreta que les garantiza ganar cada licitación que se realiza año tras año. ¿El resultado? Un mercado de estómagos cautivos que sólo en 2022 moverá más de 12.000 millones de pesos.

 

 

 

 

 

Si incumpliste, no me acuerdo

El 11 de marzo, cuando se abran los sobres, el Ministerio de Educación de la Ciudad otorgará un puntaje a cada una de las ofertas a partir del análisis de diferentes ítems. Por ejemplo, si la empresa tiene una planta elaboradora propia o con cuántos vehículos con equipos de refrigeración cuenta. Dentro de los requisitos con mayor puntuación, se encuentran que la empresa ya sea proveedora del GCBA y, más aún, su antigüedad brindando el servicio de comedores. El detalle que olvida de calificar el pliego es si la empresa tuvo sanciones durante la licitación anterior.

De esta forma, empresas como Lamerich S.R.L., que en la primera y única semana presencial del ciclo lectivo 2020 intoxicó a más de 100 estudiantes de seis escuelas donde es proveedora de “alimento”, no sufrirán ninguna reducción de puntaje. Lo que se pondera es que la empresa ya tenga experiencia, no importa cuán desastrosa haya sido. En el expediente brilla por su ausencia algún dictamen del gobierno porteño donde hagan un balance de lo actuado por las empresas. Cada licitación es un borrón y cuenta nueva.

 

 

 

Somos los mismos de siempre

Otro rasgo a destacar es que, sólo para participar de la licitación, cada empresa debe abonar por anticipado 795.000 pesos. Este importe, aclaran desde el GCBA, no será devuelto a los adquirentes en ningún caso, “aun cuando por cualquier causa se dejara sin efecto la licitación o se rechazaran todas las ofertas”. El abultado valor del pliego y su no devolución funciona, en los hechos, como un desincentivo para cualquier cooperativa o pyme que quiera participar de la convocatoria y reduce a un puñado las empresas aptas para resultar ganadoras.

 

 

 

La década infame

Tal como se encarga de reseñar el propio Ministerio de Educación porteño, fue a comienzos de la década del ’30 cuando se establecieron los comedores escolares, cuya ley 11.597, sancionada el 2 de agosto de 1932 por el Congreso de la Nación, les dio estabilidad.

En esos años de hambre profunda y gobiernos infames, el menú variaba entre carbonada, guiso, polenta con estofado, tallarines, legumbres, carne y pescado. Cada almuerzo constaba de entrada, plato principal y postre, que variaba entre dulce de membrillo, batata o queso, sémola con leche, compota o frutas frescas, y que se completaba con 150 gramos de pan.

 

 

 

Casi un siglo más tarde en la ciudad con presupuesto europeo, les estudiantes de las escuelas porteñas se debaten entre un “refrigerio”, que consta de un sándwich de paleta y queso, más una barrita de cereal, y una vianda ultraprocesada que ni siquiera llega al gramaje que tenía en la década infame.

 

 

 

 

 

Ganadores anticipados

Los requisitos enumerados en la licitación permiten sospechar que el Gobierno de la Ciudad continuará dejando la alimentación escolar en manos de las 19 empresas que desde hace años, y en algunos casos décadas, lo llevan adelante, pese a las reiteradas denuncias que realizan año tras año familias, docentes y hasta organismos públicos (la Auditoría de la Ciudad llegó a llamarlos “incumplidores seriales”) por el pésimo servicio que brindan.

Son empresas que:

  • Durante la pandemia se encargaron de proveer la Canasta Escolar Nutritiva, cobrando sobreprecios al gobierno porteño de hasta el 50%, tal como denunciamos en otros informes desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC) y el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP).
  • Adujeron que más de un tercio del costo de los bolsones de comida correspondía a “mano de obra”, mientras que por un lado reducían el sueldo de sus trabajadorxs entre un 25% y un 50% y, por el otro, pedían y recibían el ATP (Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción).
  • No tienen la obligación de presentar balances comerciales ante la Inspección General de Justicia (IGJ), como el caso de Lamerich S.R.L., que pese a manejar contratos con el gobierno porteño por 613 millones de pesos sólo en 2020, está inscripta como una Sociedad de Responsabilidad Limitada, tal como se dio a conocer en El Cohete.
  • Mantienen contratos millonarios con el gobierno porteño y al mismo tiempo registran abultadas deudas con el Banco Ciudad, situación que no les impide presentarse y ganar las licitaciones a las que convoca el Ejecutivo que encabeza Rodríguez Larreta.

 

 

Aportantes

Si el gobierno porteño vuelve a entregarle el servicio de comedores escolares a estas 19 empresas, sólo puede entenderse como parte de las aspiraciones presidenciales del jefe de gobierno. Ya en 2015, muchas de ellas (Friends Food S.A., Teylem, Siderum y Arkino) fueron aportantes a la campaña electoral de Cambiemos, al igual que la Cámara de Concesionarios de Servicios de Comedores. Los favores, con favores se pagan.

 

 

Terminar con el negocio

“Los informes de maestros y directores hacen notar la transformación que se opera en los niños concurrentes a los comedores, que de apáticos, abúlicos, hiper-emotivos, tristes, etc., clasificados insuficientes, han mejorado su rendimiento en el aula de forma realmente notable”, aseguraba en la década del ’30 el director del Cuerpo Médico Escolar, Enrique Olivieri.

El sistema de concesiones que funciona en los comedores escolares en la actualidad es producto de la década del ’90 y sus privatizaciones. Luego de 30 años, necesita ser profundamente debatido.

Entre otras alternativas autogestivas y comunitarias, se debería potenciar la ley 6.376 de Promoción de la Economía Social para incorporar a les trabajadores de la economía popular que producen alimentos y garantizar una verdadera alimentación (nutritiva y suficiente) para les estudiantes.

El GCBA continúa sin respetar la Constitución de la Ciudad, en tanto exige la aprobación de una ley marco de educación elaborada a través de instancias de democracia participativa en las cuales la comunidad educativa y la sociedad piensen colectivamente el sistema educativo que necesitamos. Esta discusión debería incluir la prestación alimentaria dentro del sistema educativo, sin embargo, hace más de 25 años que el GCBA incumple este mandato. La falta de debate y regulación permite estos grandes negociados.

Organizaciones, docentes y cooperadoras, la comunidad educativa en su totalidad, debemos exigir un debate democrático sobre un aspecto tan central como es la alimentación de les estudiantes. Es la única manera de fortalecer una escuela pública de calidad porque, como ya se sabe desde hace décadas, con hambre no se puede pensar.

 

 

 

 

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